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NACIONALES
El Sindicato Único de Trabajadores Portuarios y Ramas Afines (SUPRA) y la multinacional belga Katoen Natie -accionista mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata- llegaron a un acuerdo para negociar un nuevo convenio salarial sin que haya medidas sindicales distorsivas, en principio, hasta el 22 de este mes.
Llegada esa fecha, las partes pueden pedir una prórroga de común acuerdo para seguir negociando.
En rueda de prensa, el dirigente sindical Álvaro Reinaldo informó que el nuevo convenio se irá negociando a diario, y que ambas partes se comprometieron a velar por la “paz laboral” durante el plazo estipulado.
"Nosotros tenemos un compromiso de no detener actividad, la empresa un compromiso de no innovar y no generar acciones que puedan llevar a un malestar laboral", afirmó el dirigente.
Tras el acuerdo, Katoen Natie informó que la actividad en la playa de contenedores se reanudó con normalidad a las 16:00 de ayer.
La tregua se alcanzó tras una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo luego de varios días de paros y denuncias cruzadas entre la empresa y los trabajadores sindicalizados.
El sindicato reclama que se aseguren 25 jornales a todos los jornaleros de manera de emparejar las condiciones de todos los trabajadores del ramo.
En los últimos días varias gremiales empresariales pidieron una intervención del Poder Ejecutivo para destrabar el conflicto.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) expresó su preocupación por la situación detectada en un residencial para personas mayores en la zona de La Unión, en Montevideo, donde fueron encontradas personas en condiciones que calificó como "incompatibles con la dignidad humana".
El organismo informó en un comunicado que constató las irregularidades durante una inspección realizada de oficio y destacó "la actuación de los vecinos que alertaron sobre la situación". Asimismo, valoró que la rápida respuesta de los organismos públicos permitió trasladar a los residentes y activar los mecanismos de asistencia necesarios.
En el comunicado, la INDDHH sostuvo que es "imprescindible que se esclarezcan los hechos, se determinen todas las responsabilidades que correspondan y, sobre todo, se garantice la atención integral y la protección de las personas afectadas y sus familias".
La institución recordó que desde hace varios años trabaja en la protección de los derechos de las personas mayores y subrayó la necesidad de asegurar el cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la materia. En ese sentido, señaló que resulta fundamental fortalecer la coordinación entre los organismos públicos y mantener un monitoreo permanente de sus actuaciones.
Finalmente, la INDDHH advirtió que "casos como este ponen en evidencia que una población envejecida como la de nuestro país requiere del Estado un reforzamiento de las políticas públicas hacia el sector para responder a sus naturales requerimientos", e insistió en la necesidad de adoptar medidas que eviten la repetición de situaciones similares.
El domingo la Justicia imputó a la propietaria y a la encargada del residencial por reiterados delitos de privación de libertad, abandono de personas incapaces, estafa y omisión de asistencia.
El viernes, 22 adultos mayores fueron rescatados del residencial clandestino que funcionaba en una vivienda en la intersección de Mateo Cabral y Comercio, luego de que la Policía interviniera tras recibir denuncias de vecinos que escuchaban gritos de auxilio provenientes del lugar. Las personas, con problemas de movilidad, fueron encontradas en malas condiciones de higiene y hacinamiento.
Según informó Telemundo, ocho ancianos continúan en el residencial tras la intervención del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social.
El subdirector general de Salud, Gerardo Bruzzone, aseguró al informativo que las personas están bajo la atención de una cooperativa de cuidados. El resto fue derivado a centros de salud o realojados con sus propias familias.
Bruzzone indicó que en caso de que no se ubique a los familiares de las víctimas, el Mides se encarga de encontrar soluciones para su realojamiento.
A raíz de este caso, el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado volvió a impulsar un proyecto de ley que tipifica como delito el maltrato hacia las personas mayores.
La iniciativa, presentada en febrero de 2025 por la diputada Nibia Reisch, incorpora este delito al Código Penal y establece penas de entre seis meses de prisión y tres años de penitenciaría para quienes ejerzan violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, así como abusos o tratos humillantes contra adultos mayores.
En el texto también se prevé una inhabilitación de 10 años para desempeñar tareas de cuidado, tanto remuneradas como voluntarias, y se extiende las sanciones a trabajadores de residenciales, hogares, casas de salud, centros diurnos, refugios y otros establecimientos donde se atienda a personas mayores.
