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Noticias del jueves 29 de setiembre de 2022

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

El presidente Luis Lacalle Pou pidió al Ministerio del Interior que disponga una investigación administrativa de urgencia para saber por qué los antecedentes penales del ex jefe de su custodia personal, Alejandro Astesiano, no aparecieron en dos informes que le fueron elevados al mandatario en 2020 y 2021. 

Según Telemundo, el mandatario pide que se haga una investigación administrativa en la interna del Ministerio para saber si modificó intencionalmente el prontuario o el informe que se le hizo llegar al presidente.

Además, se solicitó el legajo de todos los funcionarios que hoy se desempeñan en seguridad presidencial.


Astesiano, imputado por varios delitos —entre ellos la creación de una asociación para delinquir y tráfico de influencias— fue derivado a la cárcel de Florida.

En el parte de ingreso, citado por el diario El País, se especificó que el exjefe de seguridad presidencial  tiene diabetes en tratamiento médico y este martes "tras un examen médico le descubrieron una piedra en la vesícula".

También en el documento se solicitó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que se tenga en consideración que su hijo fue rapiñado por integrantes de la banda "Los cabecitas", de la cual algunos miembros se encuentran recluidos. 

Se solicitó que "se adopten medidas de seguridad", en tanto Astesiano "teme por su integridad", según el parte de ingreso.


Ayer surgieron más novedades sobre el historial de Astesiano, formalizado el martes por su presunta participación en una organización criminal que se dedicaba a falsificar documentos que permitían obtener luego pasaportes nacionales.


Ahora se supo que en marzo de 2013 Astesiano fue procesado con prisión por un delito continuado de estafa. Aquellas actuaciones estuvieron a cargo del Juzgado de 4º Turno de Maldonado y, la reclusión, que duró cuatro meses, se cumplió en la Unidad 13 Las Rosas. Un año más tarde, en 2014, Astesiano fue condenado definitivamente por ese delito a una pena de 18 meses de prisión, pero no volvió a la cárcel, por el descuento de la preventiva y otras medidas cautelares.

En 2002 Astesiano también había sido procesado por estafa pero sin prisión.


En un comunicado emitido ayer, el Ministerio del Interior, aseguró que en 2020 y 2021 “informó oportunamente” al presidente de que la “ficha personal” de Astesiano carecía de antecedentes penales. Pero “sorpresivamente”, dice el comunicado, en la ficha personal actual de Astesiano, sí figura el antecedente penal por la causa de 2013. 

Ante esa “inconsistencia”, el ministro Luis Alberto Heber dispuso una investigación en la Dirección Nacional de Policía Científica para “saber quién o quiénes alteraron la información”, dice el comunicado.


El comunicado del Ministerio del Interior fue emitido minutos después de la hora 21:00 de anoche; poco después, el diario El Observador publicó que Astesiano también fue indagado por la Policía en enero de este año (2022) algo que también era ignorado en el gobierno.

El exjefe de seguridad de Lacalle Pou fue indagado el 17 de enero de 2022, por el Departamento de Investigación e Inteligencia Criminal de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, por "aprovechamiento de la falsificación", según Montevideo Portal.

 El lunes pasado, en conferencia de prensa, Lacalle Pou sostuvo que su ex custodio “no tenía antecedentes” penales. Sin embargo, el martes, el presidente dijo que se enteró por la prensa de que sí los tenía. Indicó que al principio de su mandato fue informado sólo de las anotaciones policiales de Astesiano y que si hubiera tenido conocimiento de los antecedentes penales, él habría tomado otra decisión respecto a su continuidad.

Según fuentes de Torre Ejecutiva citadas por el diario El País, Lacalle Pou recibió en marzo de 2020 y en septiembre de 2021 planillas en las que no figuraba que Astesiano había sido procesado en 2002 y en 2013. “Se trató de un engaño, se modificó la información”, sostuvo la fuente cercana al presidente de la República, consigna también El País.

