¿Los legisladores deben ser responsables penal y civilmente por lo que publican en redes sociales?
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
¿Los legisladores deben ser responsables penal y civilmente por lo que publican en redes sociales?
El miércoles el exfiscal de Corte Jorge Díaz propuso crear una ley que interprete la Constitución para establecer que los legisladores no están amparados por sus fueros cuando utilizan las redes sociales.
La propuesta de Díaz implica aprobar una ley interpretativa del artículo 112 de la carta magna, que establece que senadores y diputados “jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”. La norma que propone Díaz implica establecer que los legisladores no están en el ejercicio de su función cuando utilizan las redes sociales, y por ende son responsables civil y penalmente de lo que publican.
“Que no se diga que es censura o que limita la libertad de expresión. Simplemente no aplicará la inmunidad civil y penal que tienen por sus dichos y serán responsables, al igual que todos nosotros cuando nos expresamos. Todos iguales ante la ley y sin privilegios”.
El exfiscal de Corte hizo su propuesta luego de que la senadora Graciela Bianchi retwitteara declaraciones falsas atribuidas a la periodista de la diaria Denisse Legrand sobre el asalto de manifestantes bolsonaristas a edificios públicos en Brasilia.
«La agresión como método, la mentira como argumento y la cobardía solapada en la inmunidad parlamentaria para evitar cualquier responsabilidad, es el combo perfecto para chapotear en el lodo», aseguró Díaz en su cuenta de Twitter.
La Tertulia de los Viernes con Raúl Cohe, Natalia Costa, Juan Grompone y Javier Mazza
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Bienvenidas las nuevas voces tertulianas refrescando el verano y los viernes que se pusieron ultimamente, algo mustios; soy yo entusiasta del espíritu filosófico.
Dicho esto, fue Juan el que hizo sonar la tecla precisa: el sentido común como primera guía de pensamiento y hacer.
Los fueros, creados para garantizar la libertad de expresión de los legisladores…son eso con ese espíritu.
No son patente de corso para salpicar desde un pestilente estiercolero, porque la mentira no es una opinión,
la calumnia no es un argumento,
la injuria no es un postulado y sobre todo,
la estupidez -esa cosa contagiosa como gonorrea- no es un ideal.
¿Qué sociedad queremos? si no podemos acceder a la verdad -un asunto presuntuoso y huidizo- si podemos alcanzar a desforestar, aunque de trabajo, el bosque de las falacias florales, las germinadas imposturas, la hiedras apócrifas…
Si la creencia se impone a la evidencia, involucionamos hacia el terraplanismo validado como respetable y aceptable.
Lo que está bien es materia plástica y ética de discusión legítima, lo que está mal suele romper los ojos y no deberíamos cerrarlos para enfrentarlo; aplica a éste tema, con más de un caso tan concreto, como obvio.
En esto discrepo totalmente con la opinión de Juan Grompone. Un legislador no es legislador sólo cuando está en una sesión de su cámara o en una comisión parlamentaria, sino durante todo el tiempo que esté vigente su mandato. Y las opiniones que pueda vertir tanto en una entrevista periodística como en una reunión partidaria o en un acto público deben estar protegidas de la inmunidad y los fueros, para que pueda conocerse su punto de vista sin recortes. Y las expresiones que puedan hacerse a través de las redes entran también en este ámbito de libertad, aunque yo no soy muy partidario de lo que se dice por estos medios, que en general se prestan para disparatear. Pero es preferible que se puedan hacer esas expresiones públicas y se puedan controvertir públicamente y al momento por el ágora, que imponer una censura o tener que recurrir a la vía judicial. larga y muy complicada. Lo único que merece reparos y debería controlarse, es la posibilidad de inferir agravios o insultos a otras personas.
Hay que avisarle a Natalia Costa que Trump nunca recomendó tomar cloro. Ella miente a sabiendas. Trump recomendó tomar hidroxicloroquina.
Hay necesariamente una contraposición entre libertad de expresión y garantías de no recibir agravios, difamaciones o simplemente ser víctima de un engaño. Estos asuntos son cuestión de graduación como casi todo en las relaciones sociales y hay que tener cuidado con cómo se regulan porque cualquier posición «filosa» nos puede teleportar a sistemas muy opresivos. Mi intuición es que se debería empezar por distinguir las situaciones en las que se afirma algo que sólo puede ser verdadero o falso de cuando se emite una opinión. Por ejemplo, la afirmación «si se reestableciera la esclavitud viviríamos en una sociedad más justa», por mucho rechazo que me provoque (y espero que también a la enorme mayoría de la gente), no es más que una opinión. La noción de justicia en sí misma no es algo objetivable, entonces en el fondo es un juicio teñido de valores morales, ideológicos, etc. Otra cosa muy diferente es afirmar «Denisse Legrand dijo tal o cual cosa». Esto es casi que un enunciado de la física clásica (dudo que la cuántica y la metáfora del gato de Schröedinger se apliquen a esta escala de la materia). Entonces, la solución en este caso está en que los fueros no protejan del delito de difamación. Dicho de otro modo, si el político dice de alguien que dijo o hizo cierta cosa y la persona aludida le exige que se retracte, a menos que logre probar lo que dijo, debe retractarse, pagar eventualmente costos y costas, daño moral y lucro cesante si fuera una difamación que perjudicara su modo de vida. Eso es sencillo, es fácil y no se me ocurre una buena razón para que un político ande afirmando que tal persona dijo o hizo cosas que no puede probar que las dijo o las hizo.
Después hay otros temas más enredados, zonas de grises bastante complejas, como lo relativo al COVID y a las premisas que ciertas figuras públicas dieron al respecto. La situación era la siguiente:
1. Una nueva enfermedad donde los médicos están aprendiendo, la OMS cambia de recomendaciones a cada rato, pasamos de no al tapaboca, a un tapaboca, a dos tapabocas a ningún tapabocas, etc. etc.