En la exposición de motivos, Reisch sostiene que el abuso hacia las personas mayores constituye una violación de los derechos humanos y advierte que este grupo enfrenta discriminación por edad y, en muchos casos, situaciones de violencia ejercidas por familiares o por quienes tienen a su cargo su cuidado.
OTRAS NOTICIAS
Luego del anuncio de la Coalición Republicana e Identidad Soberana de que no votarán la Rendición de Cuentas en general, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo ayer que la bancada de su partido votará la iniciativa aunque intentará introducir cambios.
"Así como el año pasado dimos nuestros votos para que hubiera Presupuesto, en principio, vamos a dar los votos para la Rendición de Cuentas, pero, previo, vamos a tratar de mejorar el proyecto para que algunas disposiciones sean cambiadas o sacadas", señaló Manini en el programa Desayunos Informales de canal 12.
El dirigente cabildante sostuvo que negarle esta herramienta al Poder Ejecutivo equivaldría a facilitarle al oficialismo un argumento político para justificar después el incumplimiento de sus promesas de campaña responsabilizando a la oposición.
Manini Ríos fue crítico con lo que consideró una retórica de "oposición oligarca, imperialista, antipopular" que, a su entender, se alimenta precisamente de gestos como el de no votar la ley.
“¿Cuál es el gran argumento? Hicieron todo mal el año pasado, no vamos a avalar con nuestro voto la rendición de cuentas. Pero entonces, no vamos a avalar tampoco ningún cambio, que sigan haciendo las cosas como las vienen haciendo.
¿Y los problemas de la gente, y la inseguridad, y la droga, y la deuda, y la salud, y la educación, y tantas cosas que son realmente tremendas y que está afectando muchísimo la calidad de vida de los uruguayos, eso no importa? Importa. Yo creo y lo digo con respeto, que se está tiñendo esto de campaña electoral con 3 años de anticipación y me parece que eso no es bueno”.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que si la Rendición de Cuentas no se aprueba en el Parlamento, el gobierno evalúa enviar una “ley alternativa” para crear la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia.
Oddone realizó estos comentarios en una entrevista en Radio Sarandí
"Si tuviéramos votos negativos de parte del Parlamento en relación a esta unificación, al financiamiento del sistema de unificación de transferencias y al formato legal que le da esto, tendríamos que buscar otro camino, eventualmente un camino de una ley alternativa", explicó el ministro.
La Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, prevista en la Rendición de Cuentas, unifica las Asignaciones Familiares, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, y aumenta los montos para los niños nacidos desde enero de 2025.
Según proyectó el gobierno, el costo de esta medida es de U$S 31 millones, y esta política podría significar una reducción en la tasa de pobreza en los niños de menos de 3 años de entre 6 y 8 puntos porcentuales.
Oddone sostuvo que la Rendición de Cuentas es un proyecto "todavía vigente" y dijo tener "confianza" en que en los próximos días se puedan entablar conversaciones con diputados de la Coalición Republicana para revertir la decisión del bloque de no votar la iniciativa en general.
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que blancos, colorados y el Partido Independientes estarían afines a votar los cambios en las prestaciones a la niñez y la adolescencia en una ley separada.
“Fin de la discusión. El ministro Oddone acaba de reconocer que si no se vota la Rendición de Cuentas, lo incluido en el articulado podría aprobarse en una ley aparte. Eso echa por tierra las reacciones violentas de voceros del FA que pretendieron culparnos de que no se aprobaran mejoras para la infancia y la seguridad, entre otras”, escribió en sus redes sociales.
“Si no consiguen los dos votos para la Rendición, que manden las mejoras en otro proyecto y lo votamos”, agregó.
Asimismo, sostuvo que la ley alternativa permitiría que las disposiciones entren en vigor antes de fin de año y no el 1° de enero de 2027 como se produciría a través de la Rendición de Cuentas.
Además Abdala reiteró que la economía “no le da bien al gobierno, porque las proyecciones no cierran y la gestión es muy pobre”.
El sindicato de funcionarios registrales inicia hoy una serie de medidas distorsivas en reclamo de la regularización de contratos y el mantenimiento de personal.
Hoy y mañana no entregarán documentos, no procesarán trámites urgentes ni responderán consultas presenciales o por correo electrónico. El jueves 16 y el viernes 17 tampoco recibirán documentación ni realizarán certificados.
Si no reciben una respuesta a sus reclamos, desde el lunes 20 suspenderán la atención al público en las oficinas registrales.