Desde el Ministerio del Interior informaron a Presidencia, según Montevideo Portal, que “no existe una sola base de datos” de las personas que cometieron delitos. Es decir, hay más de un registro de fichas personales y las eventuales “diferencias” entre ellas podrían constituir una suerte de explicación a tal omisión.


Otra versión periodística da hoy Búsqueda que titula: “Respaldo público y enojo en privado con Lacalle Pou por el caso de su custodia”. El título se refiere a “compañeros de partido” del presidente y a “algunos socios de la coalición multicolor”.


Fuentes políticas que cita hoy el semanario, dijeron que, conforme se fueron sabiendo más detalles y se conoció que efectivamente había alertas sobre el historial de Astesiano que fueron desoídas, el “malestar” y la “preocupación” de varios dirigentes por el impacto político para el gobierno fue en crecimiento.

Cuando el presidente Lacalle Pou y Astesiano aún estaban en Costa Rica, el sábado pasado, la Fiscalía pidió al juzgado de turno una orden de allanamiento y de detención del entonces jefe de la custodia presidencial.


En la audiencia de formalización, la fiscal Gabriela Fossati dijo –según informó TV Ciudad y confirmó El Observador– que, después de eso y antes de ser detenido,  Astesiano borró todos los mensajes que tenía con el escribano Álvaro Fernández, también imputado en la causa. 

La fiscal del caso, dijo: “No se sabe si es que tuvo conocimiento o no de la investigación; se agotaron todas las medidas para que fuera reservado pero todos sabemos, quienes estamos en el sistema que a veces no alcanzan los esfuerzos para que la situación se logre”, expuso Fossati.


La bancada de Senadores del Frente Amplio comenzó a analizar ayer alternativas para que el gobierno brinde explicaciones en el Parlamento sobre este caso. 

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez dijo, en rueda de prensa, que existe una responsabilidad política del gobierno.

"Puso de jerarca de la seguridad del presidente a alguien que tenía profusos antecedentes, bastante complicados. Además tenía antecedentes penales cuando el presidente nos dijo que no tenía antecedentes penales. No es de recibo que el presidente nos diga: "Me dieron la mitad del informe, la otra mitad no me la dieron". Esas cosas nos tienen muy preocupados y estamos nuevamente en medio de un escándalo internacional que está relacionado con pasaportes".

Sanchez, luego describió a Astesiano como el líder de una "banda criminal instalada en la Torre Ejecutiva".

El también senador frenteamplista Enrique Rubio dijo, a título personal, hablando con La diaria: “O bien el ministerio no advirtió al presidente de la información que se tenía sobre este personaje, lo cual sería realmente muy preocupante, o el presidente hizo caso omiso de esos antecedentes”.

Incluso desde la coalición multicolor, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech declaró en una rueda de prensa que, a su entender, “hubo una apreciación equivocada de los antecedentes de esta persona”, es decir de Astesiano, y añadió: “Estas malas noticias nos desacreditan como país”

El secretario general del Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti, en rueda de prensa, definió al episodio como penoso y molesto, y dijo que "al propio presidente le mortifica". "Es una persona que tiene muchos años de actuación al lado del presidente y al lado entiendo que de su padre también, depositaron su confianza y este hombre no fue fiel", subrayó Sanguinetti.


La Vertiente Artiguista (VA) del Frente Amplio (FA) reclamó la dimisión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el caso Astesiano.

Un comunicado de la de la Mesa Ejecutiva Nacional de la VA emitido ayer expresa, entre otras cosas: “No se puede continuar sosteniendo a un ministro del Interior que ha demostrado no tener control de lo que sucede en los temas de competencia de su cartera. Presidencia debería asumir omisiones y también tomar decisiones políticas por el fracaso del ministro”.


OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN ESTA MAÑANA

El ministro de Salud, Daniel Salinas, fue el candidato menos votado en la elección para el próximo director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que se realizó ayer en Washington.

