¿Vale la pena el recurso del prereferéndum como herramienta para habilitar la consulta popular?
A raíz del prereferéndum del domingo promovido por los nacionalistas Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue que buscaba derogar la ley para personas trans este debate quedó instalado.
¿Vale la pena habilitar una elección que le sale ocho milllones de pesos a la Corte Electoral habiendo juntado solo el 2% de las firmas de los habilitados en “el camino corto”- como se le dice-?
Para activar un referéndum los impulsores de una consulta como esta tienen dos opciones previstas en la ley 17.244.
Por un lado, el denominado “camino largo”, que requiere presentar dentro del año de promulgación de la ley las firmas del 25% del total de inscriptos habilitados para votar. Si las firmas se alcanzan en ese plazo la Corte realiza la convocatoria directamente.
Pero otro lado, también está el camino “corto”, que requiere que se recoja solamente las firmas del 2% del total de inscriptos habilitados para votar, dentro de los 150 días contados desde la promulgación de la ley.
Los impulsores del referéndum por la derogación de la ley de personas trans optaron por este camino corto y en marzo de este año presentaron 69.630 firmas, los que le permitió plantear el domingo la instancia de prereferendum.
Finalmente, la convocatoria para derogar la ley trans fracasó porque, a nivel nacional, no se alcanzó el 25% del padrón electoral. Concretamente, en todo el territorio nacional hubo 266.503 votos, sumados a los 5.443 que fueron observados. Es decir, solo un 9,9% se manifestó en contra de la normativa.
Parte II de La Mesa de Juristas propuesta por En Perspectiva junto a cuatro juristas: Eduardo Esteva, profesor titular de Derecho Constitucional I y II en la Universidad de Montevideo; Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica; Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República; y un conocido de En Perspectiva por sus participaciones en La Mesa, Óscar Sarlo, también profesor Grado 5 en la Udelar. Todos ellos integrantes del Sistema Nacional de Investigaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
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Viene de: La Mesa de Juristas I: ¿Cómo es la relación funcional entre derecho y política?
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