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Noticias del miércoles 5 de abril de 2023

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

En la Cámara de Diputados cuentan voto a voto el apoyo al proyecto de “tenencia compartida”, que será discutido el próximo martes y para cuyo destino será clave la postura que adopte el sector político Ciudadanos, del Partido Colorado. 

Ese grupo tomará posición el lunes y se encamina a aplicar libertad de acción, lo que complejiza la definición del asunto.

Según El País allí aparecen tres tendencias. El diputado Ope Pasquet confirmó ayer que votará a favor del proyecto. En la postura contraria aparecen Felipe Schipani, María Eugenia Roselló y Nibia Reisch. 

En el medio hay varios diputados de Ciudadanos que están en duda y cuya voluntad última será la que defina la suerte del proyecto. Algunos más definidos que otros. "En un 80% sí", le dijo a El País el diputado Martín Melazzi. Lo mismo planteó su colega Walter Cervini que, "en un porcentaje alto", opina que acompañará la iniciativa. Otros que están en duda son Jorge Alvear y Juan Moreno.

Con este panorama, hoy el proyecto no contaría con los votos para ser aprobado.  La bancada del Partido Nacional da por seguros sus 30 votos, así como los nueve de Cabildo Abierto. También confirmó su voto el diputado Eduardo Lust, escindido de esta formación, que de todas formas rechazará algunos artículos en particular. En la vereda opuesta están los 42 legisladores del Frente Amplio, junto a Iván Posada (Partido Independiente). También el diputado César Vega (PERI). 

El proyecto necesita de mayoría simple para ser aprobado, con lo que, si todos los diputados estuvieran presente en sala al momento de la votación, tendría que haber 50 voluntades a favor. Cuantos menos diputados haya presente, menos votos se requerirán.

Los cuestionamientos a nivel político pasan principalmente por el artículo 4 del proyecto, que habilitaría a un juez a conceder visitas a uno de los progenitores mientras esté bajo medidas cautelares por una denuncia presentada por el otro progenitor.

Ese mismo argumento es el que señalaron en un comunicado el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Intersocial Feminista, la Red ProCuidados y otros colectivos se manifestaron en contra del proyecto. Una postura similar a la que días atrás manifestaron la Institución Nacional de Derechos Humanos y Unicef.


OTRAS NOTICIAS QUE SE DESTACAN EN EL PANORAMA NACIONAL 

El senador nacionalista Gustavo Penadés le envió una carta a la vicepresidenta Beatriz Argimón en la que la pide que le dé trámite urgente a un eventual pedido de desafuero en su contra si así es solicitado por el Poder Judicial en torno a las acusaciones que lo involucran. 

En la carta, que fue difundida por su equipo de prensa, Penadés alude a “circunstancias de público conocimiento” y aclara que no formulará ante el pedido de desafuero “oposición de tipo alguna”. 

Más allá del pedido, todo quedará en manos de sus colegas. Ni Penadés ni ningún senador puede renunciar a sus fueros. Eso deberá ser solicitado primero con causa fundada por parte del Poder Judicial y luego definido por la propia cámara, que deberá tener una mayoría calificada de dos tercios. 

Penadés fue acusado por la militante nacionalista Romina Celeste quien lo señaló de haberla explotado sexualmente cuando era menor de edad. Al día siguiente, el senador rechazó que hayan ocurrido esos hechos en una declaración ante la prensa. En las últimas horas, nuevas acusaciones efectuadas por otras presuntas víctimas apuntaron sobre el legislador. 

La madre de un adolescente de 16 años denunció en la Policía al senador Penadés luego de que su hijo contara en un audio que tuvo dos encuentros con quien dice que es el legislador del Partido Nacional cuando tenía 14 años en un hotel y en un casa vacía. El audio del joven fue difundido por radio Sarandí y su caso ya está en manos de la Justicia.


