Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti
A lo largo del año y medio que llevamos con estos editoriales en la mañana de En Perspectiva, he abogado por una reducción del Estado, al que considero exageradamente presente en nuestra vida y recargado de funciones y funcionarios. Sigo creyendo que se puede tener una gestión más eficiente de la cosa pública de lo que los uruguayos nos permitimos.
Por eso hoy quiero hablarles de un proyecto, un proyecto de ley que propone la creación de un nuevo cargo, rentado, en el Estado. Un cargo de contralor que supone más que un gasto, una inversión.
En el año 2003, el Parlamento creó la figura del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, conocido como el ‘comisionado de cárceles’, cargo que hoy ocupa Juan Miguel Petit. Desde que existe esta figura, que por supuesto supone un gasto adicional para las siempre acotadas arcas públicas, los uruguayos hemos descubierto una serie de irregularidades en las prisiones del país que sin el trabajo de este comisionado, no habríamos conocido.
La existencia de un funcionario dedicado específicamente a informar al Parlamento sobre la situación del sistema carcelario, un funcionario cuyos informes trascienden la órbita parlamentaria para llegar a la población a través de la prensa, ha contribuido a concientizar acerca del paupérrimo estado de las cárceles en nuestro país y del problema que eso supone para la seguridad pública.
La autonomía e independencia con la que un comisionado parlamentario se mueve, supone una garantía para los ciudadanos en cuanto a acceso a información sobre el sistema que este funcionario audita, pero también, representa una posibilidad para quienes están insertos en el sistema de acceder a un mecanismo por el cual hacer saber sus necesidades y valer sus derechos. Lo principal, es que permite tener información para solucionar problemas.
Hace algunos días llegó a mis manos un proyecto que está en la órbita parlamentaria desde el año pasado, para crear un Comisionado Parlamentario para los Sistemas Integrados de Salud y Cuidados, dos de las reformas más importantes que se han producido bajo las administraciones de Tabaré Vázquez.
La propuesta tiene varios puntos que merecen consideración, especialmente a partir de la experiencia positiva del trabajo del comisionado de cárceles.
Es notorio que la prestación de servicios de salud en Uruguay tiene falencias, más allá de cualquier discusión, y más allá de algunas excepciones. Las esperas para consultas, para acceder a una cama para internación, el acceso a medicamentos caros, son apenas algunos ejemplos de las dificultades que los usuarios encuentran. ¿Y con quién pueden buscar una solución? No existe esa figura. ¿Quién tiene una visión de conjunto del sistema, desde la perspectiva del usuario?
¿No sería inteligente pensar en un funcionario que pudiera servir de referencia tanto para los prestadores de servicios de salud en la órbita pública y privada, como –y especialmente- para los usuarios de esos servicios?
Primero, ejercería una función de control adicional sobre la propia prestación de servicios, atendiendo a que los derechos del usuario sean respetados. Segundo, el paciente de un servicio asistencial o el usuario del flamante Sistema Nacional de Cuidados, tendría una voz independiente que en su nombre asesoraría a los legisladores y propondría, cuando no cuestionaría, a la administración de turno, en aras de mejorar el servicio. Eso redundaría en la generación de información sistematizada que podría ayudar en el diagnóstico y resolución de problemas que intuimos, o experimentamos, dependiendo de la situación de cada uno.
El sistema de salud es uno de esos que no sufrimos hasta que no lo necesitamos. Para quien lo necesita, si no funciona o funciona mal, se convierte en una fuente adicional de padecimiento, y por lo tanto cualquier esfuerzo por mejorarlo, por hacer más fluido su funcionamiento, y sobre todo más ajustado a los derechos de los ciudadanos, es importante. Para eso, el contralor es fundamental, y en ese sentido es que el dinero que cueste este ‘comisionado’ es inversión y no gasto.
Al convertirlo en ley, los legisladores deberían velar porque el nuevo comisionado tenga iguales capacidades de acceso al sector de salud público y al privado.
Como en 2003 fue una buena idea la creación del comisionado de cárceles, hoy es una buena idea la creación de este comisionado para el sistema de salud y el sistema de cuidados.
La propuesta, que necesita de tres quintos de la Asamblea General para ser aprobada, tiene un ingrediente adicional en estos tiempos preelectorales y de gran división en el sistema político: viene desde la oposición para mejorar reformas implementadas por el gobierno. Mejor aún, su aprobación en el Parlamento requeriría el apoyo de todos los partidos, lo cual le añade valor al asunto.
***
Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 23.08.2017
Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.
