Cuatro hombres imputados por golpiza a joven a quien confundieron con un ladrón en Punta del Este

Foto: Pablo Romero, padre del joven agredido

El juez de Maldonado Sebastián Amor imputó los delitos de violencia privada y lesiones personales a los cuatro hombres que el sábado 5 de este mes golpearon, amenazaron y atropellaron a su vecino de 18 años en la zona de Pinares, Maldonado, alegando que “lo confundieron con un ladrón”.

Durante la audiencia, la fiscal Ana Laura Roses comprobó que estas personas persiguieron a la víctima con cachiporras y utilizaron un cuatriciclo para embestirlo, provocándole lesiones. Además de la golpiza, trataron de meterlo dentro de un auto, lo que el joven evitó al convencerlos de que lo acompañaran a la casa alquilada por sus padres, para corroborar que se estaba alojando allí y no era un ladrón.

Una vez que se dieron cuenta de que habían cometido el error, los imputados intentaron subsanar la situación a través de regalos. La fiscal aseguró que quisieron invitarlo a pasear en el cuatriciclo con el cual lo habían embestido, a pasar a la piscina, e incluso le ofrecieron al padre pagarle el resto del alquiler con tal de que dejaran la propiedad. Roses dijo que el 90% de lo sucedido quedó registrado en cámaras de seguridad del barrio.

La fiscal solicitó prisión preventiva por 90 días argumentando que había riesgo de que si los imputados quedaban en libertad pudieran entorpecer la investigación y además comprometer la seguridad física y mental de la víctima. Sin embargo, el juez Amor manifestó que “no hay mérito para creer que hay sospecha grave y fundada” sobre esos puntos, y denegó el pedido. En cambio, dispuso la fijación de domicilio, la imposibilidad de salir del país y la prohibición de acercarse a 500 metros a la víctima. La Fiscalía decidió apelar las medidas tomadas por el juez.

La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno y Ana Laura Pérez.

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Gastón González

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2 Comentarios

  • Si la víctima de este delito fuese mujer, Bueno no estatría diciendo que no es gravoso para la víctima. Esto es GRAVÍSIMO por lo que potencialmente podría haber pasado (se podría haber terminado en un homicidio o en una fractura de la espina dorsal con consecuencias definitivas para el jóven). Además, existen las consecuencias psicológicas para la víctima. El haber vivido semejante humillación, sometimiento y pánico es para siempre. Personalmente no creo en las indeminzaciones como sólo castigo en el derecho penal. Un delito penal es contra toda la sociedad. Como ciudadano creo que la señal debe ser que hay delitos que no se arreglan con dinero. Ponerles una multat, por gravosa que sea, es llevarlos al terreno en el que ellos saben operar: pagar para arreglar la cosa. La cárcel es mucho mejor, porque el no comprarían con dinero la expiación de la culpa. Es gente de plata, así que el castigo debe ser inmaterial.

    Lo que dice Pérez, según ella desde su militancia feminista, desde mi punto de vista va conra todas las evidencias. En este caso uno de los denunciados reconoció públicamente haber cometido el delito (aunque le parece algo menor, subsanable con plata y se cree «gente de bien»). No creimos enseguida el relato, sino que, más allá de los detalles de la narración, hay una confesión de parte. Fueron corroborados luego por videos que no vi, pero que son del Ministerio del Intetrior y que la justicia afirma que son ajustados a la denuncia. Eso es muy diferente al caso de la denuncia de violación, donde los videos aparecieron varios días después, son fragmentos y al menos durante el lapso de la grabación darían a entender que lo que allí pasó fue consentido. También fue diferente la reacción de la justicia, que luego los procesó CON PRISIÓN. El sesgo de género en esto (sin sorpresas para mi) es exactamente alrevés. Aguantar golpes es lo que la sociedad espera de un hombre.

  • Me parece un dato importante y a analizar, que la defensa legal de los agresores fuers tomada por el abogado de la jefatura de Maldonado, parecería más sensato que el representante legal de la jefatura fuera un cargo de ocupación exclusiva, para preservar imparcialidad

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