Un conflicto entre empresarios y trabajadores de la caña de azúcar se supera porque un tercero (ALUR, simple comprador de la zafra) dona una partida para asegurarse la continuidad de la producción. Los empresarios son ajenos a ese acuerdo; quien distribuye esa partida es el sindicato de trabajadores, que no tienen relación laboral con ALUR, plantea Nelson desde la audiencia, y se pregunta si corresponde el pago de aportes sobre esa partida, y en tal caso a quién. A su turno, la auditoría externa de ALUR no observó ninguna irregularidad. Tema tan complejo debería tratarse por expertos, pero en Uruguay primero hacemos ruido y después buscamos las respuestas… o el tema muere en el olvido hasta el próximo ruido, comenta.
Está sobre la mesa en estos días el tema del pago en negro a cortadores de caña. He escuchado y leído lo que ha estado a mi alcance y, ciertamente, no he podido acceder a información sino a opiniones expresadas sin agregar fundamentos suficientes.
En función de lo que he conocido sobre el tema, entiendo que en el año 2007 se produjo un conflicto con los trabajadores cortadores de caña de azúcar que demandaban mayor retribución por su trabajo. Obviamente, el conflicto era entre el trabajador y el empleador, es decir el propietario de la explotación de caña de azúcar.
Me imagino que el conflicto llegó a un punto donde corría riesgo el corte de la caña y ello traía aparejado perjuicios para el trabajador, para el empleador y también para ALUR, que necesitaba la materia prima para cumplir su principal actividad. Presumo que la presión mayor recaía sobre ALUR que era el mayor perdedor potencial. ALUR estuvo obligada a encontrar una solución que le permitiera recibir la caña para su producción. No tengo información de por qué razón y a partir de qué razonamiento y negociación se llegó a determinar que ALUR haría una donación al sindicato que agrupa a los trabajadores, y éste repartiría esa donación entre los trabajadores en función de la cantidad de caña cortada.
Indudablemente, como en cualquier decisión, la donación tendría aspectos favorables y aspectos desfavorables. No existe información respecto al proceso decisorio y, en consecuencia, no es posible determinar si la decisión fue o no razonable en aquellas circunstancias. Lo que resulta claro es que la donación permitió destrabar el conflicto para ese año y, seguramente, se entendió que podría ser reiterado en próximas zafras, lo que aconteció durante 10 años.
Por lo expresado, ALUR hizo una donación al sindicato. Ésta fue decidida por sus autoridades y contó con la aceptación de los trabajadores. Es juicioso pensar que la donación se documentó correctamente a través de un contrato entre ALUR y el sindicato. No parece necesario considerar cómo se documentó la operación dentro del sindicato y de qué manera el sindicato acordó repartir la donación entre los cortadores de caña. Si ALUR decidió correctamente hacer una donación y la documentó, lo único que hay para discutir es si era justificable realizar esa donación al sindicato, y para ello es necesario considerar los pros y los contras de esa operación.
Esto no ha sido discutido por nadie que yo haya escuchado o leído. Naturalmente, es lo que se le debió preguntar al senador y ex director de ALUR, Leonardo De León, y no se le preguntó.
El tema se centra en que fue un pago “en negro”. Para ello se sostiene que es una retribución por un trabajo realizado, respecto al cual no se hizo aportes a la seguridad social. La pregunta que surge es quién es responsable del pago de los aportes a la seguridad social. El sindicato no es empleador de los trabajadores, y ALUR menos aún. No hay un pago en base a una relación laboral, porque la única relación laboral es entre el cortador de caña de azúcar y el dueño de la explotación. Éste no tiene por qué pagar aportes por una suma que recibe el trabajador, que no sale de su patrimonio y que él no acordó pagar como retribución adicional por el trabajo.
Entonces, ¿el BPS tiene derecho a reclamar aportes por ese pago? Parecería que no, porque el mismo no responde a una relación laboral. Por otro lado, ¿tiene el trabajador derecho a que se hagan aportes por la retribución que recibe? Parecería que sí, porque la misma corresponde al trabajo realizado.
Tampoco escuché que alguien planteara estos puntos. El tema es muy interesante y debería ser analizado por especialistas en legislación laboral y de seguridad social. No he escuchado que se haya procurado opiniones profesionales.
El ministro Ernesto Murro informó que se estaba regularizando a partir de la decisión de ALUR de formalizar de otra manera los pagos realizados. Yo no estoy muy seguro de que ALUR, el sindicato o el empleador del trabajador tengan que pagar aportes porque el pago no responde a una relación laboral, según surge de la documentación que se realizó del mismo. Tampoco sé por qué razón ALUR ha entendido que debe regularizar esa situación y cuál es la irregularidad. Si la regularización significa cambiar los acuerdos realizados en el pasado entre ALUR, el sindicato y los trabajadores, no implicaría pagar aportes, multas y recargos por los aportes no vertidos en el pasado.
Por último, se ha mencionado a KPMG como auditor de ALUR y se dice que no objetó la inclusión de los referidos pagos en los estados contables como donación. Tampoco conozco el dictamen de KPMG pero entiendo que, tratándose de un gasto del orden de los US$ 400.000, la auditoría no habrá dejado de analizar la naturaleza y las posibles derivaciones del mismo, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista jurídico, se trataba de una donación. Si hubiera objetado la operación, seguro que ello habría tenido impacto en su dictamen.
Reitero, se trata de un tema muy interesante para analizar desde una óptica teórica, teniendo en consideración no sólo los aspectos sustanciales sino también los formales, como corresponde a la legislación laboral y de seguridad social, y muchas veces estos últimos son determinantes.
No me parece lógico que el análisis periodístico y político deba ser realizado en ausencia de un análisis técnico realizado por profesionales competentes en temas laborales y de seguridad social. Pero en el Uruguay primero se hace ruido, al ruido sigue el silencio y, si no aparecen nuevos motivos para hacer ruido, todo se olvida. Lamentablemente, el periodismo uruguayo no procura primero la opinión profesional sino que primero va a buscar las opiniones de los políticos, en general no suficientemente fundadas. Esa es nuestra realidad. Ya estamos acostumbrados a ella y no tenemos ninguna chance de que la misma cambie. En Perspectiva podría ser pionero en esto. Eso espero.
Diego Nelson Sosa
Vía correo electrónico
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