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NACIONALES
El cardenal Daniel Sturla adelantó detalles de la visita del papa León XIV a Uruguay prevista para noviembre, aunque aclaró que la agenda definitiva dependerá de la confirmación oficial del Vaticano.
Hablando en conferencia de prensa, Sturla dijo ayer que la iglesia uruguaya tiene la expectativa de que el país sea la primera parada de una gira que incluirá también Argentina y Perú.
El cardenal detalló que León XIV permanecería tres días en Uruguay y su recorrido incluiría Montevideo, Florida y, si se superaran algunas dificultades logísticas, Paysandú, como departamento representante del norte del país.
En la capital, el sumo pontífice se reunirá con el presidente Yamandú Orsi pero no está previsto que visite el Parlamento.
El cardenal agregó que también se propuso incorporar una recorrida por Casavalle, en reconocimiento al trabajo social que desde hace años desarrolla la Iglesia en ese barrio.
“Queremos mostrarle al Papa de algún modo todo lo que la iglesia realiza. Si uno en El Borro se pone en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en un radio de 10 cuadras hay una decena de obras sociales católicas. Es importante que se las mostremos al Papa y que esas personas tengan un encuentro con el santo padre”.
Sturla señaló que Florida está incluida en el recorrido porque allí se encuentra el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres y la visita coincidiría con la tradicional peregrinación nacional en honor a la patrona del Uruguay.
En tanto, Paysandú continúa en estudio como una posible escala para celebrar una misa multitudinaria, aunque todavía se analizan aspectos técnicos y organizativos antes de tomar una decisión definitiva.
La agenda oficial será confirmada por el Vaticano a fines de julio, agregó Sturla.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN ESTA MAÑANA
El Frente Amplio reafirmó que el convenio entre los ministerios de Interior y Defensa para utilizar vehículos blindados del ejército en tareas de seguridad pública no implicará que haya efectivos militares “directamente” implicados en el combate al delito.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, explicó ayer los alcances del acuerdo en comisión de la Cámara de Diputados, pero al final de la comparecencia no brindó declaraciones.
En rueda de prensa, el diputado del Movimiento de Participación Popular, Carlos Rodríguez, afirmó que la ministra dejó en claro que el acuerdo se limita a una colaboración entre ambas carteras para poner a disposición del Ministerio del Interior este tipo de vehículos y que no habrá una “militarización” de la seguridad pública.
Según Rodríguez, Lazo explicó que a través del convenio, Defensa puso a disposición de Interior hasta 12 vehículos blindados de cuatro modelos diferentes. Uno de ellos, es el Cóndor cuyo manejo estará a cargo de 18 efectivos policiales que se están capacitando en Florida. Otro modelo que podría utilizarse es el Mamba MK7 donado por Estados Unidos para misiones de paz.
Rodríguez explicó que por las condiciones de la donación, los Mamba sólo pueden ser conducidos por personal militar. Por eso, si Interior llega a utilizar este modelo será necesario recurrir a una comisión de servicios o aprobar una ley específica que habilite esa función.
“Allí probablemente haya que utilizar la comisión de servicios, es decir, en caso de ser utilizados, que el personal militar que los vaya a manejar pase al Ministerio del Interior, o generar algún proyecto de ley que lo habilite, como se hizo con la Ley de Fronteras o con el guardia de cárcel. La ministra fue muy clara en eso. Su opinión es que sería mucho más seguro para los efectivos militares poder contar con una reglamentación, en este caso una ley específica sobre eso”, sostuvo el legislador del FA.
Rodríguez también especificó que, “por estos seis meses que dura el convenio, los vehículos quedan bajo estricta responsabilidad del Ministerio del Interior, incluso en lo que tiene que ver no solo con el mantenimiento, sino eventuales situaciones que se puedan dar de daños”.
