El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil Alberto Scavarelli explicó a En Perspectiva que la posible reducción de la jornada laboral de los funcionarios públicos que trabajan ocho horas "todavía no ha sido tratada" en el Ejecutivo y que es necesario "encontrar caminos" para solucionar la inequidad entre estos funcionarios y los que trabajan seis horas.
La obligatoriedad de una jornada laboral de ocho horas para los funcionarios que ingresan al Estado entró en vigencia durante el Gobierno de José Mujica. Scavarelli explicó que la diferencia de horarios dentro del sistema hace que "a primera o a última hora queda gente trabajando sola" en las oficinas y que esto "no genera una productividad especial" al tiempo que crea un desestímulo para los nuevos funcionarios públicos, que en muchos casos migran al sistema privado.
EN PERSPECTIVA
Lunes 25.01.2016, hora 7.48
EMILIANO COTELO (EC) —“Economistas critican baja de horario de funcionarios” es un título hoy en el diario El País, que está acompañado por este complemento: “COFE celebra la intención oficial y dice que ‘se hace justicia’”. En realidad la nota remite al propio diario El País en su edición de ayer, que tenía como título principal: “El Gobierno estudia bajar jornada laboral de públicos a seis horas”. ¿Cómo era exactamente el planteo? “El Gobierno del presidente Tabaré Vázquez revisará la obligatoriedad de que los funcionarios públicos tengan que cumplir ocho horas diarias cuando trabajan en servicios que brindan atención de seis horas. La jornada de ocho horas en el Estado se hizo obligatoria en la administración de José Mujica con la aprobación del Estatuto de los Funcionarios Públicos y rige para los nuevos contratos de ingreso a la función pública”.
En el artículo se incluían declaraciones del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, que decía que se constata una "inequidad" entre los funcionarios de una misma oficina, porque los que recién ingresan (en provisoriato) están obligados por ley a trabajar ocho horas y los empleados que ya estaban cumplen un horario de seis horas o seis horas y media.
Vamos a profundizar en esta novedad, estamos en comunicación con el propio doctor Scavarelli. ¿Puede dar usted un poco la dimensión de esta discusión? ¿En qué estado se encuentra este análisis?
ALBERTO SCAVARELLI (AS) —En realidad se trata de la percepción constatada en la administración central de que se está dando un problema que usted de algún modo definía bien. Hoy para ingresar a la función pública hay un régimen de concurso a través de Uruguay Concursa, con una ventanilla única, y ese llamado tiene entre sus bases el ingreso bajo el régimen del provisoriato de 15 meses. Luego se pasa por una etapa de evaluación para ver si efectivamente en ese período quedó acreditada la idoneidad que se constató en el concurso de acceso. Una vez que se da ese proceso la relación de trabajo con el organismo del Estado que contrató es por un régimen de ocho horas, 40 horas efectivas semanales, esto está establecido en la ley. El tema concreto es que esa gente, que es una minoría que va ingresando, se inserta a trabajar en una unidad de la administración donde el resto de sus compañeros tiene un horario totalmente distinto, de una hora y media o dos horas menos.
EC —¿En todas las oficinas pasa eso?
AS —En la administración central sucede en todos lados. Hay un pequeño grupo de funcionarios que está trabajando una hora y media o dos horas más en solitario. Otro elemento es que esa gente cuando entra lo hace por el nivel más bajo del escalafón, o sea que ingresa con la retribución más baja del área. Así se produce una situación muy especial. Primero porque en esos concursos cada vez hay más exigencias por los propios requisitos de funcionamiento tecnológico de la administración, comienza a desarrollarse el sistema de gestión humana 2.0, etcétera, y hoy se requiere una exigencia y un entrenamiento mayor para ser funcionario. Lo que sucede con esto es que se trata habitualmente de gente muy joven, profesionales con muy poco tiempo de recibidos, que luego de un tiempo renuncian porque la retribución es muy baja y porque requieren ocho horas todos los días. ¿Cómo surgió este tema? De dos fuentes, primero porque ONSC forma parte -junto con el Ministerio de Trabajo, el de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- del Consejo Superior de Salarios. Hay nueve áreas en las que forma parte la ONSC, que está en contacto permanente con cada una de las áreas de funcionamiento del Estado, principalmente de la administración central, aunque también con entes autónomos y servicios descentralizados, y ahora con las intendencias municipales por convenios.
