Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
La Justicia condenó el miércoles de la semana pasada a cuatro militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU) que el 16 de abril de este año fueron detenidos en Ciudad Vieja por pintar una leyenda en recuerdo a los ocho obreros asesinados en 1972 en Paso Molino.
En primera instancia, la fiscal Rossana Morales pidió una pena de 15 días de trabajo comunitario para cada uno de los indagados. La defensa de los imputados interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo del Código Penal que castiga el vandalismo. La Suprema Corte de Justicia desestimó ese recurso y, finalmente, el juez de faltas Jorge Pírez confirmó la sentencia.
El Frente Amplio (FA) emitió una declaración el jueves en la que afirma que este fallo “pone en entredicho el derecho a la libertad de expresión del pensamiento, generando un obstáculo a una práctica social e histórica con arraigo nacional en todas las tiendas políticas”.
En esa declaración, el FA sostiene que hará “esfuerzos en torno a acciones legislativas, entendimientos en el plano académico, de la cultura y sobre definiciones de política criminal que resulten respetuosas de los derechos humanos y redunden en una promoción del espacio público como ámbito democrático de encuentro ciudadano”.
Por otro lado, el director de la Comisión del Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, William Rey, celebró “que la Justicia empiece a tomar cartas en el asunto sobre un proceso de destrucción patrimonial que parece no tener quien lo frene”. Rey dijo a El País que la cartera prepara una nueva ley de patrimonio que incluirá la creación de una nueva institución especializada en conservación patrimonial y contará con mayores potestades para sancionar el vandalismo.
La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Pablo Carrasco, Gabriel Mazzarovich y Eleonora Navatta.
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