José Arocena, presidente de la Corte Electoral, dijo a En Perspectiva que el archivo con todos los ciudadanos habilitados para votar en el país podría llegar a cerrarse o clausurarse por problemas edilicios, lo que supondría detener la inscripción cívica. Otros reclamos de la Corte refieren al nuevo sistema de retribuciones e informatizar la totalidad de los expedientes.
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EN PERSPECTIVA
Miércoles 07.10.2015, hora 10.18
EMILIANO COTELO (EC) —La Corte Electoral es otro de los organismos públicos que, en estos días, está moviéndose para que la ley de presupuesto quinquenal atienda sus aspiraciones.
En sus contactos con las bancadas, los ministros de la Corte Electoral ponen el acento en algunas necesidades: el nuevo sistema de retribuciones, la implementación de un sistema informático para la gestión interna y las obras que hay que realizar para solucionar un inconveniente serio con un sótano que alberga archivos fundamentales.
Lo más crítico es que también advierten que está en juego la organización de las elecciones del BPS y de la Universidad de la República [Udelar], ambas previstas para el próximo año.
¿Cómo es esto? ¿De qué estamos hablando? Nos acompaña esta mañana el doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral.
En primer lugar una aclaración para la audiencia, ¿cómo se procesa el presupuesto de un organismo como la Corte Electoral?
JOSÉ AROCENA (JA) —La Corte Electoral, como los organismos del artículo 220 de la Constitución, tiene que preparar un proyecto presupuestal que presenta al Poder Ejecutivo -en la fecha que el Poder Ejecutivo dispone, este año lo presentamos en agosto- y a la Asamblea General. El Poder Ejecutivo, de acuerdo también al mismo artículo, hace las reformas que considera convenientes del proyecto presentado por los organismos del 220 y envía al Parlamento los proyectos presentados reformados de acuerdo a las políticas que prioritariamente está seleccionando.
EC —O sea, el Parlamento recibe dos mensajes a propósito de la Corte Electoral.
JA —Exactamente, recibe un mensaje directamente nuestro y el del Poder Ejecutivo.
EC —¿Y qué pasó con el mensaje del Poder Ejecutivo?
JA —En el mensaje del Poder Ejecutivo la Corte Electoral no apareció, directamente no figura. Se me dice que en períodos anteriores alguna vez ha pasado algo parecido, pero es más bien raro que organismos de la relevancia de los que están en el artículo 220 de la Constitución no aparezcan en el mensaje del Poder Ejecutivo. De todas maneras fue así…
EC —Eso significa que el Poder Ejecutivo entiende que no hay margen para ninguno de los rubros que ustedes estaban solicitando.
JA —Ese es el mensaje indirecto, digamos. No lo dice directamente pero al excluirlo del mensaje del Poder Ejecutivo quiere decir que no habría rubro para nada de lo que estamos pidiendo.
EC —¿En teoría el Parlamento puede optar por cualquiera de los dos mensajes?
JA —Por supuesto. El Parlamento es totalmente libre para definir el presupuesto. Puede aumentar el tope que el Poder Ejecutivo plantea y, sobre todo, y se suele hacer, puede cambiar las atribuciones de los recursos definidos por el Poder Ejecutivo, como está pasando ahora.
EC —La famosa reasignación.
JA —Claro, la reasignación que está sucediendo en este momento, por ejemplo, con los fondos para el Sistema Nacional de Cuidados. El Poder Legislativo es dueño del presupuesto en las dos cámaras, primero en la de Diputados: este fin de semana termina en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la semana que viene el pleno lo tratará y la siguiente tiene que enviarlo a la Cámara de Senadores.
EC —Mientras escuchaba su explicación me acordaba del caso del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, porque con él pasó algo similar: en el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento directamente no figura. Ya escuchamos las razones de su dirección a propósito de lo que implica no tener un aumento de recursos por lo menos en estos primeros dos años de este período de gobierno. Casualmente al Clemente Estable en la reasignación que se está negociando en estos días le termina tocando algo, cambia esa situación. No es lo mismo con la Corte Electoral hasta ahora.
