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Entrevista central, miércoles 13 de setiembre: Pablo Mieres

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RA —Cuando yo decía lo del punto final o no, me refería a que esto pasó al ámbito de la justicia. ¿No corresponde ahora que sea la justicia la que siga con este tema y el sistema político se aboque a otras cuestiones?

PM —El sistema político tendría que haberse abocado a otras cuestiones durante todo este tiempo. Porque el sistema político no puede ser monotemático, tiene que tener muchos temas a la vez. Nosotros estamos preocupados por la educación, estamos preocupados por que el gobierno no tiene agenda. Y no creo que el gobierno empiece a tener agenda porque se resolvió el tema Sendic, no creo que el gobierno no tenga agenda porque estaba con el problema del vicepresidente. El gobierno no tiene agenda porque se le acabó la agenda, porque está con poca propuesta, porque el FA está mostrando señales de agotamiento en su gestión pública. Esa es la razón de la falta de agenda, no que estuvo preocupado por Sendic.

Una de las cosas preocupantes de todo esto es que se agarre el caso Sendic, se lo envuelva, se lo tire para afuera y se diga “ahora está todo bien”. No está todo bien, hay un montón de cosas que no funcionan bien. El gobierno no tiene agenda, tiene una agenda centrada en lograr que UPM salga. No está reformando la educación, no está reformando el Estado, no está reformando las empresas públicas, está en una especie de inercia. No creo que porque Sendic se vaya esa cuestión cambie, porque esa cuestión tiene que ver con una falta de proyecto del partido de gobierno.

Ahí sí la crisis del partido del gobierno, la confrontación interna que tienen por diferentes formas de encarar, entre otras. Porque una cosa es el fallo del TCP y otra es Mujica diciendo “somos todos iguales”, son diferencias radicales. Todo eso y otras diferencias que tienen que ver más con programa y con decisiones de gobierno hacen que tengamos un problema que va mucho más allá del caso Sendic. Sería muy fácil decir “concentramos todo el mal”, y sería muy injusto, porque Sendic ha tenido inconductas que yo fui de los primeros en cuestionar, pero no creo que sea el único, ni creo que todo sea cuestión de decir “ahora se exorcizó a Sendic entonces está todo bárbaro”. Eso es un grave error de concepción y una gran injusticia.

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RA —Ustedes señalan que el FA deberá rendir cuentas por este episodio. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que entienden que debe hacer el gobierno frente a esta situación?

PM —Básicamente tiene que ver con que la ciudadanía está juzgando estas cosas. Y estas cosas no son solo la tarjeta corporativa, estas cosas tienen que ver con por qué Ancap se fundió, por qué tuvimos que poner US$ 600 millones para evitar la quiebra patrimonial de Ancap, por qué Ancap perdió US$ 800 millones en cuatro años. No fue solo mala gestión, aquí hubo negocios ruinosos y hubo irregularidades muy graves; en su momento presentamos a la justicia lo que creímos que tenía trascendencia penal. Pero está el Fondes en la justicia, están los negocios con Venezuela en la justicia. Desde Presidencia de la República se nombró una empresa privada que está dirigida por personas vinculadas al sector del expresidente Mujica para que hiciera negocios directos de intermediación en el comercio con Venezuela. Eso también tiene que investigarlo la justicia.

RA —Ahí estamos hablando del período pasado.

PM —Sí. Y ahora empieza una investigación parlamentaria sobre las irregularidades de ASSE. Sobre todas esas cosas el FA y su gobierno tendrán que rendir cuentas ante la ciudadanía. ¿Cómo se miden esas cuentas? En la opinión pública. La ciudadanía se expresa como puede, se expresa a través de la opinión pública, en distintas manifestaciones, y se expresa después con el voto. En una democracia ese es el momento en que se rinde cuentas.

RA —Usted dice que la ciudadanía le tendrá que “pasar factura” por este tipo de cosas.

PM —Claro, es así, debe ser así y es sano que sea así.

RA —La declaración del PI dice también: “Este episodio lamentable pretende poner punto final a una larga trama de desprolijidades, irresponsabilidades y manejos turbios de dineros públicos que no fueron de exclusiva responsabilidad del Sr. Sendic”. ¿A quién más apuntan con este comentario? ¿En quién más recae la responsabilidad por lo sucedido?

PM —Estoy convencido de que en el caso de Ancap –en el que Sendic tiene responsabilidades directas porque fue su presidente en el período que está considerado objeto de la denuncia penal– hay muchas cosas que no eran responsabilidad de Sendic directamente; podrían ser otros directores, podrían ser gerentes, podrían ser decisiones políticas. Eso lo tiene que dictaminar la justicia. Nosotros lo que hicimos fue denunciar hechos sin establecer responsabilidades personales.

RA —Pero usted que participó en la comisión investigadora, cuando habla de decisiones políticas, ¿a quién apunta? ¿A quien era presidente entonces?

PM —No lo sé, no puedo hablar sin pruebas. Pero noto que se usó el mecanismo de las empresas privadas de capital estatal para evitar, por ejemplo, licitaciones. ¿Por qué el negocio de la cal se hizo a través de Cementos del Plata y no lo hizo directamente Ancap, que era la que producía el cemento y tenía sus plantas de cemento? ¿Por qué la planta de cal, en vez de hacerse dentro de Ancap, se hizo a través de Cementos del Plata? Esas son cosas que están en la justicia. ¿Por qué se otorgó el contrato de transporte de cal a dedo a un señor que vino con la idea del negocio, por el cual cobró una cifra tan sideral que el año pasado el nuevo directorio la bajó a la mitad y ni pestañearon? ¿Por qué se nos dijo que no existían empresas para transportar cal en Uruguay, que por eso se le dio a esa, porque era la única que podía hacerlo, algo que luego quedó en evidencia que era totalmente falso? Todo eso son responsabilidades políticas que creo que tienen trascendencia penal, que se están investigando.

RA —Pero por ahora toda la atención cayó en Sendic.

PM —Claro, y me parece que eso no es correcto, porque probablemente en muchas de esas decisiones haya responsabilidad de Sendic, pero no en todas. No sé, por ejemplo, si en el arrendamiento del remolcador privado –que nace a partir de que Ancap rechaza el que construyó la Armada– hubo siquiera conocimiento de Sendic. Creo que acá hay responsabilidades también de la gestión pública que no tienen que ver directamente con una persona. Concentramos todo en una figura que se convierte en chivo expiatorio, con razones, porque esa figura cometió irregularidades, actuó de manera indebida, el resultado político es el resultado de su inconducta. Pero ojo, no es el único.

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