Foto: Cinve
Apuntes
Por Emiliano Cotelo y Romina Andrioli
Producción: Leo Silvera y Kevin Martínez
Consejo Fiscal Autónomo (CFA) está en la mira de la oposición. El motivo: la designación, el mes pasado, de una consejera a quien cuestionan por su militancia en el Frente Amplio.
Este es uno de los puntos sobre los cuales los blancos quieren consultar al ministro de Economía, Gabriel Oddone, en lo que en principio iba a ser una convocatoria en régimen de Comisión General pero ayer se confirmó que será lisa y llanamente una interpelación.
Este martes entrevistamos aquí En Perspectiva al senador Sergio Botana, que tomó la iniciativa de este llamado de Oddone al Parlamento. En un pasaje de la nota, cuando se explayó sobre este asunto, Botana empezó lamentando que el CFA hubiera perdido el mes pasado a uno de sus miembros, Alfonso Capurro, un economista prestigioso de quien destacó en especial su independencia. Y luego criticó la selección de su reemplazante, la economista Silvia Rodríguez Collazo…
Romina: Sobre el cambio de autoridades en el Consejo Fiscal Asesor, que se acaba de anunciar ¿cuál es el punto que ustedes buscan marcar?
Sergio Botana: Me gusta la denominación que manejas tú, Romina, porque ahora lo rebautizaron a partir del Presupuesto y de la reforma de las instituciones fiscales como Consejo Fiscal Autónomo. Y si le pusieron autónomo justamente es para que no se le ocurra ser autónomo. Y nos ha quedado clarísimo con la acción del Consejo que fue de independencia, advirtiendo los riesgos hacia el futuro y cómo termina la historia, que termina con nada más ni nada menos que con su líder, el economista [Alfonso] Capurro, afuera del partido, no sé cuál será la razón, etcétera, etcétera. Pero también se da la casualidad de que Capurro advierte, y advierte con sustento y competencia de la situación, que tiene riesgo de pasar en las cuentas públicas. Y terminamos sin Capurro y con la incorporación de una economista que no cumple con el principio de neutralidad exigido justamente en la propia legislación, en el decreto que dice la característica que deben tener quienes integren un consejo de esto de la naturaleza.
Romina: La salida de Capurro, según nos señalaban, estaba vinculada específicamente a lo que se establece de cómo funciona el Consejo y con la periodicidad que se renuevan justamente las autoridades.
Sergio Botana: Sí, sí… Y Capurro queda afuera…
Romina: ¿Y usted qué es lo que señala entonces? Justamente si terminaba su mandato…
Sergio Botana: De lo que estamos absolutamente preocupados es de que quien ha sido nombrado para sustituir a Capurro es una economista altamente politizada, militante de base, participante de los de los debates de redes sociales, pero de los bajos debates de redes sociales, no del alto debate.
El Consejo Fiscal
¿Qué es el CFA ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo integran? ¿Por qué se fue Capurro? Conviene ordenar un poco la información para entender mejor qué es lo que está pasando.
Vamos al origen: en la Ley de Urgente Consideración (LUC), votada en 2020, el primer año del gobierno de Luis Lacalle Pou, se introdujo una Regla Fiscal con el objetivo de darle sostenibilidad a las finanzas públicas.
Y en el artículo 210 la LUC dispuso: “Con la finalidad de fortalecer la institucionalidad fiscal, el Poder Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, designará un Comité de Expertos cuya función principal será proveer los insumos para realizar los cálculos del balance estructural. También designará un Consejo Fiscal Asesor, de carácter técnico, honorario e independiente, a los efectos de asesorar al Ministro de Economía y Finanzas en materia de política fiscal.”
Cuando se reglamentó esa ley, en el decreto 315/021, se agregó que “el Consejo Fiscal Asesor tendrá el cometido de velar [por] que las estimaciones del Resultado Fiscal Estructural se apoyen en bases académicas sólidas y objetivas”.
Y luego, en el artículo 14, se estableció que el Consejo Fiscal Asesor estaría integrado “por tres miembros, denominados consejeros, expertos de reconocido prestigio profesional o académico en la materia objeto de este Decreto”, que serían “designados por resolución del Poder Ejecutivo, actuando en acuerdo del Presidente de la República con el Ministro de Economía y Finanzas”
Sus miembros iniciales fueron la economista Ana Fostel y sus colegas Aldo Lema y Alfonso Capurro.
Los movimientos
El decreto estipulaba que los consejeros durarían cuatro años en sus cargos y podrían ser reelectos. Y luego detallaba cómo sería la renovación en la etapa inaugural. Decía que el Poder Ejecutivo, “por única vez”, debería sustituir o reelegir a uno de ellos “el segundo año desde la designación del primer Consejo y a otro al tercer año”. De esta forma, se agregaba, “en el primer Consejo conformado”, uno de los consejeros ocuparía su cargo por un período de 2 (dos) años, otro lo haría por 3 (tres) años y el tercero lo haría por 4 (cuatro) años, “salvaguardando así la memoria institucional del Consejo y dándole continuidad al mismo, sin perder la necesaria alternancia a nivel de sus miembros”.
Aldo Lema fue el primero en retirarse, en noviembre de 2023. Por su parte, Ana Fostel debía irse en noviembre de 2024 pero, debido al ciclo electoral, su mandato se extendió hasta marzo de 2025. Y el tercer miembro original, Alfonso Capurro, iba a estar en funciones hasta noviembre de 2025 pero para que no hubiera dos cambios en el mismo año siguió en funciones hasta este 2026, cuando se nombró a su sucesora, el pasado 22 de abril. Por tanto, el período correspondiente a Capurro estaba ya holgadamente superado cuando dejó el cargo.