2. Hay un pensamiento científico masivo y muy difundido que es el que va marcando este estado del arte que va variando día a día, pero hay algunos con credenciales que se desmarcan, que los contradicen, aunque son minoritarios. Quiero recordar por ejemplo que lo de la hidroxicloroquina tenía un paper publicado en «The Lancet», si no me equivoco, que luego lo eliminaron porque parece que el arbitraje había sido un poco laxo.
¿Tiene sentido considerar que sin un político da opiniones sobre cuestiones científicas que son marginales o incluso equivocadas, eso es un delito? A mi me espanta esa forma de pensar porque trata con condescendencia a la gente que escucha ese mensaje. Se tutela la inteligencia de la gente, decidiendo qué está preparada para escuchar y discernir. Hay que apostar a que la gente pueda entre otras cosas asignarle un valor a una opinión en función de las credenciales de quien la emite. Si no estamos preparados para vivir en una sociedad en la que podamos discernir la información, vamos a terminar dándole la autoridad de pensar por nosotros a un establishment que por nuestro bien nos filtre lo que vemos o escuchamos. Algo así como lo que pasó hace poco con RT cuando todo occidente se alineó con la idea de que la guerra era entre buenos y malos y que a los malos mejor ni oirlos.
Entonces, mi impresión a quemarropa, así, como si fuera tertuliano es:
1. Delitos de opinión: No, nunca para ningún ciudadano. Opinar se puede opinar cualquier disparate si uno opina desde una perspectiva meramente ética. Tenemos que poder vivir y desarrollar la capacidad de oir o leer puntos de vista filosóficos o éticos que moralmente nos indignan y no quebrarnos, sino debatir con ellos y creer que si argumentamos bien, esas ideas nunca serán mayoría. Tenemos que poder como sociedad contener los desbordes que nos parezcan mayoritariamente totalitarios sin necesidad de amordazar a los que lo dicen. Esos son los riesgos de vivir en una sociedad libre. En la Alemania de entreguerras por ejemplo eso no salió nada bien, pero creo que es bastante aceptado que hubo mucha gente dentro y fuera de Alemania que dejó crecer el monstruo sin querer enfrentarse a él para no complicarse la vida. Una sociedad libre exige también un esfuerzo retórico mucho mayor que una sociedad en la que sólo se puede opinar de acuerdo a las mayorías.
2. Delitos de difamación o noticias falsas. Si son afirmaciones difamantes y quien las emite no las puede probar, es materia penal, debe castigarse y no debería haber fuero que valga.
3. Para los grises es donde tiene sentido que los fueros de los legisladores tengan un lugar y una justificación. Por ejemplo, un político en medio de la pandemia, en la cacofonía y el rumbo errático que tuvo en su momento la información, puede ser que elija la parroquia equivocada para encomendarle su alma. Y eso es un riesgo propio de la profesión política. Ojo, con esto no estoy defendiendo lo que dijo Trump, digo que juzgarlo no debería ser materia penal, sino política (cosa que de hecho su población juzgó y condenó en las urnas).
Los casos que nos convocan acá, respecto a la senadora Bianchi, creo que son todos del tipo 2.
Para terminar y volviendo al tema de la libertad de opinión: mis puntos de vista respecto a 1. han cambiado con el tiempo. En una época pensaba que hay que ser intolerante con los intolerantes, como decía Popper. El problema con ese principio es su naturaleza circular, porque quien se reserva el derecho de clasificar opiniones de otros como intolerantes es quien se autoriza a serlo. En principio me pareció razonable, hasta que empecé a ver por ejemplo lo que en USA ha dado la cultura de la cancelación y más en general, la cultura «woke». Desde mi punto de vista, dependiendo del caso, son muchas veces los woke los intolerantes, pero ellos desde el establishment moral de los medios sociales universitarios deciden que un profesor que no acepta determinadas teorías sociológicas no puede enseñar en su universidad. Desde su perspectiva el intolerante es el no woke, desde la mía la militancia woke es por naturaleza prejuiciosa e intolerante, porque las propias teorías que abrazan reposan sobre una fuerte componente especulativa y emocional. Al final, como en tantas cosas, los razonamientos circulares siempre contienen el germen de la contradicción.
Siguiendo con aspectos de la moral dominante, he visto que ha caído mucho en desgracia el principio de que difamar es un delito. Nos hemos ido acostumbrando que frente a determinadas denuncias, la falta no pruebas sobre lo que se denuncia no obsta para que la denuncia se pueda hacer y darle dimensión pública, con nombre y apellido de la persona denunciada. Quizá Bianchi se está aprovechando de que el sentido común de la gente hoy valida que se pueda escrachar a alguien en las redes sin tener la obligación de exhibir ninguna prueba. Como escuché una vez a una abogada en la tertulia refiriéndose a una denuncia que se había archivado que por ahora no se había podido probar, pero que eso no significaba que fuera inocente. Eso aplicado al caso de Legrand significaría por ejemplo afirmar que no la grabaron, pero en un boliche, luego de tomarse un par de copas hay gente de indudable credibilidad que jura que dijo eso. En la sociedad en la que yo crecí, valía la presunción de inocencia y el derecho al honor (que tiene rango constitucional) estaba por encima de cualquier duda existencial de ese tipo. Claro que un juicio rara vez prueba inocencia, pero la inocencia es el estado natural en el que todos estamos hasta que alguien pruebe lo contrario. Eso ahora no está tan claro incluso para los abogados y Bianchi (que es abogada) probablemente lo haya entendido.