Foto: @LauraVaz2014
El Instituto Nacional de las Personas Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, salió ayer a responder a las críticas por el incendio trágico que dejó diez muertos en un residencial de ancianos en Treinta y Tres.
La Asociación de Residenciales de Adulto Mayor (Aderama) había afirmado el mismo domingo, día en que ocurrió el episodio, que en este caso había “irresponsabilidad de las autoridades", y por eso reclamó la “renuncia de mandos medios y superiores” tanto del Inmayores como del área fiscalizadora del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Ayer se conoció un dato más: radio Sarandí difundió una denuncia que una socia de Aderama había presentado ante el MSP a principios del año pasado, advirtiendo por una serie de residenciales clandestinos que funcionaban “al margen de todo” en Treinta y Tres. Entre ellos, mencionaba al Hogar de Ancianos Adulto Mayor, que fue donde ocurrió el incendio.
Según Aderama, esa denuncia no tuvo respuesta de las autoridades.
Más tarde, Marina Baras, la directora de Inmayores, respondió cuestionamientos en rueda de prensa.
"No era un lugar vulnerable, ni precario, o sea, estamos hablando de que era uno de los dos mejores lugares de residenciales que hay en Treina y Tres".
Baras aseguró que el 75% de los 1.500 residenciales del país tiene la fiscalización hecha, y que el Mides y el MSP trabajan en forma “mancomunada” para trabajar en la regularización de los establecimientos que quedan.
Para pasar en limpio este intercambio, conversamos En Perspectiva con Juan Sparkov, vocero de Aderama.
