En Perspectiva

Noticias del miércoles 24 de junio de 2026

Yamandú Orsi. Foto: adhocFotos

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En Perspectiva · Noticias 7AM – 24.06.2026

NACIONALES

El presidente Yamandú Orsi defendió la decisión del gobierno de utilizar vehículos militares para reforzar los operativos policiales en zonas de alta criminalidad. Afirmó que el objetivo es aprovechar recursos que ya tiene el Estado y poner a disposición del Ministerio del Interior la infraestructura necesaria para enfrentar los actuales desafíos de seguridad.

En una rueda de prensa ayer en Paysandú, el mandatario señaló que todavía se analiza qué vehículos serán utilizados y cuál será el mecanismo jurídico para instrumentar la medida. Explicó que algunos blindados deberían ser conducidos por militares, mientras que otros podrían quedar a cargo de funcionarios policiales.

“No está limitado a Montevideo porque, por ejemplo, hubo una ley que se votó hace unos cuantos años por la que la vigilancia de frontera está en manos del Ejército Nacional. Eso no es novedad. La custodia de las cárceles o los perímetros carcelarios está en manos del Ejército Nacional o de las fuerzas militares. La idea es utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando por los desafíos que hoy tenemos, que se pueda compartir. Tenemos que ver cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo, pero lo vamos a resolver”.

Orsi agregó que el asunto será analizado el próximo viernes en el Consejo de Ministros, en el que también deberán definirse los recursos y las compensaciones para el personal de las Fuerzas Armadas que participe.

Consultado sobre si la decisión representa un cambio de postura del Frente Amplio, que años atrás cuestionó iniciativas como la propuesta de Jorge Larrañaga de crear una Guardia Nacional integrada por militares, Orsi evitó entrar en una polémica y respondió que, como presidente, debe evaluar qué medidas resultan más convenientes en cada momento.


El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir pidió disculpas al representante nacionalista Jorge Larrañaga Vidal por haber llevado al plano personal una discusión política sobre seguridad ciudadana. El legislador del MPP había calificado de “fracasado” al exministro del Interior Jorge Larrañaga y luego se refirió a Larrañaga Vidal como “hijo de fracasado”.

La polémica comenzó en redes sociales, tras el anuncio del gobierno de utilizar vehículos blindados del Ejército en operativos policiales. Dirigentes blancos señalaron que en el pasado el Frente Amplio había cuestionado una propuesta similar impulsada por Larrañaga.

El cruce se produjo cuando Larrañaga Vidal defendió la gestión de su padre y cuestionó al actual gobierno por la situación de la seguridad. También acusó a Valdomir de defender lo indefendible, ante lo cual el diputado respondió con el agravio en reiteradas oportunidades.

"Un FRA CA SA DO. En plena pandemia cerró dos años que al final de la cuenta les resultó en el periodo de gobierno con más homicidios en la historia. Fracasados Larrañaga, Heber, Martinelli, Maciel, González, Capretti, etc etc", escribió, por ejemplo, en respuesta a un tuit de la expresidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez (hoy integrante del Partido Nacional).

Valdomir informó luego que se comunicó con Larrañaga Vidal para disculparse y reconoció que, pese a las diferencias políticas, no debía haber cruzado esa línea.


OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN

El gobierno rechazó la invitación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) de negociar las condiciones del timbre que esa institución se propone aplicar a la atención médica y mantiene su postura de buscar el mecanismo para anular la resolución.

Según informa El Observador, en una nota firmada por la Secretaría de la Dirección Nacional de Seguridad Social –dependiente del Ministerio de Trabajo– y enviada este lunes, el Poder Ejecutivo dice que no acepta la invitación a negociar formulada por la CJPPU y recuerda que ya le transmitió al presidente del organismo que velando por el interés general, explorará y aplicará el mecanismo formal que lo faculte para dejar la resolución sin efecto.

En el directorio del jueves 18, la Caja de Profesionales ratificó la decisión –votada por unanimidad el 28 de mayo– de aplicar un timbre de $ 170 a los “informes emitidos por profesionales universitarios asociados a consultas médicas” y aprobó convocar a la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo a una instancia de negociación. La idea es empezar a cobrarlo a partir del 1° de agosto.