Desde la oposición cuestionaron el alcance del convenio y advirtieron que deja abierta la posibilidad de que militares conduzcan los blindados sin un marco legal vigente. Los diputados Gabriel Gianoli y Maximiliano Campo criticaron la forma en que el gobierno presentó la iniciativa y coincidieron en que es necesario aprobar una norma que brinde respaldo jurídico a los efectivos antes de que participen en este tipo de operativos.
"Pero en resumen de todo este tema es: muy mal comunicado por el gobierno y la montaña parió un ratón. Esto no va a cambiar la política de seguridad. Se está utilizando porque la Guardia Republicana se quedó sin blindados, lo cual también nos preocupa porque habla de una inoperancia del Ministerio del Interior que no pensó en adquirir antes los blindados y tiene que pedir la asistencia al ejército, y generó todo este lío que si se hubiera comunicado bien de entrada con un proyecto de ley habilitante para los soldados ya los tendríamos patrullando".
La oposición cuestionó el llamado realizado por el Instituto Nacional de Colonización (INC) para instalar seis tambos en la estancia María Dolores y sostuvo que las condiciones fijadas restringen el acceso a nuevos productores.
De acuerdo al llamado, los interesados podrán postularse hasta el 14 de agosto y deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos contar con al menos 60 vacas en ordeñe o su equivalente, además de acreditar experiencia en producción lechera y reunir las condiciones exigidas por el organismo para acceder a la colonización.
El senador nacionalista Sebastián da Silva declaró a La Diaria que el llamado es "la continuación de una farsa" y señaló que la exigencia de contar con al menos 60 vacas en ordeñe implica disponer de un capital de entre US$ 120.000 y US$ 140.000, por lo que, a su entender, el llamado está dirigido a tamberos que ya trabajan como arrendatarios o a hijos de grandes productores.
Por su lado, el diputado colorado Carlos Rydström coincidió en que las características de la convocatoria favorecen a personas que ya están vinculadas a la actividad lechera. Sin embargo, destacó el hecho de que finalmente se proyecten seis tambos, y no los 16 anunciados originalmente, lo que demuestra que el directorio del INC terminó ajustando el proyecto a criterios técnicos sobre la capacidad productiva del predio.
La estancia María Dolores, es un predio de 4.400 hectáreas ubicado en el departamento de Florida, que fue adquirido en mayo del año pasado por US$ 32,5 millones.
Alfonso Lereté, integrante del directorio de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) por el Partido Nacional, envió una carta al presidente del Directorio blanco, Álvaro Delgado, a raíz de la decisión de la Coalición Republicana de no votar en general la Rendición de Cuentas.
En la carta, a la que accedió El País, Lereté defendió el artículo 356 del proyecto de Rendición de Cuentas, que crea un crédito fiscal para las cooperativas de vivienda por el IVA aplicado a la compra de bienes y servicios destinados a la construcción. Sostuvo que, tras recorrer 12 departamentos, comprobó que la medida cuenta con el respaldo de organizaciones del sector y planteó que debería ser mejorada durante el trámite parlamentario, en lugar de ser descartada.
El director de la ANV también señaló que la propuesta mantiene la línea de otras políticas impulsadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou en apoyo a las cooperativas de vivienda. Aunque aclaró que no pretendía modificar la posición ya asumida por la bancada opositora, propuso abrir un ámbito de discusión dentro del Partido Nacional para analizar el alcance de la iniciativa.
En otra carta dirigida a Delgado, Lereté criticó a la senadora Graciela Bianchi por su intervención en la conferencia de prensa de la semana pasada cuando , ante una pregunta sobre la decisión de no votar la Rendición de Cuentas, formulada por un periodista de TV Ciudad, respondió que hay que cerrar el canal de la Intendencia de Montevideo.
Lereté, experiodista, sostuvo que el cierre de un medio de comunicación afectaría la pluralidad democrática y pondría en riesgo numerosas fuentes laborales. Además, afirmó que el Partido Nacional debe mantener una firme defensa de la libertad de prensa y del trabajo de los medios, más allá de las diferencias que puedan existir con su línea editorial.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, afirmó que la propuesta de la Rendición de Cuentas de unificar las transferencias monetarias para los hogares más vulnerables con niños y adolescentes representa una medida de gran importancia para las familias de las Fuerzas Armadas.
