¿Hay en el mundo ciudades parecidas a la que Praxis dice querer desarrollar en Uruguay? Sí, aunque los casos realmente comparables son pocos y hay que distinguirlos con cuidado.
Una cosa es que haya edificios, empresas y personas viviendo en un desarrollo nuevo. Otra es que ese lugar tenga reglas propias. Y otra, mucho más ambiciosa, es que una comunidad digital se convierta en un Estado independiente.
Entre los proyectos conocidos, no hay una “nación digital” reconocida internacionalmente como país. Las experiencias más cercanas a la idea de una ciudad con régimen especial están en Honduras. Allí, dos proyectos físicos, Próspera y Ciudad Morazán, se crearon bajo una figura llamada ZEDE, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
El término “charter city”, o ciudad chárter, se usa para describir proyectos urbanos que buscan organizarse mediante una carta o estatuto propio y contar con un margen especial de autonomía. No significa necesariamente independencia ni soberanía. Tampoco es sinónimo de zona franca: una zona franca suele ofrecer incentivos económicos; una ciudad chárter aspira, además, a diferenciar sus reglas e instituciones locales.
Honduras: ¿Qué son las Zede y cómo surgieron?
El primer intento hondureño de crear ciudades con régimen especial fue el proyecto de Regiones Especiales de Desarrollo, o RED, aprobado en 2011. En octubre de 2012, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, al considerar que podía colocar territorio fuera del control del gobierno y afectar la soberanía nacional.
La historia no terminó ahí. Good Authority, una publicación digital que acerca al público análisis de especialistas en ciencia política, reconstruyó que el Congreso destituyó luego a cuatro magistrados que habían votado contra el primer modelo. En 2013 se aprobó un nuevo marco, las ZEDE, acompañado por reformas constitucionales. Fue una reconfiguración jurídico-constitucional del mismo proyecto, no un giro tras un cambio de gobierno: Porfirio Lobo seguía siendo presidente.
La normativa de las ZEDE les concedía un grado inusual de autonomía en materias como administración, impuestos, seguridad y justicia. No eran países soberanos: estaban en territorio hondureño, aunque sus promotores defendían que debían tener un marco institucional propio.
El cambio político llegó más tarde. Xiomara Castro sucedió a Juan Orlando Hernández en enero de 2022 y había prometido derogar las ZEDE. En abril de ese año, el Congreso derogó la ley habilitante y aprobó también cambios constitucionales, pero estos no fueron ratificados por la legislatura siguiente. Esa falta de ratificación contribuyó a que la situación siguiera en disputa hasta el fallo de 2024, mientras los inversores invocaban derechos adquiridos y acuerdos de estabilidad.
El medio hondureño Contra Corriente informó que, el 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema anuló el marco legal por considerarlo inconstitucional. La decisión fue unánime en ese punto, pero los magistrados discreparon sobre sus consecuencias jurídicas. El gobierno hondureño celebró el fallo como una defensa de la soberanía nacional.
Del otro lado, el estudio jurídico Dentons sostiene que los derechos adquiridos y ciertos acuerdos de estabilidad siguen protegiendo a las ZEDE. Es una interpretación jurídica favorable a la continuidad de las garantías de los inversores, no una nueva sentencia de la Corte.
Good Authority describía en 2025 a las dos ZEDE como proyectos que seguían operando pese a la derogación. Lo más preciso es decir que son proyectos físicos con actividad reportada y un estatus jurídico disputado, no jurisdicciones plenamente consolidadas.
Próspera: La experiencia más desarrollada
Próspera está en la isla hondureña de Roatán. Fue fundada en 2017 por el empresario Erick Brimen y es el ejemplo más conocido de una ciudad tecnológica con régimen especial.
No es solo un render: tiene edificios e instalaciones, y ha promovido actividades empresariales, servicios relacionados con salud y biotecnología y la posibilidad de registrar compañías. Sus promotores la presentan como una ciudad de baja regulación y orientada a la innovación.
Las cifras sobre cuánta gente vive allí requieren una aclaración. Good Authority, en un artículo de 2025 que cita una nota de The New York Times, menciona alrededor de 2.000 “residentes y residentes electrónicos”. Esa cifra combina personas físicas con personas vinculadas digitalmente a la zona; no equivale a 2.000 habitantes permanentes.
También existe una diferencia entre la idea de autogobierno y quién participa en las decisiones. Según las reglas examinadas por Good Authority, Próspera cuenta con un consejo de nueve miembros: los residentes físicos votan en algunas elecciones y los propietarios de terrenos pueden obtener votos adicionales según la superficie que poseen.
Good Authority describe además guardias privados y un sistema de arbitraje con jueces retirados de Arizona. En salud y biotecnología, los operadores pueden elegir un marco regulatorio, bajo determinadas condiciones de seguro. Son detalles centrales para entender el modelo y también explican por qué genera debate sobre supervisión, seguridad y derechos de los residentes.