En esa sesión del directorio, los representantes del Poder Ejecutivo pidieron rectificar la votación del 28 de mayo pero perdieron la votación por 5 a 2. La idea de los otros directores era abrir una negociación con el gobierno para tratar de aplicar algunas excepciones. El vicepresidente de la Caja de Profesionales, Fernando Rodríguez Sanguinetti, adelantó a la prensa que la idea era que menores de un año, mayores de 65 años e internados en CTI y cuidados moderados no paguen el timbre y, además, que se establezca un máximo de un timbre por mes por paciente. Sin embargo, para el gobierno no hay margen de negociación y el objetivo es anular la resolución. 


La ANEP y varios organismos del Estado lanzaron ayer la segunda edición de la estrategia de revinculación educativa, que busca que niños y adolescentes regresen a los centros públicos y permanezcan en el sistema. En 2025 fueron identificados más de 5.300 estudiantes desvinculados y más de 2.200 retomaron las clases.

Este año se prevé trabajar con una cantidad similar de casos, aunque las autoridades esperan mejorar los resultados. El plan fue adelantado un mes e incorpora ajustes en las bases de datos, para detectar antes a los estudiantes en riesgo y aplicar respuestas diferenciadas según la complejidad de cada situación.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, recordó que las asignaciones familiares se suspenden en casos de inasistencia y que los apoyos económicos están condicionados a la concurrencia regular. Las autoridades destacaron que la desvinculación tiene múltiples causas y requiere coordinación entre organismos, presencia territorial y un acompañamiento cercano de las familias.


La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) expresó su preocupación por la próxima Rendición de Cuentas y reclamó que la educación sea incluida entre las áreas prioritarias del gobierno. Pide recursos para docentes, auxiliares, infraestructura y equipos de apoyo.

Según los gremios, la ANEP solicitará unos 3.000 millones de pesos adicionales, una cifra menor que la planteada el año pasado y que, por ahora, no cuenta con respaldo del Poder Ejecutivo.

En una conferencia de prensa, el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, dijo que la coordinadora pedirá una reunión con el presidente Yamandú Orsi antes del 30 de junio, cuando vence el plazo para que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el proyecto de Rendición.

“En este marco, todos y todas somos conscientes de un elemento que nos debe llamar a la reflexión: la pobreza infantil. Hay propuestas estructurales del movimiento sindical –de las que la CSEU se hace eco– de que hay que empezar a discutir no solo políticas compensatorias en torno a estos temas, sino políticas de cambio estructural. Uno de esos elementos es el tema del (impuesto del) 1% al 1% más rico”.


Como parte del conflicto por el presupuesto educativo, Fenapes convocó para mañana a un paro nacional de 24 horas en todos los liceos públicos.

El sindicato reclama avanzar hacia una inversión del 6% del producto interno bruto en educación y un 1% adicional para investigación. Fenapes también cuestionó al ministro José Carlos Mahía, quien adelantó que esa meta no se alcanzará durante este período.


NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) pidió al Poder Ejecutivo una rebaja del 15% en el precio del gasoil a partir del 1º de julio, ante la caída del petróleo en los mercados internacionales.

Durante una actividad realizada ayer en la Cámara de Industrias, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, señaló que el combustible se encareció cerca de un 30% desde febrero y sostuvo que la baja del crudo debe trasladarse a las tarifas locales.

La ARU también reclamó mantener la revisión mensual de los precios y afirmó que la rebaja permitiría compensar los aumentos recientes y aliviar los costos del sector productivo.


En la misma línea, la Federación Rural reclamó una rebaja del gasoil y advirtió que los productores no pueden seguir financiando la pérdida de competitividad del país.

En un comunicado, la gremial señaló que el gasoil 50-S pasó de 48 pesos con 90 en febrero a 61 con 76 desde junio, un aumento de 26,3% en tres meses. Según sus estimaciones, el precio debería ubicarse hoy en torno a los 50 pesos con 63.

La Federación Rural también cuestionó el déficit fiscal, la presión tributaria, la burocracia y el atraso cambiario. Además, volvió a reclamar la eliminación del adicional del 1% municipal y sostuvo que el campo necesita menores costos y señales claras para invertir y producir.


