EC —Vayamos a las que sí se cumplieron total o parcialmente. La que se cumplió fue cerrar la oferta del Mercosur a la Unión Europea en la negociación por un tratado de libre comercio. Y se ejecutaron parcialmente otras tres. Una era la de concentrar a ANCAP en el cumplimiento de sus funciones esenciales…
P da S —Eso se hizo en lo que refiere a la producción de bebidas alcohólicas y algunos productos conexos; no se hizo con el resto de la empresa. La prueba es que tenemos por ejemplo a la División Pórtland, que sigue perdiendo mucho dinero, sus ventas no alcanzan ni de cerca a cubrir los costos operativos. En ese caso, como en otros, no se hizo nada por mejorar a esa empresa que debería tenernos a todos los uruguayos en estado de alerta. La empresa más grande del país, una empresa que funciona desde los años 30 y que nunca había debido ser recapitalizada hasta ahora, porque se generó el desastre que se generó. La propuesta hace un año era entrar a fondo ahí, revisar una por una todas las unidades de negocio, tratar de ajustar todo lo que se pudiera para que Ancap jugara a favor y no en contra de los uruguayos, para que significara un apoyo a la producción y al bienestar de la población, y no un costo que tenemos que pagar de nuestros bolsillos. Lamentablemente se hizo solo muy muy parcialmente.
EC —Las otras dos medidas que se cumplieron parcialmente son frenar el proyecto de la regasificadora y aliviar la carga impositiva sobre el sector pesquero.
P da S —Una vez más, en el caso de la regasificadora, el gobierno dio algunos pasitos, por lo pronto le quitó prioridad al proyecto, pero no se ha animado a reformularlo profundamente ni ha a cerrarlo. El resultado es que seguimos perdiendo US$ 4 millones por año, en un proyecto que toda la gente que entiende del tema dice que es totalmente inviable. US$ 2,5 millones por año en sueldos de gente que está cobrando todos los meses por hacer algo que lo más probable es que no tenga ningún futuro.
EC —¿Y la tercera, la de la carga impositiva del sector pesquero?
P da S —Hubo algún pequeño estímulo, otras cosas que no [se hicieron], el sector pesquero sigue estando en una situación extremadamente difícil.
EC —¿Les parece que lo que ocurrió en esas en las que hubo avances parciales con respecto a lo que ustedes pedían tuvo algo que ver con el hecho de que Lacalle Pou presentara un documento? El gobierno da a entender que son cosas que tenía entre manos, que pensaba hacer, etcétera.
P da S —El gobierno también daba a entender que estaba haciendo muchas cosas más y resultó no ser así. De todas maneras, nosotros no juzgamos intenciones, ni mucho menos queremos que el gobierno no haga las cosas que nosotros proponemos hacer, porque lo hacemos con un espíritu muy constructivo, lo que queremos es que el gobierno haga. Una de nuestras mayores preocupaciones es que este gobierno está haciendo muy pocas cosas y sobre todo las está haciendo a un ritmo muy lento. Entonces, si las va a hacer porque nosotros las propusimos, porque ya las tenía pensadas o por cualquier otra razón, no es demasiado importante. Lo que le pedimos por favor al presidente es que haga.
EC —¿Cómo seleccionaron los temas que forman parte del texto de este año?
P da S —Hay una serie grande de criterios. Un primer criterio es que sean cosas que se puedan hacer en el curso de un año. Esto no es un documento programático, no es un plan de gobierno alternativo, son cosas que se pueden hacer en el correr de 12 meses. El segundo es un criterio de urgencia, hay cosas que no da lo mismo hacer hoy o dentro de dos años porque los costos son enormes, entonces ese componente es para nosotros enormemente clave.
