Abogados de los procesados por el caso de Milvana Salomone han denunciado que las condiciones en las que sus defendidos están privados de libertad en el Piso 5 de la ex Cárcel Central son violatorias de los derechos humanos. Incomunicación, falta de servicios sanitarios en las celdas, problemas con la higiene y la alimentación son ejemplos de las condiciones que rodean a esos detenidos.
EN PERSPECTIVA
Miércoles 16.9.2015
Actualizado viernes 18.9.2015
¿Recuerdan cuándo cayó la banda que había secuestrado de la doctora Milvana Salomone? Fue a mediados del mes de junio. En ese momento tanto el director nacional de Policía, Julio Guarteche, como el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, informaron que el Instituto Nacional de Rehabilitación (ex Dirección de Cárceles) estaba preparando un módulo especial en la cárcel de Santiago Vázquez (Comcar) para recluir a quienes cometen este tipo de delitos. En ese sector, los procesados permanecerían aislados, vestidos con uniformes, sin acceso a radio ni otros beneficios, y, en general, en condiciones de “mayor dureza”. Mientras se acondicionaba ese espacio, los detenidos permanecerían semiaislados en la ex Cárcel Central.
La justificación que se esgrimió para implementar un sistema así fue que se quería evitar que los delincuentes pudieran compartir su conocimiento con otros criminales. En definitiva, se buscaba cortar de raíz cualquier posibilidad de que la “moda” de los secuestros, que en otros países de la región ha crecido tanto, se fuera extendiendo en Uruguay.
¿Qué ha pasado desde entonces, en estos tres meses? Según las averiguaciones que realizó
Tanto la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), como la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario (Ocpsc) están trabajando sobre el tema. A comienzos de julio, las dos entidades recibieron escritos presentados por uno de los abogados de los procesados por el secuestro de Milvana Salomone. Unos días después, realizaron visitas al lugar y confirmaron la situación de excepción. De todos modos, a partir de ese momento sus gestiones se han topado con dificultades, por lo que no han podido avanzar como esperaban.
¿Cómo es esta situación en la que se encuentran los internos?
Veamos en qué consisten las denuncias. Uno de los reclamos refiere al régimen especial que regula las visitas y que dificulta el intercambio tanto con sus abogados como con los familiares.
También objetan las restricciones en la alimentación, que está limitada exclusivamente a la que proporciona la cárcel, prohibiéndose otros productos aportados por los familiares, algo que, en cambio, se permite a los internos de otros pisos.
Las condiciones de higiene son otro punto crítico. Estos presos no cuentan en sus celdas con servicios sanitarios y la posibilidad de acceso al baño depende de que un guardia los conduzca. Sin embargo, como la cantidad de personas alojadas allí ha ido en aumento, se generan demoras que muchas veces obligan a los internos a orinar dentro las celdas, en recipientes que luego deben ser vaciados en el pasillo. Tampoco les es permitido contar con artículos de limpieza, por lo que están impedidos de higienizar ellos mismos las celdas que ocupan.
Aducen también que se les prohíbe el ingreso de abrigos, por lo que su vestimenta queda limitada al uniforme que les proporciona la cárcel, que es cambiado una vez por semana.
Estas personas señalan, por otro lado, que tienen reducidas severamente sus salidas al patio. Por ejemplo, dos de los procesados por el secuestro de Salomone sostienen que sólo han conseguido hacerlo una vez desde que la Justicia dispuso su enjuiciamiento, el 17 de junio pasado. Esa salida duró media hora, durante la cual debieron permanecer con los grilletes puestos.
Según pudo saber En Perspectiva, ninguna de estas restricciones fue dispuesta por la jueza que está a cargo de la causa, sino que corresponden a órdenes directas del Ministerio del Interior.
Los reclusos que han presentado estas denuncian afirman que el aislamiento al que están expuestos ha ocasionado en ellos graves consecuencias psicológicas y destacan que allí han ocurrido ya cuatro intentos de suicidio y dos traslados al Hospital Vilardebó. Algunos de ellos también iniciaron una huelga de hambre seca, que se interrumpió al cabo de unos días.
En una de las primeras denuncias cursadas a la Inddhh y a la Ocpsc, a comienzos de julio, también se alertaba sobre lo que ocurría con algunos reclusos con problemas de salud que, pese a que requerían medicación específica, no la estaban recibiendo. El caso más grave era el de uno de los procesados por el caso Salomone, de 73 años, afectado por un cáncer de próstata que debía pasar por controles periódicos, algo que se interrumpió cuando ingresó a la cárcel. La situación recién cambió el 24 de julio, cuando esta persona pasó a régimen de prisión domiciliaria y pudo recuperar su tratamiento.
