Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La Justicia imputó ayer a la propietaria y a la encargada de un residencial para adultos mayores de la Unión donde el viernes de noche fueron rescatados más de 20 personas que vivían en condiciones de hacinamiento.
Según informó Telemundo, ambas fueron imputadas por reiterados delitos de privación de libertad, abandono de personas incapaces, estafa y omisión de asistencia.
El viernes, 22 adultos mayores fueron rescatados de un residencial clandestino que funcionaba en una vivienda en la intersección de Mateo Cabral y Comercio, luego de que la Policía interviniera tras recibir denuncias de vecinos que escuchaban gritos de auxilio provenientes del lugar.
Al llegar, los efectivos encontraron a dos mujeres y un hombre que pedían ayuda desde una ventana y aseguraban que estaban encerrados, que habían sufrido caídas y que necesitaban agua.
Ante la imposibilidad de ingresar por la puerta principal, los policías accedieron al inmueble a través de la azotea de una casa lindera, con autorización de una vecina.
Al entrar al local los efectivos encontraron en un altillo a cinco hombres durmiendo en colchones en el piso con falta de aseo, incluido un hombre de 98 años. Bajaron por una escalera al resto de la casa y encontraron a mujeres tiradas en el piso, otras gritando y pidiendo agua. En un garaje había más personas durmiendo en malas condiciones. La mayoría de los adultos tenían problemas de movilidad.
“La situación de vulnerabilidad era extrema y se violaron los derechos humanos básicos”, indicó la fiscal Sylvia Llovesio durante la audiencia.
El lugar donde fueron encontradas las víctimas dependía de un residencial ubicado a unos metros, pero cuando los policías se dirigieron hasta allí siguiendo indicaciones de vecinos, fueron recibidos por personas que negaron tener relación alguna con ese espacio.
Según la fiscal, el residencial formal funcionaba como “pantalla” para el lugar donde los ancianos fueron encontrados en condiciones insalubres.
En la audiencia, algunos familiares relataron que cuando iban a visitar a los adultos, siempre debían avisar con tiempo y eran recibidos en el residencial en el que habían sido ingresados, desconociendo la existencia del otro espacio.
Según la información oficial difundida hasta el momento, el hogar no estaba registrado ni habilitado como establecimiento de larga estadía para personas mayores.
Luego de la conmoción que provocara la difusión de los detalles, Sabino Montenegro, presidente de la asociación civil Integra Residenciales, realizó una advertencia: el caso no es aislado, hay unos 200 lugares iguales o peores que están atendiendo a unos 2.000 adultos mayores en condiciones similares.
Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Sabino Montenegro de la asociación civil Integra Residenciales.