Una cosa que nos preocupa mucho es que percibimos que el gobierno ha perdido el sentido de urgencia, está avanzando a un tranco extremadamente lento, que tiene costos muy graves para los uruguayos. Por poner solo un ejemplo: el presidente en su cadena habló de sus proyectos de reparar la infraestructura vial del país y de los proyectos que se van a hacer en el marco de las PPT, y dijo con alegría, como una buena noticia, que ya había un par de proyectos adjudicados, es decir, que se había terminado el proceso, se presentaron los privados, se hizo la licitación, se evaluaron las propuestas y se adjudicó. Y presenta eso como una buena noticia. Lo que no dijo es que la primera de esas adjudicaciones es del año 2015; estamos en el año 2017, ya está todo, están tomadas las decisiones, están los contratos, están los recursos… y no se movió una máquina, no se hizo un kilómetro. Y en ese año larguísimo que pasó desde que se adjudicó esa obra hasta hoy no es que todo siga igual, las rutas se siguen deteriorando, los productores siguen teniendo problemas y sobrecostos para sacar su producción, los uruguayos que quieren ir a ver a sus familias o que quieren pasear, lo que buenamente quieran hacer, tienen dificultades para trasladarse. Entonces nos preocupa mucho es esa falta de sentido de urgencia que estamos percibiendo en el gobierno. Por eso otro criterio para seleccionar las medidas es que tengan un componente de urgencia que nos parece clave.
EC —Ese capítulo PPP es destinatario de una de las medidas que ustedes plantean ahora.
P da S —Parece muy claro que hay un problema. Hace muchísimos años que existe la ley, hace muchos años que fue reglamentada y lo único que hay es una cárcel a medio hacer. Cuando se habla de las PPT y de su importancia no hay que perder de vista que desde que existe esa ley –que si no me equivoco es de 2012– no se hizo un kilómetro de ruta ni de vía férrea por un privado en el marco de las PPT, ni una cuadra.
EC —El propio ministro Víctor Rossi ha hablado de la lentitud de los trámites.
P da S —Se ha quejado amargamente.
EC —¿Qué es lo que hay que hacer?
P da S —Lo primero que hay que hacer es ejecutar todo lo que está ya hecho. Por ejemplo, las obras que están adjudicadas tienen que empezarse mañana, no hay razones jurídicas ni económicas ni presupuestales ni de ningún tipo que justifiquen que se siga demorando.
Lo otro que hay que hacer es terminar los procesos de licitación que están en marcha a la mayor brevedad posible, para lo cual proponemos instruir al conjunto de funcionarios que tienen que ver con esos procesos para actuar con la mayor diligencia. Pero además hay que armar un grupo de trabajo para evaluar –una cosa que este gobierno no hace nunca– las consecuencias de las políticas o de las decisiones que toman, para ver dónde están los problemas. Sabemos que hay por lo menos dos grandes núcleos. Uno es que hay una cantidad excesiva de trabas burocráticas, que es el punto del que el propio ministro se ha quejado, pero también se quejan los privados que se asoman a este asunto. Y el otro es que la distribución de riesgos y de beneficios que siempre hay en esta clase de marco legal no es suficientemente atractiva para que los privados se vuelquen a esto. De hecho, cada vez que se han abierto licitaciones, el número de privados que se han presentado ha sido reducido. Hay que escuchar a aquellos que queremos que se involucren en este asunto –porque estamos todos de acuerdo en que con presupuesto nacional no vamos a hacer todo lo que hay que hacer, hace falta intervención privada–, identificar dónde están los cuellos de botella y con la mayor celeridad mandar un proyecto modificativo de la ley que permita solucionar esos temas. ¿Cuánto más vamos a esperar antes de darnos cuenta de que esta ley no está funcionando?
EC —Usted comenzó comentando una de las medidas, la relativa a la forma de llevar a cabo inversiones que están pendientes en infraestructura, el instrumento de las PPP.
P da S —Sí, pero no me gustaría dejar sin terminar de contestar la pregunta de los criterios. Los criterios son: que se pueda hacer en un año, la urgencia, el abarcar distintas áreas de actividad y que no sean muchas, porque tampoco pretendemos hacerle la agenda al gobierno. El que ganó las elecciones fue el Frente Amplio (FA), nosotros respetamos escrupulosamente el resultado y son ellos los que tienen que tener la iniciativa. Pero sí nos importa arrimarle un conjunto de ideas que nos parecen importantes y que nos parece que tendrían un gran valor emblemático si se ejecutan en el curso de 12 meses. Es una manera de decir como país que nos pusimos las pilas y que este estado de inacción en el que estamos ha cambiado. Por eso no pretendemos ninguna paternidad sobre esto ni queremos que nadie salga a aplaudirnos porque las propusimos. Lo que queremos es que se hagan y que los uruguayos recuperemos la confianza en que podemos actuar con dinamismo, podemos dar respuestas rápidas a las dificultades que tenemos y podemos generar oportunidades de mejora para todos.
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