Juez dispuso ayer «la suspensión inmediata» de la vacunación contra covid-19 a menores de 13 años

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

 

El juez de lo contencioso administrativo Alejandro Recarey dispuso ayer «la suspensión inmediata» de la vacunación contra covid-19 a niños menores de 13 años, hasta que se divulguen los contratos entre el Estado y la compañía farmacéutica Pfizer y se elabore una nota incluyendo una serie de detalles sobre la vacuna, por ejemplo, la «composición de las sustancias» que la integran.

Recarey tomó la determinación tras un pedido de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone para suspender la vacunación a niños, prevista a partir de los 5 años de edad, aunque de forma voluntaria.

Una vez conocida la sentencia, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado anunció que el Estado va a apelar la sentencia.

«Hoy había habilitados para segunda dosis 5.800 menores, muchos con comorbilidades y muchos con prescripción médica. Más allá de los que se podían vacunar con la primera dosis. Por eso, el gobierno, lo primero que está preparando es la apelación inmediata de este fallo judicial. Los fallos se acatan, pero se pueden criticar. Este fallo es un disparate. En sus fundamentos dice que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses de farmacéuticas privadas. Para el gobierno y para el Uruguay entero este argumento es inadmisible».

Por su lado, el prosecretario de Presidencia, el Dr. Rodrigo Ferrés, aseguró que el fallo de Recarey se entromete en una competencia del Poder Ejecutivo. Ferrés dijo que «cada poder del Estado tiene determinados cometidos atribuidos por la Constitución, que le son propios y de ahí que los poderes actúan en forma independiente». «La fijación y la conducción de la política sanitaria es un cometido esencial del Poder Ejecutivo, y si bien vamos a acatar porque creemos en la justicia vamos a apelar inmediatamente porque estamos muy preocupados por las madres y padres que están angustiados por este disparate».

La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Pablo Regent.

 

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Candela Stewart

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8 Comentarios

  • Tal vez se haya subestimado a Recarey, no lo sé, más allá del endeble pedido de amparo del abogado, el juez, técnicamente sólido, parece tener distinto objetivo y acaso, atendible.

    ¿El fallo es anti científico, negacionista? quizás no, y es por el contrario un intento transparentador; me refiero no solo a la información que, por cierto está disponible, sino a la difusión exacta y accesible a ella por parte de las personas comunes, y sobre todo a lo que no está disponible: los CONTRATOS.

    Fue mprescindible firmar para acceder a las vacunas y hacerlo con cláusulas de confidencialidad, ¿entonces por qué?.
    Se puede inferir por sobre la mera conjetura que hay condiciones ocultas, que la posición dominante del laboratorio obligó a los gobiernos a ser rehenes de silencio y que la causa es el lucro de la farmacéutica, o si no, la única alternativa era dejar morir gente y listo.

    Me permito plantear otra óptica distinta a la que se planteó de forma predominante: ciencia versus oscurantismo (¡viva la ciencia!)
    a otra visión: transparencia versus opacidad (quiero saber que dicen los contratos, porque una pandemia es cosa pública y humana por arriba del interés mercantil del laboratorio)

    Por si acaso no se entiende, desde mi ignorancia biológica, apuesto a la academia y sus saberes.

    • Estimado,

      Estoy muy de acuerdo con su planteo. Me permito agregar lo siguiente, siguiendo con mi obstinación con separar los tantos: ¿El fallo es anti científico, negacionista? Los fallos jurídicos se tienen que preocupar por ser ajustados al derecho, no científicos. Del mismo modo un descubrimiento científico se tiene que preocupar por ser científico, no ajustado a derecho. ¿Desde cuándo los jueces tienen que ser científicos? La verdad que cuando veo que se argumenta desde ese lugar me convenzo de que en Uruguay cada vez entendemos menos para qué sirve el derecho.

      Saludos cordiales.