Hoy el CFA está integrado hoy por Jorge Roldós, Eduardo Fernández Arias y Silvia Rodríguez.
La nueva consejera
Esta última es la profesional designada el mes pasado y que los blancos rechazan. Para ello destacan, por un lado, que en 2024 apareció firmando la declaración de un grupo de economistas del Frente Amplio que rechazaban el plebiscito de reforma de la Seguridad Social que impulsaba el PIT-CNT, y, por otro, recuerdan una serie de publicaciones que ella realizó en el período pasado en sus redes sociales, en las que apoyaba al Frente Amplio en la campaña electoral y criticaba a dirigentes y candidatos de la oposición.
Aquí adjuntamos algunos de aquellos mensajes:
¿Por qué los blancos plantean esa objeción? ¿Cuál es su argumento principal? Esgrimen el artículo 16 del decreto 315/21 (que ya mencionamos) que reglamentó la conformación del Consejo Fiscal Asesor, y que entre las incompatibilidades para integrarlo, en el literal b) dice: “El cargo de consejero será incompatible con” (…) “reconocida actividad político-partidaria”.
¿Y ahora?
Entonces, ¿está claro que este nombramiento estuvo mal hecho?
Para responder esta pregunta el punto clave es qué se entiende por “reconocida actitividad político partidaria”. ¿Queda configurada esa condición porque una persona firma una declaración y escribe algunos textos en redes sociales alineados con un partido? En filas nacionalistas entienden que sí. En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en principio entienden que no.
Por otro lado, existe una nebulosa jurídica que agrega alguna complicación. ¿Está vigente aquel decreto del año 2021? La duda se plantea porque en la ley de Presupuesto de este gobierno se introdujeron cambios en la regla fiscal y también en el Consejo Fiscal, que dejó de llamarse Consejo Fiscal Asesor y ahora se llama Consejo Fiscal Autónomo.
La norma que regula este “nuevo” CFA es el artículo 675 de la Ley de Presupuesto, que tiene solo cuatro incisos. Y el cuarto inciso dice indica que “el Poder Ejecutivo reglamentará este artículo”. Pero…resulta que esa reglamentación está pendiente: no se aprobó todavía. O sea, no existe un nuevo decreto que reglamente el nuevo CFA.
A partir de ese “vacío” reglamentario, ¿qué pasa con la forma de designación de los consejeros y sus incompatibilidades?
El artículo 675 del Presupuesto contiene nuevas pautas sobre la integración y el mombramiento. Por ejemplo, señala que los mandatos de los consejeros pasan a durar tres años en lugar de cuatro. También modifica el procedimiento de selección de los consejeros: igual que en el decreto de 2021, se señala que “los consejeros serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, dando cuenta a la Asamblea General”; pero en lugar de estipular que los miembros deben tener “reconocido prestigio profesional o académico en la materia objeto de este Decreto”, como decía la reglamentación del año 2021, ahora esta artículo de una ley indica que “a efectos de la designación (…) el Ministerio de Economía y Finanzas pedirá asesoramiento a las instituciones universitarias y académicas”.
Desde el equipo económico subrayan que el nombramiento de la economista Silvia Rodríguez cumplió puntualmente con ese procedimiento, como se menciona a texto expreso en la resolución, donde se comunica que se propone ese nombre “previo pronunciamiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración” de la Universidad de la República.
Al mismo tiempo en el MEF resaltan el curriculum de esta profesional, que, sostienen, la muestra solidamente capacitada para ocupar uno de estos cargos.
Sin embargo, aún habiéndose satisfecho esas formalidades, queda latente la objeción presentada por la oposición sobre la presunta falta de independencia política de la economista.
Alguien podría sostener que las incompatibilidades incluidas en la reglamentación de 2021 ya no rigen porque aquel decreto se refería a artículos de la LUC que fueron reformados en la Ley de Presupuesto y que el nuevo decreto está pendiente. Las fuentes del MEF que consultó En Perspectiva no se afilian a esa tesis. Sostienen que lo más lógico es pensar que cuando se dicte el nuevo decreto aquellas condiciones volverán a estar plasmadas en negro sobre blanco.
¿En definitiva? Los informantes señalaron que la designación se mantiene firme. Y para sostener esa posición destacan el comunicado que el propio CFA divulgó ayer para dar la bienvenida a la economista Rodríguez Collazo y en particular los tres largos párrafos en los que se resume sus antecedentes:
“Silvia es Economista y Máster en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar).
Actualmente se desempeña como Profesora Agregada G°4 del Departamento de Métodos Cuantitativos del Instituto de Estadística de la FCEA, cuyo vínculo con la institución inició en 1991. Coordina y dicta los cursos de Series Cronológicas y de Econometría II de las Licenciaturas en Estadística y Economía, respectivamente, así como el curso de Series Temporales de la Maestría en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar. También es Investigadora Asociada del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) desde 2011. Sus principales áreas de trabajo son la macroeconomía, el análisis económico de la coyuntura y la econometría de series temporales.
“Cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional en el campo de la economía, desarrollando actividades de investigación, docencia y capacitación. Su producción incluye participación en líneas y proyectos de investigación y desarrollo, así como servicios técnicos especializados. Ha publicado artículos en revistas científicas, documentos de trabajo, capítulos de libros y textos de divulgación, además de presentar trabajos en eventos académicos. También ha participado activamente en evaluaciones académicas y formación de recursos humanos, actuando como jurado y tutor de tesis de grado y maestría.”
De todos modos, en el MEF se está a la espera de los argumentos y la documentación que la oposición presente formalmente con su reclamo en los próximos días.
