El dueño de Buquebus se hizo cargo de la deuda de US$ 13.600.000 en 2013, pero al año siguiente cambió su estrategia y entró en litigio civil con el banco
Producción: Rodrigo Abelenda y Gastón González Napoli
El caso de Pluna SA parece no tener fin. Desde que en julio de 2012, cuando se anunció que la aerolínea de bandera cesaría sus operaciones por "insuficiencia patrimonial", las idas y vueltas de aquella resolución continúan generándole dolores de cabeza al Gobierno.
La última novedad tiene que ver la deuda de US$ 13.600.000 que Juan Carlos López Mena contrajo con el Banco República (BROU) en 2013, cuando aceptó hacerse cargo del aval que esa institución le había otorgado el año anterior a la empresa española Cosmo. Aval necesario para que Cosmo pudiera ofertar en el remate frustrado de siete aviones de Pluna SA.
Ayer martes se conoció el fallo de Guzmán López Montemurro, juez letrado de 1ª instancia en lo civil de 20º turno, que condenó al BROU a devolverle a López Mena los pagos que ya realizó por aquel aval, más intereses. Además, ordenó se le indemnice con US$ 15.000 por concepto de daño moral.
¿Cómo y por qué se llegó a esta sentencia de 56 páginas? Antes vale la pena ubicar algunos antecedentes: es que ya van casi siete años de giros en un caso muy complejo.
El cierre
A mediados de junio de 2012, el consorcio privado Leadgate, encabezado por Matías Campiani y propietario del 75% de Pluna SA, dejó la compañía y el Gobierno tomó la decisión de buscar un nuevo inversor. Sin embargo, menos de un mes más tarde, el directorio, controlado por el Estado, suspendió indefinidamente las operaciones e inició un proceso de concurso. Pocos días después, el 9 de julio de 2012, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Parlamento para liquidar la aerolínea.
En la exposición de motivos se afirmaba que la situación de Pluna SA era de "insuficiencia patrimonial, imposibilidad de acceder a liquidez y ausencia de financiamiento". Mediante esa ley, se creaba un fideicomiso al que se transferirían los bienes de la compañía, entre ellos siete aviones Bombardier. La intención era subastarlos.
En una conferencia de prensa, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, explicaba que con la venta de los aviones se pagaría las deudas de Pluna SA.
El Estado está, a través de esta ley, haciéndose cargo del crédito de US$ 135.000.000 aproximadamente, y está asumiendo las garantías reales que tiene para eso. Y el proceso de subasta tiene que contribuir en primer lugar a recuperar la totalidad -integralidad, esperamos- de los recursos que el Estado ha aportado a través de su garantía para la adquisición de estas aeronaves.
Se manejó entonces la posibilidad de que BQB, una aerolínea que ya no existe pero en aquel momento realizaba vuelos regionales y pertenecía a López Mena, fuera una de las interesadas en comprar las aeronaves. Él lo descartó. "Quizás pueda haber otros aviones más baratos y mejores", dijo.
El primero de octubre de 2012 se realizó la subasta. En el acto, que tuvo lugar en la Rural del Prado, apareció en escena un personaje nuevo: el único interesado fue el "caballero de la derecha", bautizado así por el rematador. Se había presentado como Antonio Sánchez, vicepresidente de Cosmo, una empresa española prácticamente desconocida por estos lares.
Dos días después del remate, Sánchez fue sorprendido almorzando en un restorán de la Ciudad Vieja con el ministro Lorenzo y López Mena. Desde el Gobierno se explicaría más tarde que el objetivo de aquel encuentro era evitar que Cosmo se llevara los aviones del país, como había anunciado que era su pretensión.
Una investigación de En Perspectiva reveló aquella semana que el nombre completo del ejecutivo español que tanta intriga había provocado era Hernán Antonio Calvo Sánchez, y que había trabajado para las empresas de López Mena en España y en Argentina.
En medio de una gran polémica, Cosmo finalmente retiró la oferta que había hecho por los aviones y el remate se frustró. Se dio comienzo a un larguísimo proceso judicial.
El 1º de noviembre el fideicomiso de Pluna SA reclamó que se ejecutara el aval que Cosmo había presentado en la subasta. Ese aval había sido otorgado por el BROU pocas horas antes del remate, sin cumplir con todas las formalidades del caso, gracias a las gestiones que, con apoyo del Poder Ejecutivo, realizó personalmente López Mena. Para aprobar el trámite, el entonces presidente del BROU, Fernando Calloia, tuvo en cuenta que el empresario naviero era un cliente de larga e importante trayectoria en el banco. De por medio estaba la argentina Boston Compañía de Seguros, que cubría ante el BROU el pago de hasta U$S 13.688.516 por la garantía de mantenimiento de la oferta a realizar por Cosmo en la subasta de las aeronaves.
Ante el requerimiento del fideicomiso, el BROU pagó pero, a su vez, reclamó a la aseguradora Boston. Esta última se negó a responder. La controversia se extendió durante cuatro meses hasta que López Mena decidió hacerse cargo de la deuda, en marzo de 2013. Argumentó que lo hacía por su doble condición de cliente de Boston y del BROU y, sobre todo, para preservar sus relación con la institución bancaria estatal, principal financiadora de buena parte de sus proyectos.