El juez argentino Daniel Rafecas dispuso el procesamiento con prisión preventiva de seis agentes de la  ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que participaron en la detención y torturas a 120 personas, entre ellos  Zelmar Michelini,Héctor Gutiérrez Ruiz y otros ciudadanos uruguayos. |

Según el falló al que accedió El Observador, la indagatoria probó que los agentes imputados actuaron en los centros clandestinos de detención y tortura Bacacay, Orletti y Pomar, que funcionaron entre 1976 y 1977 en Argentina. 

En el Bacacay se considera probado que estuvieron retenidos también los uruguayos Rosario Barredo y William Whitelaw, cuyos cuerpos aparecieron junto a los de Michelini y Gutiérrez, así como el médico Manuel Liberoff antes de ser desaparecido. 


INTERNACIONALES 

En Estados Unidos, Donald Trump se declaró no culpable de falsificar documentos contables en una audiencia penal en la que fue imputado, en la antesala de un juicio que podría comenzar en enero de 2024.

El ex presidente, de 76 años, se enfrenta a 34 cargos relacionados con el pago, en 2016, de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta a 2006 y que él siempre ha negado.

A primera hora de la tarde, Trump se entregó en un tribunal de Manhattan al que llegó en un vehículo escoltado por el servicio secreto. Delante de la corte, la policía se interpuso entre seguidores y detractores del exmandatario para evitar enfrentamientos violentos. 

El expresidente tuvo que seguir el ritual impuesto a cualquier acusado: declarar su nombre, edad y profesión y someterse a la toma de sus huellas dactilares, aunque parece haber evitado que le sacaran una foto de ficha policial, fuente de tanta humillación pública para las estrellas en Estados Unidos.

Además del pago a Stormy Daniels, según documentos judiciales, Trump compró el silencio de terceros al menos dos veces más. Pagó 30.000 dólares a un portero de la Torre Trump que afirmaba tener información sobre un hijo del magnate fruto de una relación extramatrimonial, y otros 150.000 a una mujer que aseguraba tener un romance con el expresidente.

El entonces abogado de Trump, Michael Cohen, se encargó del pago a Daniels, y el magnate le reembolsó el dinero, haciéndolo pasar presuntamente como gastos legales en las cuentas de su empresa Trump Organization. El pago a la actriz no fue declarado en las cuentas de campaña del entonces candidato a las presidenciales de 2016, algo que es una posible violación de las leyes del estado de Nueva York.

"No se pueden normalizar conductas criminales graves", declaró el fiscal del caso, Alvin Bragg, en una conferencia de prensa tras la comparecencia de Trump. "Todo el mundo es igual ante la ley", añadió.


Donald Trump defendió su conducta horas después de convertirse en el primer expresidente inculpado en la historia de Estados Unidos, con un discurso en el que criticó con dureza la investigación en su contra, a la que consideró una interferencia electoral.

"Nunca pensé que algo así podría suceder en Estados Unidos. Nunca pensé que podría pasar. El único crimen que he cometido es defender valientemente a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. (…) Nuestras elecciones fueron como las de un país del tercer mundo, y ahora esta interferencia electoral masiva, a una escala nunca antes vista en nuestro país".

En su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, Trump aprovechó el mismo discurso para retomar la campaña electoral, criticando duramente al gobierno de Joe Biden.

El ambiente festivo, con aplausos para Trump y abucheos para sus rivales, recordó el tono habitual de los mítines electorales del magnate.


También en Estados Unidos, el gobierno anunció ayer la entrega de otros 2.600 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, incluidos misiles de defensa aérea Patriot y municiones de artillería.

De esta suma se entregarán inmediatamente 500 millones de dólares en armamento procedente de sus existencias y los 2.100 millones restantes corresponden a pedidos a la industria de defensa, precisó el Pentágono en un comunicado.

Este nuevo tramo eleva la ayuda militar total de Estados Unidos a Ucrania a 35.100 millones de dólares desde el comienzo de la ofensiva rusa el 24 de febrero de 2022.


En Israel, la policía anunció la detención de más de 350 personas después de violentos incidentes en la madrugada durante una intervención de sus agentes en la Explanada de las Mezquitas.

Policías israelíes se enfrentaron con palestinos en el interior de la mezquita Al Aqsa de Jerusalén, lugar sagrado del islam, en medio del ramadán y en vísperas de la Pascua judía.