La vicecanciller Valeria Csukasi calificó como una “muy mala noticia” el rechazo de la Cámara de Diputados de Suiza al tratado de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA, aunque aclaró que la decisión no es definitiva.

El acuerdo será analizado en setiembre por el Senado suizo y, si resulta aprobado, volverá a la cámara baja. Uruguay se ofreció a dialogar con los distintos partidos políticos de ese país para explicar la importancia del tratado.

El acuerdo ya fue ratificado por Uruguay, Brasil, Noruega e Islandia.


La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, informó que desde el 1 de julio regirá un aumento adicional del 1% para las jubilaciones y pensiones mínimas cuyos beneficiarios tengan ese ingreso como única entrada.

El incremento alcanzará a unas 115.000 personas amparadas por el BPS, la Caja Militar y la Caja Policial. La pasividad mínima está fijada en 20.935 pesos y el organismo verificará la situación de cada beneficiario mediante el cruce de datos.

El aumento se suma al 2% otorgado en julio del año pasado, no será descontable y se pagará con los haberes de julio, que se cobran en los primeros días de agosto.


Más del 85% de los 4.300 damnificados por la estafa de Conexión Ganadera firmaron un acuerdo para repartirse 35 millones de dólares, producto de la venta de ganado realizada por el síndico desde enero de 2025. El acuerdo era presentado este martes al juez de Concurso, Leonardo Méndez, quien debe homologarlo formalmente antes de que comience la distribución, un trámite que podría concretarse en pocos días. Una vez aprobado, los damnificados podrían cobrar en un plazo de 60 días, evitando así el largo y costoso proceso concursal.

El acuerdo distingue dos categorías de acreedores, que cobrarán en proporciones diferentes: quienes tienen ganado a su nombre y quienes invirtieron sin tener ganado registrado a su nombre. Queda fuera del acuerdo un grupo minoritario que optó por el proceso legal ordinario, que podría demorar dos o tres años. 

El representante de los damnificados, Matías Corts, aclaró que lo acordado representa solo el 10% del pasivo total reclamado, y que la apuesta mayor está en la vía penal, donde se concentran las posibilidades de recuperar sumas más significativas.


La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció que en setiembre comenzará un plan piloto para incorporar licenciados en psicología en los liceos públicos de todo el país.

El programa se desarrollará durante un año en séptimo, octavo y noveno grado, con una inversión de 25 millones de pesos. Los profesionales asistirán a los docentes ante situaciones de salud mental y funcionarán como vínculo entre los sistemas educativo y sanitario.

Lustemberg concurrió ayer a la Comisión Bicameral de Salud Mental del Parlamento. Luego de esa instancia, anunció la creación de nuevos centros Ni Silencio Ni Tabú en Ciudad del Plata y Salto. Antes de fin de año se prevé abrir otros dos locales en Lavalleja y Canelones, que se sumarán a los seis que ya funcionan en distintos puntos del país.


Un Tribunal de Apelaciones confirmó la condena al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por apropiación indebida. La Justicia entendió que se quedó con 180.000 dólares que pertenecían a la mutualista y que no fueron ingresados en los registros de la institución.

Iglesias fue condenado a dos años de prisión en régimen de libertad a prueba, con un año de arresto domiciliario total. De todos modos, permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede firme, ya que todavía puede recurrir ante la Suprema Corte de Justicia.

El tribunal también confirmó su absolución por insolvencia societaria fraudulenta, delito por el cual la Fiscalía había pedido una condena. Los magistrados consideraron que la existencia de un eventual crédito de Iglesias contra la institución no lo autorizaba a retirar unilateralmente el dinero.


Las Fuerzas Armadas de Libia liberaron ayer al ciudadano ítalo-uruguayo Matías Álvarez, detenido el mes pasado cuando intentaba cruzar el país en una caravana que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Álvarez permanecía retenido en Sirte, una región bajo control de autoridades no reconocidas internacionalmente. Esa situación y la falta de una embajada uruguaya en Libia dificultaron las negociaciones.

