Por Leonardo Costa ///
En el 2004 la Constitución incorporó en su artículo 47 una norma que señalaba la exclusividad del Estado en la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Dispuso que “el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que “el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”.
Un 64,6 % de los uruguayos entendieron que el agua debía estar a cargo del Estado, y el servicio de abastecimiento de agua potable pasó a ser prestado por OSE en todo el país en forma exclusiva.
Cuando hablamos de servicios públicos en general, y del agua en particular, todos estaremos de acuerdo en que el servicio de agua y saneamiento debe estar orientado a satisfacer un requerimiento impostergable de la población.
Disponibilidad, accesibilidad, y calidad son tres componentes básicos que debe contener el referido servicio. Así se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Número 15, respecto del derecho al agua. Estos elementos, al decir del Comité, deben presentarse en toda situación, por lo que es de asegurar que el agua sea “…suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico (…) debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debe tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico”.
Se debe, en síntesis, asegurar a la población la calidad y potabilidad del agua a ser consumida. Hoy se cuestiona en Maldonado justamente esos aspectos sobre el agua. Días pasado Emiliano Cotelo entrevistaba al presidente de OSE sobre estos aspectos, en entrevista que pueden encontrar en el sitio web EnPerspectiva.net.
Nos encontramos ante un servicio público cuestionado por su deficiencia. Los cuestionamientos vienen justamente por la calidad del servicio pero por sobre todo por la poca credibilidad de la información para muchos de los fernandinos.
Más allá del atinado gesto del Presidente de la República de exonerar a los habitantes de Maldonado del pago de las tarifas de OSE, lo relevante –en clave de política pública– es darle a la población las garantías de la calidad del agua que se consumirá. ¿Y quién debe dar esas garantías? ¿La OSE como organismo monopólico? ¿El Gobierno como encargado de la política de aguas?
No, a mi juicio la debe dar un tercero independiente e imparcial. El ciudadano merece una respuesta transparente, confiable y creíble. Es decir alguien que controle y asegure la calidad del servicio publico en cuestión. Para eso en el 2002 se creó la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, justamente, con competencias, regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias. La creación de la URSEA se debió a la consecuente necesidad de que un organismo independiente controlara la prestación de los servicios públicos, tendiendo a asegurar que los mismos se cumplieran de forma adecuada. No solo en cuanto al precio del agua, sino especialmente y fundamentalmente, en relación con su calidad.
Hoy la URSEA no ha emitido comunicado alguno sobre la calidad y potabilidad del agua en Maldonado; está ausente de la discusión. Su silencio es muy sintomático de su actual calidad institucional, ya que fue concebida precisamente para salvaguardar al usuario y darle garantías.
El organismo señala en su página web: “La URSEA es una institución estatal, creada con el fin de defender a los usuarios, y contribuir al desarrollo del país, a través de la regulación, fiscalización y asesoramiento en los sectores de energía, combustible y agua. Nuestro principal objetivo es que cada uruguayo tenga acceso a todos los productos y servicios vinculados a la electricidad, combustible, gas y agua potable con la calidad, continuidad, seguridad y precio adecuado”.
Hoy ante los cuestionamientos a la potabilidad del agua, la URSEA debe actuar. Los vecinos de Maldonado en lugar de solicitar a un bioquímico argentino el estudio de las aguas extraídas del grifo, deberían sentir que el regulador existe y resulta confiable.
La URSEA debe actuar con independencia y objetividad, fiscalizando y, si correspondiera, sancionando a OSE.
La protección a los consumidores, como fin mediato de esta Unidad, y su prolongado silencio ante la situación de Maldonado, resultan ser un verdadero contrasentido respecto de las normas que le dieron lugar a su creación. El presidente Vázquez tiene la obligación de revitalizar a la URSEA dotándola de independencia técnica y sobre todo de fortaleza institucional con transparencia, tal como debiera ser el agua que bebemos.