El lunes, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, la ministra explicó que una parte importante del personal militar, especialmente el subalterno, pertenece a hogares de ingresos bajos y medios que podrían verse beneficiados por el nuevo sistema.
Lazo afirmó que el Ministerio de Defensa acompañará la implementación de esta política para facilitar que las familias militares accedan a las nuevas prestaciones. Según datos preliminares de la Encuesta Continua de Hogares, más de la mitad de los menores que viven en hogares de militares se encuentran en los cinco deciles de menores ingresos. Además, señaló que desde comienzos de 2025 nacieron cerca de 1.000 hijos de personal subalterno en el Hospital Militar.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
El presidente Yamandú Orsi resolvió archivar la investigación administrativa por las denuncias de presunto acoso y violencia laboral contra Alejandra Casablanca, ex secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia.
La decisión, firmada el 9 de julio, concluyó que no se encontraron pruebas suficientes para comprobar irregularidades en relación con la aplicación del protocolo de prevención de violencia en el trabajo. Los denunciantes habían sido trasladados previamente a otras dependencias de Presidencia.
La resolución también recoge las recomendaciones de un informe elaborado en diciembre de 2025, que advertía sobre un ambiente laboral conflictivo y la existencia de prácticas inadecuadas que se arrastraban desde la administración anterior. El documento sugería renovar el equipo de trabajo ante la imposibilidad de recomponer el vínculo entre los funcionarios.
En paralelo, también fueron archivadas las actuaciones iniciadas a partir de una denuncia de la propia Casablanca, quien había señalado presuntas irregularidades y una posible falsificación de documentos por parte de los funcionarios que la acusaron. La investigación sobre esos hechos había comenzado en abril de este año.
Ese mismo 9 de julio, el Poder Ejecutivo resolvió integrar la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente a la Secretaría de Derechos Humanos, en el marco de una reorganización institucional. La medida prevé la creación de un cargo de coordinador referente, función que, según trascendió, ocuparía Casablanca.
Esta decisión generó preocupación en el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que advirtió que la reestructura podría afectar la autonomía y el tratamiento específico de las políticas vinculadas al pasado reciente.
A través de un comunicado, el colectivo afirmó que los asuntos pendientes en materia de verdad, memoria y justicia "no se resuelven mediante cambios de organigrama ni pueden eliminarse por decreto" y cuestionó haberse enterado de la reestructura a través de la prensa.
La organización aclaró que no pretende pronunciarse sobre aspectos administrativos, pero manifestó inquietud por el mensaje político que, a su entender, transmite la modificación institucional.
En ese sentido, Madres y Familiares advirtió que la reorganización podría implicar una pérdida de autonomía, especialización y capacidad de acción en un área que considera clave para el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó las 42 iniciativas seleccionadas en los fondos concursables de Acción País por la Salud Mental, que se desarrollarán en los 19 departamentos con una inversión de 34 millones de pesos.
Los proyectos fueron elegidos entre 130 propuestas y forman parte de la Estrategia Nacional de Salud Mental 2025-2030. Las acciones abarcan la promoción y prevención en salud mental, la rehabilitación psicosocial, la prevención del suicidio y el abordaje de los consumos problemáticos.
Las iniciativas también incluyen propuestas para acompañar a personas con adicciones, trabajar con la diversidad, apoyar a los trabajadores de la salud, intervenir en contextos de privación de libertad y fomentar un envejecimiento saludable. El MSP destacó que los proyectos tienen un enfoque comunitario y promueven actividades grupales, culturales y de participación social, con el objetivo de fortalecer los vínculos y las redes de apoyo.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg destacó que espacios como clubes deportivos, centros culturales y organizaciones barriales donde se llevarán a cabo estos proyectos cumplen un papel clave al generar ámbitos de confianza y contención antes o durante el contacto con el sistema de salud.
