El abogado Adrián Gutiérrez explicó que desde hace años se estudia la llamada "huida del derecho público" a través de herramientas como las empresas privadas de propiedad estatal.
¿Debió Leonardo de León ser juzgado por el fiscal Pacheco como un funcionario público? Dado que presidió ALUR, una empresa que es propiedad de Ancap en un 90%. ¿Hay que reformular el Código Penal, o los reglamentos de empresas privadas con mayoría accionaria del Estado? ¿Para que así sus directores tengan las mismas responsabilidades penales que el resto de jerarcas públicos?
Legisladores de la oposición como el nacionalista Pablo Abdala o el colorado Ope Pasquet creen que es necesaria una reforma. El pasado 19 de abril se reunió por primera vez una comisión parlamentaria que pretende discutir si es necesario seguir tal camino. Para profundizar en el tema, En Perspectiva se comunicó con el abogado Adrián Gutiérrez, profesor de Derecho Administrativo de la Udelar y la UCU.
"Es un tema que se viene discutiendo desde hace varios años", explicó Gutiérrez: "Entidades estatales tratan de huir de la órbita del derecho público para el ejercicio de sus actividades".
Agregó: "El Estado es una globalidad. El hecho de que actúe por estas entidades instrumentales no debería exonerar de responsabilidad, o por lo menos no en la responsabilidad del derecho público, por la actuación de esas personas jurídicas de derecho privado". Gutiérrez recordó que los cargos son de confianza política y manejan dineros públicos; por tanto, sostuvo que es necesario rever las normas.
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