La policía aseguró en un comunicado que "agitadores enmascarados" habían entrado al templo con "fuegos de artificio, palos y piedras" y se encerraron allí "para atentar contra el orden público".

Tras la intervención policial, el movimiento islamista Hamás denunció un "crimen sin precedentes" y apeló a los palestinos de Cisjordania "a acudir en masa hacia la mezquita para defenderla".

La violencia ocurrió en medio del ramadán musulmán y en vísperas de la Pascua judía, el miércoles por la noche, una coincidencia que hace temer un estallido de violencia en la zona tras el aumento de hostilidades este año.


En Irán, medios locales reportaron ayer otro caso de intoxicación en una escuela para niñas, que retomaron las clases hace una semana luego de 15 días de vacaciones.

20 alumnas de un centro educativo en el noroeste del país fueron trasladadas al hospital por problemas respiratorios, indicó la agencia oficial Irna.

"Los servicios de socorro fueron desplegados al lugar" después de que varias alumnas avisaran de que tenían "problemas para respirar", explicó el jefe de emergencias de la ciudad.

Desde finales de noviembre se han producido casos de intoxicaciones por gases u otras sustancias que provocaron mareos y desmayos de alumnas en numerosas escuelas, femeninas en su mayor parte.

En total, "más de 5.000 alumnas" se han visto afectadas por estos incidentes en más de 230 establecimientos en 25 de las 31 provincias del país, según las autoridades.


Un sacerdote católico panameño denunció ayer que fue expulsado de Nicaragua hacia Honduras, acusado de haber realizado una procesión de Semana Santa sin autorización.

El párroco Donaciano Alarcón, que trabajaba hace un año y medio en Nicaragua, dijo que fue detenido el lunes después de una misa y lo trasladaron en un patrullero a la frontera con Honduras, donde lo obligaron a cruzar. Además, le dijeron que no podía regresar más.

Las autoridades de Nicaragua no han informado sobre este hecho, ocurrido en medio de tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia. Managua ha expulsado a otros sacerdotes católicos anteriormente y el obispo Rolando Álvarez fue condenado en febrero a 26 años de prisión.

Medios opositores nicaragüenses han afirmado que el gobierno prohibió las procesiones en esta Semana Santa, que son tradición en el país, aunque ninguna norma ha sido publicada en el diario oficial.


En Perú, el Congreso archivó ayer un pedido de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, promovido por la izquierda opositora a raíz de la represión de las protestas que se desataron por la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, y que dejaron unos 50 muertos.

En la sesión participaron 114 de un total de 130 legisladores. Se requería de un mínimo de 50 votos para que la moción sea admitida a debate, pero obtuvo únicamente 37. Votaron a favor diversas bancadas de izquierda, mientras que los votos en contra y las abstenciones salieron de los partidos de derecha y extrema derecha.

El legislador Hamlet Echeverría sustentó la moción por "incapacidad moral", acusando a Boluarte de haber ordenado "ejecutar" a 50 manifestantes.

La presidencia peruana celebró la decisión del Congreso y exhortó a las agrupaciones políticas a trabajar juntas.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió ayer a Chile "tomar medidas inmediatas" para involucrar a la sociedad civil en la tramitación de la polémica ley del "gatillo fácil".

Los diputados chilenos aprobaron en tiempo récord las seis primeras leyes antidelincuencia, que en su mayor parte llevan nombres de víctimas.

Ahora el Senado debe analizar las normativas y las observaciones del gobierno. Una de estas refiere a una ley que establece "la legítima defensa privilegiada" de los policías para dejarlos "exentos de responsabilidad criminal" cuando actúen en defensa propia, de terceros o para impedir un delito.

La policía chilena fue muy criticada por la forma en la que reaccionó a las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de octubre de 2019 y que se saldaron con una treintena de muertos y miles de heridos. Sin embargo, en los últimos meses se produjeron un incremento de los crímenes en general y una serie de ataques contra uniformados, que han despertado reclamos de más respaldo a los carabineros y penas más duras para los delincuentes.