Este es un tema constante de preocupación porque además ha tenido como consecuencia la deserción y se requiere permanencia [de los funcionarios].Frente a eso hemos estado buscando información, recién estamos en una primera etapa dentro de la ONSC. Creo que el único error importante en esa nota es ponerlo como una posición del Gobierno, uno está en posición de Gobierno pero esta no es una posición asumida sino que es un tema en análisis. En el curso de la entrevista periodística, que fue muy larga, se nos consulta qué opinamos y expresamos nuestra preocupación, que es esa: a primera o a última hora queda gente trabajando sola, la productividad realmente no tiene ninguna resultancia manifiesta a ninguno de los niveles y se genera un desestímulo. Realmente es un hecho sobre el que habrá que pensar y trabajar mucho, y además se requiere una reforma legal, obviamente.
EC —Me quedan algunas preguntas, en primer lugar, el oyente puede plantearse: ¿cómo es eso, no hay forma de darles tareas a esos empleados nuevos que ingresan en régimen de ocho horas en una oficina en la que los demás trabajan seis horas o seis horas y media? Se les está pagando por esas horas…
AS —No, perdón, yo no dije en ningún momento que no tuvieran tareas, lo que digo es que el espectáculo de tener una oficina donde se fue todo el mundo y quedan dos o tres funcionarios trabajando en distinto horario no es un factor constructivo para ese funcionario y su trabajo en ese tiempo no genera una productividad especial para la oficina. Es un tema que hay que estudiar a fondo, lo que sí es cierto es que estamos asistiendo a dos cosas: una pérdida de estímulo de esa gente, habitualmente la más joven, y una deserción hacia el sistema privado. El tema de la contención es muy importante, sobre todo por el régimen de formación continua.
EC —Pero hay empresas privadas en las que eso pasa, hay trabajadores que quedan después de horario haciendo otras tareas.
AS —Claro, pero en una empresa privada normalmente los horarios extendidos obedecen o a tareas o a una etapa específica, no es habitual que haya un funcionario que tenga un horario distinto al del resto de la unidad durante toda su vida laboral. También pasa en las oficinas que tienen permanencia a la orden que de pronto hay días que se quedan varios funcionarios que tienen un horario menor porque tienen que cumplir determinados procesos; sábados y domingo hemos trabajado por los temas de presupuesto, por ejemplo. Pero esta es una situación cotidiana en la que no siempre necesariamente hay una actividad para que ese funcionario tenga que estar haciéndola en ocho horas cuando sus compañeros, con los que tiene que estar interactuando muchas veces, ya no están. Ese es el hecho que es objeto de estudio. Ante la pregunta de qué pensábamos dimos nuestra respuesta, que es esta que acabo de darle, pero obviamente que sobre esto hay que hacer un profundo estudio -incluso sobre los mecanismos que eventualmente podrían utilizarse-, por supuesto se debe buscar consenso con el Poder Ejecutivo y luego en el Consejo Superior de Salarios con la parte sindical, que es con la que se negocia, y luego [se debe dar] el proceso parlamentario que requerirá la aprobación. Es decir: manifestamos nuestra preocupación ante una consulta concreta porque realmente es un tema que se nos planteó desde distintas fuentes.
EC —Desde la audiencia nos plantean diferentes preguntas. Por ejemplo, un oyente dice que “la inequidad es que haya quienes trabajan seis horas, no a la inversa”, y pregunta si usted conoce el costo cada vez más pesado que tiene el Estado en la economía uruguaya.
