En Primera Persona
Por Emiliano Cotelo
En Perspectiva
Viernes 19.06.2026, 08.05 hs
La camioneta de alta gama que Yamandú Orsi compró con descuento pocos días antes de asumir como presidente de la República fue, durante varios días de mayo y junio, el tema que dominó la conversación política y de buena parte de la población.
Después la discusión bajó varios decibeles: el caso pasó a la Junta de Transparencia y Etica Pública (Jutep), que está analizándolo. Cuando ese organismo se pronuncie seguramente se abrirá una nueva ronda de polémica.
Mientras corre ese trámite y a la espera de las novedades, les propongo detenernos en una cuestión que aquel episodio dejó a la vista, casi de manera accidental: una asignatura pendiente en la regulación del sistema político uruguayo que va bastante más allá de este caso tan sonado: ¿Qué pasa cuando una campaña electoral es superavitaria?
Cómo apareció
Esa pregunta entró en escena, imprevistamente, el martes 2, cuando el presidente y su equipo invitaron a cuatro periodistas a una reunión en Torre Ejecutiva para dar su versión de los hechos de la polémica. En un momento de esa reunión estaban explicando cómo fue que como parte del pago de la camioneta nueva se usó otro auto que la campaña del ex intendente de Canelones había recibido como donación en octubre de 2024. De acuerdo a la crónica de Búsqueda, las autoridades aseguraron que ese vehículo, un Renault Stepway valuado en US$ 20.500, fue una donación “personal” de la empresa Car One a Orsi. Añadieron, por otra parte, que el acuerdo con el Frente Amplio (FA) fue que el comando del candidato —ni el partido, ni la fórmula presidencial— se encargaba de recibir y administrar las donaciones y hacer frente a todos los gastos, desde contrataciones hasta pagos a proveedores. De ese modo, argumentaron, si la campaña terminaba con pérdidas, la coalición de izquierda no quedaba involucrada en el problema. Lo que ocurrió fue lo contario: la campaña no dejó deudas sino un superávit. En abril del 2025, según Orsi y su equipo, donaron al Frente Amplio los más de US$ 400.000 (unos 17 millones de pesos) que habían quedado a favor. De acuerdo con lo que plantearon, el candidato podría haberse quedado con el dinero o podrían haber intentado devolver dinero a cada donante, lo que hubiese sido demasiado complejo.
Tres nuevas discusiones
Esa información, volcada con la intención de cerrar una parte de la polémica, abrió otras, por lo menos tres.
Por un lado, la sorpresa de que Orsi hubiera recibido el Renault Stepway como donación personal. Según aclaró Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la Jutep, cuando lo entrevistamos aquí, En Perspectiva, la legislación uruguaya sobre financiamiento de campañas no prevé donaciones a candidatos. Lo que existe es la posibilidad de donar a un partido, a los sectores o a las listas. Las listas pueden ser a su vez a la Cámara de Diputados, al Senado o a presidente y vicepresidente de la República. Así que, en todo caso, el Renault podía ser donado a la lista integrada por Orsi y Carolina Cosse.
Por otra parte, según se publicó en notas de prensa en las últimas semanas, la rendición de cuentas presentada ante la Corte Electoral muestra que el superávit real de la fórmula Orsi-Cosse al cierre del balotaje fue de 56 millones de pesos, bastante más que los 17 millones que se transfirieron a la coalición de izquierdas. Hasta el momento, ese desajuste entre ambas cifras sigue sin una explicación documentada por parte del oficialismo. En el FA señalan, como una de las explicaciones, que existieron gastos asociados a la transición que fueron afrontados con ese remanente.
Allí hay dos ángulos que quedaron abiertos, a la espera de nuevas respuestas, que tal vez decanten a partir del examen que está desarollando la Jutep.
Pero yo quiero concentrarme en una tercera discusión, una discusión de fondo, que este caso puso arriba de la mesa: en Uruguay no hay ninguna norma que estipule qué puede o debe hacerse con el dinero que pueda sobrarle a una campaña electoral.
El caso del superávit
La Ley 18.485, de 2009, y su modificación de 2024 conocida como Ley 20.292, regulan con bastante detalle quién puede donar, cuánto, y qué controles existen sobre los gastos de campaña. Pero ninguna de las dos normas incluye indicaciones sobre lo que ocurre cuando una campaña deja superavit.
Por supuesto que muchas veces a los políticos o sus partidos les va mal en un intento electoral y quedan con deudas que deben enfrentar, a veces de manera muy sacrificada. Pero también existen las campañas que dejan saldos positivos. Y no son pocas.
