EC —¿Y con qué vuelve? Con la “formación” que obtuvo en la cárcel.
JD —La universidad del delito.
EC —¿Qué papel le corresponde a la víctima del nuevo Código del Proceso Penal?
JD —La víctima hoy en día no tiene ningún derecho. Más allá de un artículo 3 de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador que se coló ahí, que poco o nada tenía que ver con la creación del delito, prácticamente no tiene ningún derecho.
EC —Algo difícil de entender. La víctima queda en manos del fiscal, es el fiscal quien supuestamente defiende sus intereses, su postura.
JD —El Estado monopolizó la acción penal. El principal monopolio que tiene el Estado no es el de los entes autónomos, es el ejercicio de la acción penal. El Estado monopoliza la acción penal, desplaza a la víctima. A nivel mundial se le han ido reconociendo derechos a la víctima. Hoy le decimos a la víctima “Venga, deme su testimonio, présteme su cuerpo, ábrame su mente porque lo va a ver un psicólogo, el cuerpo lo va a ver el forense, y después váyase para su casa. Y no moleste porque usted no es parte”.
EC —Entérese cuando vayan saliendo las noticias.
JD —Exactamente.
EC —Eso cambia ahora.
JD —Cambia, porque la víctima tiene un elenco de derechos claramente establecidos, puede no solamente formular la denuncia, aportar prueba, puede oponerse a la decisión del fiscal de archivar su denuncia. Hoy cualquier acto jurídico que dicta cualquier funcionario, del presidente de la República para abajo, es recurrible. Hoy el presidente dicta una resolución, y si me afecta la puedo recurrir, incluso ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero si el fiscal pide el archivo es irrecurrible.
EC —Eso cambia.
JD —Eso cambia, la víctima se va a poder oponer, y ahí se dispara un mecanismo por el cual otro fiscal revisa, etcétera. Puede proponer prueba, puede coadyuvar con la actitud del fiscal. Obviamente puede celebrar acuerdos reparatorios en los casos en que la ley así lo establece, etcétera. Tiene un elenco de derechos, y sobre todo un reconocimiento como sujeto y no como objeto. Este es un cambio brutal. El legislador no se animó a dar el paso de erigir a la víctima como querellante, permitirle acusar junto con el fiscal o en sustitución del fiscal, como existe en otros derechos. Es cuestión de tiempo, me parece que van a pasar un par de años más y vamos a reconocerle a la víctima el derecho a ser un querellante.
***
EC —La entrada en vigor del nuevo Código del Proceso Penal está prevista para el 16 de julio, después de varias postergaciones que ha tenido.
JD —Una.
EC —Y una discusión larguísima.
JD —Llevamos 40 años de discusión. Postergación-postergación ha habido una sola, porque el legislador cuando aprobó el Código dio un plazo de dos años y la fecha originaria era el 1.º de febrero de este año. Prórroga hubo una sola, hasta el 16 de julio.
EC —Pero usted entiende que no dan las fechas, que falta tomar una serie de medidas, que para el 16 de julio eso no va a estar pronto y por lo tanto conviene postergar la entrada en vigor para noviembre. ¿Cuáles son sus razones?
JD —Aclarando, dijo el vasco, y le echaba agua a la leche. Yo en ningún momento dije que debía necesariamente prorrogarse y no entrar en vigencia el 16 de julio. El martes de la semana anterior concurrí a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, donde fui consultado, entre otras cosas, por el proyecto de derogación del delito de abuso innominado de funciones y se me consultó sobre una nota que yo había remitido en julio del año pasado al Senado de la República diciendo que era necesario, imprescindible, eliminar el instituto de la libertad condicional en el nuevo Código.
Cuando se me consulta sobre ese instituto, contesto –está en las actas de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República– que en reiteradas oportunidades, en esa misma comisión, había yo ya adelantado la posición de que el instituto de la libertad condicional tenía que ser derogado, que es un instituto propio del sistema inquisitivo y que no puede, no debe existir en un proceso acusatorio, porque eso genera impunidad. Expresé también que en eso existía acuerdo entre todos los operadores del sistema.