Los trabajadores reclaman la renovación de los contratos atípicos (vínculos que se pagan por intermedio de la Asociación de Escribanos y de la Corporación Nacional para el Desarrollo) que vencen el 31 de agosto, al menos hasta que entre en vigor la reestructura o, en su defecto, hasta fin de año. Además, solicitan que se garanticen los recursos presupuestales necesarios para mantener esos puestos de trabajo.
La Intendencia de Maldonado declaró la emergencia sanitaria en la zona oeste del departamento por el avance del picudo rojo y exhortó a los propietarios de predios privados a tratar las palmeras afectadas.
La comuna advirtió en un comunicado que la mayoría de los ejemplares infectados se encuentran en terrenos particulares, lo que dificulta el control de la plaga.
Un relevamiento identificó 1.756 palmeras afectadas en todo el departamento, de las cuales solo 198 están en espacios públicos.
La intendencia señaló que los principales focos se concentran en Solís Grande, Pan de Azúcar y Piriápolis, y recordó que su responsabilidad legal se limita al tratamiento de las palmeras ubicadas en la vía pública.
La comuna informó que ya invirtió más de un millón de dólares para combatir el insecto y prevé destinar más de 70 millones de pesos durante este período de gobierno al programa de control y erradicación. Además, advirtió que, sin el compromiso de los privados, el departamento corre el riesgo de perder parte de su paisaje característico y de su patrimonio natural.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
BTG Pactual anunció ayer el inicio de su actividad en nuestro país luego de la compra de la filial Uruguay de HSBC, una operación valorada en aproximadamente US$ 211 millones. La transacción, que recibió la autorización del Banco Central del Uruguay (BCU) la semana pasada, comprende el 100% del capital social de HSBC Uruguay e instrumentos adicionales de capital.
En un comunicado difundido este lunes, el banco brasileño señaló que mantendrá la totalidad de las sucursales, los canales de atención y el equipo de profesionales para asegurar la continuidad del servicio a los clientes. Además, indicó que invertirá en el desarrollo de la operación con el objetivo de ampliar la oferta de productos e integrar a Uruguay a su plataforma internacional.
El CEO de BTG Pactual, Roberto Sallouti, afirmó que "Uruguay es un mercado relevante en la región y la conclusión de esta transacción representa un paso importante en la estrategia de crecimiento internacional de BTG Pactual". Agregó que el grupo llega al país "para quedarse y para crecer juntos", con la intención de fortalecer su presencia regional y ofrecer una plataforma integral de servicios financieros para personas y empresas.
La calificadora de riesgo Moody’s advirtió que la consolidación fiscal prevista por el gobierno no será suficiente para estabilizar la deuda pública.
Tras realizar un análisis de la Rendición de Cuentas, la agencia señaló que el menor crecimiento económico previsto incrementa la dependencia de los ajustes fiscales, en un contexto en el que la deuda bruta seguiría aumentando y superaría el 65% del PIB hacia 2030.
Moody’s recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas redujo sus proyecciones de crecimiento del PIB a 1,8% para 2025 y 1,6% para 2026. Pese a ese escenario más moderado, el gobierno mantuvo sin cambios la trayectoria prevista para el resultado fiscal, con la expectativa de compensar la menor recaudación mediante recortes en el gasto operativo y en las transferencias discrecionales.
La calificadora advirtió además que la elevada rigidez del gasto público, concentrado en salarios, jubilaciones y transferencias sociales, deja poco margen para realizar ajustes ante eventuales shocks. También alertó sobre los riesgos en las proyecciones de ingresos para 2027, ya que el aumento esperado se basa principalmente en mejoras administrativas y cambios técnicos, en lugar de nuevas cargas tributarias.
En contraste, Moody’s valoró el fortalecimiento del régimen de metas de inflación y la mayor participación de la deuda emitida en moneda local y a tasa fija, lo que reduce la exposición a riesgos cambiarios e inflacionarios. Asimismo, indicó que espera que el diálogo entre el gobierno y las AFAP aporte mayor certeza sobre el futuro de la administración del ahorro previsional privado.
El Índice Líder de Ceres (ILC) aumentó 0,2% en junio y completó tres meses consecutivos de crecimiento, tras las subas de 0,2% en abril y 0,3% en mayo.
De acuerdo con el informe difundido ayer, esta evolución sugiere que la economía recuperó dinamismo durante el segundo trimestre y comenzó a dejar atrás el estancamiento registrado en la segunda mitad de 2025.
