El Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande atraviesa un proceso de renovación que se extenderá durante 25 años y demandará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares. El objetivo es garantizar por 40 años más la operativa de esta infraestructura binacional, que genera cerca de un tercio de la energía eléctrica que consume Uruguay y cumple un papel clave en la regulación del río Uruguay.
En entrevista con En Perspectiva, el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Gonzalo Casaravilla, explicó las distintas finalidades del complejo y repasó las etapas de la renovación: “Es una función energética y también tiene un tema de gestión de crecidas”
Salto Grande fue concebido hace 80 años, a partir del tratado firmado entre Uruguay y Argentina, y la represa lleva más de cuatro décadas en funcionamiento. Además de generar energía, el complejo permite la interconexión eléctrica entre ambos países, cuenta con un sistema de transmisión de extra alta tensión, es un puente binacional y tiene responsabilidades sociales y ambientales en la región.
Casaravilla recordó que la construcción de la represa implicó el desplazamiento de poblaciones, entre ellas Belén y Constitución, en Uruguay, y Federación, en Argentina. Por ese motivo, sostuvo que cualquier emprendimiento energético debe encontrar un equilibrio con las comunidades afectadas.
En ese marco, Salto Grande definió una estrategia de responsabilidad social y ambiental con cinco áreas de trabajo: desarrollo socioambiental, salud, desarrollo productivo, educación, cultura y deporte, además del fomento comunitario.
El complejo tiene un presupuesto anual de aproximadamente 40 millones de dólares para la delegación uruguaya y destina alrededor de dos millones de dólares a responsabilidad social y ambiental. Para Casaravilla, la diferencia con otras políticas empresariales está en la planificación y en la coordinación con organismos públicos. “¿Repartiendo gorros y camisetas? No, esa no es la forma que concebimos la responsabilidad social”, dijo.
La delegación trabaja mediante convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, la Agencia Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional del Deporte, entre otros organismos.
La regulación de las crecidas
En el río Uruguay hay cinco represas importantes: cuatro están en Brasil y una es Salto Grande. Según Casaravilla, la represa binacional es la única que cuenta con capacidad para gestionar las crecidas, mientras que las otras funcionan como represas de paso de agua.
La operación consiste en generar espacio en el embalse antes de que llegue una crecida, para poder retener parte del caudal y regular el agua que se libera aguas abajo. En la crecida de 2015, por ejemplo, llegaron a la represa unos 34.000 metros cúbicos de agua por segundo y nunca se dejaron pasar más de 31.500. Esa diferencia, dijo Casaravilla, probablemente permitió que hubiera unas 4.000 personas menos desplazadas.
El nivel del río comienza a generar desplazamientos de personas a partir de los 12 metros. En 2015, el río llegó a 16,50 metros en Salto, mientras que en la gran crecida de 1959 alcanzó los 18 metros y provocó el desplazamiento de unas 10.000 personas.
Las decisiones se toman a partir de modelos hidrológicos y de información que se actualiza en tiempo real. La aplicación de Salto Grande permite consultar el nivel del lago, las previsiones meteorológicas e hidrológicas y la generación de cada turbina.
Para Casaravilla, esa previsibilidad es fundamental porque permite coordinar las acciones con los gobiernos departamentales y los organismos de emergencia. “La previsibilidad de las inundaciones es importante para que se pueda gestionar”, dijo. “La hidráulica es la batería que nos permite filtrar las renovables”.
Salto Grande cuenta con 14 turbinas Kaplan que llevan más de cuatro décadas en funcionamiento. La central genera aproximadamente un tercio de la electricidad que consume Uruguay y cerca del 3% de la que utiliza Argentina.
El complejo también dispone de casi 350 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kilovoltios y una capacidad de intercambio de 2.000 megavatios con Argentina. Esa interconexión aporta seguridad y estabilidad al sistema eléctrico uruguayo.
Casaravilla explicó que las centrales hidráulicas y térmicas aportan la llamada “inercia” del sistema, una característica que permite absorber variaciones repentinas en la generación eólica o solar. La comparó con el peso de un automóvil: cuanto más pesado es, más estable resulta frente a un viento fuerte.
En ese sentido, Salto Grande y las represas del río Negro permitieron incorporar energías renovables no convencionales al sistema eléctrico uruguayo. El embalse de Salto Grande tiene capacidad para unos cinco días de generación, mientras que Rincón del Bonete puede almacenar energía para aproximadamente 140 días.
