El clientelismo: ¿Hay voluntad real de atacarlo en Uruguay?
Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
Los casos de Irene Moreira y Santiago González estuvieron en el centro de la agenda política estas últimas dos semanas.
La hoy senadora Moreira renunció el 8 de mayo a su cargo de ministra de Vivienda a pedido del presidente, Luis Lacalle Pou, por haber adjudicado de forma directa un apartamento -de alquiler con opción a compra- a una militante de Cabildo Abierto que no pasó por el sorteo reglamentario. Posteriormente se supo que fueron cinco las asignaciones directas que firmó Moreira mientras fue ministra, entre 2021 y 2022. En otro de los casos, la beneficiaria fue su exempleada doméstica.
González, por su lado, renunció la semana pasada al cargo de director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, luego de reconocer que se había atendido en el Hospital Policial, cuando esta administración sostiene que ese centro de salud solo puede ser utilizado por funcionarios policiales y sus familiares. González al principio adujo que sólo recibió una atención de urgencia en el hospital pero una investigación del ministerio comprobó esta semana que usó al menos 13 veces los servicios de ese centro y retiró medicamentos en numerosas ocasiones.
Recordemos, que en el Senado está en curso una comisión investigadora que indaga sobre presuntos usos irregulares del Hospital Policial durante las administraciones frenteamplistas. Entre los investigados está el senador del MPP, Charles Carrera, que fue director general de secretaría del Ministerio del Interior. El senador oficialista Jorge Gandini, que promovió esta investigadora, informó el miércoles que el caso de Santiago González será incluido por el Ministerio del Interior en la denuncia presentada contra esos exjerarcas por el mismo tema.
A partir de los casos de Irene Moreira y Santiago González, ¿hay realmente voluntad de atacar el clientelismo en Uruguay? ¿Por qué nos escandalizamos tanto con esos casos si el clientelismo es parte del ADN histórico de Uruguay? ¿Si ponemos la vara tan alta con esos dos casos, que tendríamos que hacer con los miles de casos de clientelismo que hay en las intendencias, en el parlamento, en los hospitales, etc?
La Mesa de los Viernes con Alejandro Abal, Juan Grompone, Eleonora Navatta y Gonzalo Pérez del Castillo.
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1 Comentario
El clientelismo en la ;política es la ex;presión de una actitud natural entre nosotros, que es lo que llamamos «la gauchada»: una persona está sin trabajo, tiene sus necesidades materiales, y alguien que lo conoce y tiene alguna forma de poder, lo ubica en un puesto de trabajo (pasa también en la actividad privada). Es malo en cuanto puede ser fuente de inequidades (hay otras personas que pasan similares necesidades pero no tienen quien las favorezca) y cuando se usa como método de conquistar posiciones políticas. Pero debe ser analizado también en las circunstancias en que se produce. As;i, por ejemplo, el famoso Pacto de La Cruz, por el cual se puso fin en 1897 a la guerra entre Aparicio Saravia y el gobierno, si lo analizamos con los criterios actuales, fue una repartija de poder. Pero en aquella época, hay que tener presente que el gobierno central tenía una enorme fuerza (más que ahora); la máxima autoridad departamental (Jefe Político y de Policía) no era de elección directa sino que la designaba el presidente de turno, y tenía una fuerza importante sobre las posibilidades de las personas. Y pasaba que, en muchos departamentos, la mayoría de la población no era afín al presidente de turno, por lo cual se producían arbitrariedades, y el mencionado Pacto pretendió equilibrar el poder teniendo en cuenta esas diferencias. Similarmente, en la Constitución de 1952, el reparto de posiciones entre el partido de gobierno y el que le seguía (el famoso «3 y 2») fue una forma de permitir que, en los entes autónomos y servicios descentralizados (que habían alcanzado importante desarrollo) pudiera haber integración de gente de más de un partido político. Hoy se critica mucho el favoritismo en las intendencias del interior, y está bien que se lo haga, pero hay que tener en cuenta que en muchos departamentos la población es reducida, y hay conocimientos personales entre las principales autoridades y mucha gente común; no podemos entrar «manu militari»a prohibir designaciones directas por normas impartidas desde la Capital, sino que hay que lograr que la gente del lugar acepte esas limitaciones.