Pese a esa mejora, las perspectivas para el desempeño económico de este año continúan moderándose. El Ministerio de Economía y Finanzas redujo su estimación de crecimiento del PIB de 2,2% a 1,6%, mientras que las proyecciones relevadas por el Banco Central la ubican en 1,3%.
El reporte también señala que, si bien el contexto internacional luce menos desfavorable que meses atrás, persisten riesgos asociados a la incertidumbre geopolítica y a las fluctuaciones del precio del petróleo.
Este indicador, elaborado por Ceres a partir de una amplia base de datos económicos, busca anticipar la dirección que seguirá la actividad económica y el ciclo del PIB, aunque no está diseñado para estimar el nivel de crecimiento futuro.
La producción industrial registró en mayo una caída interanual de 3,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El descenso estuvo explicado principalmente por la menor actividad de la industria frigorífica y de otras agroindustrias, como la molinería, las malterías y la industria oleaginosa, además de retrocesos en la industria química y en sectores vinculados a la construcción.
Pese al resultado de mayo, en el acumulado de 2026 la producción industrial muestra un crecimiento de 2,3%, impulsado por la fabricación de concentrados de bebidas en la Zona Franca de Colonia, la industria de bebidas, el procesamiento de madera y la producción de celulosa. Sin embargo, el empleo del sector disminuyó 1,7% en los primeros cinco meses del año.
En la medición de los últimos 12 meses, la actividad industrial continúa creciendo, aunque a un ritmo cada vez menor. A mayo, el aumento fue de 0,7% frente al mismo período del año anterior, por debajo del crecimiento de 1,3% que se había registrado en abril, lo que refleja una desaceleración en la recuperación del sector.
En el mercado local, el dólar ayer prácticamente no varió, tuvo una leve suba de 0,01%. El interbancario fondo operó en promedio a $40,232.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una suba acumulada de 3,05% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,05 para la compra y $41,45 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró ayer en R$ 5,118.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial bajó y cotizó en
AR$ 1.482,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 1.520,00.
El Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1386.
Los precios del petróleo suben y superan los 80 dólares por barril, luego de ganar más del 9% en la víspera a medida que se intensifica el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán.
El presidente Donald Trump restableció el bloqueo estadounidense a los buques iraníes que transitan por el estrecho de Ormuz y también exigió un reembolso del 20% sobre el resto de la mercancía transportada a través de esa vía navegable.
Además, las fuerzas iraníes atacaron dos petroleros en el estrecho, según denunció Emiratos Árabes Unidos.
En este momento, el barril de Brent del mar del Norte, referente del mercado mundial, sube 3,54% hasta 86,84 dólares.
Mientras que el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, aumenta 2,37% hasta 80,51 dólares.
OTRAS NOTICIAS
La Policía detuvo en Canelones a una persona que amenazó de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro.
Según informó Subrayado, el servicio 911 del Ministerio del Interior recibió un llamado el sábado en el que una persona decía tener “controlado” a Negro y que lo iba a matar.
La llamada fue realizada desde la zona de Barros Blancos, Canelones.
El domingo, a menos de 24 horas de recibida la amenaza, la Policía hizo un allanamiento y detuvo a un hombre de 30 años, sin antecedentes penales. El hombre fue conducido ante la Fiscalía de Pando en la tarde de ayer.
La persona confesó haber realizado la llamada bajo el efecto del consumo de drogas.
Fuentes de la investigación dijeron a informativo que el detenido no tiene vínculos con organizaciones criminales y todo apunta a que se trató de una broma de mal gusto.
Un jóven de 21 años fue asesinado ayer en una barbería en el Cerro.
Según informó Subrayado, el homicidio ocurrió en el cruce de las calles Camino Sanfuentes y Los Teros, cuando dos hombres arribaron a la peluquería en una moto y efectuaron al menos 20 disparos.
El joven no contaba con antecedentes penales.
Según comentaron familiares del joven a Telemundo (Canal 12), la víctima tuvo un altercado con personas que intentaron robar animales de su propiedad. Tras agredirlos fue amenazado.
Una bala perdida ingresó ayer a la tarde por la ventana del laboratorio del Liceo 65 del barrio Las Acacias, ubicado en General Flores y Gronardo, sin que se produjeran heridos.
