Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti
Los uruguayos que tienen contratos formales de trabajo, sea en el ámbito público o en el sector privado gozan de algunas garantías importantes en el marco de una legislación laboral que se ha ido asentando con el paso del tiempo, producto más de una determinada idiosincrasia que de la coyuntura política. Es algo francamente positivo, en particular si lo miramos en una perspectiva regional.
Sin embargo, en este país del que solemos jactarnos por lo igualitario, hay trabajadores que tienen beneficios con los que otros ni siquiera soñarían.
La discusión del subsidio que con toda probabilidad cobrará el ex vicepresidente Raúl Sendic a partir del año 2020, cuando termine el actual periodo de gobierno, y a pesar de haber dejado el cargo motu proprio, abre la puerta a una reflexión sobre los beneficios de los que gozan legisladores y cargos políticos en general, en comparación con otros trabajadores.
Fíjense ustedes que el ex vicepresidente renunció a su cargo y aun así recibirá un subsidio. La mayoría de los trabajadores uruguayos en cambio no recibirían absolutamente nada más allá de su liquidación si interrumpen su relación laboral por voluntad propia.
Por otra parte, si un legislador perdiera su banca, es decir, si la ciudadanía no le renovara su confianza al votar, ese trabajador tendría derecho a un seguro de paro muy ventajoso con relación al de la mayoría de los empleados uruguayos. Entre otras diferencias, se extendería por un año y recibiría 85 % de los haberes que percibía durante su periodo en el Legislativo.
Incluso, en el caso de legisladores que tuvieran su banca con anterioridad al último cambio en esta materia que se produjo a comienzos de los años 90, ese seguro de paro podría durar hasta tres años.
En general, la ley no es tan beneficiosa para los trabajadores. El seguro de desempleo ‘’estándar’’ se extiende por un plazo de seis meses con un ingreso que será porcentual sobre el promedio mensual de salario del último semestre antes del despido. Sobre ese total, el trabajador despedido percibirá 66 % el primer mes, 57 % el segundo, 5 0% el tercero, 4 5% el cuarto, 42 % el quinto, para terminar en 40 % el sexto y último mes, es decir un recorte progresivo, con la particularidad que no tienen los legisladores y otros trabajadores de la política, de que el monto máximo a percibir cada mes está topeado a la baja.
Este tratamiento es tan injusto como el que se produce cuando se extienden los seguros de paro para algunos trabajadores afectados por el cierre de una empresa, mientras no se hace lo mismo en otros casos. Con una diferencia: puede haber una razón estratégica –salvar a un pueblo de una debacle económica, por ejemplo-, que explique esa extensión.
No existe, en tanto, justificación acorde a un seguro de paro diferenciado para quienes ejercen funciones políticas. El argumento tradicional es que estas personas dejan sus actividades particulares para ocuparse de funciones públicas y que luego de años fuera del mercado laboral, les cuesta reinsertarse. Ni lo uno, ni lo otro, es del todo realista. No todos pueden dejar sus actividades particulares, y eso tiene un costado positivo que es el de mantener un vínculo con realidades que no ofrece del mismo modo la vida legislativa. Por cierto, quienes ingresan a cargos políticos suelen terminar con mucho más contactos para reinsertarse en el mercado laboral de los que tenían cuando comenzaron, cuando no terminan nombrados en otros cargos en el área política o la diplomacia.
En el caso específico de los legisladores, se trata por otra parte de un tipo de trabajador que tiene la prerrogativa de tomar medidas sobre su propio sueldo y beneficios, y que está ejerciendo una actividad de servicio puramente por opción, no porque fue el trabajo que pudo conseguir. El legislador le pidió a la ciudadanía que lo pusiera donde está.
Sería hora de que el sistema político diera el ejemplo y se revisaran este tipo de beneficios que además de ser un sistema de privilegios anclado en un argumento totalmente discutible, separa a los políticos de la gente de a pie. Al avalar estas diferencias es difícil no pensar que el político ve su función como más importante que la de un maestro, un policía, o un soldado, por mencionar solo a trabajadores del sector público que también velan por el desarrollo y la seguridad del país. Sería un cambio bienvenido, en relación al cual no existe ningún impedimento constitucional.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 27.09.2017
Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.
