EC —Pero volviendo a los proyectos de ley, a las posibilidades de incidencia por esa vía, incluso coincidiendo con otros sectores políticos, ¿qué ejemplos maneja?
ER —Presentamos un proyecto de ley que es el Plan Nacional de Vivienda Popular, atendiendo a una realidad; el Mides publicó hace poco una encuesta que habla de 1.300.000 uruguayos con problemas de vivienda. Pero más allá de las encuestas, usted recorre el Uruguay y el tema de la vivienda es un tema grave, serio, que incide en todo, incluso en los temas de la convivencia social, de la violencia social. Y una coyuntura como esta, en que podemos juntar dos grandes problemas, por un lado el problema de la vivienda –que es endémico, Uruguay tiene un déficit habitacional histórico– y por otro lado el tema de la falta de trabajo –como dice el Gobierno, el enlentecimiento de la economía, nosotros decimos más claramente la presencia de una crisis económica que tiene un peso grande en el desempleo–, es momento de una inversión pública que resuelva el problema social y resuelva también el problema de trabajo.
Ese proyecto, que es realmente ambicioso y propone otra mirada, rescatando historias del Uruguay en materia de vivienda –porque no es que Uruguay no haya tenido políticas de vivienda históricamente, vayamos a lo que eran las viviendas del Banco Hipotecario, el proyecto de INVE–, es además un plan destinado a los sectores de menores ingresos. El proyecto fue de los primeros que presentamos y encontró un eco social impresionante, inesperado para nosotros.
Ya existía un movimiento que lleva el nombre Quiero Comprar Mi Casa, que no conocíamos, nos encontramos en el debate sobre la vivienda, que tiene organización en distintos departamentos y tiene gente de todos los partidos políticos. Me da mucha gracia porque cuando un diputado de cualquier partido me llama al despacho para pedirme el proyecto, sobre todo los diputados del interior, ya sé que lo visitaron, porque opera así. Y hoy tengo diputados del Frente, del PN y del PC que han dicho claramente que están dispuestos a respaldar este proyecto discutiendo parte de él.
EC —¿Qué diferencias tiene lo que propone ese proyecto con los planes de vivienda que se han implementado en estos gobiernos del FA?
ER —Es que planes de vivienda no han existido. Usted no me puede decir que el Plan Juntos es un plan de vivienda, ahora además lo incorporaron al Ministerio de Vivienda. Fue una idea del presidente Mujica que desde el punto de vista de la construcción de viviendas fracasó. Lo que llaman ahora planes de vivienda social, que vemos acá en Montevideo en los carteles en los edificios, son apartamentos que salen US$ 120.000 con una cuota de $ 25.000 mínima. Eso no es una vivienda social.
Lo que nosotros proponemos es que el Estado se transforme, cumpliendo con lo que marca el artículo 45 de la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y el Estado deberá proporcionársela. El Estado tiene que invertir en vivienda, pero invertir sustantivamente, sustancialmente, nosotros hablamos del 1 % del PBI, eso genera un shock de construcción de viviendas. Y planteamos viviendas de calidad a nivel nacional, incluso proponemos que en el interior los adjudicatarios sean empresas locales, priorizando cooperativas de trabajadores, planteamos generar bolsa de compra de materiales. Y planteamos que el adjudicatario, ya sea una mujer jefa de hogar, un matrimonio, una persona sola, tiene que estar entre la remuneración mínima y una canasta familiar, y que el costo de la cuota de la vivienda no supere el 10 % del ingreso familiar. Ahí está la diferencia. No exige ahorro previo, no es impedimento que usted esté en el Clearing, es una política social de vivienda social.
Claro que está subsidiado, pero ¿cuánto gana el Estado? Si yo genero 15.000 puestos de trabajo directo en este momento, ¿cuántas tarjetas de Mides menos tengo que dar?, ¿cuántos seguros de desempleo menos tengo que pagar? ¿Cuánto recauda el Estado en 15.000, 20.000 personas consumiendo dignamente? Creo que hay una compensación.
EC —¿Ustedes han hecho esas cuentas? Porque la pregunta inmediata es de dónde sacar esos recursos en un momento en que estamos con un déficit fiscal alto, dificultades de recaudación, la economía enlenteciéndose, etcétera. ¿Tiene los números hechos con cuidado?