Mientras tanto, los aviones de Pluna seguían estacionados en el Aeropuerto de Carrasco, de donde saldrían recién en 2015, cuando el fideicomiso logró colocarlos a otro interesado.
Los juicios
La Justicia Penal consideró que no se había cumplido con el debido proceso administrativo para otorgarle el aval a Cosmo y por ello en 2014 procesó sin prisión al ministro Lorenzo y Fernando Calloia, presidente del Banco República.
A ambos se les imputó el delito de abuso de funciones. Luego de las instancias de apelación, en diciembre de 2017, la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard sentenció a Calloia a 20 meses de prisión (que no debió cumplir por su condición de primario) y el pago de 1.000 Unidades Reajustables; mientras que absolvió a Lorenzo por considerar que no tenía autoridad sobre el presidente del BROU.
La novedad que se conoció ayer tiene que ver con otro aspecto de todo este tortuoso proceso, y salió de la Justicia Civil.
Tres ministros de la Suprema Corte de Justicia determinaron, en noviembre de 2013, que era inconstitucional la ley que creó el fideicomiso de Pluna SA y liquidó la empresa.
Basado en ese fallo, a mediados de 2014 López Mena cambió su estrategia e inició una demanda civil contra el BROU para recuperar los US$ 13.600.000 del aval. ¿Cuál era su fundamento? Una cláusula del convenio que había cerrado con el banco, que establecía que si la ley de liquidación quedaba sin efecto, debía reembolsársele el dinero.
El BROU alegaba que la inconstitucionalidad de la ley no anulaba el remate, pero López Mena igual prosiguió con su acción judicial. Durante el proceso, el empresario dejó de pagar las cuotas del compromiso que había asumido y el banco le bajó su categoría crediticia, lo cual fue anunciado en el sitio web de la institución estatal.
Luego López Mena renegoció las cuotas y retomó el pago de la deuda, y, por otro lado, denunció al BROU ante la Justicia Civil por daño moral. Según él, al bajarlo a la categoría de deudor y hacer pública la resolución, el banco había afectado su imagen comercial.
El fallo
¿Qué dice el fallo del juez Guzmán López Montemurro que le dio razón a López Mena?
La decisión del magistrado se basó fundamentalmente en la interpretación de la cláusula 7a del acuerdo entre el BROU y López Mena. Dice:
En el caso de que la normativa en base a la cual se estructuró la subasta de los aviones quedara sin efecto o resultare inaplicable por prosperar las acciones legales promovidas al respecto por sentencia ejecutoriada, y por ende si ello implicara entre otras la nulidad del remate y en consecuencia del aval otorgado por el BROU al MEF, el convenio se resolverá sin más tramite y de pleno derecho, debiendo el banco reembolsar las sumas ya abonadas en las mismas condiciones en que las sumas fueron abonadas.
El BROU alegó en su defensa que la declaración de inconstitucionalidad no era suficiente para que se reembolsara el aval, si no que además debía haber una declaración judicial de nulidad de la subasta y del aval, cosa que nunca existió.
Sin embargo, el juez desestimó esa interpretación y sostuvo que "la declaración de inconstitucionalidad resuelta por la SCJ” implicó “la nulidad de la subasta y del aval oportunamente otorgado". Por ende, el magistrado concluyó que "el efecto natural e inevitable de la resolución del contrato es el de reponer las cosas al estado inicial, lo que logra a través de las respectivas restituciones que las partes deben efectuar".
El juez también dictaminó que el BROU le provocó a López Mena “un daño moral por afectación al derecho a la imagen comercial” al recategorizar su perfil crediticio y publicar la decisión en el sitio web de la institución. Según el escrito, esto provocó "un aumento en la tasa de interés por parte de los bancos por deudas contraídas por Los Cipreses SA (Buquebus), motivó preocupación de acreedores y empleados de la empresa que consultaban por la viabilidad de la compañía, y la imagen de López Mena en lo personal y en lo comercial se vio afectada, lo que le provocó angustia y preocupación y afectó su reputación".
De todos modos, el juez no aceptó la cifra que López Mena reclamaba como indemnización (un millón de dólares) y condenó al BROU pagarle US$ 15.000, "teniendo presente parámetros jurisprudenciales en la materia por agresión al honor o buen nombre".
También López Mena había demandado lucro cesante (los ingresos que dejó de percibir por ese daño) pero el juez lo desestimó por falta de pruebas que sostuvieran la cifra esgrimida por el empresario.
Cuando habló López Mena
Juan Carlos López Mena ha hablado en pocas ocasiones sobre toda esta historia del remate fallido de los siete aviones de Pluna SA y su participación en los hechos. El año pasado, en un acto en la terminal de Buquebus en Buenos Aires, contestó, disgustado, algunas preguntas de periodistas uruguayos que habían asistido invitados al evento.
"Lo que dice la Justicia no es para comentarlo, es para cumplirlo", afirmó. "Se inventaron un montón de cosas, y ustedes se hicieron eco de estas pavadas. Los verdaderos culpables están paseando por Miami".
El empresario aseguró que nunca tuvo intención de comprar Pluna.
Según pudo averiguar ayer En Perspectiva, el BROU apelará el fallo de la justicia civil conocido esta semana. Así que el caso Pluna SA no se cierra todavía: seguirá sobrevolando en la política uruguaya por unos cuantos meses más.
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Foto: Wikimedia Commons
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