Según informó Telenoche el hecho ocurrió luego de una balacera registrada en el barrio Marconi, a ocho cuadras del liceo.
INTERNACIONALES
Estados Unidos lanzó ayer una nueva andanada de ataques contra Irán y reestableció el bloqueo naval contra los puertos de la nación persa, pese a que el presidente Donald Trump afirmó que un acuerdo con Teherán sigue siendo "posible".
“Tenemos muchas municiones y los estamos golpeando muy fuerte. Estamos destruyendo su capacidad ofensiva. Estamos controlando el estrecho de Ormuz. Establecimos el bloqueo naval de nuevo, lo que incluso es más efectivo que los bombardeos. Pero todavía creo que un acuerdo es posible”, dijo Trump ante los medios en la Casa Blanca.
Más temprano, el mandatario sostuvo en su plataforma Truth Social que Estados Unidos iba a tomar el control del Estrecho de Ormuz y cobrar una tarifa equivalente al 20% del valor de los cargamentos por garantizar el paso seguro a través de la vía, a pesar de que el derecho internacional debería garantizar la libertad de navegación en esa zona.
El canciller iraní, Abás Araqchi, ironizó sobre la amenaza de peaje de Trump.
"Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre", aseguró en sus redes sociales.
"El presidente de Estados Unidos tiene toda la razón. Quien garantice el paso seguro debe recibir una compensación", dijo, y agregó: "El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos".
El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó ayer que el memorando de entendimiento de junio que sirvió de base para las negociaciones y levantó el bloqueo estadounidense estaba "en crisis".
Baqai dijo que Irán ignoraría sus obligaciones en virtud del acuerdo si Estados Unidos hacía lo mismo, pero añadió que Teherán seguía manteniendo conversaciones con mediadores de Catar, Pakistán y Omán para evitar una mayor escalada.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó el lunes su "profunda preocupación" por la escalada regional.
Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos, aliado de Washington en el Golfo, informó que Irán atacó dos de sus petroleros en Ormuz, lo que causó la muerte de un tripulante y dejó heridos a ocho.
El lunes, los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de Irán, afirmaron haber alcanzado objetivos y bases militares estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un refuerzo de la ayuda militar a Ucrania tras una reunión en París de la llamada Coalición de Voluntarios, conformada por 37 países aliados de Kiev.
"Estamos decididos a seguir apoyando a Ucrania aún más rápido y con más contundencia", declaró Macron al término del encuentro.
El mandatario anunció que Ucrania adquirirá 16 cazas Rafale, así como baterías antiaéreas de nueva generación para repeler los crecientes ataques rusos con misiles balísticos de las últimas semanas.
Macron dijo además que la Fuerza Multinacional para Ucrania, que se desplegará una vez que hayan cesado los combates para disuadir a Rusia de cualquier nueva ofensiva, realizará ejercicios en los próximos meses en países vecinos de Ucrania para "demostrar nuestra preparación".
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que no deja de reclamar más medios de defensa antiaérea ante los misiles rusos que caen diariamente sobre su país, aseguró que la reunión fue “histórica”.
Por su lado, Moscú descalificó la cumbre como una reunión de dirigentes que "no quieren la paz". "Se trata de una coalición de belicistas", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Estados Unidos no integra la Coalición de Voluntarios y ha descartado cualquier despliegue de tropas terrestres estadounidenses, pero participaría en la supervisión de un cese de hostilidades.
Estados Unidos anunció el lanzamiento de una amplia campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó de representar "una amenaza intolerable" contra sus ciudadanos.
"La CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional", declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje de video en la red social X.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que la campaña "deshabilitará de manera sistemática la capacidad de la CPI para operar, apuntar contra militares o funcionarios estadounidenses o amenazar de cualquier otra forma la soberanía estadounidense".
Entre las medidas que evalúa contra el tribunal están que diplomáticos estadounidenses llamen a otros países para instarlos a retirarse del organismo, así como prohibiciones de viaje y sanciones contra funcionarios de la CPI.
Las relaciones entre el gobierno de Donald Trump y la CPI, con sede en La Haya, son hostiles y varios magistrados de la corte, entre ellos el fiscal general, ya son objeto de sanciones estadounidenses.
Las sanciones constituyen en su mayoría una respuesta a las investigaciones llevadas a cabo por la CPI contra Israel, aliado de Estados Unidos.
El tribunal emitió en 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y en 2023 contra el presidente ruso Vladimir Putin.