En ese sentido, aseguró que el apoyo a estas organizaciones será una política permanente y que el gobierno prevé dar continuidad al programa para ampliar su alcance en los próximos años.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La Administración Nacional de Puertos (ANP) adjudicó una concesión por 30 años para la instalación de un dique flotante en el Puerto de Montevideo, un proyecto que demandará una inversión de US$ 20 millones.
La iniciativa será desarrollada por un consorcio integrado por Christophersen, del Grupo CHR, y Rimader, con el objetivo de crear un centro de reparaciones navales y varada para embarcaciones de pesca nacionales e internacionales a partir del próximo año.
El presidente de la ANP, Pablo Genta, señaló que la concreción del acuerdo requirió un largo proceso y destacó que permitirá fortalecer la infraestructura portuaria, además de generar nuevos servicios y oportunidades de empleo vinculados a la actividad marítima.
El nuevo complejo se ubicará entre la Terminal Pesquera del Puerto Capurro y la refinería de La Teja.
La firma definitiva del contrato está prevista para noviembre, una vez que la empresa adjudicataria presente la garantía correspondiente.
La inversión contempla la adquisición del dique flotante, la construcción de talleres, oficinas, la incorporación de equipamiento y una subestación eléctrica.
La concesión permitirá recuperar un servicio que Uruguay perdió tras el cierre de Tsakos en 2024.
Esa empresa operaba el único dique flotante del país, que quedó fuera de funcionamiento luego de un accidente ocurrido en 2022, cuando la caída de una grúa y un corte de energía provocaron su hundimiento. En esas instalaciones se realizaban trabajos esenciales de reparación de cascos, mecánica, electricidad, pintura y calderería para embarcaciones de distinto porte.
En el mercado local, el dólar ayer bajó, en esta ocasión 0,20%. El interbancario fondo operó en promedio a $40,151.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una suba acumulada de 2,84% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,00 para la compra y $41,40 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,074.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó y cotizó en AR$ 1.471,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) se mantuvo y cotizó en el entorno de los AR$ 1.520,00.
El Euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1424.
Luego de las fuertes subas registradas en los últimos días, los precios del petróleo siguen en alza, aunque con menor intensidad, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renunciara a imponer tarifas a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz.
El barril de crudo Brent del mar del Norte, referencia internacional, aumentó 0,92% hasta los 85,65 dólares.
Mientras que el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia estadounidense, ganó 0,93% y alcanzó los 80,27 dólares por barril.
OTRAS NOTICIAS
Dos hombres fueron condenados a 15 años de prisión por matar a golpes a un septuagenario en Paysandú.
La investigación comenzó luego de que familiares de la víctima denunciaran que hacía varios días que no tenían noticias de él. Al ingresar a su vivienda, la Policía lo encontró sin vida y con múltiples golpes en el rostro y el cráneo.
Según la Fiscalía, los agresores entraron a la casa tras pasar por un muro desde un terreno abandonado y romper una malla para acceder al inmueble. Uno de los condenados era vecino de la víctima y solía realizarle mandados a cambio de dinero.
La investigación sostiene que el hombre sorprendió a los delincuentes dentro de su vivienda y se produjo un forcejeo que terminó con su muerte. Ambos imputados admitieron su responsabilidad en un proceso abreviado y recibieron una pena de 15 años de cárcel de cumplimiento efectivo.
La Policía investiga la muerte de un hombre de 60 años cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado ayer dentro de su vivienda, en el barrio Casavalle.
El hallazgo se produjo luego de que un vecino alertara que hacía varios días no veía al residente. Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron a la víctima sin vida.
Según la información preliminar, el cuerpo presentaba un desmembramiento parcial. Sin embargo, la principal hipótesis de los investigadores es que esas lesiones fueron causadas por dos perros de gran porte que permanecían dentro de la casa y que habrían atacado el cuerpo después del fallecimiento del hombre.
