Una nueva reunión del grupo de trabajo para la redacción de un proyecto de ley marco de regulación de la venta y el consumo de alcohol vuelve a encender el debate sobre los posibles alcances de estas medidas. El diputado Pablo Abdala (PN) dijo en una entrevista con En Perspectiva que el debate debe darse “en el Parlamento, porque lo tenemos que dar los legisladores y es entre los partidos políticos y no entre la Asociación de Kioscos y CAMBADU, que tienen que opinar, pero en el Parlamento”. “Me parece que eso sería lo más ordenado, correcto y conveniente”, dijo.
“Sin compromiso. Blancos no acordarán políticas de Estado en grupo de trabajo sobre el alcohol y piden que el tema llegue al Parlamento ‘lo antes posible’”. Así comienza una nota que hoy tiene el matutino La Diaria en su página 4.
“Hoy a las 10.00, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, integrantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y de organizaciones como la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Alcohólicos Anónimos y el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay [CAMBADU], junto con autoridades del Poder Ejecutivo, llevarán adelante una nueva reunión de la comisión que viene generando insumos para una ley marco de regulación de la venta y el consumo de alcohol”.
“El grupo, según lo describió el diputado oficialista José Luis Gallo, busca generar los ‘consensos políticos y de los sectores organizados de la sociedad civil para la redacción de un proyecto de ley marco’ que el Ejecutivo elaborará una vez que culmine su trabajo. Pero este objetivo naufragó rápidamente en la primera iniciativa enviada por la comisión. La ‘tolerancia cero’ en el consumo de alcohol para los conductores, que ya es objeto de un proyecto de ley a estudio en el Parlamento, no tardó en acumular críticas en la bancada nacionalista. El propio presidente del Directorio del Partido Nacional [PN], Luis Alberto Heber, dijo a El Observador que esta medida condenará el ‘consumo social’ de los conductores y no el ‘problemático’”.
Vamos a profundizar en este tema, para eso estamos en diálogo con el diputado del PN Pablo Abdala.
ROMINA ANDRIOLI:
En líneas generales, ¿cómo vio esta iniciativa del Poder Ejecutivo de conformar este grupo multidisciplinario que reúne a representantes del gobierno y de la sociedad civil para abordar el tema del alcohol en la sociedad?
PABLO ABDALA:
El Poder Ejecutivo, y el presidente de la Republica en particular, tiene todo el derecho del mundo a generar los ámbitos de trabajo conceptual, temático e interdisciplinario que entienda conveniente para analizar los más diversos asuntos. Desde ese punto de vista no hay ningún reproche posible, creo además que es positivo generar y estimular el diálogo, generar ámbitos de intercambio y reflexión, eso nadie sensatamente tiene derecho a cuestionarlo o a no verlo positivamente.
Naturalmente, en este caso en particular, que le caben todos los razonamientos que hice hasta este momento –el presidente tiene derecho a haber convocado a este grupo y hasta diría que hizo bien en hacerlo–, está claro que es un asunto que en su definición última es resorte del Poder Legislativa. Estamos hablando de decisiones que tienen que ver con la afectación de derechos y libertades individuales con el propósito de legislar en materia de consumo de alcohol. Aquí se conjugan una serie de intereses vinculados con la libertad, el trabajo, la seguridad, la salud y aspectos que en última instancia solo por ley pueden reglamentarse o resolverse. El Poder Ejecutivo tiene iniciativas, naturalmente, y por eso el presidente está en su derecho a hacer lo que hizo.
Cuando nosotros reclamamos que lo antes posible el tema tome estado parlamentario no es para ponerle plazos al gobierno necesariamente, sí para darle al gobierno la señal de que, desde nuestro punto de vista, al Parlamento no se le puede ni se le debe retacear el tiempo necesario y suficiente para analizar este asunto con la excusa de que antes se analizó en otro ámbito. Creo que, sin perjuicio de lo que se discuta o se reflexione antes, es el Parlamento el que desde el punto cero debe analizar esta cuestión para legislar bien y no hacerlo por reacción o en términos que eventualmente después tengamos que andar corrigiendo.
RA – Ustedes temen que les llegue un proyecto laudado ya de esta comisión, porque incluso hay representantes del PN, como la senadora Verónica Alonso.
PA – Si, la senadora Alonso empezó a participar de este grupo a título individual, porque el presidente la invitó, después el PN legitimó su participación. Cuando lo hizo se dejaron claras algunas cosas: en primer lugar que la senadora Alonso, por supuesto, es libre de asistir y está autorizada por el partido para hacerlo, pero su presencia o su opinión allí no compromete la opinión última que el PN va a sostener en el Parlamento.