El caso enfrenta además una disputa de gran magnitud. A fines de 2022, Próspera y entidades relacionadas presentaron un reclamo de arbitraje de 11.000 millones de dólares contra Honduras, alegando pérdidas de ingresos futuros por los cambios legales. Ese monto no es una indemnización concedida: es la suma que reclaman, y el resultado debe resolverse.
Ciudad Morazán: Un proyecto mucho menor
Ciudad Morazán se encuentra en el territorio continental hondureño. La impulsó el empresario italiano Massimo Mazzone, con una propuesta distinta a la de Próspera: ofrecer viviendas en alquiler y crear una zona industrial dirigida principalmente a trabajadores hondureños.
El plan de desarrollo contemplaba llegar a unos 9.000 residentes. La cifra de población publicada por Good Authority corresponde a 2023: alrededor de 200 habitantes, según una entrevista en un pódcast citada por el medio. No es un censo actual.
En 2025, el Instituto de Ciudades Chárter, que promueve este tipo de proyectos, informó que entre los primeros inquilinos de Ciudad Morazán había una empresa farmacéutica. Eso apunta a actividad económica, pero no actualiza el número de personas que viven allí.
Su modelo de gestión también es distinto. El análisis de Good Authority describe un propietario central que arrienda los espacios residenciales y comerciales y administra las áreas comunes. No hay un órgano de gobierno elegido por los residentes; la misma fuente describe contratos de alquiler de tres meses.
Así que Ciudad Morazán es una ciudad física con viviendas y actividad, pero la evidencia disponible indica una escala muy inferior a la proyectada. No corresponde presentarla como una ciudad consolidada de 9.000 habitantes.
Comunidades tecnológicas temporales
También existen experiencias que prueban la convivencia de comunidades digitales en un lugar físico, pero durante un tiempo limitado.
Zuzalu, impulsada por Vitalik Buterin, reunió en 2023 a personas interesadas en tecnología, criptomonedas, longevidad y nuevas formas de organización en un resort de Montenegro. Fue una comunidad temporal, no una ciudad permanente ni un régimen legal propio.
El Financial Times describió Network School, promovida por Balaji Srinivasan, como una comunidad donde participantes viven en un hotel mientras trabajan a distancia y exploran cómo organizar nuevas sociedades. En diciembre de 2025, la membresía y el alojamiento partían de 1.500 dólares al mes. Es un programa de convivencia, no una ciudad autónoma.
Estos casos muestran que sí es posible reunir presencialmente a personas alrededor de una identidad digital y un proyecto compartido. No demuestran, por sí solos, que una comunidad pueda sostener una ciudad permanente con vivienda, empleo, servicios e instituciones estables.
¿Qué podemos comparar con Praxis?
Próspera y Ciudad Morazán son los ejemplos más próximos a Praxis porque combinan desarrollo físico, una comunidad residente y una aspiración de organizar de manera distinta ciertas reglas locales. Pero tienen diferencias importantes: ambas están en Honduras, las dos son pequeñas respecto de sus ambiciones y su continuidad jurídica está en disputa.
Zuzalu y Network School son útiles para entender el lado comunitario y digital, pero son temporales. No son ciudades construidas para permanecer.
La conclusión, entonces, es más modesta que los anuncios de una nueva era de ciudades privadas. Hay algunas experiencias reales, pero parciales. Tienen edificios y residentes; algunas ensayan formas de autogobierno o gestión privada. Ninguna equivale a un Estado independiente reconocido, y sus cifras de población, resultados económicos y situación jurídica deben leerse con cuidado.
Para comparar estos precedentes con el proyecto de Praxis en Uruguay habrá que mirar indicadores concretos: terrenos efectivamente adquiridos, obras propias terminadas, residentes físicos —no solo miembros digitales—, empleos y servicios en funcionamiento, y un marco legal que no esté pendiente de una disputa.
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Good Authority, publicación digital de análisis político que acerca investigación de especialistas al público general. Artículo del 23 de abril de 2025: historia y situación de las ZEDE, población reportada de Próspera y Ciudad Morazán, y diferencias de gobierno. Es una síntesis secundaria; las cifras tienen sus propias fuentes y fechas.
Reuters, 21 de abril de 2022: derogación de la ley de zonas especiales por el Congreso hondureño.
Contra Corriente, 28 de septiembre de 2024: fallo de la Corte Suprema y disputa sobre sus efectos jurídicos.
Dentons, 1 de octubre de 2025: interpretación jurídica que defiende la continuidad de derechos de inversión y operación. Se cita como posición interesada, no como fallo judicial.
Charter Cities Institute, 30 de octubre de 2025: describe a Ciudad Morazán y su primer inquilino empresarial. Es una organización promotora de ciudades chárter.
Bloomberg, 13 de febrero de 2025: reportaje sobre Próspera y el reclamo de arbitraje de US$ 11.000 millones.
Financial Times, 6 de diciembre de 2025: contexto sobre ciudades con fines de lucro y Network School.
WIRED, 26 de septiembre de 2025: comunidades tecnológicas y la experiencia temporal de Zuzalu.
