

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
A partir de la comparecencia de la Fiscalía General de la Nación ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el 20 de julio de 2026
La Fiscalía General de la Nación fue la segunda delegación en comparecer ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda el pasado lunes, en el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas. Lo que expuso la fiscal de Corte y procuradora general de la Nación subrogante, Mónica Ferrero, junto a su equipo, no fue solo un repaso de artículos y créditos: fue el relato de un organismo que administra su escasez transformando sus propias vacantes en la fuente principal de financiamiento de su funcionamiento diario.
El 72% que no se cubre para poder funcionar
El dato más contundente de toda la comparecencia lo dio el contador Pablo Velazco, secretario general de la Fiscalía, cuando explicó de dónde sale el dinero para pagar los gastos corrientes del organismo: "el 72 % de la ejecución de gastos de funcionamiento e inversiones sale de no cubrir vacantes, de utilizar esos cargos, que son necesarios, para destinarlos a funcionamiento e inversiones, porque, si no, la Fiscalía no vive".
Es decir: la Fiscalía deja adrede sin llenar una enorme proporción de sus cargos presupuestados —fiscales, adscriptos, administrativos— para poder pagar alquileres, limpieza, vigilancia y servicios informáticos con la plata que esos sueldos no se gastan. El contador Guillermo Larrañaga lo graficó con una serie histórica: desde 2016, cuando se separó el Inciso, esas economías del "Grupo 0″ (retribuciones personales) que se derivan a gastos de funcionamiento vienen en ascenso, y desde 2021 se mantienen estabilizadas en ese entorno del 70%.
Más tarde, ya en el bloque de respuestas, el contador Sebastián Domínguez precisó la cifra exacta correspondiente a 2025: "$179.218.651. Eso representa el 72 % del total de gastos de funcionamiento". Para ponerlo en contexto, la ejecución total de gastos de funcionamiento e inversión de la Fiscalía en 2025 rondó los $288 millones —una cifra incluso menor a la de 2024 ($292 millones)—, mientras que el rubro de retribuciones personales sí creció, porque se están cubriendo algunas vacantes.
El artículo 20 del proyecto de la Fiscalía pide, justamente, salir de esa lógica: un refuerzo de aproximadamente $150 millones para no depender de las vacantes. Domínguez fue explícito sobre qué representa esa cifra: "esos 150 millones nos permitirían desengancharnos, salir de esta lógica de no llenar vacantes o de llenar vacantes lo menos posible y pasar a financiar nosotros, con nuestros créditos, los gastos de funcionamiento". Según detalló, ese monto equivale a la mitad de todo lo que la Fiscalía gastó en funcionamiento e inversión durante 2025.
Domínguez también desglosó los rubros que más pesan: arrendamientos de inmuebles (el ítem más alto después de suministros), limpieza ($30 millones anuales), vigilancia de las sedes de Montevideo ($33 millones), servicios informáticos ($23 millones) y el Datacenter de Antel, donde se resguarda el Sippau —el sistema de información del proceso penal acusatorio— por unos $26 millones anuales. La Fiscalía dijo haber logrado bajar algunos de esos costos: mudó su sede en la calle Uruguay a un local en 25 de Mayo que cuesta menos de la mitad de alquiler ($390.000 mensuales contra $858.000).
Fiscalías que se piden y no aparecen en el Mensaje del Poder Ejecutivo
Del paquete de creaciones de cargos y fiscalías que propuso el organismo (artículos 13 a 19 de su proyecto), el Poder Ejecutivo recogió muy poco: apenas la Fiscalía Especializada en Cibercrimen (ya creada en el Presupuesto anterior, pero con un solo fiscal y un adscripto) y los cargos para poner en funcionamiento la fiscalía de Toledo. Quedaron afuera del Mensaje oficial, entre otras, la segunda Fiscalía de Cibercrimen, la creación de cuatro Fiscalías de Ejecución de Penas y una segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
Sobre el cibercrimen, Ferrero insistió en el argumento de la aleatoriedad que el propio Parlamento reclama para la asignación de denuncias: "¿Cómo vamos a hacer para que sean aleatorios si tenemos una sola Fiscalía de Lavado y una sola Fiscalía de Cibercrimen? ¡Siempre va a ser el mismo fiscal!". Y explicó la fragilidad actual de esa fiscalía, armada a costa de otra: "Quedó nada más que con el titular y un adscripto porque desgraciadamente no tenemos gente. Yo estoy desvistiendo una fiscalía, para vestir otra", apuntó.