El canciller de Italia, Antonio Tajani, confirmó que Álvarez fue liberado junto con dos activistas italianos. Las gestiones fueron realizadas por los servicios diplomáticos de Uruguay e Italia, y está previsto que el uruguayo sea trasladado este miércoles a territorio italiano.


ECONOMÍA Y EMPRESAS

Fue inaugurada ayer en Paysandú la zafra citrícola, durante una actividad realizada en el establecimiento Azucitrus, cerca de Pueblo Gallinal, con la participación del presidente Yamandú Orsi.

El mandatario destacó el aporte de la investigación, la genética y la tecnología, y afirmó que Uruguay también exporta conocimiento generado en el país.

La citricultura ocupa unas 13.000 hectáreas, emplea a cerca de 15.000 personas y exporta más de la mitad de su producción. El gobierno anunció que actualizará el plan estratégico del sector y trabaja en la creación de un seguro contra heladas.


En el marco del inicio de la zafra, el gobierno y los productores lanzaron en Paysandú una campaña para prevenir el HLB, una de las enfermedades más destructivas para la citricultura.

La estrategia apunta a detectar rápidamente plantas sospechosas, promover el uso de ejemplares certificados y evitar el ingreso irregular de material vegetal.

La campaña incluirá actividades en escuelas, mensajes en medios y una herramienta digital para enviar imágenes y realizar denuncias.


El sector maltero de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) realizó ayer un paro de 24 horas por la situación de los trabajadores de la planta de AmBev en Paysandú.

La medida incluyó una movilización frente a la Dirección Nacional de Trabajo, en Montevideo. Los trabajadores están en seguro de paro desde el primero de marzo y reclaman una definición sobre su futuro laboral.


Los sindicatos de la refinería de La Teja realizaron ayer un paro de cuatro horas y una marcha hasta la sede de Ancap, en reclamo de estabilidad laboral, mejores condiciones de seguridad y una reducción de las tercerizaciones.

Los gremios cuestionaron la precariedad de los trabajadores contratados y reclamaron que quienes cumplen tareas permanentes puedan incorporarse al ente. Ancap acordó iniciar un cronograma de trabajo y volver a reunirse dentro de un mes.


UTE recordó que jubilados que cobran la Prima por Edad y hogares de estudiantes becados por el Fondo de Solidaridad pueden acceder a una bonificación del 40% en la factura eléctrica.

El beneficio se aplica a los cargos de la Tarifa Residencial Simple, para consumos de hasta 150 kilovatios hora mensuales. La empresa estima que todavía podrían acceder unos 17.000 jubilados y 9.000 estudiantes.

Los jubilados titulares del servicio no deben realizar trámites. Quienes no lo sean deberán cambiar la titularidad, mientras que los estudiantes deben completar el formulario del Fondo de Solidaridad.


En el mercado local, el dólar ayer subió, en esta ocasión 0,49%. El interbancario fondo volvió a estar por encima de los $40 y operó en promedio a $40,105.

En lo que va del año 2026, el dólar lleva una suba acumulada de 2,73% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025)

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $38,85 para la compra y $41,25 para la venta. 

En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró ayer en R$ 5,174. 

En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial aumentó y cotizó en AR$ 1.471,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en el entorno de los AR$ 1.505,00.  

El Euro se mantuvo frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1425.


Los precios del petróleo extienden las caídas por tercera sesión consecutiva, después de que las señales de una reapertura gradual del estrecho de Ormuz y la mejora de las relaciones entre Estados Unidos e Irán alivien los temores de una interrupción prolongada del suministro energético en Medio Oriente. 

Hoy, el barril de Brent del mar del Norte, referente del mercado mundial, cae de los 76 dólares, algo que no sucedía desde el 27 de febrero, el día previo a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Mientras que el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, cae 1,11% hasta los 72,10 dólares.


OTRAS NOTICIAS

La Justicia imputó ayer por femicidio y violencia doméstica al hombre acusado de matar a su pareja y ocultar el cuerpo en la vivienda que compartían en Tres Ombúes.

La víctima, una mujer de 44 años, había sido denunciada como desaparecida y fue encontrada el domingo con heridas de arma blanca y golpes. Convivían desde hacía cuatro años y no había denuncias previas.