  • Fue necesario recurrir a un recurso de amparo, porque además de descalificar a quienes opinamos diferente en el tema Covid, la Prensa ha censurado a quienes manifestaban su discrepancia con la forma en que se encaró el tratamiento del virus. No se les dio espacio para que explicaran sus argumentos. Y a pesar de que hay abundante información de científicos internacionales que cuestionan la vacuna de Pfizer, desde el oficialismo se insiste en la eficacia (no comprobada) de la vacuna. Al menos con esto se logra que se hable del tema.

  • A diferencia de la tertulia del jueves, en la que se habló de cualquier cosa menos de derecho, me resultó clarificador escuchar a Abal y a Collazo hablar del tema. Me resulta además muy positivo que el juez haya resaltado que su sentencia no es sobre ciencia ni sobre política sanitaria, sino sobre los aspectos legales del contrato y de la información que el Estado le asegura a los ciudadanos. Las críticas de Abal a la legitimidad del recurso son bien interesantes también, aunque el argumento del juez sobre el control bromatológico no es nada tonto. En definitiva lo que parece que dijera el juez es que el Estado normalmente se obliga a controlar ciertos aspectos de seguridad para productos de consumo humano, pero que en esta vacuna firmó un contrato que le impide cumplir con ese precepto. Vamos a ver cómo sigue esto.

    Estoy de acuerdo en que esto al final es positivo porque pone el foco en un aspecto del contrato que siempre estuvo soslayado por la urgencia del gobierno por conseguir las vacunas y por las condiciones de «blindaje jurídico» que impuso Pfeizer para venderla. Con esto no estoy diciendo que no tuviera sentido comercial lo que hizo Pfeizer, dado que estaba comercializando un producto de tecnología hasta ahora no usada en vacunas comerciales. Tampoco digo que no tuviera sentido político que el gobierno aceptara las condiciones dado que las vacunas las precisaba y las condiciones las fijaba el proveedor. La pregunta que parece estar sobre la mesa es si el ordenamiento jurídico le permitía al gobierno aceptar esas condiciones, pregunta que es perfectamente pertinente.

    Grompone me dejó asombrado: resistió estoicamente a analizar la materia jurídica de la demanda y se refugió en la evidencia del consenso científico que tiene la vacuna. Una cuestión que jamás podría ser la materia de una sentencia judicial, tal como lo dice la propia sentencia del juez. De modo que su análisis no parece pertinente.

    • Mire, amigo: cuando empezaron a aparecer las vacunas contra el covid, yo también dudé si dármela o no; no quería ser sujeto de experimentación. Pero cuando se divulgó que en todo el mundo se la estaban dando, que había informes de científicos internacionales que aprobaban la vacuna, que también nuestros científicos le daban su aceptación, y el gobierno decidió ofrecerla, quién era yo para cuestionar todos esos informes? Así que terminé dándome las cuatro dosis de Pfizer. Al final de cuentas, la aspirina fue suministrada masivamente por décadas contra los dolores musculares, y recién después de cien años se la vino a cuestionar porque tiene efectos sobre la licuación de a sangre, aunque no hay denuncias de muertes masivas por su uso durante tantas décadas. Con respecto a la fórmula y proceso de su fabricación, yo cuando tomo una Coca Cola, por ejemplo, no sé cómo está hecha esa bebida, y comprendo que el fabricante quiera preservar su secreto por razones comerciales; eso sería también aplicable a este caso. Y con respecto al secreto en el contrato de suministro que haya firmado el gobierno, a mí cuando en mi sociedad médica me dan un medicamento, no sé por qué me dan esa muestra cuando hay otros productos similares de otras marcas en el mercado, y que incluso a veces tienen más unidades; entiendo que hay razones comerciales de contratación con el laboratorio fabricante que a mí no me corresponde conocer; aquí sería lo mismo. Y si una persona entiende que en este caso, dado que una parte contratante es el Estado, que es de todos, y por eso se debe dar a conocer el contrato, de todas formas ese planteo es de naturaleza política pero no jurídica.