En un comunicado, la CIDH llama al gobierno de Gabriel Boric "a tomar medidas inmediatas para llevar a cabo un proceso que garantice la más amplia participación" que incluya, entre otros, a personas de la sociedad civil, expertos, académicos y organizaciones no gubernamentales.


En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro entregó ayer un conjunto de joyas que le regaló el gobierno de Arabia Saudita, con las que se quedó sin informar a las autoridades.

A lo largo de su mandato, entre 2019 y 2021, Bolsonaro recibió de regalo tres conjuntos de joyas: uno de ellos fue interceptado por la aduana cuando volvía al país y otros atravesaron la frontera sin que fueran declarados. Al terminar su mandato, incorporó los paquetes a su acervo privado hasta ahora, que fueron devueltos, uno hace dos semanas y el último ayer.

El kit entregado ayer, valorado en 100.000 dólares, consta de un reloj de oro blanco y diamantes de la marca Rolex, una pluma de la marca Chopard, unos gemelos, un anillo y un rosario islámico, detalló la prensa brasileña.

Un portavoz de Bolsonaro, el exministro Fábio Wajngarten, dijo que la entrega de las joyas reafirma el compromiso del expresidente "de devolver todos los regalos" que le pida el Tribunal de Cuentas, como fue en este caso. Añadió que siempre procuró respetar "la legislación en vigor sobre el asunto".

La Policía Federal investiga si el ingreso de las joyas se produjo de forma irregular y si Bolsonaro pudo haber cometido un delito de malversación.


En Argentina, la sangría de dólares del Banco Central no para, y se vuelve a hablar sobre medidas para profundizar los controles cambiarios, popularmente conocido como “cepo”. Hay expectativa en el mercado por un posible anuncio al respecto del ministro de economía, Sergio Massa.

El Banco Central ya lleva tres semanas consecutivas de ventas netas en el mercado, y su posición de reservas se ubica en un nivel crítico. Y, para empeorar la situación, se está notando una tendencia de los ahorristas a retirar sus depósitos en dólares del sistema bancario.

Es así que los bancos le están solicitando un promedio diario de 50 millones de dólares al Central para poder hacer frente a esa mini corrida.

En lo que va del año, el Banco Central perdió más de 3 mil millones de dólares, lo que implica una suba del 50 por ciento en la comparación con el primer trimestre del año pasado.

Con ese marco, se volvió a hablar de medidas restrictivas, sobre todo para el turismo. El año pasado se había subido el impuesto cambiario a los argentinos que hacen turismo fuera del país desde 75 por ciento a 100 por ciento, para los casos en que se gaste en el exterior más de 300 dólares con tarjeta.

Ahora se está hablando sobre la posibilidad de acotar esa cifra a 200 dólares, de manera de alcanzar a mayor cantidad de turistas e incrementar el desincentivo para los viajes. El rubro turismo es uno de los rubros por los cuales se fuga mayor cantidad de divisas, con un promedio de 6.000 millones de dólares al año, por lo que está en el centro de las preocupaciones del gobierno.

También se está pensando en mayores restricciones para la compra de dólares para ahorro. El régimen vigente implica que se puede comprar hasta 200 dólares al mes al precio oficial, pero esa posibilidad está vedada para todas las personas que hayan percibido algún tipo de subsidio estatal, y se acaba de agregar a la nómina a todos los beneficiados por la moratoria del sistema jubilatorio.

Mientras tanto, el ministro Massa apuesta sus fichas a que con el nuevo régimen de incentivo exportador, el llamado “dólar agro”, se puedan equilibrar las cuentas. El sistema prevé que se reconozca un dólar de 300 pesos a los productores agrícolas, en vez de los 209 al que cotiza hoy el tipo de cambio oficial.

El gobierno espera repetir la performance del dólar soja de diciembre pasado, cuando entraron en las arcas estatales unos 3 mil millones de dólares. Aun así, la mayoría de los economistas se muestra escéptica sobre la posibilidad de cumplir con las nuevas metas de reservas.

