Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
La Cámara de Diputados se apresta a dar sanción definitiva al proyecto de ley de tenencia compartida, una de las iniciativas más polémicas de esta legislatura que ya lleva casi tres años de discusión.
El martes de la semana que viene, el pleno de la Cámara de Representantes discutirá el proyecto de ley, que ya fue aprobado en Comisión solo con los votos del oficialismo.
A escasos días de la definición, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado con reparos a la iniciativa.
El punto central aparece en el artículo 4, que habilitaría a un juez a conceder visitas a unos de los progenitores mientras esté bajo medidas cautelares por una denuncia presentada por el otro progenitor.
En una carta enviada al Parlamento, la INDDHH advirtió que esto podría implicar la “vinculación entre el niño o la niña y su posible agresor o agresora”. Asimismo, llama a que el sistema político busque mecanismos para “resolver la acuciante falta de recursos que padece la Justicia para atender este tipo de asuntos”, en el entendido de que sin ellos “los tiempos que median entre la imposición de medidas cautelares y su cese pueden ser muy largos” y, de esta forma, se llegue a “aparejar la ruptura del vínculo preexistente entre el niño o niña y el progenitor o la progenitora”.
A estos cuestionamientos también se sumó la oficina de Unicef en Uruguay, que el viernes señaló su “preocupación” por el proyecto que entiende, “prioriza mantener las visitas por encima de una posible afectación del interés superior del niño”.
Profundizamos a propósito de estos nuevos pronunciamientos. Ahora con el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, uno de los defensores de esta iniciativa. Antes, con Marcos Israel, presidente del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
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Documentos de interés:
Proyecto de Ley Corresponsabilidad en la crianza