      • Disculpe que le pregunte, pero ¿cómo hizo para darse 4 Pfizer? Yo tuve derecho sólo a dos y las otras dos eran de Sinovac. Lo que usted dice es más o menos lo que yo dije: mirando la información a la que tenía acceso, decidí que era mejor encomendarle mi sobrevida a gente como Moratorio que a César Vega. Pero eso no es un asunto jurídico. Insisto, el juez dice con buen tino que no está expidiéndose sobre la bondad de la vacuna ni sobre la política de vacunar, sino sobre las condiciones del contrato.

        Cuando usted toma Coca-Cola la fórmula no la conoce pero supongo que pasa por los mismos controles que cualquier otra bebida. Con los medicamentos la cosa es diferente. Todos los medicamentos que se venden pasan por determinados controles que, a juicio del juez, son incompatibles con el contrato que firmó Uruguay en este caso. Más aún, ese control a veces se usa para regular costos del sistema, por ejemplo. Hay medicamentos costosos contra el cáncer que tienen aprobación en USA, pero que en Uruguay, estratégicamente no han pasado por el control y la habilitación pertinente. ¿Somos más rigurosos en Uruguay? No creo. El tema es que si se autoriza, entonces se puede exigir al Fondo Nacional de Recursos por un recurso de amparo y el Estado lo duerme para no cubrirlo. De pronto con la vacuna es alrevés, la parte desesperada por tener vacunas es el Estado, el laboratorio mira y dice «si usted me blinda jurídicamente, yo le vendo lo que puedo tener hoy; pero le estoy vendiendo algo que normalmente me lleva 10 años de testeos… no me pida que le dé las mismas garantías». Todos tienen razón y todos están haciendo lo más sensato. Pero capaz que eso implica que el Estado esté incumpliendo sus propias normas, lo que el Estado no tiene derecho a hacer. No sé si se entiende mi énfasis. Discutir la pertinencia de las leyes para adecuarse a la realidad o discutir las decisiones para adaptarlas a las leyes hacen a la vigencia del Estado de Derecho.

        • Bueno; yo soy mayor de 70, y a nosotros de entrada nos prometieron la vacuna Pfizer. Eso implicó que tuviéramos que esperar varios meses para iniciar, mientras a otros le suministraban la Sinovac. Pero bueno; eso ya es historia.
          Tal vez el Estado haya incumplido sus normas al firmar un acuerdo de confidencialidad. Pero eso es, en todo caso, una falta de orden administrativo; nunca puede usarse como argumento para que a un interesado no se le suministre la vacuna.
          Y con respecto a las personas que recurrieron para que no se les hiciera un hisopado para ingresar al País, ahí concedo que – por lo menos – es procedente el recurso de amparo: una persona entiende que se le quiere aplicar una disposición ilegal e interpone el recurso para exceptuarse de ella. En cambio, en el caso de la vacunación a menores de 13 años – que no es obligatoria -, el que presentó el recurso no era afectado en nada, por lo cual para mí el juez debió rechazar el petitorio de entrada.

      • Me permito agregar una cosa: El juez Recarey falló también que la exigencia de hisopados para que no vacunados ingresen al país no es legal. El gobierno cuenta con apelar ese fallo también, lo cual no lo veo mal. Ahora bien, un funcionario de jerarquía de migraciones emitió un comunicado en el que acataba el fallo del juez y dejaba sin efecto la medida. El gobierno, no sé bien con qué argumento jurídico, decidió que como va a apelar, no acata el fallo ni un día. ¿Estoy loco o eso es ilegal? ¿No tiene que apelar primero? ¿Es suspensiva la apelación? Creo que para recursos de amparo, no.

        Yo vuelvo al asunto que más me preocupa en todo esto que es el poco respeto que tenemos en Uruguay por los principios más elementales del derecho. Parece como si el cumplir un fallo fuera algo sujeto al discernimiento de las autoridades. A mi como ciudadano me preocupa sobremanera la vigencia del derecho. La idea de que hay procesos, jerarquías y tiempos que no están sujetos a la opinión ni al sentido común («el menos común de los sentidos», según dice el adagio) es la base del derecho. Para colmo, si el Estado mismo no reconoce el derecho, qué podemos esperar del ciudadano común. La nada misma.

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