De hecho, creen que cuando, en junio próximo, se haga la nueva revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina deberá pedir un “waiver”, como se llama en la jerga financiera a un permiso de incumplimiento del compromiso de acumulación de reservas netas sin que eso implique un corte en el suministro de fondos desde el FMI hacia el Banco Central argentino.

(Corresponsal: Fernando Gutiérrez)


VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL 

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, rechazó ayer los argumentos que presentaron las empresas Acodike y Riogas para justificar el despido conjunto de más de 50 trabajadores y dijo que esas firmas no pueden alegar “sobrecostos” para defender esa medida. 

Stipanicic encabezó ayer una reunión en procura de destrabar la situación de conflicto que se vive en el sector luego de que las empresas anunciaran días atrás esos despidos. Riogas esgrimen un “cambio en las reglas de juego” que les significó el nuevo contrato de arrendamiento de la planta de envasado que es propiedad de Ancap y que rige desde el 1 de marzo, lo que según su versión implica “significativos costos”. 

Acodike, en tanto, justificó los despidos en base a la necesidad de “cambios estructurales” para asegurar la supervivencia de la empresa y habló de “ciertos puestos de trabajo que no agregan valor al cliente”. 

El presidente de Ancap dijo que hubo un llamado a licitación en que las empresas presentaron sus ofertas en libertad. 

“Las condiciones regulatorias no cambiaron y las decisiones empresariales fueron las que lideraron el proceso que llevó a cabo Ancap, tanto en la licitación de las plantas como en la subasta para el servicio de envasado. Ancap no puso ninguna restricción ni condición, no impuso ningún término que cambiara a la ecuación económica para las empresas”. 

Stipanicic dijo que “llama poderosamente la atención” la “acción coordinada” de ambas empresas, que dominan el 70% del mercado y que anunciaron en forma simultánea los despidos el pasado viernes. 

A nivel gremial,el sindicato del supergás exige la anulación de los despidos y anunció que, en caso contrario, generalizará el conflicto. 


La empresa Dedicado impugnará el pliego de bases y condiciones que elaboró el Poder Ejecutivo para la subasta de servicios en el espectro de telefonía 5G. 

La acción de esa firma es consignada hoy por El País y se suma al recurso administrativo que presentará Claro contra el pliego, que se presentó el pasado 30 de marzo. 

Dedicado alega en un comunicado sentirse “discriminada” por los requerimientos de experiencia previa en servicios de telecomunicación móvil – que no tiene – y le anunció a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) que impugnará el pliego. 

La empresa de capitales nacionales sostiene que el llamado “favorece a las empresas multinacionales y significa una entrega a extranjeros de la soberanía del espectro radioeléctrico”. El CEO de Dedicado, Arturo Vargas, afirmó que la empresa “va a buscar todos los caminos posibles para proteger y defender el trabajo de los uruguayos”.

Su abogado, Augusto Durán Martínez, objetó que estos requisitos tienen por objetivo “excluir” a Dedicado de la subasta.

En el caso de Claro, los puntos claves del recurso se centran en el precio base de cada tramo de 100 MHz (US$ 28 millones), el cual dicen desde la empresa que no tiene “fundamento”, y la “desigualdad competitiva” que establece la asignación ya realizada a Antel de su tramo en la banda de 5G. 

Asimismo, Movistar analiza qué pasos dar ya que las condiciones no “facilitan” un “despliegue competitivo”.


Luego de las polémica por la difusión viral de un video en el que aparece entonando una canción alusiva a la muerte de un hincha de Nacional, el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, dijo que sus valores y principios no cambiaron y que se mantiene firme su convicción de “condena a toda forma de violencia”. 

A raíz del video, que se difundió luego del clásico del pasado sábado, Salgado fue citado a declarar para después de Semana Santa por el fiscal de Flagrancia, Fernando Romano. 

