EC —Le corresponde asumirlo al ministerio, aunque sea con otras empresas, pero es otra historia. Entonces, ¿para ustedes este es un buen sistema, es un cambio importante desde el punto de vista de las necesidades de infraestructura que tiene el Uruguay?
AR —Para nosotros y para mí en lo personal es un instrumento adecuado para determinados proyectos, para determinada magnitud de proyectos, para determinada complejidad de proyectos. Es una herramienta más que tiene el Estado para invertir en infraestructura. No es la única y no es que haya que aplicarla a todos los proyectos, no es que todo tenga que pasar por PPP, pero creo que bien utilizada, afinado el instrumento, que creo que es la etapa en la que estamos entrando ahora, es una herramienta muy válida. Además hay una cosa no menor: creo que hay que trabajar más es en el grado de libertad que hay que darle al privado a la hora del proyecto.
EC —¿Cómo es esto?
AR —Al quedar yo responsable de la carretera o de la infraestructura en general durante 20 años, un período importante, es lógico que yo tenga libertad sobre el diseño de esa carretera, que no me restrinjan mucho el diseño.
EC —¿A qué se refiere con diseño?
AR —Que me dejen aportar ideas creativas sobre el diseño, sobre el espesor, sobre el material a utilizar, sobre ese tipo de definiciones. La voy a tener tanto tiempo que es lógico que yo pueda participar más en el diseño. Esas son cosas que se están hablando, ese grado de libertad es importante. Transferir incluso más riesgo; más riesgo y mayor grado de libertad.
EC —Entiendo. Ustedes pueden llegar a la conclusión de que las especificaciones técnicas que vinieron en la licitación no son las más convenientes, que pueden manejar la calidad de la infraestructura que se requiere con otras fórmulas.
AR —Con variantes. De hecho pusimos una variante, que es el pavimento de hormigón de la ruta 24. Eso no estaba en la oferta básica, uno podía hacerla de asfalto o de hormigón. Nosotros elegimos hormigón porque dominamos esa técnica, habíamos construido el tramo de whitetopping de la ruta 24 y eso fue una elección. Pero estoy hablando en sentido general, para cualquier infraestructura con este tipo de proyecto que el oferente maneje cierto grado de libertad es importante para la elección del diseño y hasta del procedimiento constructivo.
EC —Ahí ya empezamos a sacar alguna conclusión, a sacar lecciones. Pero veamos todo el proceso en su conjunto. El trámite en sí mismo desde que se hace el llamado público a interesados y se divulga el pliego licitatorio provisorio, que fue en noviembre de 2014, hasta ahora que empiezan las obras, llevó casi tres años.
AR —Sí; creo que incluso antes habían comenzado con análisis, según me comentó el ministro de este proyecto.
EC —Y en la interna del gobierno a su vez hubo todo un período previo de estudio.
AR —Sí. Yo puedo hablar del período en el que participé y de las responsabilidades que nos tocaron a mí y a mis socios. Esta oferta fue en febrero de 2015, nos adjudicaron sobre finales de 2015, por noviembre y comenzamos a trabajar en el 2016 sobre la estructuración, sobre la definición de lo que podía ser el contrato, e interactuando con el financista, quien va a poner los fondos.
EC —En febrero de 2015 se realiza la apertura de ofertas, se presentan tres consorcios internacionales. En noviembre de 2015 se produce la adjudicación provisional al consorcio que ustedes integran. Y después hubo una negociación de un año.
AR —Sí, negociación, construcción de soluciones.
EC —¿Cómo fue esto? ¿Por qué todo este tiempo? Porque en realidad desde la adjudicación provisoria hasta ahora pasaron dos años y algo.
AR —Hay que analizarlo de los dos lados. Del lado del privado, cuando presentamos la oferta, en febrero de 2015, analizamos una situación y comenzamos con los financiadores con el pliego que había y con las condiciones que había. Tratamos de adaptarnos a las reglas de juego que estaban en ese momento. Establecimos un plan de negocios y supusimos una cantidad de hipótesis. Luego pasó un año hasta fin de año, a principios de 2016 retomamos, ahí ya sentados en la mesa con los financiadores. No hay muchos interesados en financiar este tipo de obras que se financian en unidades indexadas.
EC —Ese punto es importante, ¿por qué ustedes salen a conformar el financiamiento recién después de que son adjudicatarios? ¿No lo tenían pronto, no lo tenían negociado, no lo tenían listo?
AR —Nadie puede tener un financiamiento para un año, dos años, sin saber cómo va a terminar eso. Sí teníamos el modelo, íbamos a hacer un bono con las AFAP, teníamos claramente definido cómo lo íbamos a hacer. Luego el financista se empieza a sentar en la mesa a definir la letra, y ahí aparecen una serie de contratos, porque esto no es un único contrato. El que va a poner el dinero también quiere meterse en los detalles de la construcción, y ahí empezaron a surgir cosas para agregar en los contratos. En definitiva lo que quiere son más garantías de todo, del lado de la empresa que va a construir, pero del lado del gobierno si por ejemplo fracasa la empresa o fracasa la construcción o no hay pago en determinado momento. Empezamos en el terreno de las hipótesis, de los razonamientos de lo que pasaría si la empresa se funde dentro de cuatro años. Porque la obra se ejecuta y el Estado no pone un peso, lo pone todo el inversor, que va a empezar a cobrar después de que está pronta la obra, en cuotas durante 21 años. ¿Qué pasa si dentro de seis años quiebra la empresa, por ejemplo? ¿Qué pasa si el gobierno cambia las condiciones o cambian determinadas condiciones?
EC —¿Nada de eso estaba previsto en el llamado?
AR —No; algunas de esas cosas sí y otras no con el detalle que exigieron después.
EC —Ahí se explica una parte de la demora, en ese tipo de negociaciones.
AR —En esas idas y vueltas, que llevan meses; son cosas formales en las que intervienen muchos actores. Para responder estas cosas a veces los tiempos fueron más largos de lo que uno hubiera deseado, de ambos lados.
EC —¿Cuánto jugó allí la dispersión de dependencias del Estado que están en juego en este llamado en particular?
AR —No lo puedo valorar mucho, pero obviamente intervinieron unos cuantos actores; intervinieron el MTOP, el MEF. Y del lado nuestro también teníamos nuestro tiempo. Intervinieron muchos asesores también, necesarios. Además habíamos pensado estructurar esto como un bono con las AFAP, y en determinado momento se crea el fondo de CAF (Corporación Andina de Fomento, ahora Banco de Desarrollo de América Latina), Cafam, junto con las AFAP. Es un instrumento nuevo que se crea en el 2016 para este tipo de proyectos, y ahí entre todos llegamos a la conclusión que era mejor que este primer proyecto del país entrara por ese fondo que no tenía ningún proyecto. Hicimos todos un esfuerzo para tratar de integrarlo en ese fondo. Eso agregó algunos meses más al proceso, pero me parece que era lógico que si se había creado un fondo porque las AFAP no querían estar atrás de los aspectos técnicos de los proyectos y se habían sumado todas y se habían juntado con la CAF para hacer ese instrumento, se metiera este proyecto ahí dentro.
