RA —La primera propuesta, que está redactada en un proyecto de ley, consiste en modificar la consideración de las asignaciones computables, los sueldos, por los servicios anteriores a abril de 1996, de acuerdo al régimen de solidaridad intergeneracional reformado, con iguales reglas que el régimen de transición. ¿De qué forma se haría el cálculo exactamente? ¿Puede poner un ejemplo?
CR —El que puse es muy ilustrativo, el de los $ 8.000. En vez de tomar los $ 5.000, tomar los $ 8.000, y establecer el cálculo jubilatorio a partir del año en que se comenzó a aportar, pongamos desde el 80 y hasta el 96. Supongamos además que el sueldo básico jubilatorio está en 50 %, aunque en el año 2008 se modificó y pasó un 45 %. En el cálculo actual serían $ 2.500, que es la mitad de $ 5.000, y en cálculo que proponemos serían $ 4.000. Entonces el promedio de ese sueldo básico jubilatorio del año 80 al año 96 sería de $ 4.000. Mejora ostensiblemente la jubilación por el BPS, de $ 2.500 a $ 4.000.
Ese es el cálculo que BPS debería hacer a la hora de liquidar la jubilación por ese tramo de tiempo, es lo que estamos proponiendo. Eso, sumado a la liquidación que le hace el BPS a partir del año 96 y los aportes con la rentabilidad que da la AFAP se acerca muchísimo a la jubilación del régimen de transición.
RA —Acerca muchísimo; ¿no podría en algún caso incluso superar notoriamente el monto del régimen de transición?
CR —En el proyecto de ley interpretativa creo que no llegaría a empardar la situación del régimen de transición, pero se acercaría bastante en la mayoría de los casos. El tema es que la casuística es muy grande, la historia laboral de las personas es muy diferente y todo eso cuenta a la hora de hacer el cálculo final. Pero obviamente acerca. Y tiene sus costos, sin duda.
EC —¿Cuál es el costo? Ese es un punto crítico en esta discusión.
CR —El BPS hizo un estudio de los costos de estos dos proyectos de ley que presentamos. El costo del proyecto de ley interpretativa es de US$ 21 millones anuales hasta el año 2027, ahí costaría US$ 36 millones y luego empezaría a bajar. Creo que es un costo financiable, que el Estado puede financiar.
EC —¿Cómo? Mire las dificultades que está habiendo en el debate de la Rendición de Cuentas por los fondos para la educación, que son $ 500, $ 600 millones. La cuenta está hablando de US$ 21 millones…
CR —Sí, pero el gobierno ha gastado una cantidad de dinero en otros temas y lo ha conseguido. Para tapar el agujero de Ancap se capitalizó y se condonó una deuda a principios de enero de este año por US$ 622 millones. Se va a gastar una cantidad de dinero importante para tapar el déficit del BPS; el BPS tuvo un déficit el año pasado de US$ 400 millones y dicen que este año va a ser de más de US$ 560 millones. Pluna, también se consiguió el dinero para ir tapando ese agujero. Los US$ 50 millones que ahora le va a costar a BPS una mala liquidación de las licencias de los trabajadores de la construcción.
Cuando se ha querido conseguir dinero para tapar agujeros se ha conseguido. Creo que esos US$ 21 millones [podrían estar] si se hacen bien las cosas en las empresas públicas, si se empiezan a ajustar, si se empieza a dejar de gastar en publicidad oficial. Si bien se ha hecho ya un esfuerzo con respecto al gobierno anterior, durante el cual hubo un gasto excesivo de las empresas públicas en el ítem publicidad, creo que hay ítems en que se puede recortar.
EC —Mire que hay varios en esa cola, hay muchos reclamos para cuando se acomoden las cuentas con decisiones como esas que usted está mencionando. Ahora mismo en la rendición de cuentas están quedando para atrás gastos, aumentos de gastos, otras consideraciones.
CR —Pero el tema jubilatorio tiene que ser prioritario, porque la gente se jubila ahora. Y si aportó durante toda su vida por determinados ingresos y eso no se le reconoce hay una situación de inequidad.
EC —De algún modo el presidente Vázquez, con sus declaraciones en Fray Bentos, dijo: “no nos presionen a nosotros con una decisión con las que discrepamos en su momento, no nos compliquen los números cuando nosotros advertimos que aquella reforma podía tener consecuencias negativas”.