La escena fue sometida a pericias de Policía Científica y la autopsia será la encargada de establecer la causa de la muerte y confirmar si las lesiones ocurrieron de forma posterior. Los perros fueron retirados del lugar y trasladados a un refugio, mientras la investigación continúa.
Un hombre de 40 años murió este martes tras recibir varios disparos mientras se desplazaba en bicicleta por el barrio Marconi, en Montevideo.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Torricelli y Salustio, donde vecinos alertaron a la Policía por una balacera.
Los investigadores manejan dos posibles escenarios: que el hombre haya sido el objetivo del ataque o que haya quedado en medio de un intercambio de disparos y fuera alcanzado por una bala. Testigos indicaron que los atacantes se movilizaban en moto y amenazaron a la víctima antes de abrir fuego.
INTERNACIONALES
Estados Unidos lanzó ayer por la noche nuevos ataques contra Irán y restableció el bloqueo naval a sus puertos, al tiempo que el presidente Donald Trump dio marcha atrás con su intención de imponer tarifas a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz.
El vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, denunció por la noche que Washington "desmanteló" el protocolo de acuerdo de paz firmado el 17 de junio.
Trump por su lado, amenazó con bombardear puentes y centrales eléctricas del país.
"La próxima semana se pone realmente mal para ellos", a menos que "se sienten a la mesa y negocien", dijo Trump a Fox News..
El Comando Central estadounidense (Centcom) afirmó que sus últimos ataques tuvieron como objetivo "mermar las capacidades iraníes utilizadas para atacar la navegación comercial" en Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos.
Como consecuencia de esta tensión bélica y de la casi parálisis del estratégico estrecho, el precio del barril de Brent, referencia internacional, se disparó el lunes más de un 9%.
Sin embargo, la escalada se moderó luego de que el presidente estadounidense renunciara a su decisión de imponer una tarifa de reembolso del 20 % sobre la carga que transita por el estrecho de Ormuz, al afirmar que será reemplazada por inversiones de los países del Golfo Pérsico en Estados Unidos.
Trump había anunciado el lunes que la tarifa cubriría la seguridad proporcionada por Estados Unidos en esa vía crítica para el petróleo.
En su red social Truth Social, Trump escribió: “Tras conversaciones muy productivas con líderes de Medio Oriente, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de los Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos. Estas inversiones serán enormes, pero, al mismo tiempo, extraordinariamente beneficiosas para ellos y su futuro”.
Además, agregó: “Estados Unidos está ganando de nuevo, ganando como nunca antes”
Estas declaraciones de Trump fueron antes de su reunión con el primer ministro de Irak en la Casa Blanca, reportó la cadena CNN.
Luego, en una rueda de prensa con el primer ministro iraquí, Trump afirmó:
"Creo que nadie debería poder cobrar una tasa por cruzar el estrecho [de Ormuz] o por otro estrecho del mundo".
Por su lado, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este miércoles que el estratégico estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los "actos de agresión" de Estados Unidos.
En paralelo, Irán siguió respondiendo con ataques contra instalaciones estadounidenses en la región, en particular una base militar que alberga aviones de combate en Jordania, informó durante la noche la agencia oficial de noticias Irna.
Kuwait también fue blanco de ataques iraníes el martes por la mañana, lo que dejó cuatro militares heridos.
En Ormuz y sus alrededores, donde el tráfico marítimo se ha reducido, varios petroleros han sido atacados, lo que ha causado al menos dos muertos y varios heridos desde el lunes por la noche, según la Organización Marítima Internacional (OMI).
El Gobierno de Israel afirmó que está dispuesto a avanzar en la implementación de dos zonas piloto en el sur de Líbano de donde su ejército debería retirarse, como parte de las conversaciones de paz con Beirut que se llevan adelante en Roma.
Ambos países, oficialmente en guerra durante décadas, vienen negociando bajo los auspicios de Estados Unidos, en medio de una escalada regional entre Washington y Teherán. El 26 de junio alcanzaron un acuerdo marco con el objetivo de poner fin a la guerra entre Israel y el movimiento libanés proiraní Hezbolá y allanar el camino hacia la paz.
