El abogado Hoenir Sarthou, miembro del movimiento, explicó cuáles son los argumentos jurídicos y ambientales del rechazo a la segunda planta de celulosa, que se ubicaría en el departamento de Durazno
Una nueva planta de celulosa de UPM en territorio nacional. ¿Optimismo en el gobierno? Si. ¿En la Intendencia de Durazno? También. Eso quedó claro el lunes pasado en el Consejo de Ministros abierto que tuvo lugar en Pueblo Centenario.
Pero mientras tanto el debate sigue abierto. Y existen objeciones muy drásticas, tanto desde el punto de vista jurídico como ambiental.
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados resolvió ayer que convocará al secretario y prosecretario de la Presidencia de la República, y al director de la OPP, para discutir los términos de las negociaciones con la empresa finlandesa. La decisión se tomó luego de analizar un escrito presentado por el movimiento ciudadano UPM2 NO, muy crítico con el acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo con UPM, tanto que sostiene que los jerarcas que participaron en las tratativas deberían ser sometidos a juicio político por haber violado reiteradamente la Constitución.
¿Qué argumentos maneja este movimiento para cuestionar el contrato previo a la definición de este emprendimiento?
En Perspectiva lo habló con el doctor Hoenir Sarthou, miembro del Movimiento UPM 2 NO e integrante de La Mesa.
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