Por Emiliano Cotelo ///
El Poder Ejecutivo remitió ayer al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Por eso, el ajuste fiscal vuelve al tapete. El tema se había tranquilizado a comienzos de la semana pasada cuando se anunció el acuerdo entre el Gobierno y el Frente Amplio (FA), que implicó algunos cambios en el paquete original presentado por el ministro Danilo Astori, sobre todo para que el incremento del IRPF no afectara a la franja de salarios entre $ 30.000 y $ 50.000 y no se postergaran aumentos de gastos previstos en educación, ciencia e innovación.
Pero pocos días después el debate se reabrió desde adentro mismo del oficialismo, cuando algunos sectores notaron que igual se correrían para más adelante gastos que consideran importantes. Y la misma alarma ganó a algunos sindicatos, por ejemplo ADUR (Asociación de Docentes de la Universidad de la República), que ya amenaza con un conflicto si la Universidad de la República no recibe en 2017 los refuerzos de rubros que se le había aprobado. ¿Cómo se saldrá de este brete? ¿Con reasignación de gastos o con nuevos impuestos?
Y aún falta agregar en este cuadro a la oposición, que va por otro lado y que incluso prepara una interpelación, a cargo de Jorge Larrañaga. Blancos, colorados e independientes pegan en la promesa de Tabaré Vázquez, cuando era candidato presidencial, de que no se iba a aumentar la presión tributaria. Pero además son muy críticos con el tipo de ajuste que decidió ejecutar el Gobierno, sobre todo porque entienden que debería basarse en el recorte de gastos y no en la suba de impuestos*.
Esta semana el senador Luis Lacalle Pou informó que está preparando un propuesta de rebaja del gasto que financiaría el monto del ajuste (US$ 460 millones por año) sin que fuera necesario incrementar tributos. Otros sectores blancos y colorados han anunciado otras alternativas de ese estilo. El argumento principal es que, si las autoridades tomaron decisiones presupuestales equivocadas, es el Estado quien tiene que ajustarse, en vez de trasladarle el ajuste a la gente y a las empresas privadas.
Yo espero con interés esas ideas porque a mí, desde siempre, me rechinan los bolsones de ineficiencia que anidan tanto en la Administración Central como en las empresas públicas. Y espero que esas iniciativas sean serias y no voluntaristas. Pero me temo que el asunto es más complejo de lo que parece.
Puede argumentarse que el Estado somos todos y que, por lo tanto, cuando se pide que sea el Estado quien se ajuste, igual quienes terminarán pagando son la gente o las empresas privadas; por ejemplo, que si una oficina compra menos lapiceras, habrá un proveedor privado que facturará menos y que eso hasta puede impactar negativamente en la plantilla de personal de esa firma privada.
Y si se suspenden las obras del Antel Arena, habrá que pagar multas, muchos obreros y técnicos irán al seguro de paro primero y al despido después, y, por si eso fuera poco, quedará una estructura abandonada a mitad de camino, que puede permanecer así por años o décadas, como ocurrió con lo que hoy es la Torre Ejecutiva, lo que deriva en pérdidas y gastos (por ejemplo, en servicios de vigilancia), junto con un problema de imagen para la zona afectada y para el país en general.
Ojalá esta discusión sobre otros formatos de ajuste fiscal arroje soluciones ingeniosas y lo menos dañinas posible para la sociedad uruguaya. Pero mi sensación es que, con la economía estancada y un déficit fiscal que a fin de año llegará al 4.3 % del PBI, cualquier salida será amarga y que lo mejor es examinar cómo se llegó a esta situación y, sobre todo, cómo no volver a caer en estas trampas.
Es que la clave está en lo que ya ocurrió: la forma cómo aumentó el gasto desde que el FA llegó al Gobierno. La izquierda sostiene que el presupuesto debió seguir creciendo porque era necesario construir y/o fortalecer algunas políticas sociales, de educación, de ciencia y tecnología y hasta de seguridad pública. Pero ¿cómo se entiende que el gasto total aumentara por arriba del ritmo de crecimiento de la economía, que, por otra parte, era excepcionalmente alto por el período de bonanza que vivíamos? Y con un condimento que no puede soslayarse: ese gasto, que subía en exceso, en buena medida lo hacía de manera estructural, es decir para siempre.
Por ejemplo, con la instauración del Fonasa, al que debían ir incorporándose con el tiempo diferentes grupos de la población. ¿No fue eso demasiado riesgoso? Una solución pudo haber sido que la sustentabilidad de esas estructuras rígidas de gasto se garantizara aumentando impuestos, una medida que en aquel momento de vacas gordas no habría tenido un impacto tan negativo. Pero se prefirió no hacerlo. ¿Cuál fue el resultado? Que, como advertían numerosos analistas, el viento de cola no duró para siempre y llegó un momento, el actual, en que no hay otra alternativa que incrementar los tributos, justo cuando resultan menos oportunos porque la economía se está frenando.
Vale la pena observar cómo transcurre la polémica en el Poder Legislativo. Y si después de ese análisis se concluye que no hay forma de evitar los aumentos de impuestos, antes de hacerlo –me parece- se impone que el FA pida disculpas a la población por el voluntarismo con que se manejó en materia fiscal en los últimos años.
Pero además, en cualquier caso, comparto lo que sugería el economista Ernesto Talvi: debe votarse de una buen vez una ley que establezca una regla fiscal. Una norma que asegure que en el futuro el Estado solo pueda gastar los recursos con los que va a poder contar en el futuro de manera sostenida, y no aquellos que surjan de condiciones excepcionales y transitorias que no van a perdurar en el tiempo. Un sistema así, por otra parte, permite que en épocas de ebullición sea posible ahorrar, a efectos de contar con un fondo soberano que ayude cuando las cosas se compliquen.
Talvi realizaba otra propuesta desafiante: que se cree por ley una comisión multipartidaria que se ocupe de realizar una preselección de candidatos a ocupar los directorios de las empresas públicas, cuidando que tengan probada idoneidad en la gestión de organizaciones complejas. En base a esos nombres, el Poder Ejecutivo solicitaría luego al Senado el otorgamiento de las venias correspondientes.
El Partido Nacional, el Partido Colorado y el FA han pasado por el Gobierno y los tres han tenido que implementar ajustes fiscales. Por eso están dadas las condiciones ideales para que el sistema de partidos uruguayo envíe a la ciudadanía un mensaje fuerte y claro en cuanto a que ahora en adelante las cuentas públicas se manejarán de manera más responsable.
* Del ajuste de US$ 460 millones, la mayor parte viene del aumento de impuestos, que rendiría US$ 335 millones por año. Del lado del gasto, donde solo se obtendrían US$ 125 millones, el único recorte de rubros es, en realidad, una promesa: cada tres vacantes de funcionarios públicos que se produzcan solamente se cubrirán dos; lo otro que está previsto en esta materia es la postergación (no el recorte) de una serie de aumentos de gastos que se habían previsto.
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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 17.06.2016, hora 08.10