“El embalse es muy importante, porque es la batería que nos permite filtrar las renovables”, explicó Casaravilla. Cuando hay viento o sol, dijo, se puede utilizar menos agua y reservarla para los momentos en que la generación renovable disminuye.
“No me imagino el Uruguay sin Salto Grande”
Casaravilla definió a Salto Grande como uno de los activos energéticos más importantes del país y dijo que, si Uruguay no hubiera contado con la represa, el costo de expansión del sistema eléctrico habría sido unos 400 millones de dólares mayor por año.
Según explicó, el costo actual de la energía generada por Salto Grande ronda los seis dólares por megavatio hora. Como referencia, mencionó que la energía eólica o solar podría ubicarse en torno a los 40 dólares por megavatio hora, mientras que un contrato con UPM fue acordado en 72 dólares.
La energía hidráulica, dijo, continúa siendo la más barata del sistema. “Sigue siendo la energía más barata que va a tener Uruguay”, sostuvo.
El proceso de renovación no modificará sustancialmente esa ventaja. Casaravilla estimó que, en los años de mayor impacto del financiamiento, el costo podría pasar de seis a entre 14 y 15 dólares por megavatio hora, pero aun así seguiría siendo la fuente más conveniente para el país.
Salarios, ingresos y cuestionamientos políticos
Durante la entrevista, Casaravilla respondió a preguntas de los oyentes sobre los salarios en Salto Grande. Dijo que las remuneraciones deben analizarse teniendo en cuenta las dificultades para captar profesionales y técnicos capacitados en el interior del país, así como la necesidad de cubrir guardias rotativas y tareas especializadas.
Reconoció que los salarios son competitivos en comparación con los de la región, pero sostuvo que esa característica también se observa en otras empresas públicas, como UTE y Antel.
Ante la acusación de que la Comisión Técnica Mixta puede ser utilizada para el pago de favores políticos, Casaravilla dijo que desde el comienzo de la actual gestión se decidió no realizar ingresos directos y limitar los contratos a término.
Según explicó, unos 15 contratos no fueron renovados y, cuando fue necesario cubrir cargos, se realizaron concursos. También señaló que la plantilla administrativa de la delegación pasó de más de 30 personas a unas 19. “Estamos tratando de ser lo más republicanos posibles en ese sentido”, dijo.
Una renovación para las próximas generaciones
La primera etapa de la renovación comenzó en 2019, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 40 millones de dólares para Uruguay —80 millones en total, sumando la parte argentina—. Incluyó la modernización del sistema de protección de las cuatro subestaciones, la compra de transformadores y la reparación de compuertas y automatismos. Según Casaravilla, esa etapa está prácticamente finalizada.
La segunda etapa, dividida en dos partes, tendrá un costo total de unos 150 millones de dólares, 75 millones correspondientes a cada país. Incluye, entre otras obras, el recambio de unos 34 interruptores de alta tensión y de otros equipos vinculados al sistema de transmisión.
La fase más importante será la renovación de las turbinas. El plan prevé comenzar a intervenir la primera máquina entre 2030 y 2031 y trabajar durante aproximadamente diez años para completar las 14. El contrato binacional podría tener un valor de entre 600 y 700 millones de dólares.
Casaravilla explicó que los estudios técnicos ya definieron distintas alternativas: se prevé instalar dos turbinas nuevas y renovar componentes de las restantes, como las palas y los sistemas hidráulicos.
El financiamiento de esta etapa todavía no está definido y deberá acordarse entre Uruguay y Argentina. Para el jerarca, el principal desafío consiste en diseñar un proceso transparente y estable, que pueda atravesar los cambios de gobierno en ambos países.
“La renovación de Salto Grande es política de Estado”, dijo Casaravilla, y pidió que el proyecto no quede atrapado en la polarización política. “El desafío es lograr armar algo robusto, que esté muy bien diseñado, muy transparente”, sostuvo.
La inversión será financiada a largo plazo. Para Uruguay, el costo total rondaría los 500 millones de dólares, pero Casaravilla señaló que esa cifra debe analizarse dentro del volumen de inversiones que requiere el sistema energético y de los beneficios que genera la represa.
A su entender, la renovación es una de las inversiones de infraestructura más convenientes que puede realizar el país. La meta, dijo Casaravilla es que Salto Grande "continúe siendo, durante las próximas décadas, una pieza central para la generación eléctrica, la estabilidad del sistema y la regulación de las crecidas del río Uruguay".
Emiliano Cotelo entrevistó al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta, ingeniero Gonzalo Casaravilla.