AS —Claro, pero el concepto de inequidad es respecto de algo instalado en comparación con otra situación. La situación instalada en la administración es la de las seis horas o seis horas y media y viene desde hace décadas, por lo tanto hay situaciones resueltas y derechos adquiridos, es un tema totalmente distinto. Si uno piensa: “Sería mejor que toda la administración trabajara ocho horas”, ese es otro tema distinto, [sería] una mayor dedicación horaria si todo el servicio actúa conjuntamente. Pero eso ya tiene otros requisitos y costos: cambia el derecho adquirido y el funcionamiento de décadas, vuelvo a insistir, en la administración. La inequidad se da respecto de la situación instalada en comparación con esas pocas personas que van ingresando en cada unidad…
EC —¿Pero entonces cuál es la conclusión, que fue un error haber dictado la ley que se dictó en el Gobierno de Mujica? ¿No se analizaron las consecuencias?
AS —No sé, lo que sé es que como cualquier norma que todos hemos redactado alguna vez luego es la práctica la que va generando la necesidad de ir ajustándola. Muchas veces el destino de muchas normas es que puestas en práctica tienen que ser luego adecuadas a la propia realidad. Si el proceso de renovación fuera masivo… porque hay otro argumento que podría usarse, el de decir: si mantenemos esto y se va renovando anualmente va a llegar un momento en el que todos van a estar trabajando en régimen de ocho horas…
EC —Esa es otra manera de pensarlo.
AS —Es cuestión de tiempo: tenemos un promedio de 49 años de edad en la administración central, si esperamos diez años es probable que se hayan jubilado todos y que todos estén en este sistema. El problema es que tendremos que ver cómo se va reteniendo a esa gente que hoy está haciendo las ocho horas en solitario con el nivel más bajo de retribución porque tiene que ingresar por el punto más bajo del escalafón. El tema es funcional e, insisto, acá no hay una decisión, sino que ante las consultas de la periodista se planteó la percepción de una situación.
EC —¿La decisión que usted considera más adecuada es derogar la norma de la administración Mujica, que no sea obligatorio para los nuevos funcionarios públicos trabajar ocho horas?
AS —Exactamente, en el régimen de provisoriato generar una alternativa en la que exista la opción de mantenerse o no [con las ocho horas], pero hay que estudiarla en función de las retribuciones acordes. Recién los equipos técnicos están haciendo las percepciones de cómo es el staff en la administración y las situaciones que muchos ministerios están planteando y que estamos recibiendo en el propio Consejo Superior de Salarios. Es el comienzo de una exploración, no tenemos conclusiones más allá de la percepción, comprobada, de que estamos ante una dificultad, sobre todo por la necesidad de contar con gente muy joven, profesionales muy jóvenes, que vienen con una formación, están un tiempo y ven que no tienen espacio, porque tampoco pueden concursar durante sus tres primeros años, por lo tanto ni siquiera tienen ascenso interno, porque la norma así lo establece. Todo eso nos va generando un dolor de cabeza que habrá que ir ajustando. La palabra “error”… que una norma sea estudiada forma parte del dictado de cualquier norma, permanentemente estamos revisando la normativa, esa ha sido la historia de la gestión pública.
EC —Está bien, lo que pasa es que en la población se genera una dificultad para entender estos procesos porque parecía justamente que se estaba yendo a eliminar una inequidad y por lo visto se generó otra, y ahora aparece el Gobierno considerando la posibilidad de dar esta señal. Fijese las reacciones que provoca, el economista Isaac Alfie dijo ayer a través de Twitter: “Digan por favor que es un chiste veraniego. Si no lo es, ¿no alcanzó con la experiencia del propio Vázquez en la Intendencia de Montevideo?”, aludiendo a que cuando fue intendente redujo la jornada laboral a seis horas en los funcionarios municipales.