ER —En términos generales, el planteo obedece a una visión de cómo ordenar la sociedad, de cómo encarar la economía, en qué gastar, en todo caso para qué endeudarse, porque la deuda que tenemos hoy es un disparate, pero el problema es para qué nos endeudamos. Vayamos a un término familiar, si yo saco un préstamo y me cuesta tanto, pero ese préstamo lo transformo en mi casa, a lo largo de mi vida no perdí esa plata, me costará más o menos pagarla, pero está allí, genera riqueza, genera seguridad, mis hijos van a tener donde vivir. En la sociedad es parecido. ¿De dónde sacar recursos? Tanto en el Presupuesto como en la Rendición de Cuentas hicimos una serie de propuestas. Tomando solamente declaraciones del ministro Lorenzo, cuando dijo en ADM que el Estado uruguayo había resignado de recaudar por ley de inversiones, por promoción de algún tipo de inversiones, algo así como US$ 10.000 millones en seis años, toda esa resignación fiscal, que es muchísimo dinero, ¿redundó en riqueza para nosotros, en redistribución de la riqueza, en generación de empleo?
EC —Es una pregunta difícil de contestar. ¿Cuáles de esas inversiones se hubiesen hecho de no haber existido esa renuncia fiscal?
ER —Claro, pero ahí tenemos que preguntarnos: esas inversiones que se hicieron, de las que se hicieron, en un proyecto de país soberano, con justicia social, con un crecimiento real, sustentable, ¿cuáles incidieron positivamente? Habría que revisarlas. Ahora en medio de la Rendición de Cuentas saltó que UTE está tirando agua porque no le sirve generar energía que podríamos estar generando a US$ 7 el megavatio, hoy tiene compromisos con los generadores privados de energía de comprarles energía, porque los contratos son una cosa insólita. Yo quiero tener un negocio de esos, que antes de ponerlo sé cuánto puedo invertir y cuánto voy a ganar. No existe en el mundo, ni capitalismo es eso, porque el capitalismo debería implicar un mínimo de riesgo para el inversor. Estamos pagando mínimo tres, cuatro veces el costo del megavatio por compromisos con inversiones que se hicieron.
EC —Se supone que esos compromisos tienen sus ventajas por otro lado. Son un seguro para contar con una fuente alternativa, la eólica, que evita tener que gastar más en generación con combustibles fósiles.
ER —Seguro, y cuando dentro de 25 años el Estado uruguayo se quede con esos molinos, que es parte del compromiso y del convenio que se hizo, tendremos que encargarnos de desmontar molinos que tienen una vida útil de entre 25 y 30 años. Son malos proyectos de inversión. No la energía eólica, que es buenísima, sino cómo la encaramos.
Ahora el Gobierno festeja una nueva planta de celulosa porque en los números dice que va a haber US$ 4.000 millones de inversión. Después hay que ver qué implica esa inversión, porque la mayor parte va a ser una estructura que viene prefabricada, que viene en tránsito, que entra en el puerto y va por una zona franca. Ese es el número real. Claro, después me pinta el PBI, creció tanto, y me mejora la relación deuda externa-PBI y puedo seguir endeudándome teóricamente con intereses convenientes. Pero a la larga al Uruguay, como proyecto de país, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la soberanía, ¿qué nos deja? Eso es lo que cuestionamos.
Usted preguntaba de dónde sacamos los recursos. Planteamos primero revisar la ley de inversiones, incluso planteamos derogarla; planteamos revisar a fondo la ley de zonas francas; propusimos medidas concretas en cuanto a d dónde sacar dinero. Por ejemplo, me enteré en la Rendición de Cuentas –sé que fue discutido dentro del FA, pero después los diputados que querían proponerlo no pudieron y lo propuse yo– de que Casinos del Uruguay subvenciona los premios de Hípica Rioplatense. Ahí tuve un debate con un diputado: “¿Vos no querés el trabajo que da el hipódromo?” Yo no tengo ningún problema con el trabajo que dan los hipódromos, y estos que están en manos privadas. Lo que me parece mal…
EC —El Estado subvenciona con parte de las ganancias de casinos del Estado.
ER —Con parte de las ganancias de casinos del Estado, que además están concesionados a la misma empresa. La empresa ya gana con el casino, debe de ganar con los hipódromos, hace su negocio y ahí genera una dinámica. Ese sería otro tema de discusión, incluso una discusión de profundo contenido batllista: qué utilidad les damos a los resultados del vicio social. El batllismo determinó que eso tiene que ser utilizado en función de la inversión pública; comparto ese criterio batllista. Pero no quiero discutir eso, lo que me parece espantoso es que le estemos pagando los premios a una multinacional del juego que es tremendamente rentable. Ahí tengo US$ 13,5 millones por año.
