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Entrevista central, martes 28 de noviembre: Pablo Mieres

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EC —¿Y en cuanto a lo que también señala, que el texto prevé algo parecido al registro?

PM —Me parece que no es exactamente igual, hay que discutir la publicidad del registro.

EC —Ese es el punto crítico.

PM —Es el punto neurálgico. Alguna gente dice –incluso compañeros nuestros del partido– que si es público es un riesgo porque promueve el hacer justicia por mano propia y estigmatiza para toda la vida. No creo que una persona deba estar de por vida en un registro, creo que todo esto tiene que estar acompañado de algo que en Uruguay no tenemos bien desarrollado, que es el seguimiento. Se ha hablado de las tobilleras, que es una cosa interesante. Todo el tema de seguimiento de las personas que delinquieron por razones de agresión sexual es un asunto que tenemos que desarrollar mucho más.

EC —En el caso del proyecto de Lacalle Pou “el registro funcionará bajo la órbita del Ministerio del Interior y podrá ser consultado por cualquier persona que solicite la información de acuerdo a la reglamentación que adopte el Poder Ejecutivo. Naturalmente, también podrá ser consultado por el Poder Judicial”.

PM —Está muy bien eso, es razonable, es un mecanismo que permite aumentar el control sobre personas que ya tienen antecedentes. De cualquier manera, se supone que el Ministerio del Interior ya cuenta con los antecedentes y seguramente los maneja en el trabajo policial. Que la policía y el Ministerio del Interior manejen los antecedentes de los delincuentes, no solo de los agresores sexuales, sino de cualquiera de ellos, es parte fundamental del trabajo policial. Pero que eso sea un registro específico y que sea consultable por un ciudadano, consultable por el Poder Judicial, es un avance que habría que incorporar. Repito, la perfección para evitar este tipo de cosas es imposible, lo que sí debemos es extremar los cuidados. El procedimiento con el asesino de Brissa es insólito, primero va a un hospital, la segunda vez va al Comcar, después termina libre sin ningún tipo de seguimiento, incluso tenía denuncias de violencia doméstica de ahora, recientes, y denuncias de acoso a menores. Todo eso estaba como descoyuntado. Ese es uno de los problemas que tenemos, la incapacidad de observar integralmente la problemática o la situación de un determinado individuo peligroso.

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EC —El debate sigue, no hay forma de agotarlo. Por ejemplo, mirando los mensajes de los oyentes me encuentro con este de Juan Carlos que pregunta: “Si es legal encerrar a los ‘locos’ en un manicomio, ¿por qué no sería legal encerrar a los abusadores?”.

PM —Claro, ahí hay un punto muy pertinente. Esas personas delinquen, obviamente tienen que ser penadas por los delitos que cometen, pero además son enfermas. La pregunta es: ¿el Estado simplemente se queda con la parte de la pena por el delito cometido, o además tiene una obligación, en el caso de un desequilibrio psiquiátrico profundo, de internación y de tratamiento, y en definitiva de un seguimiento que pueda determinar que el plazo de internación sea superior a la propia pena por el delito? Son cosas que hay que discutir. Este señor empezó en el Vilardebó y después fue al Comcar. Yo qué sé, me parece que hay falta de una mirada integral sobre el caso.

EC —¿Cómo sigue en el plano político, parlamentario este asunto ahora?

PM —Creo que consistente con lo que he sostenido, estamos dispuestos a votar una norma que permita establecer ese registro. Y obviamente deberíamos discutir también otras medidas. Pero estas medidas son más de tipo administrativo, porque muchas veces se pretende que la ley resuelva las cosas, y en realidad hay muchas cosas que dependen de cómo se administran, cómo se administra justicia, cómo se hace el seguimiento de los delincuentes, dónde se los aloja. Y por supuesto el tema de fondo, cuál es el rol del instituto carcelario. Ahí estamos en un déficit muy grande, porque por más esfuerzos que se han hecho, tenemos una realidad carcelaria que debería modificarse sustancialmente. Basta con hablar un rato con Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para las Cárceles, para constatar que tenemos problemas pendientes.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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