El acusado, con antecedentes por homicidio y hurto, quedó en prisión preventiva por 180 días.


INTERNACIONALES

En Estados Unidos, el Senado aprobó una resolución que ordena la retirada de las fuerzas estadounidenses del conflicto con Irán, un revés simbólico para Donald Trump, ya que el texto no tendrá fuerza de ley. 

La declaración, adoptada por 50 votos a favor y 48 en contra, fue adoptada por la Cámara de Representantes anteriormente. 

La medida es una "resolución concurrente", lo que significa que no llegará a manos del presidente y por lo tanto carece de fuerza legal. 

A comienzos de mes, durante el trámite en la Cámara, Trump ya fustigó una votación "antipatriótica" por parte de la oposición demócrata y de los cuatro legisladores republicanos que se habían sumado. 

Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso está facultado para declarar la guerra. 

Si bien la ley permite al presidente desencadenar hostilidades para responder a una amenaza inminente, le exige obtener la autorización del Congreso en un plazo de 60 días.  


En Ormuz, la evacuación de más de 11.000 marineros bloqueados en el estrecho por el conflicto en Oriente Medio comenzó ayer.  

La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia especializada dependiente de la ONU, anunció un plan de evacuación "para los más de 11.000 marinos que siguen varados en la región" del estrecho de Ormuz. 

"Esta operación a gran escala se llevará a cabo en estrecha colaboración con Irán, Omán, el resto de Estados ribereños de la región, Estados Unidos y el sector marítimo", señaló el secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez. 

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento, el objetivo es alcanzar en un plazo de 60 días prorrogables un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales contra Teherán. 


El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó ayer que sin misiles su país habría acabado "igual que Gaza", e insistió en que su programa balístico no es negociable. 

"Si no existieran los misiles que tenemos para nuestra defensa, Israel y Estados Unidos habrían arrasado Irán igual que Gaza, sin mostrar piedad ni con los ancianos ni con los jóvenes", declaró durante una visita a Pakistán, un mediador clave en las conversaciones entre Teherán y Washington. 

"Jamás negociaremos con nadie, bajo ninguna circunstancia, nunca, sobre nuestras capacidades defensivas", añadió. 


El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recalcó que "ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas en una vía navegable internacional". 

Rubio realizó estos comentarios en Emiratos Arabes Unidos, la primera parada de una gira por los Estados del Golfo destinada a mostrar solidaridad con aliados clave que resultaron golpeados por la guerra. 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que había levantado las sanciones a Irán para permitirle producir, vender y suministrar petróleo y productos derivados hasta mediados de agosto. 

Como parte de su acuerdo, Washington aceptó descongelar 12.000 millones de dólares de activos iraníes, informó la agencia de noticias iraní Mehr. 


Irán decretó tres días feriados en la capital, Teherán, por el funeral del ayatolá Alí Jamenei, quien dirigió el país durante casi 37 años antes de morir en un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos en febrero. 

Un homenaje nacional está previsto en Teherán del 4 al 6 de julio, anunció en televisión un miembro de la organización del acto, Hasán Hasanzadeh. 

Esos días serán feriados y la ciudad estará "completamente cerrada", precisó.

La alcaldía espera la asistencia de unos "20 millones de personas". 


Un contingente marroquí llegó a Israel para unirse a la fuerza internacional en Gaza, según un mensaje publicado ayer en redes por la "Junta de la Paz" del presidente estadounidense Donald Trump. 

Un funcionario de esta junta que pidió el anonimato precisó a la AFP que el contingente llegó el 18 de junio al cuartel general de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en el sur de Israel. 

Está previsto que el contingente contribuya al desarrollo de la fuerza, afirmó el funcionario, quien confirmó la presencia de cuatro oficiales marroquíes. 

En febrero, Marruecos se comprometió a desplegar oficiales de policía y personal militar en la Franja de Gaza.


Roma se sumó ayer a las ciudades europeas en alerta roja, como París, por una ola de calor que se intensifica y hace temer por la salud de las personas más vulnerables. 

Francia vivió ayer la jornada más calurosa desde 1947, cuando comenzaron las mediciones, indicó Météo France, al anunciar una temperatura media de 29,8ºC. 

