Sí, una obra que se inició en mayo de 1962: que creció, se fortaleció mostrando su apego a la filosofía, conceptos, alcances y protocolos internacionales de la rehabilitación, en los primeros años para las personas ciegas y luego también para aquellas con baja visión, fue la primera en abrir sus puertas en Sudamérica y que a lo largo de su trayectoria alcanzó el reconocimiento internacional, siendo designada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo "Centro Piloto para la capacitación de Rehabilitadores"; la que recibió a decenas de personas ciegas de otros países que llegaron buscando su independencia personal; la misma que a diciembre de 2005, atendía en rehabilitación a 52 participantes, 40 en la institución y 12 en domicilio, más 54 en programas complementarios de apoyo a los estudiantes integrados, de computación y tiflotecnología, de labor terapia para adultos mayores, cobertura con programas, fruto de una consolidación lograda a lo largo de 43 años.
Pues bien, esta obra hoy en el 2020 está paralizada luego de vivir un proceso de deterioro total a lo largo de los últimos 15 años, prohibiéndole a un sector de la población, a las personas jóvenes y adultas que pierden el sentido de la vista, que puedan tener la chance de rehabilitarse, de volver a ser seres activos y productivos.
La insensibilidad del gobierno pasado con un inadmisible traslado a Camino Maldonado y Libia y con una importante reducción de los cupos de atención; esa misma insensibilidad se está reiterando ahora con el nuevo gobierno, todos ellos tomando decisiones por fuera de los criterios técnicos imprescindibles para entregar una adecuada rehabilitación que responda a los protocolos y necesidades propias de las personas con discapacidad visual.
Se le reclama a los señores gobernantes de hoy, que la rehabilitación vuelva a su casa original de la calle Quesada 3666, para su uso exclusivo y que se deje de querer economizar “juntando” discapacidades totalmente incompatibles, la reducción de gastos no debiera estar afectando a los grupos humanos más vulnerables por la dolorosa situación de pérdida que están viviendo.
Que se deje de inventar el concepto de inclusión para adentro, de querer “incluir” entre las personas con discapacidad, recordarles de la existencia de una Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU 2006, ratificada por Uruguay, que nada expresa sobre ese invento uruguayo.
Aguardamos expectantes que alguna autoridad del gobierno frene los atropellos de quienes escudados en el Poder del Cargo, arremeten con decisiones irresponsables.
Que se frene la soberbia de imponer por la fuerza del Poder, y se recupere la capacidad de decidir por razones técnicas y profesionales, será el único camino que salvaguardará los derechos de las personas con discapacidad visual necesitadas de tener una rehabilitación digna, apropiada en su espacio físico propio exclusivo y accesible.
No debe temblar la voz para decir: Frenemos el atropello contra el Centro de rehabilitación para Personas Ciegas y con Baja Visión “Tiburcio Cachón”, una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, bajo la dirección del Pronadis, responsables directos de la situación planteada.
Prof. Ángel Aguirre Patrone
Consejero en Rehabilitación de Personas Ciegas
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