En cuanto a las fiscalías de Ejecución de Penas, el reclamo fue casi una súplica textual: "Yo les pido que por lo menos en la solicitud de creación de Fiscalías de Ejecución de Penas aunque sea nos den dos. ¿Saben por qué? Porque ya hay juzgados de Ejecución creados, están trabajando; son ocho o nueve juzgados los que están trabajando, y no hay Fiscalía de Ejecución". Explicó que, a diferencia de otras fiscalías nuevas que se crean en espejo con juzgados nuevos, en este caso los juzgados ya existen desde hace tiempo y la Fiscalía nunca fue acompañada con la estructura correspondiente.
Sobre la segunda Fiscalía de Lavado de Activos, recordó que en el Presupuesto anterior "hubo toda una discusión de si la eliminábamos, si la dejábamos" y defendió su necesidad vinculándola a delitos que hoy no tienen quién los investigue desde la fiscalía, en particular el contrabando: "¿Quién es el que se está enriqueciendo trayendo contrabando? ¿A quién va? ¿Dónde lo destina? ¿Dónde están las cuentas del que se está favoreciendo? (…) pero si no tengo gente, ¿qué hago? ¿Cómo investigan?".
En otro pasaje Ferrero señaló: “Vi que el Ministerio del Interior pidió 300 policías. Me parece genial que tengan 300 policías más porque lo amerita la situación. Ahora bien, imaginen una cosa, que yo ya me imaginé en mi casa, con los años que tengo a caballo luchando contra la delincuencia: va a haber 300 policías y, seguramente, van a traernos más detenidos, y vamos a ser los mismos jueces y los mismos fiscales. ¿Y qué van a demandar? Van a demandar que nosotros respondamos. Porque a ningún policía que está en el terreno, luchando y combatiendo contra el delito, que trae a los detenidos con la evidencia, etcétera, le va a gustar que le digamos: "No, pará, hoy tenemos diez y no nos dan los juzgados y no nos dan los plazos y no nos da nada". Creo que cada cosa que vayan haciendo la tienen que ir pensando porque van concomitantemente encadenadas. Me parece genial que haya 300 policías más; capaz que podrían ser más todavía, pero es la realidad y con algo empezamos. Pero, por favor, la otra pata somos nosotros; somos la pata que investiga los delitos, la que lleva a los presos ante un juez. El juez solo los espera; es el fiscal el que les dice a los jueces”.
Un juicio resuelto por Google Translate
Uno de los pasajes más elocuentes de la tarde llegó cuando Ferrero, ya en la ronda de respuestas, ejemplificó las carencias del organismo con un caso concreto de crimen organizado internacional. "Recuerdo un juicio en el que teníamos montenegrinos y nadie sabía el idioma. Había que llevar un traductor y no teníamos", relató. El equipo agotó opciones: "Llamamos a todas las provincias de Argentina para ver si habían tenido algún caso, para contar con un traductor. Llegamos a llamar a España para ver si por Skype nos ayudaban con la traducción".
La solución final fue recurrir a un traductor automático, con el aval de la jueza actuante: "la doctora Chamsarian habilitó hacer la traducción por Google, porque en todos los demás juzgados de Argentina se había utilizado y las sentencias habían quedado firmes". Ferrero defendió esa salida de emergencia con una pregunta retórica que resume su diagnóstico sobre la falta de recursos: "¿Qué vamos a decirle al narco que entró con una gran cantidad de droga? ¿Vamos a decirle: ‘Andate que este país no tiene traductor; te salvaste’? No, de ninguna manera. Buscamos las formas de resolverlo”. Y luego reflexionó: “Quizás, acá, que tenemos tan poco dinero para pagarle a un traductor, también nos sirve este tipo de norma. Hemos ido pensando de dónde sacar. Como verán, – dijo Ferrero- es como en sus respectivas casas: quien lleva las cuentas, la mujer o el hombre, va vichando qué se puede sacar de acá o de allá. Eso es lo que estamos haciendo: buscamos, de alguna manera, cómo ir sobreviviendo, como dice la canción”.
Una contadora "prestada" y devuelta en plena investigación de lavado
Otro capítulo revelador fue el de la contadora Liguori, la única especialista en pericia contable para casos de lavado de activos con la que contó la Fiscalía durante un tiempo —y que no era personal propio, sino cedida por el Banco Central. Ferrero lo contó así: "Ustedes vieron por la prensa todo el lío que se armó con la parte de lavado de activos y la famosa contadora Liguori, a quien el Banco Central nos había dado en préstamo. Ella sacó los dictámenes de cinco causas grandes, como República Ganadera —que está en trámite—, Conexión Ganadera, Larrarte, Berruti (…) y algún otro que puede ser que se me escape".
La explicación de por qué era indispensable: "necesitábamos el informe de un contador para rebatir, porque el lavado de activos, justamente, va por la pericia contable". Pero el préstamo terminó: "La contadora Liguori vino en pase en comisión; después me la reclamó el Banco Central y se la llevó. Sobrevivimos y sacamos esos juicios gracias a que trajimos a esa contadora por unos meses". Y remató, sin matices, sobre la situación actual: "Hoy no tenemos contador; ya se fue la contadora Liguori".