Para Météo France, la actual ola de calor es comparable a la de agosto de 2003, cuando murieron alrededor de 15.000 personas en dos semanas. 

"Debería superarla en términos de intensidad máxima. Su duración sigue siendo incierta", precisó. 

Además, unas 40 personas murieron ahogadas desde el 18 de junio, "principalmente jóvenes", indicó el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Italia declaró por su parte este martes la máxima alerta por calor en 15 ciudades, entre ellas Roma y Milán. 

Una parte del sur del Reino Unido también se encuentra en alerta roja y podría incluso batirse el récord histórico de 35,6 ºC para un mes de junio, registrado por última vez en Southampton en 1976, según el organismo británico Met Office. 

La casi totalidad de España, donde las olas de calor se multiplican desde hace varios años, se encuentra también en alerta por ola de calor, especialmente en zonas de Andalucía, el País Vasco y Cantabria. 


El primer ministro británico, Keir Starmer, que dejará el cargo, desea "una transición lo más fácil posible", subrayó ayer su portavoz, cuando dos personalidades del Partido Laborista estudian, según los medios, presentarse contra Andy Burnham, favorito para suceder al jefe del gobierno. 

Keir Starmer, que llegó al puesto de jefe de gobierno tras su aplastante victoria en las elecciones legislativas de julio de 2024, anunció el lunes su dimisión tras perder el apoyo de su partido. 

Andy Burnham, hasta ahora alcalde del Gran Mánchester, es el único candidato declarado por el momento para sucederle, después de que el lunes se retirara un posible rival, el exministro de Salud, Wes Streeting. 

Medios británicos informaron que Al Carns, antiguo secretario de Estado de las Fuerzas Armadas puede ser otro de los candidatos a suceder a Starmer. 

La prensa también ha señalado que Darren Jones, secretario jefe del Tesoro, un fiel aliado de Starmer y uno de los principales miembros del gabinete, está siendo animado a presentarse por algunos diputados. 


La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE) descartó ayer "irregularidades" en el balotaje más reñido de la historia de Colombia, que ganó la derecha el domingo con un estrecho margen. 

El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, dijo que reconocerá la victoria del abogado derechista Abelardo de la Espriella solo después del escrutinio final. 

De la Espriella, que se hace llamar "El Tigre", venció con el 49,6% de los sufragios, con poco más de 250.000 votos, según el preconteo de la institución que organiza las elecciones.

En conferencia de prensa, el jefe de la misión de observación de la UE en Colombia, Esteban González Pons, indicó que no hay “irregularidades”.

"Lo que podemos decir es que hasta este momento la legislación colombiana se ha cumplido. Las instituciones colombianas han estado a la altura de la exigencia y nosotros no hemos detectado ninguna irregularidad".

La misión de la UE desplegó 150 observadores electorales para la segunda vuelta presidencial en Colombia. 

Los seguidores de la izquierda, que salieron a las calles a protestar desde el domingo, compartieron en redes sociales imágenes comparando actas electorales al estilo de los seguidores de la opositora María Corina Machado en Venezuela. 

La misión diplomática aseguró que, según su monitoreo, los resultados del preconteo y el escrutinio final coinciden "en el 99,9%". 

La ONG estadounidense Centro Carter, por su parte, también avaló la "transparencia" de la entidad que organiza los comicios. 

Ambos organismos destacaron la participación de más del 63%, la más alta de la historia del país. 


El gobierno de Donald Trump impuso sanciones contra cinco empresas cubanas y a la esposa del hijo de Raúl Castro, Annalie Lilliam Rueda Cardero. 

Las sanciones incluyen a  cinco compañías cubanas afiliadas al conglomerado empresarial Gaesa, bajo control militar.  

Las empresas son Almacenes Universales, la financiera Rafin, el Banco Financiero Internacional, así como dos firmas estatales del ramo de minería: Geominera y Empresa Siderúrgica José Martí, conocida popularmente como Antillana de Acero, la mayor siderúrgica del país. 

Rafin y el Banco Financiero Internacional son "instituciones financieras vinculadas con Gaesa" encargadas de "mover dinero en representación del régimen", explicó el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio. 