CR —¿El presidente no es el jefe de Estado? El Estado es una continuidad histórica y jurídica. Y si el problema aparece ahora, hay que solucionarlo, no puede decir que esto viene del pasado. Es como que nosotros en un futuro digamos, si hay problemas en este gobierno –que los hay–, que no vamos a cumplir con esas deudas porque vienen de este gobierno.
RA —Usted presentó una segunda iniciativa, que no era un proyecto de ley exactamente, sino una minuta de comunicación, como se los llama a aquellos proyectos que deben tener iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿En qué consiste?
CR —La minuta de comunicación contiene un proyecto de ley con su exposición de motivos. Como necesita la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, la Cámara lo envía al Poder Ejecutivo mediante un trámite interno y el Poder Ejecutivo lo hace suyo y lo reenvía. La propuesta consiste en que cuando la persona llegue a la etapa de liquidación pueda optar por un sistema o por el otro. Obviamente va a optar por el que le dé mejor. El estudio del BPS arrojó que esta solución costaría entre US$ 121 y US$ 186 millones anuales.
RA —Una cifra muy superior y que se hace bastante más complicada.
CR —Voy a decir aquí una cosa que no he dicho públicamente: me parece que, habida cuenta de la situación financiera del gobierno, sería bueno hacer una especie de híbrido de estos proyectos y hacer una cosa escalonada. Que llegando a los mínimos de servicios y de edad se puedan interpretar de manera favorable los aportes anteriores al año 96, si la persona se jubila a los 60 años; si se jubila a los 61 años, mejorar el porcentaje de ese cálculo; si se jubila a los 62 un poco más, y a los 63 llegar a que pueda optar por la liquidación de un sistema o del otro. Me parece que una cosa escalonada en el tiempo se puede financiar, que podemos llegar a una buena solución.
EC —De todos modos estaría entre los US$ 20 y los US$ 200 millones por año.
CR —Sí, claro, al principio costaría esos US$ 20, US$ 21 millones, y después costaría un poco más, pero le daría tiempo al gobierno para hacer sus números y mejorar esa situación.
EC —Una de las observaciones que se hacen a propósito de este problema y sobre la demanda de justicia que está arriba de la mesa tiene que ver con quiénes son y qué tipo de retribuciones están en juego.
RA —Sí, porque estamos hablando de quienes van a ser jubilados pero que tuvieron los ingresos más altos, no estamos hablando de una población específicamente vulnerable. Por eso es que a veces se cuestiona el criterio de justicia. Incluso porque uno podría decir que cuando se instrumenta una reforma siempre hay alguien que se ve afectado y en algún punto hay que cortar, más cuando se hizo, como en aquel momento, para atender una situación fiscal complicada.
CR —Sí, la problemática central está dada en los que ganan más de $ 43.000. Los que ganan menos de $ 43.000 en principio no tendrían problema. Incluso algún estudio que ha hecho el PIT-CNT da que esos cincuentones no tienen estos problemas.
Pero creo que si hicieron sus aportaciones y no son reconocidos determinados ingresos hay una situación de inequidad, por más que ganen determinados montos. Creo que igualmente eso se tiene que corregir, me parece que hay una situación de injusticia, más allá de que necesiten menos que los que ganan menos.
RA —Pero ¿la situación de injusticia no se da porque ellos se comparan con el régimen de transición?
CR —Sí, se comparan con el régimen de transición, pero lo cierto es que no se les computan todos los ingresos antes del año 96. Me parece que eso es central. El ideal sería que el gobierno aprobara un proyecto de ley que hiciera una interpretación diferente de la que hoy hace el BPS. En todo caso después seguimos discutiendo la temática, si no quieren hacer lo que acabo de proponer, hacer una cosa escalonada, pero discutámoslo. Durante muchísimo tiempo los cincuentones, los que se han organizado, han venido reclamando y el gobierno no decía nada, durante casi un año no dijo absolutamente nada. Si bien en charlas informales de repente se decían algunas cosas, a nivel de la opinión pública no se decía nada. Entonces yo entiendo la indignación de los cincuentones porque esperaban que el gobierno les diera una solución, y es más, que les dijera algo por lo menos para no se generara esta expectativa que ahora ven desinflada.
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