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México dio este mes un paso único en el mundo: a partir de ahora, los jueces federales, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia, deberán ser electos por voto popular.
La reforma es el último hito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien traspasará el mando a su sucesora Claudia Sheinbaum el próximo martes.
Respaldado por una amplia mayoría en el Congreso, AMLO logró la aprobación del cambio a pesar de una fuerte resistencia de la oposición y del propio Poder Judicial, cuyos funcionarios entraron en una extensa y controvertida huelga, incluidos ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte.
Mientras tanto, EEUU advirtió que la reforma viola términos del T-MEC, el tratado de libre comercio entre ambos países y Canadá.
Pero, a días del final de su sexenio presidencial, López Obrador siguió adelante con una ley que considera parte clave de lo que llama la “Cuarta Transformación” de México, y que según él significará una democratización de la Justicia.
"El Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país, que son responsables en mucho de la decadencia de nuestro país. Y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública".
Profundizamos En Perspectiva sobre este tema, en las críticas y la justificación que se hace de esta reforma. Para eso, estamos ahora en línea con Maximiliano García Guzmán, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, docente en la Universidad Nacional Autónoma de México.