RA – Porque ella en principio veía bien lo que había planteado el presidente, se ha mostrado muy afín con las políticas en materia de alcohol que ha planteado el Poder Ejecutivo.
PA – Está muy bien, y seguramente… Yo advierto, incluso por el análisis que hicimos hace algunas semanas en la bancada parlamentaria, que en este tema va a ser muy difícil registrar unanimidades porque aquí hay realidades muy distintas, las de Montevideo y del interior, sensibilidades muy distintas, y, repito, valoraciones que tienen que ver con priorizar determinados derechos en detrimento de otros: limitar algunos derechos o libertades para defender el interés general que se invoca, por ejemplo, en cuanto a la seguridad en el tránsito, la seguridad pública o la salud pública. Todo es muy legítimo, pero con respecto a estos asuntos puede haber, y de hecho hay, miradas diferentes, eso tenemos que asumirlo con mucha naturalidad. Por eso mismo el PN determinó lo que determinó: legitimar la participación de la senadora Alonso en este ámbito pero reservarse su opinión definitiva para cuando el tema se trate en el Parlamento, y además pedirle al Poder Ejecutivo que el tema tome estado parlamentario lo antes posible, sin pretender ejercer ningún tipo de presión.
Además, preferiríamos que al Parlamento llegaran fundamentalmente insumos, bases conceptuales o temáticas, aspectos que hayan sido más o menos acordados en ese ámbito [de grupo de trabajo], para después analizarlos en el Parlamento, más que un proyecto articulado, que eventualmente después empiezan las malas interpretaciones respecto a cuál es el nivel de consenso que ese proyecto tiene. Porque repito: el PN no tiene compromiso con ningún proyecto al respecto hasta tanto el tema no entre en el Parlamento y se acuerde en el Parlamento, que es lo que corresponde.
RA – Entrando a las medidas concretas que están arriba de la mesa: ¿cuál es su opinión respecto al planteo del doctor Vázquez de llevar a tolerancia cero el consumo de alcohol en caso de quienes están conduciendo?
PA – Ahí tengo una opinión inicial más bien refractaria o negativa. Mi disposición inicial es la de no acompañar esa medida, sin perjuicio de lo cual le confieso que en esto no hay que ponerse irreductible, yo estoy dispuesto a escuchar razones. Lo que pasa es que no he escuchado razones suficientemente convincentes hasta ahora que me convenzan de la necesidad de establecer esa modificación. Más bien lo que he escuchado, incluso de parte de algunos de los participantes en la comisión que convocó el doctor Vázquez –por ejemplo el propio diputado Gallo a quien usted mencionaba–, son opiniones de gente que está en el tema que dice que esa medida puede tener determinadas contraindicaciones. De esto obviamente saben más los médicos que los abogados, pero se señala que eventualmente el organismo puede registrar alcohol en sangre sin necesidad de que se haya consumido alcohol, por razones vinculadas a determinadas enfermedades que la persona tiene, o porque es diabética, o con relación a determinadas comidas que se hayan ingerido un rato antes y que eventualmente eso puede tener en determinados organismos una reacción diferente que en otros.
Me parece que si eso es así tenemos que ser muy cuidadosos, porque después a la hora de llevar esto a la práctica, de aterrizarlo a la realidad de todos los días, se puede empezar a generar situaciones injustas, enojosas. Creo que las garantías personales y los derechos de las personas tenemos que cuidarlos o prevenir de que no se los afecte ni se los desconozca en todas las situaciones que la legislación eventualmente pueda prever o llegar a afectar.
Esas dudas las tengo, y cuando me dicen que el equipamiento o la tecnología que se aplica para medir la alcoholemia es suficiente para discriminar ese tipo de situaciones, yo más bien, le digo con toda sinceridad, en principio soy escéptico, o por lo menos tengo dudas de que el Estado me asegure que va a saber distinguir cuándo la persona tomó alcohol por encima del 0,3 que se establece hoy en la legislación, o por encima del 0 como se pretende proyectar, y cuando eventualmente no tomó alcohol pero sin embargo por una enfermedad o alguna otra circunstancia registró esa medida que la conduce a estar en falta. En eso tenemos que ser muy cuidadosos.