"El gobierno de Estados Unidos, conducido por su deshonesto y mendaz Secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de Cuba, lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen", reaccionó en redes el canciller cubano, Bruno Rodríguez. 


La secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió a la liberación de presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y ofreció acompañar allí futuras elecciones. 

En la declaración, la secretaría de la OEA hizo un "llamado urgente a la liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas" en las tres naciones, según una declaración emitida en el marco de la Asamblea General del organismo. 

La OEA señaló que la detención "continuada de personas por motivos políticos es incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano". 

También subrayó la "necesidad de restaurar la democracia" en los tres países y para ello ofreció acompañar la "celebración de elecciones". 

En medio de fuertes presiones de Estados Unidos, el gobierno cubano anunció el 12 de marzo la excarcelación de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, y en abril anunció igualmente el indulto de unas 2.000 personas. 

Por su parte, Rodríguez  promulgó en febrero una ley de amnistía. La oenegé Foro Penal contabiliza cerca de 400 opositores detenidos aún en Venezuela. 

En tanto, un grupo de expertos de la ONU asegura que en Nicaragua hay más de un centenar de personas "desaparecidas forzadamente". 


En Perú, el izquierdista Roberto Sánchez pidió la anulación de los votos emitidos en el extranjero en la ajustada segunda vuelta presidencial de Perú, una medida que podría afectar unos 300.000 sufragios cuando el conteo oficial da una estrecha ventaja a la derechista Keiko Fujimori.

Fujimori, aventaja por poco más de 40.000 votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados. 

Para declarar un ganador deben ser aún revisadas actas impugnadas que contienen unos 82.000 votos.  

"Hemos presentado la solicitud de nulidad de oficio para que el Jurado Nacional de Elecciones declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares", indicó Sánchez en redes. 

Fuerza Popular, agrupación de Fujimori, señaló que esperará el 100% del conteo para proclamarse ganadores.

Por otro lado, el candidato Roberto Sánchez convocó a una jornada de movilización nacional para este sábado 27 de junio, en respuesta a la posibilidad de un triunfo ajustado de Keiko Fujimori en las recientes elecciones presidenciales en Perú.

Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía y a las fuerzas sociales y democráticas a participar de la movilización. Según sus palabras, la protesta busca sostener la lucha democrática en el marco de la ley y la Constitución.

El candidato enfatizó que la convocatoria involucra a todo el país. 

“Llamamos a la resistencia democrática, a nuestras regiones, a todo el Perú. El día sábado tendremos una jornada nacional de lucha democrática, de lucha patriótica, en el marco de la ley y nuestros derechos constitucionales”, expresó.

Un día antes, propuso iniciar un debate público acerca del desempeño de las instituciones implicadas en la segunda vuelta electoral, argumentando que sus acciones han generado una afectación considerable a la normativa vigente.

Estas declaraciones surgieron luego de que Sánchez mantuviera una reunión con el equipo legal de su agrupación política. El dirigente anticipó que en los próximos días se analizará públicamente el impacto de las medidas adoptadas, subrayando la importancia de la transparencia en el proceso.


El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue interrogado por la policía acerca de una pistola de su propiedad que le fue confiscada a uno de sus escoltas, a pocos días de que la justicia evalúe si debe permanecer en prisión domiciliaria o regresar a la cárcel. 

Condenado por intentar un golpe de Estado en 2022, Bolsonaro rindió su versión en su casa de Brasilia, tras el decomiso del arma a un miembro de su equipo de seguridad durante un control de tránsito la semana pasada. 

Las autoridades buscan determinar cómo la pistola del ex gobernante y excapitán del ejército terminó en manos de su escolta. 

En marzo, el magistrado Alexandre de Moraes le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud durante un plazo de 90 días, prorrogable. 

Antes del decomiso, el equipo de seguridad del expresidente había inutilizado el arma, debido a los medicamentos psiquiátricos que utiliza Bolsonaro, detalló su defensa en un documento consultado por la AFP. 

El expresidente se percató de que la pistola no funcionaba y pidió a su escolta que la llevara a una revisión, relata el escrito. 

El expresidente "es el legítimo propietario del arma", enfatizó su defensa en el documento dirigido a la corte suprema. 