Lo que ocurrió en ese sentido con la fórmula Orsi – Cosse no fue una excepción. Un relevamiento realizado por “la diaria” sobre las rendiciones de cuentas presentadas ante la Corte Electoral mostró que de las nueve fórmulas presidenciales que compitieron en la primera vuelta de 2024, ocho cerraron con saldo a favor y solo una terminó en déficit. La fórmula del FA fue la que acumuló el mayor excedente, con esos 56 millones de pesos ya mencionados al cierre del balotaje. Otros candidatos, con campañas de menor escala, también declararon sobrantes, aunque de magnitud distinta: según el resumen publicado por El País, Pablo Mieres cerró con 3,9 millones de pesos a favor, Andrés Ojeda con 694.000 pesos, y el referente de Identidad Soberana, Gustavo Salle, con 7 millones de pesos de superávit.
¿Por qué puede pasar que sobre dinero en una campaña electoral? Una parte de la respuesta está en que, además de la recaudación de dinero que logran en el sector privado, los partidos y candidatos también reciben financiamiento público.
El Estado paga una cifra fija por cada voto recibido. En la elección nacional son 87 unidades indexadas por voto válido —unos 533 pesos en la última instancia—, de los cuales el 20% va directo al candidato a la Presidencia y el resto se reparte entre las listas al Senado y a Diputados.
El politólogo Rafael Piñeiro, entrevistado por “la diaria”, señaló que en Uruguay el subsidio público por voto es relativamente generoso y no depende de cuánto gasta efectivamente una campaña. Por ello, siguió diciendo, cuando una candidatura obtiene un desempeño electoral mejor al esperado, puede terminar acumulando recursos que no llegó a gastar durante la campaña. Así, agregó: “Puede pasar el caso de que una persona haga una campaña de 15.000 dólares y reciba un millón”. Entonces, se preguntó, “yo, como uruguayo, ¿qué estoy subsidiando ahí? Porque ahí puedo estar subsidiando la casa en Punta del Este de la persona”.
¿El Estado debe subsidiar superávits?
Ahí aparece la reflexión que quiero dejar planteada. Si una parte sustancial del dinero sobrante de una campaña tiene origen estatal, entregado en función de los votos y no de los gastos reales, ¿es razonable que el excedente que pueda obtener una campaña quede a libre disposición del candidato, del sector o del partido?
Sobre esta pregunta podrían buscarse referencias en el derecho comparado, que las hay.
En Uruguay, mientras la ley no diga nada al respecto, el manejo de ese eventual superavit queda en manos de cada partido. Piñeiro explicó que, en organizaciones con mayor nivel de institucionalización, como el FA, suele haber acuerdos políticos internos para distribuir esos recursos sobrantes o reservarlos para la campaña siguiente. A su juicio, esos acuerdos, aunque no estén previstos en la ley, cumplen una función relevante: garantizan que el dinero que sobra no termine confundido con el patrimonio personal de los candidatos. Pero se trata de acuerdos informales, que dependen de la voluntad de cada estructura y no de una obligación legal pareja para todos los partidos.
Más baches
Este vacío sobre el destino del superávit de una campaña no es el único punto flojo en la normativa vigente. Gil Iribarne ha calificado a la normativa vigente como “un gran agujero negro” donde, dijo, “pasa cualquier cosa”.
En particular, el ex presidente de la Jutep apuntó a la debilidad de los controles: la Corte Electoral, el organismo responsable de fiscalizar la ley, no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo con rigor. La reforma de 2024 habilitó a la Corte a pedir apoyo al Tribunal de Cuentas para auditar las rendiciones, algo que está ocurriendo por primera vez este año. Aun así, como advirtió una nota de El País, esas auditorías pueden verificar que lo declarado tenga respaldo documental, pero no tienen forma de saber si hubo ingresos o gastos que nunca se declararon.
Tampoco ayuda el cumplimiento desigual de las obligaciones más básicas. Según informó “Brecha”, de los partidos con representación parlamentaria, solamente uno presentó a tiempo las declaraciones juradas sobre minutos de publicidad electoral que la ley exige después de cada elección.
El destino del eventual superávit de una campaña es, entonces, solo una de las piezas que falta en el rompecabezas incompleto de la regulación del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales en Uruguay. Pero esa pieza tiene una particularidad: a diferencia del control de gastos no declarados, que es difícil de resolver en cualquier sistema del mundo, esta laguna se podría llenar con una disposición relativamente simple. Bastaría con definir qué pasa con ese excedente, sobre todo teniendo en cuenta que todas las campañas reciben apoyo de Rentas Generales.
Yo creo que correspondería que ese excedente se devolviera a las arcas públicas y la campaña quedara, entonces, con sus cuentas equilibradas. Me parece que el Estado solo debería financiar campañas “sin fines de lucro”.
Pero eso es lo que pienso yo.
Cualquier reforma a esta ley tiene que ser votada por los mismos dirigentes que hoy se benefician de sus zonas grises, sea cual sea el partido en el que militen. Eso incluye, por supuesto, al FA. Pero también a quienes en las últimas semanas cuestionaron al gobierno por el caso de la camioneta de alta gama, y que presentan rendiciones de cuentas de sus campañas incompletas o cargadas de incoherencias, o que han tenido superávits alimentados, en parte por fondos públicos.
