Foto: Daniel Rodríguez /adhocFOTOS
Las protestas por el intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina se extendieron a distintos servicios de la Universidad de la República. Además de Medicina, fueron ocupados el edificio Alpargatas —anexo de las facultades de Medicina y Química— y las facultades de Arquitectura, Psicología, Humanidades y Ciencias de la Educación.
La Asociación de Estudiantes de Medicina y la Federación de Estudiantes Universitarios resolvieron mantener la ocupación hasta este sábado a las 8 de la mañana y retomarla el lunes a la misma hora. Por su parte, la Agremiación de Funcionarios Federados de la Universidad de la República ocupó este viernes el edificio principal de la Facultad de Medicina.
En diálogo con Emiliano Cotelo y Romina Andrioli en En Perspectiva, Pablo Martínez, estudiante de Medicina, consejero estudiantil y vocero de la Corriente Gremial Universitaria (CGU), dijo que su agrupación no participa directamente de la ocupación, aunque acompaña la medida como herramienta de movilización.
Martínez describió un clima de “mucha impotencia, mucho miedo y mucha inseguridad” en la Facultad de Medicina, tanto entre los estudiantes como entre docentes y funcionarios. A su entender, el episodio dejó expuestas carencias que la Universidad debe atender con medidas concretas.
El estudiante señaló que las situaciones de acoso psicológico, acoso por género y abuso "ya estaban presentes en distintos ámbitos de la institución". Aunque aclaró que no se habían registrado hechos de una gravedad similar al ataque ocurrido esta semana, sostuvo que algunas conductas están “muy normalizadas”.
También afirmó que se han presentado más denuncias de las esperadas, pero que los mecanismos existentes resultan "insuficientes". Según explicó, las personas que denuncian deben atravesar procedimientos burocráticos, declarar varias veces ante tribunales o comisiones y esperar el traslado de sus expedientes entre distintas oficinas. “Muchas veces terminan retirando la denuncia porque se cansaron de esperar o directamente, cuando se resuelve, ya ha pasado mucho tiempo”.
Martínez sostuvo que las situaciones de acoso no se producen únicamente entre estudiantes. También pueden involucrar a integrantes del cuerpo docente, aunque remarcó que se trata de casos puntuales y que no representan a la mayoría. A esto sumó los problemas de seguridad y de acceso a los edificios universitarios, que permiten el ingreso de personas ajenas a las facultades.
Entre las medidas reclamadas, mencionó fortalecer la formación sobre violencia de género y salud mental dentro de las carreras, mejorar los mecanismos de denuncia y crear espacios de apoyo psicológico y contención para estudiantes, docentes y funcionarios. “Nosotros en el futuro vamos a ser profesionales y no tenemos las herramientas como para desenvolvernos correctamente ante situaciones de este tipo”, planteó Martínez.
El consejero estudiantil también reclamó revisar de forma integral el protocolo de actuación de la Universidad. A su juicio, esa discusión debería involucrar a las autoridades, los docentes, los funcionarios y los estudiantes, porque cada sector vive estas situaciones desde lugares diferentes. “No basta solo con la mirada de las autoridades”, sostuvo.
Martínez consideró que el ataque dejó en evidencia fallas que hasta ahora habían pasado inadvertidas y reclamó que se tomen medidas para garantizar que estudiantes y trabajadores puedan transitar de forma segura por los centros universitarios. “Necesitamos que las autoridades reaccionen y que hagan lugar a lo que les estamos reclamando”, concluyó.