Creo además que la experiencia internacional indica que la enorme mayoría de los países está en el nivel que hoy tenemos nosotros en la legislación. Según tengo entendido, salvo cuatro o cinco países todos los demás están en el entorno del 0,3, ese es un elemento también a considerar.
Yo me pregunto algo: yo voté en primer lugar el establecimiento de este nivel en 0,8, después voté bajarlo a 0,3, y creo que la pregunta que tenemos hacernos es: ¿ha empeorado tanto la situación, se ha agravado de tal forma que ahora tenemos que reaccionar y tomar esta medida radical de llevarlo a 0? Entiendo que hay que hacer cosas y fomentar el consumo responsable…
RA – Lo que se dice desde el Poder Ejecutivo, que incluso es apoyado por la senadora Alonso, es que se trata de dar señales claras y contundentes respecto a la preocupación que existe sobre el consumo de alcohol en la sociedad.
PA – Bueno, pero señales se pueden emitir con distintas naturalezas, direcciones y oportunidades. Una cosa es emitir una señal, otra cosa es tomar una medida que puede generar consecuencias negativas, eso ya no es una señal, es una medida. Acá estamos hablando de legislar en términos de poder llegar a afectar en determinadas circunstancias derechos individuales y garantías personales que la gente tiene por su sola condición de persona humana, así lo establece la Constitución.
Esto no es fomentar el consumo irresponsable, yo quiero ser claro: no me opongo a que haya una ley, estoy dispuesto a colaborar con ella, que combata el consumo irresponsable, que fomente el consumo responsable del alcohol, que vaya por el lado de la publicidad, de la cultura, de la educación. Creo que hay que tomar medidas, no me opongo a eso, me pregunto si esta primera medida es la más acertada, y repito: me lo pregunto a partir de opiniones que he escuchado de gente que está trabajando en el tema y que pertenece al partido de gobierno.
RA – ¿Qué opina de otro aspecto que se viene discutiendo en esta comisión, y que seguramente se incluirá en ese proyecto de ley marco, a propósito de los lugares en los que va a estar permitida la venta de alcohol?
PA – Que tenemos que ir despacio también. Ahí tampoco tengo una opinión definitiva, yo no estoy trabajando en el tema directamente y estoy dispuesto a escuchar razones y propuestas, ahora: cuidado con las decisiones radicales, con decir “en las estaciones ya no podemos vender más”. Acá hay aspectos vinculados con el trabajo de los uruguayos, con el comercio, con la actividad productiva del país, me parece que hay que legislar, no digo que no, no me opongo a que se avance en ese terreno y ese plano, pero creo que tenemos que ir despacio y que el Parlamento tiene que analizarlo con mucho detenimiento.
Lo que descoloca un poco, a mí y a muchos de nosotros, es que hoy estamos asistiendo a un debate con relación a un asunto que es de resorte legislativo que sin embargo se está haciendo fuera del Parlamento. No digo solo entre los miembros de la comisión, que es gente muy importante y muy representativa –porque hay legisladores, dirigentes sindicales, etcétera–, yo he visto debates en los medios de comunicación entre la Asociación de Kioscos [Salones y Sub-Agentes de Quinielas del Uruguay] y CAMBADU para resolver o discutir si está bien que en los kioscos se venda o no [alcohol]. Yo quiero que ese debate se dé, pero en el Parlamento, porque lo tenemos que dar los legisladores y es entre los partidos políticos y no entre la Asociación de Kioscos y CAMBADU, que tienen que opinar, pero en el Parlamento. Me parece que eso sería lo más ordenado, correcto y conveniente. Creo que cuando eso ocurra ahí sí vamos a estar encaminando y encauzando esta discusión por el camino correcto, y seguramente vamos a poder llegar a una buena solución.
Que quede claro, porque no quiero que haya malas interpretaciones: yo creo que el trabajo que esta comisión está haciendo a través del presidente de la República es muy bienvenido y ojalá haga aportes sustantivos que nos permitan enriquecer la discusión. No me gusta mucho esto de ir legislando por tajos, porque ahora vino esta medida descolgada de todas las demás. Yo me pregunto: esto de bajar el nivel de consumo tolerable, ¿no sería razonable que estuviera en una sola solución definitiva y completa, que pudiéramos analizar armónicamente?, creo que sería la mejor manera de legislar. Me preocupa un poco esto de irnos apurando y mandar propuestas aisladas al Parlamento en forma espasmódica y esporádica, creo que no es lo más aconsejable porque todo hay que verlo a la luz de todo lo demás.
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Transcripción: Andrea Martínez