Pero Hezbolá rechaza el acuerdo, que exige el desarme del grupo y cuya implementación comenzaría con la retirada israelí de dos "zonas piloto" en el sur de Líbano.
La presidencia libanesa advirtió el lunes que exigirá esta retirada como condición para negociaciones posteriores.
Pese a un frágil alto el fuego en vigor entre Hezbolá e Israel, el ejército israelí ha proseguido con ataques en el sur y ha procedido a demoliciones en las localidades que ocupa, según los medios oficiales libaneses.
Los bombardeos aéreos e invasiones terrestres de Israel han matado a más de 4.300 personas desde que comenzó la guerra a principios de marzo, según las autoridades libanesas.
En Francia cientos de bomberos lograron contener ayer los incendios que en dos días habían arrasado más de dos mil hectáreas del histórico bosque de Fontainebleau, cerca de París.
El prefecto local advirtió el martes que, aunque controlados, los incendios no están apagados y que los bomberos deberán permanecer en el lugar durante días, si no semanas.
España y el territorio británico de Gibraltar levantaron ayer los controles fronterizos luego de que se firmara un acuerdo entre la Unión Europea y Londres que pone fin a décadas de rispideces.
Gibraltar, un territorio británico con amplio grado de autogobierno situado en el extremo sur de la península ibérica, tiene apenas unos 40.000 habitantes, pero su economía depende de unos 15.500 trabajadores que cruzan cada día desde España.
En las horas pico, solían formarse largas colas en la frontera terrestre debido a la revisión de documentos, especialmente en periodos de tensión entre Reino Unido y España, que reivindica la soberanía sobre el territorio conocido como "El Peñón".
Pero ahora, en virtud de un pacto alcanzado entre Bruselas y Londres tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) en 2020, los controles fronterizos fueron eliminados.
En Estados Unidos el gobierno ordenó la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria (ICE) después de la muerte de dos personas abatidas a balazos por agentes.
La medida entraría en vigor inmediatamente en todo el país hasta nuevo aviso, de acuerdo con la información adelantada por la cadena Fox y luego confirmada por varios medios nacionales. El ICE, no obstante, continuará parando vehículos en ciertos casos de personas con antecedentes por delitos graves o violentos, según Fox.
La medida se anunció al día siguiente de la muerte a balazos de un colombiano de 26 años en Biddeford, pequeña ciudad del estado de Maine (noreste), cuando se encontraba a bordo de su coche.
La víctima, Johan Sebastián Durán Guerrero, trabajaba como repartidor y vivía con su esposa y su hija de tres años, según asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes. Un portavoz de ICE explicó que "el vehículo intentó huir del lugar" y que el agente había hecho uso de su arma "por temor por la seguridad del público".
El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó el martes esta muerte de "asesinato". Reportes de prensa indican que Guerrero no era el objetivo del operativo del ICE.
La semana pasada, un ciudadano mexicano fue abatido a balazos en Houston (Texas) al volante de su camioneta cuando se dirigía al trabajo. También en ese caso el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que intentaba escapar de una detención, una versión que los testigos contradicen.
La nueva directriz no implicaría el fin de los operativos migratorios, sino un cambio en una de las tácticas que el ICE ha usado, a medida que se intensifica la ofensiva antiinmigrante ordenada por la Administración de Donald Trump.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó ayer que dio comienzo al primer ensayo clínico destinado a evaluar la eficacia de un antiviral en pacientes expuestos a la cepa mortal del ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC).
El medicamento experimental, que se administra por vía oral y fue desarrollado por la empresa farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, ha demostrado su eficacia en modelos preclínicos contra algunos de los miembros de la gran familia de los filovirus, responsables de las fiebres hemorrágicas.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró en redes sociales que "si este tratamiento resulta eficaz en personas de alto riesgo tras la exposición, podría representar un avance importante" en la prevención del desarrollo de la enfermedad, agregó.
