Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Ayer en la Asamblea General faltaron los votos de un senador y de dos diputados para levantar el veto parcial interpuesto por el Poder Ejecutivo a la ley sobre Casa de Galicia.
La norma vetada obligaba al Estado a "integrar" el fondo de insolvencia laboral en el BPS de modo de cubrir los créditos laborales de los exfuncionarios de esa mutualista, que fue intervenida por el Ministerio de Salud Pública en octubre de 2021, fue a concurso en noviembre de ese año y terminó cerrada por decisión judicial el 31 de marzo de 2022. Los artículos cuestionados por el gobierno Implicaban un erogación de US$ 23 millones a cargo del Estado para saldar gran parte de los créditos posconcursales adeudados.
En la fundamentación del veto, Lacalle Pou sostuvo, entre otros argumentos, que la ley en cuestión llevaba a que el Tesoro Nacional debiera afrontar un gasto por un monto y plazo indeterminados y sin que se estableciera con qué fondos serían cubiertas dichas erogaciones". El Poder Ejecutivo busca constituir un fondo aparte por una cifra mucho menor, 8 millones de dólares.
Para levantar el veto se necesitaba el voto de tres quintos de los senadores y diputados presentes al momento de la definición. Entre los primeros, hubo 17 en 29. Entre los segundos, 56 en 97.
Cuando se conoció el resultado final en el Senado, varios ex trabajadores de Casa de Galicia que seguían la sesión desde las barras lloraron e insultaron a los legisladores.
Los ex funcionarios anunciaron que iniciarán juicios al Estado para cobrar el total de los adeudos.
Durante el debate, el senador Botana, que impulsó la ley vetada por el presidente, sostuvo que el Estado tiene que hacerse responsable de saldar las deudas con los trabajadores. "¿Los dejamos sin trabajo y no tienen derecho?", se preguntó. Botana además, cuestionó el crédito que el Banco República le otorgó al Círculo Católico, mutualista en la que el actual presidente de ASSE, Leonardo Cipriani era el director técnico, para que pudiera comprar el sanatorio de Casa de Galicia.
Entre los diputados, los votos en favor de levantar el veto llegaron desde el Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Ecologista Radical Intransigente. También acompañaron esa postura los nacionalistas Carmen Tort y Marcos Portillo, y el colorado Eduardo Elinger, suplente de Germán Cardoso.
La oposición citó e interpretó el artículo 138 de la Constitución. Allí se dice que, ante un veto, “se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado”.
El Frente Amplio evalúa ahora si cita una nueva sesión de la Asamblea General, apelando al artículo 139, que indica que si no se lograran las mayorías requeridas, “transcurridos treinta días de la primera convocatoria sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Poder Ejecutivo, las mismas se considerarán aceptadas”.
Conversamos En Perspectiva con Sergio Botana, impulsor de la ley y senador del Partido Nacional.