En la votación, que fue secreta, había cinco candidatos de otros tantos países, incluido el uruguayo.

Eran Camilo Alleyne por Panamá, Jarbas Barbosa Da Silva, nominado por Brasil, Florence Duperval Guillaume por Haití, Nadine Flora Gasman Zylbermann, por México, y Daniel Salinas por Uruguay.

En la primera ronda de sufragios, Salinas empató en el último lugar de las preferencias con el representante de Haití, al haber obtenido 4 votos en 37. 

El candidato de Brasil fue el siguiente menos votado, con nueve votos en 37. Los más apoyados fueron los postulados por Panamá y México, con diez votos cada uno.

En la segunda ronda, que también incluyó a todos los candidatos, Salinas no obtuvo ningún voto y quedó eliminado. 

Le siguió el candidato de Haití con un voto y el postulante de México con 11. Los dos más votados fueron los postulantes de Panamá con 12 votos, y el de Brasil con 13. 

Para las dos últimas rondas de votación quedaron los candidatos de Brasil y Panamá, hasta que finalmente, el brasileño Jarbas Barbosa Da Silva fue electo como el nuevo director de la OPS.

 “No siempre se gana. Como la vida misma”, escribió Salinas en su cuenta de twitter luego de la votación.


El senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, dijo que el decreto que flexibilizó la normativa sobre rotulado y empaquetado de cigarrillos influyó en la candidatura de Salinas. 

"No podemos negar que seguramente influyó porque se ha trasladado eso como un cambio en la política sanitaria del Uruguay, se facilitó una confusión que lamentamos porque pensamos que influyó negativamente en la candidatura de Daniel Salinas".

Agregó que a su entender, Salinas “trató de ser leal con Presidencia y se inmoló como candidato a la dirección de la OPS”.

El diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal también señaló que el decreto relativo al tabaco “fue inoportuno” con la candidatura de Salinas.


INTERNACIONAL

Ucrania pidió a la OTAN y la Unión Europea más ayuda militar y nuevas sanciones contra Moscú después de que las autoridades prorrusas proclamaran victoria en los referéndums para anexar sus territorios a Rusia. 

Las autoridades de las cuatro regiones en las que se votó pidieron ayer que se concreten las anexiones, para lo cual resta la aprobación del legislativo ruso. 

Pero los aliados de Kiev anunciaron que no reconocerían su resultado. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá reiteraron que "nunca" reconocerán los resultados de las votaciones, una promesa que ya hizo el G7 días antes.

Pero el gobierno ucraniano quiere que las palabras se traduzcan en hechos y reclamó más armas, a pesar de las advertencias de Moscú de que podría emplear su arsenal nuclear para proteger esos territorios en caso de anexión.

En un comunicado, enumeró "tanques, aviones de combate, vehículos armados, artillería de largo alcance, material antiaéreo y equipamiento de defensa antimisiles".


Por otra parte, Rusia anunció la apertura de una investigación por "terrorismo internacional" por el supuesto sabotaje a los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico, por el que señaló implícitamente a Estados Unidos.

A su vez, el Consejo de Seguridad de la ONU, se reunirá el viernes a petición de Rusia para discutir sobre lo sucedido. 

Todavía hay muchas incógnitas en torno a los escapes de gas, pero en Suecia, cuyos servicios de inteligencia se encargan de investigar lo ocurrido, la hipótesis de un sabotaje deliberado parece confirmarse.

Las dos tuberías Nord Stream han estado en el centro de una pulseada geopolítica en los últimos meses, en los que dejaron de estar operativos a causa de la guerra en Ucrania.  

El gasoducto Nord Stream 2, terminado en 2021, debía doblar la capacidad de exportación de Rusia a Alemania, pero su puesta en marcha quedó suspendida.

Los recientes escapes alejan la perspectiva de que el suministro de gas a Europa a través del Nord Stream 1 se reanude próximamente.