Y manifesté que hasta el día de hoy está trabajando una comisión de implementación que fue creada por decreto del presidente de la República, integrada por técnicos del Poder Judicial, del Ministerio del Interior, de la Fiscalía y del propio Parlamento. Que en esa comisión se habían detectado una serie de inconsistencias normativas y se había elaborado un proyecto técnico que buscaba solucionarlas. Y que yo pensaba que por alguna vía ese proyecto iba a finalizar a estudio del Parlamento. Y que había modificaciones –que hay hasta el día de hoy– que son absolutamente imprescindibles. Primero, lo que ya hablamos de la libertad condicional, a lo que le debemos sumar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ambos institutos propios del sistema inquisitivo, que no pueden existir en un sistema acusatorio porque generan impunidad, lisa y llanamente. Segundo, entendemos que no puede haber un proceso para adolescentes inquisitivo y un proceso para adultos acusatorio, primero porque es irracional, y en segundo lugar porque genera disfuncionalidades en el sistema absolutamente insuperables. Imagínese que a partir del 16 de julio, si no se hacen estas modificaciones, ante una rapiña cometida por un adolescente y un adulto, la autoridad policial le va a tener que dar cuenta al juez por el adolescente y al fiscal por el adulto, va a haber dos personas dirigiendo la investigación, con órdenes contradictorias. Se va a generar un caos si eso no se resuelve. Además, a la víctima la vamos a revictimizar doblemente, porque la vamos a hacer ir a declarar al juicio del adulto y al juicio del adolescente, y también a los testigos los vamos a hacer ir a declarar a los dos juicios. Entonces eso se tiene que resolver sí o sí. Y tiene que quedar claro, absolutamente claro, que las audiencias son orales.
EC —¿Por qué dice “tiene que quedar absolutamente claro”? ¿Por qué no está totalmente claro?
JD —Porque el Código tiene una redacción confusa, habla de actas todavía. Y porque cada vez que se afronta una reforma de esta magnitud se produce un duelo de prácticas. Las viejas prácticas luchan por subsistir, porque es natural en el ser humano querer seguir haciendo lo mismo de la misma manera, y las nuevas prácticas luchan por implantarse. Hoy la Corte implantó el sistema Audire en los juzgados de adolescentes, y hoy hay un fiscal que recurre diciendo que el sistema Audire, el sistema de audio, es ilegal. Y hoy hay dos tribunales de apelaciones de Familia, uno que entiende que es ilegal y otro que entiende que es legal. Ese es un claro ejemplo del duelo de prácticas. Entonces tenemos que tener una regulación normativa que negro sobre blanco despeje totalmente ese tipo de dudas y que deje claro que a partir del 16 de julio –o cuando sea– el sistema es oral, que se graba en audio o video –que eso lo decida la Corte, me parece que le corresponde–. Que quede claro y no haya discusiones, porque si no el 17 de julio vamos a estar discutiendo si se puede grabar o no.
Menciono estos tres casos –hay algunas más, en total unas cinco o seis– de problemas normativos que hay que resolver, que ya se lo trasmitimos a la Comisión de Constitución y Legislación, y yo se lo trasmití al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo sabe de esto porque integra la comisión, pero además la semana pasada, para que no quedara ninguna duda, se lo remití por nota a la señora ministra de Educación y Cultura. Yo no tengo iniciativa parlamentaria, el fiscal no tiene iniciativa parlamentaria, lo que puede hacer es remitir por nota al ministro del ramo, que es la ministra de Educación y Cultura, porque en Uruguay no hay un ministerio de justicia.
EC —¿Podemos acceder a esa nota que ha dirigido a la ministra?
JD —No la habíamos querido publicar para dar un margen de tiempo prudencial entre que la remitíamos y la ministra la recibiera. La remitimos la semana pasada, ya tenemos constancia de que la señora ministra la ha recibido, entonces vamos a publicarla en la página web con mucho gusto. Incluyo el proyecto también.
