Foto: Daniel Munoz / AFP
Parece una película de espías, y no es sencillo de explicar, pero la trama que se desencadenó en la interna del gobierno de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, puede resumirse así:
Lo que empezó con el complicado apartamiento de dos figuras muy cercanas al mandatario desembocó en denuncias por financiamiento ilegal de la campaña electoral de Petro.
Los protagonistas con el embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, y la jefa de gabinete Laura Sarabia, quienes fueron removidos de sus cargos el viernes, salpicados por un caso de escuchas ilegales.
El escándalo empezó a finales de mayo tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia. Su niñera terminó interrogada con polígrafo en la sede presidencial y luego interceptaron sus conversaciones telefónicas haciendo uso de un informe falso de policía que la vinculaba con narcotraficantes.
Sarabia y Benedetti compartían la misma niñera y se acusan el uno al otro de conspiración en una intrincada historia que aún deja más preguntas que respuestas.
Y luego, en grabaciones difundidas el fin de semana por la revista Semana, se puede escuchar a Benedetti enojado y amenazando a Sarabia con revelar la información que tiene sobre financiamiento ilegal de la campaña petrista. Información que según él terminaría con “todos presos”.
¿Qué quieren, que diga quién fue el que puso la plata? No me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y anteayer, una mierda, Laura. De parte tuya y del Presidente.
Y prepárense, porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político, y si creen que es una amenaza, es una amenaza. Y si quieres grabarlo, grábalo. Exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como a una mierda, y eso no se le hace a Benedetti.
A través de sus respectivas cuentas en redes sociales, todos los actores involucrados trataron de bajarle el perfil al tema.
Particularmente el propio Petro aseguró en la medianoche del domingo: "Nadie del gabinete del gobierno ni directores ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco".
Pero el tema llevó ayer lunes a que el Congreso resolviera detener la discusión sobre las reformas que impulsa el gobierno hasta que se pueda “reconstruir la coalición”, al decir del presidente de la Cámara Baja, el oficialista David Racero.
Vamos a pasar en limpio lo que está sucediendo en Colombia.
Conversamos En Perspectiva con Felipe Botero, doctor en Ciencia Política y docente en la Universidad de Los Andes.