AS —Pero acá no hay una reducción de la jornada laboral, eso es cuando se aplica a la prestación de la totalidad del servicio, acá estamos hablando de personas aisladas que se insertan en una estructura que tiene un régimen diferente, que tienen que cumplir un horario más extendido que el resto de la estructura y que, por otra parte, reciben una remuneración por debajo. No es la reducción del horario de trabajo de los funcionarios públicos, ese me parece un error de percepción, aquí nadie está rebajando el horario de funcionamiento de los trabajadores de la administración pública, estamos hablando de personas que a diferencia de sus compañeros de trabajo, con los que están todo el día, tienen que cumplir ocho horas en lugar de seis como hace el resto, mientras que tienen la retribución por el nivel más bajo. Habrá que encontrar los caminos, pensarlos, y quizás luego se llegue a la conclusión de que no, de que debe seguir como está, porque este es un tema que todavía no ha sido tratado.
EC —Dos reacciones más de economistas que también se expresaron y que aparecen en la nota de hoy de El País. Aldo Lema dice que de concretarse la reducción de la carga horaria se daría una “aumento implícito de salario real para ciertos funcionarios, no necesariamente compensado con alza de productividad”, y por su lado el economista Javier de Haedo sostuvo que se generaría “riesgo de impacto en pasividades por aumento de salario efectivo por hora”.
AS —Bueno, perdón, pero eso estaría implicando la presunción de que hay un mecanismo establecido que no es la opción a la reducción horaria de seis horas en proporción a la retribución, en cuyo caso no tendría validez ninguno de esos argumentos. En una palabra: se está dando opinión definitiva sobre un proceso que todavía no culminó sino que, por el contrario, la ONSC está cumpliendo con una parte de su rol que es el estudio permanente de todas estas situaciones, ir tomando posición técnica y detectando cuál es la realidad para luego proponer al Poder Ejecutivo su análisis en profundidad y tomar una decisión, que tiene que ser, además, acordada. Se está partiendo de un supuesto que todavía no está dado y todos esos comentarios parten de la base de que hay un mecanismo que ya se definió, cuando no está definido.
EC —¿Cuándo es que se tomaría una decisión?
AS —Primero tenemos que terminar el relevamiento… El contexto de una nota de dos horas, cuando la periodista pregunta qué opino sobre el tema de la gente que tiene que trabajar ocho horas respecto de las de seis mi respuesta es la que di: siento que hay una inequidad que está generando problemas en el funcionamiento en las oficinas donde la gente queda sola y no tiene interlocutor para trabajar en lo que está haciendo, y es un tema al que tenemos que dedicarle atención porque hay una inequidad de fondo. Este es un proceso que, como tantos otros que tenemos en curso, requiere… recién salimos de terminar la Ley de Presupuesto, donde la ONSC tuvo un rol muy fuerte, los Consejos de Salario que estamos esperando y nueve áreas más de trabajo conjunto en el Estado… Estamos comenzando el análisis, la situación está detectada, si luego termina en dejar todo como está, extender otras situaciones o establecer alternativas, será el producto de la conclusión de los equipos técnicos de la ONSC que se propondrá, como corresponde, en el ámbito del Ejecutivo y en el Consejo Superior de Salarios. Por eso me parece que son adelantados los comentarios, en mi modesta opinión, en tanto se están expresando como si hubiera una decisión tomada. La nota, por cierto, lleva a la confusión, porque el acápite expresa que el Gobierno de Vázquez ha tomado o está estudiando la decisión, cuando en realidad, si bien formo parte del Gobierno, es el deber de la unidad que dirijo tomar la realidad en la que estamos y las percepciones de donde estamos para ir proponiendo medidas de rectificación que luego serán analizadas en otros ámbitos.
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EC —En el sindicato de funcionarios públicos se ve bien esta eventual decisión.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Sí, concretamente el secretario general de COFE, Joselo López, dijo a El País que la reducción de la carga horaria es un planteo que vienen haciendo hace tiempo. “La semana pasada en un ámbito de la negociación de rama lo volvimos a plantear y creemos que hace Justicia y trata de corregir esas inequidades que existen; sin duda es una señal positiva que el director de la ONSC”.
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Transcripción: Andrea Martínez
