Uruguay busca ampliar el uso del riego como una herramienta de desarrollo productivo y no solamente como una respuesta frente a las sequías. Así lo explicó el ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y actual coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego.
La estrategia oficial apunta a promover inversiones privadas en infraestructura hidráulica, facilitar la construcción de obras que abastezcan a varios establecimientos y mejorar las condiciones de acceso a la energía, el financiamiento y los permisos necesarios.
“Uruguay podría duplicar su producción de soja o triplicar la producción de maíz agregando un elemento clave a la cadena productiva: el riego”, dijo Aguerre en diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva. Para el ingeniero agrónomo, el desafío consiste en generar las condiciones para que ese potencial pueda desarrollarse sin depender exclusivamente de la inversión pública.
De las obras individuales a los proyectos multiprediales
En Uruguay, buena parte de las obras de riego se desarrollaron de forma individual, especialmente en el sector arrocero. Aguerre recordó que durante la década de 1990 existió un programa que subsidió el 50% del costo de determinadas obras y permitió ampliar la superficie regada.
Sin embargo, la estrategia actual pretende avanzar también hacia proyectos multiprediales, capaces de abastecer a varios productores desde una misma fuente de agua.
“Lo que estamos tratando de promover diferencialmente es, primero, levantar las restricciones y mejorar los estímulos al riego en general, incluido el individual. Pero, en segundo lugar, tratar de generar algunos mecanismos que permitan o faciliten la ejecución de obras de carácter multipredial”, explicó.
Este tipo de proyectos puede mejorar la eficiencia en el uso del agua, el suelo y la energía. También permitiría que productores que no cuentan con la escala suficiente para construir una represa propia puedan acceder al riego. “Socialmente le va a permitir acceder al riego a todos aquellos que no tienen escala o posibilidad de hacerse su propia fuente de agua”, señaló Aguerre.
Uno de los principales obstáculos, sin embargo, es la coordinación entre los distintos propietarios y usuarios. Las obras requieren acuerdos de largo plazo, inversiones importantes y mecanismos claros para distribuir los costos y beneficios. “Es muy difícil poner de acuerdo a la gente para una inversión millonaria que requiere 20 años de amortización”, reconoció el exministro.
A su entender, la falta de una cultura asociativa puede explicar parte de las dificultades para concretar grandes obras hidráulicas, aunque no sería el único factor. También inciden los costos, el financiamiento, la energía eléctrica y los tiempos de autorización.
Incentivos para atraer inversión privada
La comisión interministerial trabaja en una serie de instrumentos para estimular la participación privada. Entre ellos se analizan beneficios fiscales, reservas de agua para determinados proyectos y mecanismos de promoción desde la Corporación Nacional para el Desarrollo.
La lógica es que el Estado facilite las condiciones, pero que las obras se concreten a partir de proyectos económicamente viables y con demanda identificada. “Estamos promoviendo inversión privada con una potente promoción pública”, dijo Aguerre.
El coordinador de la comisión remarcó que cada proyecto debe resultar razonable tanto para quien realiza la inversión como para el productor que luego contratará el servicio de riego.
“Hay alguien que quiere invertir en una obra de agua y, como todo inversor, lo va a hacer en búsqueda de una determinada tasa interna de retorno. Y en el otro extremo están los demandantes de riego, que van a comprar o no comprar el servicio dependiendo de cuánto cueste el agua”, explicó.
Entre las medidas previstas también se encuentra la posibilidad de otorgar una reserva de agua por dos años a proyectos multiprediales impulsados a través de la CND. Ese plazo permitiría completar los estudios necesarios antes de presentar la solicitud definitiva.
Energía y una ventanilla única
Otro de los puntos centrales de la estrategia es el acceso a la energía eléctrica en las zonas rurales. Las redes existentes fueron diseñadas originalmente para consumos mucho menores y, en algunos casos, no tienen capacidad suficiente para abastecer los motores utilizados en los sistemas de riego. “Cuando en esas redes aparece una demanda de 150 kW para un motor de riego, esas redes no son suficientes y hay que hacer inversiones”, explicó Aguerre.
La planificación conjunta de varios proyectos podría permitir un diseño más eficiente de las redes eléctricas y evitar que las obras de ampliación se realicen varias veces sobre una misma zona.
En ese marco, la comisión también plantea crear una ventanilla única que permita coordinar desde el inicio la intervención de los organismos involucrados, entre ellos los ministerios de Ganadería y Ambiente, UTE y la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. “El tiempo no se puede comprar. Usted puede comprar máquinas, puede comprar combustible, puede comprar electricidad, pero el tiempo no lo puede comprar”, expresó Aguerre.
A su entender, reducir los tiempos de tramitación es fundamental para una política de promoción de inversiones, ya que las demoras pueden desestimular proyectos antes de que lleguen a concretarse.
Una política que trascienda los gobiernos
Aguerre sostuvo que el desarrollo del riego necesita continuidad y acuerdos políticos amplios, porque las obras demandan años de planificación, ejecución y amortización: “Una línea de trabajo que requiere años para vencer la costumbre, para amortizar las inversiones y para demostrar que es viable, requiere trascender a varios gobiernos”.
La comisión trabaja inicialmente con cuatro proyectos piloto ubicados en distintos puntos del país: el arroyo del Águila, en Soriano; el río San Salvador, en Dolores; el paraje Palo a Pique, en Treinta y Tres; y dos predios del Instituto Nacional de Colonización, uno en Flores y otro en Florida. La intención es probar diferentes modelos en ambientes y escalas productivas diversas antes de extender los instrumentos a otros proyectos.
Producción y ambiente
El aumento del riego también plantea una discusión ambiental. Los proyectos deberán atravesar las evaluaciones correspondientes y considerar los posibles impactos sobre los cursos de agua, los suelos y las áreas que puedan quedar bajo agua.
Para Aguerre, la discusión no debe plantearse como una oposición entre producción y ambiente: “Se trata de armonizar el potencial conflicto que se genera entre la necesidad de construir reservas hidráulicas que garanticen el crecimiento y el desarrollo socioeconómico versus los impactos medioambientales que pueda generar”.
En ese sentido, advirtió sobre dos posiciones extremas: una mirada productivista que considere que cualquier impacto está justificado y otra que rechace todos los proyectos preventivamente. “No hay que caer en la visión productivista de que todo fin justifica los medios, ni caer, por otro lado, en un exceso del principio precautorio que diga: ‘Por las dudas, me opongo a todo’”, dijo.
La apuesta del gobierno es que el riego se transforme en una herramienta de planificación productiva para todo el país. “El agua es un recurso natural que Uruguay puede, de una manera sostenible, transformar en una herramienta de desarrollo”, concluyó Aguerre.