En Colombia, el ejército liberó a 39 personas secuestradas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona remota del noroeste del país, en un operativo en el que murieron dos efectivos.
Imágenes difundidas por medios colombianos y señaladas como del lugar del secuestro dan cuenta de intensos tiroteos.
El gobierno del saliente presidente Gustavo Petro intentó sin éxito negociar la paz con el ELN cuando llegó al poder en 2022.
La iniciativa se sepultó definitivamente en enero de 2025, cuando enfrentamientos entre el ELN y disidentes de las FARC dejaron más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados en el Catatumbo, una región limítrofe con Venezuela.
El presidente electo, el derechista Abelardo de la Espriella, promete endurecer la política de seguridad y bombardeos masivos contra los insurgentes.
En Bolivia, la fiscalía inició una investigación sobre la presunta captación de hombres en edad militar para integrar las filas rusas en la guerra contra Ucrania.
El Ministerio Público indaga una presunta trata de personas ya que los hombres habrían sido atraídos con falsas ofertas de trabajo.
En otros países de la región, como Colombia y Perú, las autoridades también investigan la presunta captación ilegal de sus ciudadanos.
En mayo, la embajada de Rusia en Perú reconoció en un comunicado que ciudadanos peruanos habían firmado voluntariamente contratos para prestar servicio militar en las fuerzas armadas de su país.
En Venezuela el gobierno interino iniciará en agosto un plan de trabajo con algunos miembros de la oposición para el “fortalecimiento de la democracia”
Apenas unos días antes del doble sismo del 24 de junio en Venezuela, que ha dejado más de 4.700 muertos, la dirigente opositora exiliada Dinorah Figuera viajó a Caracas para mantener reuniones con representantes del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Durante su visita relámpago, Figuera, que cuenta con el respaldo de Washington, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, y también con dirigentes opositores.
En un comunicado, Jorge Rodríguez escribió: “a los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto".
Figuera encabeza desde 2023 una comisión que representa a esa legislatura, que estuvo bajo control de la oposición pero fue marginada por Maduro y es reconocida por Washington como el órgano legislativo legítimo de Venezuela.
En respuesta al anuncio de Rodríguez, Figuera dijo en redes sociales que asumía "el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral (…) que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela".
Según un comunicado de los exparlamentarios opositores del que se hizo eco Figuera en redes sociales, la agenda priorizará "el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política".
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el exilio desde finales del año pasado, no se ha referido a los avances de Figuera iniciados el mes pasado.
En plena crisis por los terremotos, Machado acusó a las autoridades de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para impedirle volver al país, de donde salió de forma clandestina a recoger el Nobel en Oslo en diciembre.
Tras la captura del ex presidente Nicolás Maduro en enero, actualmente preso en Nueva York por cargos de narcotráfico, tanto Machado como González Urrutia han pedido nuevas elecciones presidenciales.
La delegación de negociadores comerciales del Gobierno brasileño transmitió ayer al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, que la imposición de nuevos aranceles a productos de Brasil sería "injusta", en vísperas del final del plazo para que Washington anuncie su decisión de colocar un nuevo gravámen a las importaciones del país sudamericano.
El gobierno de Donald Trump evalúa si aplicar un arancel de 25% a productos brasileños tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre supuestas prácticas comerciales desleales del gigante latinoamericano.
Washington cuestiona el sistema de pagos brasileño PIX, al que acusa de perjudicar a competidores estadounidenses como las tarjetas de crédito.
Además, sopesa aplicar a Brasil otro arancel de 12,5% por considerar que el país sudamericano falló en el combate del trabajo forzado, una reprimenda que afectaría también a otros países.
El plazo para que la Casa Blanca anuncie su decisión final vence hoy miércoles.
"Cualquier arancel adicional es injusto y no es el camino para que podamos formular un acuerdo bilateral mutuamente adecuado", dijeron los negociadores brasileños, según un comunicado conjunto del Ministerio de Industria, la cancillería y la presidencia.
