El abogado Juan Ceretta representa a un grupo de siete mujeres, seis de ellas inmigrantes, que reclaman al Estado una garantía de alquiler mientras son denunciadas por usurpación
¿Debe el Estado garantizar el derecho a la vivienda? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Y qué sucede cuando no garantizar ese derecho puede significar consecuencias negativas para un grupo de niños? ¿Qué sucede cuando puede significar impedirle la residencia a inmigrantes que llegaron al país por necesidad?
Siete mujeres, seis de ellas inmigrantes peruanas y dominicanas, con diez hijos entre todas, ocuparon en febrero un conjunto de viviendas. Los ingresos no les alcanzaban para conseguir una garantía de alquiler. Pero ahora se enfrentan con una denuncia por desalojo que podría traer consecuencias duras.
La semana pasada, la Justicia falló en contra de ellas. Reclamaban una garantía; sin embargo, el juez consideró que el Estado no tiene la obligación de entregarle vivienda a cada persona, sino generar las condiciones para que la consiga.
Si estas mujeres son desalojadas por vía legal, les quedaría un antecedente y no podrían conseguir la residencia en Uruguay. Su abogado, el Dr. Juan Ceretta, presentó una apelación el viernes pasado y espera noticias para la semana que viene.
Para conocer más en profundidad sus historias, En Perspectiva recibió a las inmigrantes Zaira Purihuaman, peruana, y Santa Sena, dominicana. Junto con ellas también visitó el estudio el Dr. Ceretta.
***