JA —Las señales indican que no es lo mismo. Nosotros tenemos algunos puntos cruciales de gran urgencia entre los 16 artículos que enviamos al Poder Ejecutivo y, por las señales que se nos están dando, no habría aprobación de ninguno de ellos.
EC —Vamos a ver cuáles son esos puntos cruciales. Yo los mencionaba como titulares en la introducción.
JA —Yo voy a empezar por lo edilicio. La sede central de la Corte Electoral está en un edificio que data de principios del siglo XX, tiene los deterioros obvios de cualquier edificio de esa época, con problemas de manutención que se han arrastrado a lo largo de las décadas.
Pero voy a hablar de un solo ejemplo, porque no tenemos tiempo para más, me voy a dedicar al Registro de Expedientes, que es un archivo que tiene la corte en el cual están los datos de todos los ciudadanos habilitados para votar en el país. Es el único registro que tiene el conjunto de la información, porque después hay otros registros que tienen informaciones parciales.
EC —Es un registro en papel.
JA —Es un registro en papel que ocupa 800 m2 y que tiene más de 200 carpetas en las que están los datos de los ciudadanos. En una época estuvo en el segundo piso de la corte, pero Bomberos pidió que se lo trasladara al subsuelo porque la estructura del edificio de la corte no aguantaba su peso. Se trasladó al subsuelo y al principio había unas emanaciones de agua; se hizo una canalización al costado de una pared, tapada con maderas, y un pozo con una bomba de achique, de manera que el agua era expulsada por esta bomba de achique al saneamiento. De alguna manera se solucionaba el problema de las filtraciones de agua.
El edificio lindero está abandonado y habitado por ocupantes clandestinos, se ha destrozado absolutamente toda la estructura sanitaria del edificio. El subsuelo de ese edificio es una verdadera cloaca, allí terminan todas las aguas servidas de todos los ocupantes clandestinos que están en ese edificio, que se filtran a través de la pared al Registro de Expedientes, por lo cual esa canalización que antes era de agua ahora es de aguas servidas: imagínense ustedes las emanaciones y olores que surgen de esa canalización.
A tal punto que la corte ya ha decidido sacar a los funcionarios de ahí, no pueden seguir trabajando con esa atmósfera en la que hay problemas para su salud. Los vamos a colocar en un lugar que está inmediatamente cerca, pero no muy lejos porque cada vez que se inscribe un ciudadano, se renueva una credencial o se hace un traslado hay que ir al Registro de Expedientes a retirar o incluir la carpeta en el registro. Por lo tanto, las entradas y salidas de funcionarios al registro son permanentes.
Nosotros habíamos planteado en el presupuesto una solución sugerida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto [OPP] que era vender un edificio que tenemos, la antigua Casa Soler, en Agraciada y Marcelino Sosa…
EC —Frente al Palacio Legislativo, a un costado.
JA —Exactamente, vender ese edificio y con ese dinero comprar un edificio que hay a menos de una cuadra de la corte que está en excelentes condiciones, nuevo, con muy buenas plataformas en hormigón para sostener archivos, etcétera. Pero teníamos que solicitar, de acuerdo también al consejo de la OPP, un leasing para poder mudarnos ya a la entrega de la primera cuota, sin esperar a la venta del Soler. Las primeras cuotas entregadas en el año 2016 nos permitían mudarnos y solucionar, ya el año que viene, el problema del Registro de Expedientes. Aparentemente este artículo no tendría mayorías, es el 16 del inciso 18, que es el de la corte, enviado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General.
Este es un primer problema que lo vemos con mucha seriedad y gravedad porque si esto sigue empeorando un día, que espero que no llegue nunca, vamos a tener que clausurar el Registro de Expedientes. Esto supondría detener la inscripción cívica, y si hay una función importante de la corte en estos meses que no es período electoral, es la inscripción cívica.