Un dato más. Mientras estas condiciones persisten, algunos de estos presos siguen siendo convocados por la Justicia a declarar por los delitos por los que fueron procesados y aún son investigados.
¿Cómo han procedido la Inddhh y la oficina del Comisionado Parlamentario?
Si bien la Inddhh y la Ocpsc prefirieron no hacer declaraciones mientras avanzan en la investigación sobre el caso,
Luego de tomar conocimiento de las denuncias y de efectuar una visita sin anuncio previo, la Inddhh cursó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, una carta recomendando el cese del régimen de aislamiento e incomunicación de esas personas. Sin embargo, las condiciones no variaron sustancialmente desde entonces. Los reclusos sí consiguieron que en las celdas se les colocara luz, que no había funcionado por lo menos en las dos primeras semanas de prisión. La Inddhh seguirá trabajando sobre el tema en estos días a la espera de una resolución de su Consejo Directivo.
Por su parte, la Ocpsc se ha visto limitada para continuar con el seguimiento de estas denuncias. Luego de recibida la primera notificación de uno de los abogados (el 2 de julio), que motivó una primera visita de sus técnicos al piso 5, el 10 de julio la oficina cursó su propia comunicación al ministro Bonomi en la que se le planteaba la situación. Una semana más tarde (17 de julio), la Ocpsc debió suspender las visitas a todas las cárceles hasta nuevo aviso, con lo que se queda sin una herramienta prevista, entre otras cosas, para constatar cuáles son las condiciones de confinamiento. Según pudo saber
En cuanto a las gestiones con el Ministerio del Interior, luego de la carta dirigida a Bonomi, que no fue respondida, y ante la recepción de nuevas denuncias de los abogados enfatizando que la situación se mantiene, la Ocpsc cursó el pasado 7 de setiembre una nueva misiva, esta vez, dirigida a la Asesoría Penitenciaria del ministerio. Esta tampoco ha sido contestada hasta ahora, según las fuentes consultadas por
Falta el punto de vista del Ministerio del Interior
Por último, una aclaración. En la tarde del lunes 14 de setiembre, sobre las 18.15, la producción de
Ayer volvimos a intentarlo, pero se nos respondió que Bonomi estaría ocupado por su visita al Parlamento para analizar las disposiciones que involucran a su cartera en el proyecto de ley de Presupuesto. A su vez, también nos informaron que por el momento, él era el único autorizado a hablar de este tema. Esperamos poder concretar esa comunicación con el jerarca en las próximas horas.
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ACTUALIZACIÓN
Viernes 18.9.2015
El miércoles 16 de setiembre, luego de divulgado el informe de En Perspectiva, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que explica las condiciones de reclusión de los presos del Piso 5 de la ex Cárcel Central. Allí señala que efectivamente se está instrumentando en ese sector “un régimen de reclusión especial” de máxima seguridad justificado por el “grado de violencia de los delitos cometidos” así como la “alarma pública que produjeron los mismos en la población uruguaya”. De todos modos, aclara que los internos “no están en aislamiento”.
Hoy, viernes 18 de setiembre, la Institución Nacional de Derechos Humanos dio a conocer un informe (fechado el 7 de setiembre) en el que cuestiona la situación en ese sector del Piso 5. El documento puntualiza que, si bien la autoridad penitenciaria tiene la facultad de “establecer regímenes especiales de separación para los delincuentes de extrema peligrosidad considerados irrecuperables o con características especiales”, estos deben estar reglamentados conforme a la normativa nacional e internacional y ser de conocimiento de las personas que están sujetas a ellos. Sin embargo, el Ministerio del Interior no ha dado a conocer este reglamento. A su vez, la institución también denuncia la existencia allí de un grupo de personas que todavía no ha sido diagnosticado y que, por lo tanto, no presenta justificación para estar recluido bajo un régimen de estas características.
Enlace relacionado
Situación de reclusos en 5º piso de la ex Cárcel Central, comunicado del Ministerio del Interior
Documento relacionado
Informe de la Inddhh sobre la visita a la Unidad de Ingreso, Diagnóstico y Derivación de la Zona Metropolitana
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Foto en Home: Cárcel Central de la Jefatura de Policía de Montevideo, San José y Carlos Quijano (ex Yi). 19 de julio de 2007. Crédito: Carlos Contrera/CdFM