Ferrero llegó a relatar que en una oportunidad debió disculparse por no poder concurrir a una convocatoria parlamentaria porque, ese mismo día, le habían retirado en comisión a la contadora que necesitaba para otro trámite: "era ir al Parlamento un día; al MEF, al otro día, y nos quedábamos sin la contadora. ¡Era de locos!".
Este episodio tiene que ver con otro reclamo planteado por el organismo: la eliminación de la preceptividad para los pases en comisión entrantes de personal hacia la Fiscalía. ¿Cómo es eso? Hoy la Fiscalía tiene un cupo de 10 cargos para recibir funcionarios de otros lados en comisión. En su proyecto pide duplicarlo (10 más), pero el reclamo central no es la cantidad sino que sean preceptivos: es decir, que si un organismo autoriza a un funcionario suyo a pasar en comisión a la Fiscalía, esa autorización se conceda automáticamente y no pueda negarse. Hoy es discrecional, y según contó el contador Velazco, en la práctica "cada vez que se piden, se niegan". Puso un ejemplo concreto: pidieron el pase de un simple administrativo de grado de ingreso a un organismo grande, y les dijeron que no.
¿Y cuál es el reclamo? Los legisladores sí tienen esos pases garantizados por ley (preceptivos), pero la Fiscalía no.
"¿Estado fallido?" — la pregunta que Ferrero no respondió de frente
Hubo momentos también de tensión y picardía política. Uno de los hechos lo protagonizó el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir. Además de anunciar públicamente que "esta Rendición de Cuentas no tiene votos para ser aprobada, a 13 días de su consideración" —dato que generó una réplica inmediata del nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien le cuestionó que reiterara ese planteo y le señaló que la responsabilidad en conseguir los votos es del oficialismo—, Valdomir le formuló una pregunta directa a la fiscal: "quisiera preguntarle a la doctora Ferrero, a la fiscal, qué opina ella (…) si piensa que estamos ante un Estado fallido en materia de seguridad pública (…) quisiera saber su opinión, porque no es poca cosa este tema y han sido actores políticos de relevancia que han señalado este concepto (…) y no es poca cosa este tema", .
Ferrero la vio venir y no contestó la pregunta en esos términos. En su respuesta extensa —que ocupó buena parte del cierre de la sesión— eligió hablar de su propia trayectoria, de las amenazas que reciben los fiscales y de la necesidad de cuidar a la Policía y a la Justicia por igual, pero evitó pronunciarse sobre el concepto de "Estado fallido" que se le planteó explícitamente.
El atentado, las amenazas y la respuesta a la "presión política"
La sesión había arrancado con el diputado Pablo Abdala aclarando que el respaldo institucional expresado por su partido a la fiscal no debía leerse como una forma de "presión" sobre su actuación, en referencia a versiones periodísticas que circularon en esos términos. Ferrero retomó el tema al final, en un tono personal poco habitual en este tipo de comparecencias: "no me voy a hacer eco de las cuestiones que van hacia mi persona porque yo tengo formación jurídica (…) no vine por la vida así, sin ningún conocimiento a cuestas".
Defendió su historial en la lucha contra el narcotráfico y hasta reveló que llegó a duplicar funciones —su fiscalía de estupefacientes y la subrogación de la Fiscalía de Corte— durante siete meses seguidos: "estuve trabajando en mi Fiscalía, cumpliendo la subrogación de la Fiscalía de Corte, yendo y viniendo en el día durante siete meses, hasta que mi cuerpo me reclamó y dijo: ‘Ahí hay que encontrar una solución'".
Sobre el atentado en su domicilio y las amenazas a la investidura de su cargo, fue categórica: "pegarle a una autoridad va de mensaje a los narcos (…) si no hay respeto para la autoridad que dirige a todos los fiscales, los narcos no son tontos: recogen el guante y lo capitalizan". Y cerró, en un tono que mezcló orgullo profesional y advertencia velada: "yo estoy en una postura en la que casi me matan por representarlos a todos ustedes, a toda la sociedad, donando días y horas de mi vida por un flagelo que hoy nos está consumiendo (…) no voy a decir algunos otros detalles más, porque yo también tengo hijos, y mis hijos sufren".
La foto completa
Entre los cuatro ejes —el 72% financiado con vacantes, las fiscalías que no llegaron al Mensaje, el traductor de Google y la contadora prestada— la comparecencia de la Fiscalía dejó una imagen de organismo que resuelve con improvisación lo que no puede resolver con presupuesto, mientras su titular gestiona en paralelo el desgaste personal de ser, como ella misma planteó, un blanco simbólico para el crimen organizado.
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