EC —El TCA formula otras objeciones de tipo técnico. Recuerda que de acuerdo con la Ley 12.803 los regímenes de dedicación total están sujetos a que por ley se creen cargos, además de estar sujetos al cumplimiento de un horario mínimo de 40 horas semanales y a un régimen de exclusividad. “Esta Ley es de carácter general y está vigente, por lo que es aplicable en todos los casos y no puede ser soslayada por un decreto que es de rango inferior a cualquier norma legal. [Pero] Aun cuando no existiera esa norma legal persiste la imposibilidad de restringir por vía de decreto el derecho al trabajo que es un derecho de rango constitucional, por tanto, solo pasible de limitación mediante leyes dictadas por razones de interés general”.
ECa —Ahí están las observaciones centrales del TCA. Con relación a la carrera funcional vamos a incursionar en una rerredacción del decreto, que mantenga la estructura propuesta, por lo tanto no se pierde ningún activo en ese sentido ni ninguna inversión, incorporando las observaciones del TCA, o sea, realizando concursos para la provisión de los cargos de dirección, en un plazo equis. Mantendremos lo que el propio Tribunal dice, la transitoriedad de las funciones que son actualmente desempeñadas, hasta que los concursos sean realidad –en un plazo equis que después veremos– y haya financiamiento, créditos presupuestales, etcétera. Me parece que es una buena forma, en la cual no incursionamos porque entendíamos que el decreto no lesionaba absolutamente ningún derecho, y lo seguimos entendiendo, pero no es del caso discutir –no soy jurista tampoco– con el TCA. Acá hay que acatar e incorporar esto al nuevo decreto.
Con relación a la segunda observación, que es la exclusividad, no tengo ningún inconveniente, creo que los funcionarios de conducción de la DNA están suficientemente comprometidos y apasionados con la reforma y ese no es un impedimento.
EC —¿En qué sentido no es un impedimento? ¿Puede explicar un poco mejor qué es lo que se estaba discutiendo acá?
ECa —Si el TCA entiende que exigir la exclusividad debe hacerse por ley y no por decreto, bajo las aspiraciones. Entiendo que no tenemos necesidad de decirles a los funcionarios que van a acceder a cargos de conducción de aquí en más que su dedicación es exclusiva, porque lo van a hacer motu proprio.
EC —El otro camino posible era establecer una ley. ¿Por qué no van por el cambio de la ley?
ECa —La ley tenía diversísimos inconvenientes. Uno de ellos es obvio, se ingresa en la consideración parlamentaria, tiene que pasar exactamente por los filtros que usted mencionó, pero además por la consideración parlamentaria. Eso implica una discusión más amplia, que legítimamente tiene que llevar todo el tiempo que sea necesario. Es la reforma de un organismo de la Administración Central del Estado, y podía suceder que la legislación fuera aprobada tres, cuatro o cinco años después de asumir la nueva administración, con lo cual terminaríamos el mandato sin haber hecho absolutamente ningún cambio. Lo que hicimos, en beneficio del comercio exterior, de los uruguayos y del trabajo de los uruguayos, fue demostrar que en tres años, a través de un decreto, que entendemos que es constitucional, legal, que tiene todas las garantías para los funcionarios, otro camino para el Estado es posible, que puede haber un Estado eficiente, moderno, aggiornado, modelo para América y para otras aduanas del mundo, que adopte las mejores prácticas aduaneras y las integre en su organización y en sus procedimientos, etcétera.
Creo que lo hicimos con creces, ese es el activo que hemos ganado en estos tres años de la reestructura. Es el activo que nos permite tener apoyo entre los funcionarios, no personal, sino a la idea de la reforma del Estado. Yo no vacilo, quizás sea un poco altisonante, en decir que este es un episodio de la reforma del Estado y un episodio al que le tengo mucho cariño. De repente lo magnifico, pero no es un pequeño episodio, es un gran episodio. Por lo tanto, lo del principio, entiendo que es una gran oportunidad para blindar esta reforma, y no solo eso, sino avanzar frente a las acechanzas de aquellos que están en contra, que quieren conservar el statu quo o incluso volver atrás.
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EC —Recibimos un correo electrónico de Mario Baubeta, que ha sido directivo del Centro de Navegación, que conoce de los temas aduaneros por su actividad profesional. Baubeta dice: “La gestión aduanera tiene un antes y un después de la administración del contador Enrique Canon y su equipo. No hay lugar para nostálgicos de una Aduana con estructura ineficiente basada en el carimbo de los funcionarios en cada trámite. La reestructura esta es un ejemplo de la reforma del Estado que el país necesita para fundar el crecimiento económico”. Es muy elogioso con lo que se ha hecho, y como contracara preocupado por lo que podría implicar la resolución del TCA. Ha habido otros pronunciamientos en ese tenor, por ejemplo de los despachantes de aduana, de la intergremial de transportistas. ¿Cuánto tiene que ver esta reestructura con esto que el oyente llama “carimbo”?
ECa —Tiene que ver, pero no es el único punto y no quiero que tape el conjunto de la reestructura; es un episodio no menor. La Aduana –es un secreto a voces– tenía la reputación –que aún conserva, pero marginalmente– de ser una institución con un grado de corrupción mayor que otras, para decirlo de una manera eufemística. Eso tiene que ver con esta gestión, no hay garantía de que un decreto solucione este problema. Las causas de ese mal fueron múltiples, y sostengo además, he sostenido siempre, que la mayoría de los funcionarios aduaneros son honestos, trabajadores y que son quienes conocen la Aduana. El conocimiento aduanero ahora empieza a impartirse en algunas universidades, pero antes no se impartía en ningún instituto de enseñanza, incluso en la Facultad de Derecho el derecho aduanero era un derecho con poca dedicación.
EC —¿De qué manera una estructura como la que ustedes han estado impulsando combate ese tipo de patología?
ECa —Me da lugar a lo que yo llamaba “describir la pesadilla”.
EC —¿“Pesadilla”?
ECa —Las consecuencias, en la peor hipótesis, de esta resolución del TCA que hace caer el decreto de reestructura, situada el 17 de agosto porque el decreto actual está vigente hasta el 16 de agosto. Nos situamos en que el 17 de agosto no hay alternativa. Es contrario a mi pensamiento, a mi convicción y a los esfuerzos que voy a hacer, pero supongamos la peor hipótesis. Caen 68 remuneraciones y funciones –no los puestos de trabajo, pero sí las funciones– importantes. Por lo tanto cae un incentivo a la jefatura, porque en cualquier organización uno de los incentivos es el económico. Hay muchos más, otro es el orgullo de ser aduanero que han recuperado muchos funcionarios, entre ellos el conjunto del equipo que conduzco orgullosamente. Cae uno de los incentivos, que no es poco importante. Uno podrá recurrir a la voluntad, a la conciencia, a la convicción, pero ¿cuánto dura en el tiempo que los funcionarios sigan apostando a la modernización de la Aduana y trabajando como lo han hecho en estos últimos tres años, de una forma ejemplar, perdido ese incentivo? ¿Cuánto tiempo se les puede exigir ese sacrificio cuando la caída de su remuneración es realmente importante, de $ 168.000 –que no me parece nada descabellado, por la responsabilidad que tienen– a $ 70.000?