La corte ha hecho esfuerzos muy importantes con las mesas móviles en los barrios de Montevideo, en las pequeñas ciudades del interior, esas mesas móviles tienen que seguir funcionando y tienen que seguir aumentando la inscripción cívica. Por lo tanto, si cerráramos o clausuráramos por razones de salubridad el Registro de Expedientes, generaríamos un efecto inmediato sobre la inscripción cívica.
Este es el primer punto y lamentablemente parecería que no vamos a obtener las mayorías necesarias para aprobar este artículo que nosotros enviamos.
EC —¿Cuál es el dinero que se precisa para poner en marcha ese proceso de venta de la Casa Soler y compra del otro edificio?
JA —La Casa Soler está tasada por [la Dirección Nacional de] Catastro en US$ 1.600.000, este edificio está en venta en US$ 900.000. Supongamos que la tasación de Catastro sea un poquito más elevada que la realidad, que [Casa Soler] se pueda vender en US$ 1.200.000, de todas maneras cubre ampliamente la compra de este edificio.
Las cuotas que nos propuso la OPP son de $ 4 millones anuales, o sea, no es una cantidad excesiva. Suponiendo que vendamos en el plazo de dos años la Casa Soler no solamente reintegramos esos adelantos del Poder Ejecutivo sino que hacemos frente a la compra total del edificio.
EC —Vamos a la segunda de las necesidades que ustedes consideran imperiosas.
JA —La segunda sería la informatización interna de la corte.
EC —No es el voto electrónico, vamos a no confundirnos.
JA —Hay algo muy curioso en esto: cuando llega el período electoral los periodistas, y en general la opinión pública, nos preguntan por el voto electrónico y por qué Uruguay no hace más esfuerzos por el voto electrónico.
Ustedes recuerdan que en las elecciones internas del año pasado se intentó algo así y hubo problemas que no voy a analizar ahora, pero si hubo en alguna medida alguna causalidad originada en la corte estoy convencido de que se debe a las insuficiencias en materia de gestión que tenemos en la corte. A pesar de que hemos progresado -por ejemplo, tenemos el sistema Proteo, que ha informatizado el registro patronímico-, seguimos teniendo muchas dificultades en la gestión porque no tenemos incorporado a la corte el expediente electrónico.
EC —O sea…
JA —O sea, informatizar todo el expediente que hoy es en papel. Para dar un ejemplo: yo firmo 300 expedientes por semanas, el movimiento administrativo de la corte es un movimiento de toneladas de papel.
Por otro lado no tenemos un sistema integrado de gestión, por ejemplo de gestión de compras, de stock, de contabilidad presupuestal… Ese tiene que ser un sistema integrado, hay sistemas integrados, ahora estamos tratando justamente con uno, que obviamente te cobra, el SAP, que es de muy buen nivel y de muy buena capacidad de operatividad. Este es otro punto al que le damos gran importancia y pedimos no mucho, porque en el artículo correspondiente pedimos poquito más de $ 20 millones, tampoco estamos pidiendo una barbaridad.
EC —¿Qué pasa si no lo tienen?
JA —Si no lo tenemos lo que pasa es que vamos a seguir con los papeles y probablemente con los problemas que hoy surgen de la gestión en papel, que son la falta de eficiencia para abordar claramente el voto informático o electrónico, o por lo menos parcialmente la transmisión online de resultados de las mesas electorales a los centros de totalización. Eso va a estar obstaculizado por nuestra propia incapacidad de gestión: la gestión informática hoy no es un lujo, es una necesidad, no hay organismo que funcione sin gestión informática.
EC —Vayamos al tercer punto, que era el de un nuevo sistema de retribuciones que la Corte Electoral tiene que implementar.
JA —Exacto. En la Rendición de Cuentas de 2012, que fue publicada en octubre de 2013, el Parlamento puso el artículo 306 por el cual obliga a la corte a cambiar el sistema de retribuciones que tenía hasta el momento. Lo obliga a cambiarlo en el marco de la negociación colectiva, es decir, negociando con el sindicato, la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay.
Lo hicimos, llegamos a una conclusión que presentamos en los cinco primeros artículos de la propuesta presupuestal de la corte, y cuando lo presentamos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se nos dijo que había un costo suplementario que habría que eliminar.