"Ninguna de las razones señaladas" en la investigación de la USTR "justifica la aplicación de esas tarifas", afirmaron en la reunión del martes, la quinta desde mayo.
"No dejamos de negociar y de conversar hasta el último momento", afirmó el canciller Mauro Vieira a periodistas tras un encuentro en Sao Pablo con su par canadiense, Anita Anand.
La disputa comercial ocurre a menos de tres meses de las elecciones de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección.
El precandidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, viajó a Washington la semana pasada para pedir al gobierno de Trump no imponer nuevos aranceles, que a su juicio favorecerían la campaña de su rival izquierdista Lula.
El año pasado, Trump impuso gravámenes punitivos a Brasil al calificar como una "cacería de brujas" el juicio por golpismo a su aliado Jair Bolsonaro. Luego, la mayoría de esos aranceles fueron derogados.
Lula acusa a la familia Bolsonaro de haber promovido las sanciones contra su propio país.
En Argentina hay un único tema de conversación: el partido por la semifinal del mundial de fútbol contra Inglaterra, que se disputa esta tarde. Esto ha llevado a que, en los hechos, haya una virtual paralización de las demás actividades.
No va a haber clases en los turnos tarde y noche, y además el gremio docente llamó a un paro de actividades que alcanza también al jueves, con lo cual serán dos días sin clases.
El gremio de trabajadores del Estado pidió que hoy fuera asueto a partir del mediodía, para que los trabajadores pudieran ver el partido. Y lo cierto es que, salvo por trámites urgentes e impostergables, no va a haber actividad normal en la administración.
También se reprogramaron turnos de atención médica salvo para situaciones de urgencia. Y el propio gobierno adelantó una licitación del Tesoro en la que debe renovar 3 billones de pesos, de tal manera que haya cerrado sobre el mediodía y el personal de los bancos pueda ver el partido.
Como siempre ocurre antes de partidos importantes, desde la Casa Rosada se intenta sacar una tajada política. Y en este caso, el ministro de Economía, Luis Caputo, unió en un mismo mensaje de las redes sociales el triunfo de España sobre Francia con la publicación del dato de inflación de junio, que dio 1,9%, el más bajo en 10 meses.
Además, recordó que ayer el Banco Central batió el récord de compras de dólares, con 532 millones. “Podemos decir que hoy es un buen día?”, preguntó con ironía el ministro.
Pero si hay un tema económico que marca una diferencia con otros mundiales es que, esta vez, no hubo tensiones con el dólar. En Rusia 2018, los hinchas argentinos desde la plaza roja de Moscú protestaban contra la devaluación que ocurría en pleno mundial y les aumentaba los costos. Y en Quatar 2022, los hinchas habían tenido que comprar sus dólares en el mercado negro, y sabían que a la vuelta corrían el riesgo de recibir el llamado de la agencia de recaudación, para que justificaran sus ingresos.
Ahora, en cambio, el mundial encuentra a los hinchas sin cepo cambiario, y con un inédito superávit en las cuentas externas del país.
Se estima que habrá casi 40 mil fanáticos en la ciudad de Atlanta para alentar a la Selección. Y las autoridades de esa ciudad han adelantado un operativo de seguridad sin precedentes, para un partido al que califican como de alto riesgo de incidentes.
Porque, tratándose de Argentina contra Inglaterra, es inevitable el tema de la guerra de Malvinas. Tanto desde la Asociación de Fútbol Argentino como desde el gobierno se intentó bajar el tono político en la previa del partido. Y el propio Lionel Scaloni llamó a no mezclar los temas.
Pero en Argentina esto resulta una tarea imposible. Antes del partido se realizará un acto de reivindicación de los derechos soberanos sobre las islas. Y la oposición peronista criticó duramente al gobierno de Javier Milei por haber apoyado la prohibición de que los hinchas asistan con banderas y carteles alusivos a las islas por considerar que ese puede ser un tema de provocación.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)