En Río de Janeiro, turistas quedaron atrapados en un mirador por operación policial contra narcos, en el segundo incidente de este tipo en esta ciudad brasileña en lo que va del año. 

Los enfrentamientos comenzaron en la madrugada en la favela Morro Dona Marta, en el barrio Botafogo, cerca del mirador, donde se desplegaron los agentes, y dejaron herido a un pasajero de un autobús. 

La operación tenía como objetivo ejecutar más de 40 órdenes de arresto y allanamiento contra miembros del Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales de Brasil, indicó la policía. 

Los intensos tiroteos sembraron el terror entre los turistas que habían acudido a ver el amanecer. 


En Bolivia, el expresidente Evo Morales dijo que el gobierno está "forzando una guerra civil" con su "política neoliberal", en una entrevista con AFP en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo. 

"Con toda esa política neoliberal y neocolonial están forzando que haya una guerra civil. Por eso tengo moral para hablar eso. Nosotros acá no permitimos, hicimos una revolución con voto y no con bala".

Ciudades de Bolivia sufrieron en las últimas siete semanas escasez de alimentos, combustibles y medicamentos por bloqueos de rutas contra el presidente de centroderecha Rodrigo Paz, en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas. 

"No me voy a rendir", dijo el izquierdista Morales, días después de que el gobierno decretara el estado de excepción para terminar con los bloqueos y que amenazara con intervenir en el Chapare para capturarlo.


En Argentina hacía tiempo que el dólar no ocupaba la agenda informativa. Un poco opacado por los escándalos de corrupción, otro poco por la fiebre mundialista. Pero, sobre todo, porque el gobierno había logrado disipar las versiones sobre una devaluación inevitable.

A pesar del atraso cambiario acumulado en los últimos meses, el ministro de Economía, Luis Caputo, se defendía con el argumento de que el país está pasando por un boom histórico de exportaciones. Y afirmaba que es tan intenso el flujo de capitales que, si no fuera porque el Banco Central compra dólares todos los días, el tipo de cambio se desplomaría.

Sin embargo, hace una semana el dólar empezó a tomar velocidad, y ya subió más de un 3% en lo que va del mes. Llegó así a una cotización de 1.471 pesos y sin perspectivas de frenar.

De hecho, junio será el primer mes del año en que la tasa de devaluación será más alta que la inflación.

¿Qué pasó? No es que se haya frenado el impulso exportador. Pero los analistas creen que el mercado se está adelantando a un cambio de panorama. En parte hay una influencia externa, por la caída en el precio del petróleo, que implicará una menor entrada de divisas.

Además el mes próximo se acumula un abultado vencimiento de deuda, superior a los 4.300 millones de dólares, lo cual obliga al ministro Caputo a captar fondos del mercado interno.

No es que haya un temor de que el gobierno tenga dificultades para pagar, pero sí le implicará un sacrificio de reservas, y el mercado reacciona en consecuencia.

Hasta se está hablando nuevamente de una intervención del Banco Central en el mercado de futuros, tratando de frenar la suba de la cotización.

Para empeorar la situación, no se cumplió algo que había generado expectativa en los últimos días. En la revisión anual de una de las principales agencias de riesgo crediticio, Argentina no fue ascendida a la categoría de mercado emergente, y siguió calificada como stand alone, o marginal.

Esto significa que en Wall Street todavía no hay confianza sobre que el cambio de rumbo de la economía argentina sea permanente. Y, en consecuencia, deberá seguir con un acceso limitado al mercado global de crédito.

Frente a esas malas noticias, el ministro Caputo contrapuso un dato estadístico positivo. Se publicó el PBI del primer trimestre, que da una suba de la actividad de 2,3% en comparación con un año atrás.

Caputo enfatizó en que esa mejora estuvo presente en la mayoría de los sectores, para desmentir a sus críticos, que dicen que la economía se está concentrando cada vez más en los sectores ganadores del modelo, como el petróleo, la minería y el campo.

Pero la noticia que Caputo ya anunció y todavía no se concretó es el regreso de Argentina al mercado de deuda, con una tasa de interés de sólo 6 %, lo cual blindaría al país para el exigente calendario de deuda del año próximo.

(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)

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