En Estados Unidos, un agente de inmigración mató a balazos a un colombiano de 26 años, en un incidente que podría avivar las críticas contra la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.
El tiroteo ocurrió en Biddeford, un poblado de 22.000 habitantes en el estado de Maine, en el noreste del país.
La oficina del fiscal general de Maine informó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estaba "llevando a cabo una operación relacionada con una orden definitiva de expulsión (del país) cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y fue abatido".
Manifestantes que se oponen a la campaña de deportaciones de la administración Trump se reunieron en la zona con carteles que decían: "Fuera ICE".
Las organizaciones Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente Maine, identificaron de manera conjunta a la víctima como un hombre colombiano de 26 años, sin dar su nombre. Aseguraron que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos.
El incidente sucede después de que la semana pasada un agente del ICE matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas.
En Francia un incendio en el emblemático bosque de Fontainebleau ya arrasó más de 1.300 hectáreas en 24 horas.
Las llamas se desataron el domingo en plena ola de calor en este pulmón verde situado 60 km al sureste de Paris.
Este incendio es uno de los tres más grandes que ha sufrido la mitad norte del país europeo en los últimos 20 años.
Las autoridades detuvieron a dos personas sospechosas de haber iniciado el fuego intencionalmente.
En España, las autoridades confirmaron que cinco británicos, tres belgas y una francesa figuran entre las víctimas del incendio que se desató el jueves pasado en Andalucía y se cobró la vida de al menos 13 personas.
El fuego, que está controlado, arrasó 7.000 hectáreas, informaron las autoridades regionales de Andalucía.
El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó ayer la zona y pidió a la población que esté alerta ante los incendios que "por desgracia cada vez son más comunes" debido al cambio climático.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego se originó tras la caída de un cable eléctrico en una cuneta. El fuego llegó a avanzar hasta 100 metros por minuto.
Estados Unidos anunció ayer nuevas sanciones contra varias entidades cubanas, incluido el Ministerio de Turismo, como parte de su campaña de presión económica contra la isla.
Las nuevas medidas representan un nuevo revés para la presencia hotelera extranjera en Cuba.
Tras las sanciones de mayo contra el conglomerado militar cubano GAESA, varias cadenas internacionales dejaron de administrar hoteles operados junto a ese grupo para evitar restricciones estadounidenses, aunque algunas como las españolas Meliá e Iberostar mantuvieron establecimientos gestionados en asociación con el Ministerio de Turismo.
La inclusión ahora de esa cartera en la lista de entidades sancionadas extiende la presión de Washington a operaciones que hasta el momento habían quedado al margen de esas medidas.
Las "medidas coercitivas adicionales" son "manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar" a la población del país, reaccionó en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
En Colombia, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, aseguró que tomará posesión del cargo en agosto en una instalación militar del sur del país a pesar de la oposición del mandatario saliente Gustavo Petro.
"Me voy a posesionar en el sur del país en una guarnición militar para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad, la institucionalidad", dijo el gobernante electo a través de redes sociales.
Sin mayoría propia, el mandatario electo de derecha pidió al nuevo Congreso, que se instalará el 20 de julio, que autorice la realización de la ceremonia en una base militar, en línea con sus discursos a favor de la fuerza pública.
Sin embargo, el izquierdista Petro ordenó el domingo que "ningún establecimiento militar sirva" para la posesión de De la Espriella, cuando la ley establece que sea ante el Congreso con sede en Bogotá.
Petro, quien asegura tener pruebas de fraude en el balotaje y promueve entre sus seguidores una manifestación para el 20 de julio, indicó que "los cuarteles militares y policiales están bajo sus órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure".
En Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nombró ayer al diplomático Félix Plasencia, jefe de la misión del país en Estados Unidos, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Yván Gil, que estaba en el cargo desde 2023.
"Anuncio al país que he decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior. Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia", anunció Rodríguez en la plataforma Telegram.
Plasencia fue nombrado jefe de misión de Venezuela en Estados Unidos en febrero de este año bajo el gobierno interino de Rodríguez, mientras avanzaba el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, rotas por siete años.
Plasencia, un veterano diplomático venezolano, ya había sido ministro de Exteriores entre 2021 y 2022.
El saliente Gil ahora pasará a encabezar la cartera de Ciencia y Tecnología en lugar de Gabriela Jiménez.
