La primera tentación cuando se produce una agresión a docentes es adjudicarla a una pérdida de la posición de respeto que los trabajadores y trabajadoras de la educación tuvieron tiempo atrás. Sin embargo, siendo real, esta sería una explicación simplista para un problema complejo, es una explicación que no da cuenta de la multiplicidad de factores que juegan en cada hecho de agresión a los docentes y a la escuela uruguaya.
Quisiera proponer una perspectiva diferente y preguntarnos cuál es la situación familiar que sufren los niños cuyos padres agreden verbal o físicamente a los docentes de sus hijos y cuál será su situación de vida en el futuro inmediato, después de producida esa agresión. Si un padre es capaz de apelar a la violencia frente a un conflicto con la escuela o el docente es legítimo inferir que ese patrón de comportamiento integra “naturalmente” el repertorio de respuestas en su vida cotidiana, particularmente en el hogar. Por lo tanto es muy probable que los derechos de esos niños estén siendo vulnerados en el hogar, por lo que es responsabilidad del Estado (como garante y promotor de los Derechos Humanos) conocer la situación familiar de los niños cuyos padres han perpetrado estos atentados a la convivencia.
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Proponemos una actitud firme de rechazo de todo tipo de violencia que muchas veces se vale de mecanismos sutiles y sofisticados que dañan a las personas y dejan huellas para toda la vida. Propiciamos condiciones para que la aventura de educar y educarse se oriente hacia la formación integral y se viva con alegría, con la esperanza de otro mundo posible.
Julio Arredondo Larrosa
Maestro, Profesor de Pedagogía
Presidente del Movimiento de Educadores por la Paz
Foto: Movilización de la Asociación de Maestros del Uruguay exigiendo el cese de la violencia contra maestros y directores en escuelas públicas (Archivo) Crédito: Santiago Mazzarovich/adhocFotos
