Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
La Asociación de Magistrados Fiscales, se declaró en conflicto la semana pasada, en protesta por un artículo de la Rendición de Cuentas que inhibirá a los fiscales generales y a los fiscales penales de ejercer como abogados hasta un año después de su cese.
La norma, votada en el Senado sólo con los votos del oficialismo, surge de una iniciativa de Cabildo Abierto. Originalmente, el partido liderado por Guido Manini Ríos planteaba una inhibición por cinco años.
Finalmente, serán tres años para los fiscales generales y un año para los fiscales penales. En todos los casos la inhibición rige para asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones durante el año anterior a su cese, patrocinando o asistiendo a terceros. Además, se incluyó otra disposición que les permite a estos profesionales cobrar un subsidio equivalente al 85% de los haberes del cargo de fiscal, válido mientras no puedan ejercer su profesión por ese motivo.
El gremio de fiscales aseguró en un comunicado que este artículo afecta gravemente el derecho al trabajo y la libertad de los magistrados y es parte de un “permanente hostigamiento y acoso” de parte del sistema político hacia la Fiscalía. “Nos preocupa que se limiten derechos consagrados constitucionalmente, sin invocarse razones de interés general”, aseguraron.
La Mesa de los Lunes con Martina Casás, Pablo Díaz, Desireé Pagliarini y Santiago Soto.
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