En el cargo desde 2023, Gil era la cara diplomática de la línea dura de Maduro, al difundir frecuentes comunicados de alto tono para denunciar "agresiones" contra Venezuela.
La presidenta interina realiza este cambio en su gabinete en plena crisis tras los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejan ya más de 4.500 muertos y decenas de edificios colapsados.
La mandataria encargada asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero. Gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo del país petrolero.
Estados Unidos ha liderado la ayuda humanitaria en la tragedia y ha desplegado cerca de 2.000 uniformados, aeronaves y dos buques de guerra en la costa del golpeado estado La Guaira.
En Argentina el presidente, Javier Milei, reunió en la Casa Rosada a diputados y senadores de su partido político, La Libertad Avanza, para presentar los principales lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Según informó el diario La Nación, el objetivo del encuentro fue coordinar la estrategia legislativa antes de enviar el proyecto al Congreso, algo que el Gobierno prevé concretar en las próximas semanas.
La propuesta busca reforzar la independencia del Banco Central, prohibir que esa institución financie al Tesoro, modificar el régimen de distribución de utilidades, eliminar las letras intransferibles y concentrar el cometido de la institución en la preservación del valor de la moneda.
Milei sostuvo que la reforma "termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación" y revierte cambios introducidos durante el kirchnerismo.
Durante la exposición, Milei afirmó que la iniciativa también fortalecerá la gobernanza del Banco Central, dificultando la remoción de sus autoridades y evitando la distribución de "utilidades ficticias".
Asimismo, el mandatario aprovechó la reunión para transmitir un mensaje de optimismo sobre la economía y aseguró que "el país está en condiciones de crecer a tasas del 7 u 8 por ciento".
Además, el Presidente presentó los principales conceptos del documento Minimum Viable Scale, elaborado junto al asesor Demian Reidel, que expone las bases teóricas del modelo económico del Gobierno. Según explicó, el crecimiento del país debe apoyarse en el ahorro, la inversión, la apertura económica y el respeto por la propiedad privada.
La reunión también tuvo un tono distendido. Algunos legisladores llegaron con regalos para el mandatario, entre ellos un mate con una inscripción alusiva a su reelección y una camiseta de la selección argentina, en la antesala de las semifinales del Mundial 2026.
En Brasil, en una resolución de alto voltaje, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le prohibió al senador Flávio Bolsonaro cualquier contacto presencial con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por un plazo de noventa días.
El exmandatario cumple prisión domiciliaria humanitaria por la trama golpista de 2022. La sanción a su hijo mayor llega luego de la difusión de una carta escrita por Jair Bolsonaro, donde lo ungía formalmente como su precandidato presidencial. Al leerla en sus redes, el juez consideró que el senador burló la prohibición del exmandatario de comunicarse a través de terceros.
La defensa de Flávio Bolsonaro reaccionó de inmediato y emitió un comunicado categórico. Afirmó que la decisión de Moraes no respetaba la Constitución y el derecho de comunicación entre preso y allegados.
Según los abogados, "dentro de los derechos que el preso posee, están el de recibir visitas de sus familiares y el de mantener comunicación con el mundo exterior", y denunciaron que ambos derechos le fueron retirados al expresidente.
Esta medida aísla por completo a la campaña de la oposición de cara a la primera vuelta de las elecciones, fijada para el próximo cuatro de octubre.
El golpe judicial llega en un momento de paridad. Según los últimos sondeos de la consultora Nexus, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro están en un estricto empate técnico para el balotaje, con 47% de intención de voto para el líder del PT frente a un 44% del postulante del Partido Liberal.
En el plano económico, la atención está puesta en el comercio exterior ante el riesgo de un fuerte incremento de aranceles por parte de Estados Unidos.
La Casa Blanca tiene plazo hasta este miércoles 15 de julio para definir si aplica tasas adicionales del 12,5% y del 25% a productos brasileños.
La expectativa es máxima, pero el presidente Lula da Silva buscó bajarle el perfil a la tensión durante una actividad en San José dos Campos. Al ser consultado a la salida del evento, descartó de plano que la medida se concrete.
"No va a haber tarifazo", sentenció ayer el mandatario brasileño.
Pese al optimismo de Lula da Silva, los negociadores de la cancillería brasileña trabajan con cautela, ya que desde el Departamento de Comercio de Estados Unidos advierten que las posturas aún están distantes. Se espera una última reunión virtual antes del miércoles para intentar ampliar la lista de excepciones antes de que Washington formalice la medida.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)