A través de un comunicado que difundió ayer, Salgado expresó su deseo de “decir su verdad” ante la fiscalía sobre la situación viralizada en el video” . El empresario dijo estar “convencido [de] que las declaraciones primero hay que darlas donde corresponde, que es ante la Justicia, por respeto a la actuación de la Fiscalía y demás autoridades con las que – aseguró- hace tantos años venimos trabajando contra el flagelo de la violencia en general y, en especial, la violencia en el deporte”.

Finalmente, señaló: “sigo siendo la misma persona de siempre, mis valores [y] principios no han cambiado y les he sido fiel toda la vida”. “Tengan por cierto que continuaremos comprometidos y trabajando activamente en favor de la convivencia y la seguridad de toda la sociedad”, concluyó.

 Romano, que investiga varios incidentes entre hinchas relacionados al clásico del sábado, lamentó la violencia del video y destacó la relevancia de Salgado dado que es “presidente de una empresa muy importante en Uruguay”. Además, sostuvo que evalúa pedir que se lo incluya en la “lista negra” de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que impide a los inscriptos ingresar a los estadios.


Ascot, el sindicato que reúne a los trabajadores de las cooperativas del transporte, expresó su preocupación en cuanto a que la actitud de Salgado podría provocar “represalias” contra conductores y guardas por parte de algún hincha. 

La postura del sindicato fue expresada en otro comunicado, difundido poco después que el del empresario. El dirigente Miguel Marrero le dijo a El País que Salgado es una figura pública, que representa a tantos trabajadores del transporte. “No debería ser un violento, o no debería tener ese tipo de acciones violentas”, precisó. 


ECONOMÍA Y EMPRESAS 

Los productores organizados se aprestan a lanzar un proceso de importación de papa para asegurar el abastecimiento de este producto ante los daños ocasionados por la sequía. 

La decisión se tomó a partir de un planteo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en cuanto a que fueran los propios productores los que procedan a importar el producto. 

Según se expresó en un comunicado, será la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa del Uruguay la que lidere el proceso, para el cual se convocó a todos los interesados en participar. 


En el mercado local, el dólar subió ayer, en esta ocasión un 0,49%. El interbancario fondo se operó en promedio a $38,756.

En lo que va del año 2023, el dólar lleva una baja acumulada de 3,28% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2022). 

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,55 para la compra y $39,95 para la venta. 

En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,076. 

En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 210,78. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue)se mantuvo estable y cotizó en el entorno de los AR$ 392,00. 

Por su parte, el Euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0950.


CERRAMOS CON OTRAS NOTICIAS

La Justicia imputó ayer a un hombre de 52 años que violaba a su hijastra, una adolescente de 13 años que padece una discapacidad motriz e intelectual. 

Esto sucedió en Punta del Diablo, Rocha, en un caso que venía siendo investigado desde que el pasado 21 de marzo fue efectuada la denuncia correspondiente, ante una comisaría especializada del Chuy.

Desde ese día el ahora imputado permanecía detenido. Ahora deberá estar  en prisión por 180 días a la espera de la sentencia definitiva. 


Dos operadores penitenciarios que se desempeñaban en la Cárcel de Durazno fueron imputados por ingresar a ese centro celulares y cargadores que luego eran vendidos a los presos. 

Se trata de una mujer de 35 años y un hombre de 33, que además le avisaba a los reclusos los momentos en que se iban a realizar requisas en el lugar. 

La Justicia los imputó por reiterados delitos de cohecho calificado y deberán cumplir una pena de 12 meses de prisión en libertad a prueba, junto a una multa de 50 unidades reajustables y la inhabilitación por dos años para el ejercicio de cualquier cargo público. 


DEPORTES 

Nacional venció como visitante 2-1 a Metropolitanos de Venezuela y picó en punta en la apertura del Grupo B de la Copa de Libertadores. 

El empate 1-1 entre Internacional de Porto Alegre e Independiente Medellín dejó a los tricolores como líderes en solitario jugada ayer la primera fecha. 

Peñarol en tanto debutará hoy en la Copa Sudamericana e irá Brasil, donde se medirá con el América Mineiro. 

El partido se disputará a partir de las 21 horas en Belo Horizonte. El grupo de los carboneros lo completan Defensa y Justicia y Millonarios.

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