El gobierno de Nicaragua declaró persona "no grata" y expulsó del país a la embajadora de la Unión Europea, Bettina Muscheidt.

El lunes, la Unión Europea instó a Nicaragua a "poner fin a la represión" contra opositores, sacerdotes y medios independientes y a restaurar "la democracia". Este pedido fue presentado durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Según medios nicaragüenses, la cancillería ya informó de la medida a la Unión Europea, argumentando que existe "injerencia e irrespeto a la soberanía nacional".


En Estados Unidos, el huracán Ian barrió el estado de Florida con violentos vientos y lluvias torrenciales, causando inundaciones "catastróficas" y dejando a cerca de dos millones de hogares sin electricidad.

Con vientos sostenidos de hasta 185 km por hora, Ian tocó tierra a lo largo de Cayo Costa, en el suroeste del estado. Pocas horas después fue degradado a categoría 1.


Con pañuelos verdes y carteles exigiendo un "aborto seguro", miles de activistas se manifestaron en América Latina en el Día Mundial de la Despenalización del Aborto.

En México, donde hace un año la justicia declaró inconstitucional la prohibición del aborto, unas 1.500 mujeres se concentraron en el Zócalo y realizaron un acto en una atmósfera festiva.

Aunque la manifestación transcurrió pacíficamente, una veintena de activistas intentó romper la cerca metálica frente al palacio presidencial.

En Bogotá, unas mil manifestantes marcharon a favor del aborto por primera vez desde que un fallo de la Corte Constitucional de febrero lo despenalizó hasta la semana 24 del embarazo.

En América Latina la interrupción voluntaria del embarazo continúa ganando terreno, con países como Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay que lo han legalizado, aunque en otros como El Salvador, Honduras y Nicaragua, está totalmente prohibido.

En Chile y Brasil se permite solo en caso de violación, riesgo para la madre o grave malformación del feto.


En Argentina la tasa de pobreza se ubicó en 36,5% de la población en el primer semestre de 2022, con una reducción de 0,8 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2021.

Sin embargo, los datos oficiales indican que aumentó la indigencia, que incluye a las personas que no alcanzan a cubrir los gastos alimentarios básicos. El estudio oficial ubicó la cifra en 8,8% de la población, un alza de 0,6 puntos porcentuales confrontado al índice del segundo semestre del año pasado.

Así, la cantidad de personas situadas debajo de la línea de pobreza fue de 10,64 millones, de las cuales 2,56 millones son indigentes.

La encuesta del Indec se realiza sobre los 31 grandes conglomerados urbanos y no sobre la totalidad de la población de 47 millones de personas, pero ofrece un panorama global que permite ser proyectado a todo el país.

Según el Indec, más de la mitad (50,9%) de las personas de 0 a 14 años son pobres frente a 51,4% del semestre anterior y 54,3% en los primeros seis meses de 2021.


En Brasil, a 4 días de las elecciones, el Partido Liberal de Jair Bolsonaro divulgó un documento que cuestiona la seguridad de las urnas electrónicas. 

El informe fue presentado por el vicepresidente del PL, Capitao Augusto, mostrando señales divergentes dentro de la sigla. Mientras que Bolsonaro repite ataques a la máxima corte electoral, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, emitió ayer un guiño a la justicia con competencia electoral al visitar la sede de la corte, reunirse con el máximo juez electoral, y asegurar que no existe ninguna "sala secreta" de conteo de votos.

La corte electoral rebatió las acusaciones, calificadas de "falsas y mentirosas" y por disposición del juez Alexandre de Moraes, el documento será incluido en un proceso que investiga criminalmente a aliados del oficialismo por la divulgación de desinformaciones.

El documento, titulado "resultado de la auditoría de conformidad del PL", afirma que existe un escenario de "atraso" en relación a las "medidas de seguridad de la información", lo que generaría "vulnerabilidades relevantes" en las urnas electrónicas, que podrían resultar en una invasión de los sistemas electorales, con impacto en los resultados.