Yo había entendido que el costo suplementario no afectaba a las horas extras, que las horas extras que nos dan para los 18 meses del período electoral se podían distribuir presupuestalmente en los cinco años, porque si no es así no hay posibilidad de cambio del sistema, porque tenemos que sustituir la hora extra por un sistema de permanencia.
Este sistema tiene algunas ventajas importantes sobre la hora extra. Rápidamente: el acuerdo con el sindicato reposa sobre la convicción de que la hora extra beneficia la permanencia del funcionario en la corte más allá de las necesidades, simplemente para cobrar la hora extra.
El sistema de permanencia a la orden es un complemento que se agrega al salario que solamente se entrega si la persona cumple con una tarea, no con el tiempo que le lleva la tarea. Esto va a tener como efecto que el funcionario va a estar lo necesario en la corte y no todo lo que debe estar hasta este momento por la hora extra. Es un sistema mucho más racional y por eso el acuerdo con el sindicato y con el Ministerio de Trabajo, que arbitró este acuerdo.
Ahora, ayer me llegó la noticia de que se aprobaría el sistema pero sin costo presupuestal, esto quiere decir que el volumen de horas extra que se daba en los 18 meses del período electoral no se va a presupuestar en los cinco años. Obviamente eso no es ni una cosa ni la otra: no podemos al mismo tiempo suspender la extensión horaria en horas extra y no tener presupuesto para el sistema de permanencia a la orden, si se hacen las dos cosas juntas se paraliza a la corte.
EC —El oyente puede estar diciendo: entiendo muy bien las necesidades que está explicando el presidente de la Corte Electoral, pero, como él mismo habrá visto, hay una cola de organismos reclamando en el Parlamento que lo de cada uno de ellos es fundamental. Entonces, ¿cómo se mete usted en ese debate, con qué argumentos dice: “Esto sí, por lo menos estos tres puntos tienen que estar”?
JA —Bueno, porque los consideramos esenciales para el funcionamiento de la corte. Y no hay que olvidar que la corte no es importante solamente en el período electoral, esto es algo que a mí me gustaría tratarlo más larga y ampliamente: la corte tiene un montón de funciones que no son solamente las del período electoral. Esas funciones se ven afectadas por estos problemas edilicios, de gestión y de falta de comprensión sobre lo que debe ser un buen régimen de retribución a los funcionarios.
EC —En particular, las elecciones del BPS y de la Udelar, ¿cómo entran en este cuadro?
JA —Las del BPS están pautadas en este momento para marzo pero el ministro de Trabajo [Ernesto Murro] ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para cambiar algunas características y la fecha para el mes de setiembre. La ley no se ha aprobado todavía. La elección de la Udelar es en la segunda quincena de abril, el último domingo de abril. La elección de BPS supone entre 1.5 y 2 millones de habilitados para votar, es una elección casi nacional, además tiene tres órdenes -activos, pasivos y empresas-, lo cual lo complica más.
La elección universitaria es también complicada porque también tiene diversidad de facultades y de órdenes -egresados, estudiantes y profesores-. Es decir: las dos son elecciones complicadas que si nosotros no contamos con algún tiempo de apoyo, ya sea permanencia a la orden u hora extra, no va a poder funcionar bien.
Lo último que quería decir es que los parlamentarios pueden estarse preguntando qué hacen con el artículo 306 que votaron en 2012 y que salió publicado en 2013. Hay dos posibilidades solamente: o no se aprueba, y por lo tanto se vuelve al régimen anterior, o se prorroga la ejecución, que esa es otra posibilidad, o se deroga, esa es una tercera posibilidad.
La prórroga de la ejecución podría eventualmente ser una salida, lo sugiero justamente porque sé el embrollo en el que está metida la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y sé lo que usted acaba de decir sobre la fila de organismos que están pidiendo, y también entiendo perfectamente la tendencia a la austeridad presupuestal que el Poder Ejecutivo quiere mantener.
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Transcripción: Andrea Martínez