Jair Bolsonaro, en una transmisión live anoche, reforzó -sin pruebas- los ataques a las urnas.

La elección brasileña tendrá hoy un super jueves, día clave de campaña, con la divulgación de una nueva encuesta datafolha, un trabajo ampliado con más entrevistados, y por la noche el último gran debate de candidatos en la emisora de TV Globo, donde se cruzarán Lula y Bolsonaro.

(Corresponsal: Marcelo Silva de Sousa)

VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL

Opción Consultores publicó una encuesta sobre las preferencias electorales internas del Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN). 

La consulta fue realizada hace más de un mes, entre el 18 y el 19 de agosto.

Yamandú Orsi recogió 42% de las adhesiones de quienes expresaron que votarían al Frente Amplio en las próximas elecciones. 

Carolina Cosse recogió 28%; Óscar Andrade 12%; Mario Bergara 9%; ninguno 3%; no sabe o no contesta 7%.

Según Opción, “en un escenario donde se vuelve cada vez más factible que Orsi y Cosse compitan por la candidatura presidencial por el FA, una pregunta importante es qué sucedería si Andrade y/o Bergara finalmente no comparecieran como precandidatos”.

En cuanto al electorado del Partido Nacional, Álvaro Delgado sería votado por el 41%; Beatriz Argimón 16%; Laura Raffo 12%; Javier García 10%; Juan Sartori 6%; Martín Lema 5%; Jorge Gandini 1%; no sabe o no contesta 9%.

Según Opción Consultores, “el Secretario de Presidencia Álvaro Delgado ha mantenido invariablemente el liderazgo en las preferencias, sin llegar a la mayoría absoluta (su rango en 2022 ha oscilado entre 35% y 41%) pero a distancia apreciable de otros posibles contendientes”.


Mientras el Poder Ejecutivo insiste en su intención de derogar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como ley de medios, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) expresó por escrito su “preocupación” por la “eventual derogación de la ley vigente” y la “consecuente reactivación de la normativa predemocrática” que aparejaría esa derogación.

En una carta con fecha 19 de septiembre dirigida al senador blanco Penadés, presidente de la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto, de la cámara alta, a la que accedió el semanario Búsqueda, la Unesco expresa su preocupación “desde la perspectiva de los derechos humanos”.

En primer lugar, señala la misiva firmada por Ernesto Fernández Polcuch y Jan Jarab, representante de la unesco en Uruguay y representante regional para América del Sur, respectivamente, esta derogación es “deficitaria en términos de estándares democráticos”, pues consideran que no hubo suficientes espacio y tiempo para su discusión.

En segundo lugar, la Unesco evalúa que la regulación que se propone como sustitución -que según ha expresado el Poder Ejecutivo, es volver al escenario anterior a la aprobación de esta norma, durante el final del gobierno de José Mujica- “presenta amenazas a la vigencia plena y saludable de la libertad de expresión”.

La Unesco hace varias advertencias sobre el significado que tendría la derogación de la ley de medios, entre ellas, la posibilidad de “una mayor concentración (de medios) en pocas manos” y una “eventual flexibilidad con los discursos de odio”.


La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) confirmó mediante comunicado que estudiantes y docentes sindicalizados tienen la postura de continuar con las medidas de movilización por un aumento presupuestal para la Universidad de la República (Udelar).

Esta decisión se da luego de que a nivel parlamentario el gobierno asegurara los recursos por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad y un incremento presupuestal. 

Según anunció el senador Jorge Gandini, habrá un incremento de $ 160 millones, y se atenderá la contratación de más horas de docentes y la expansión hacia el interior del país.

ADUR señala en su comunicado “que empezaron a aparecer fondos que se había dicho que no existían o estaban disponibles” y por tanto saludan la medida del gobierno. Pero en la misma línea, consideran que son “absolutamente insuficientes” para las necesidades de la Udelar.

Según el sindicato, lo otorgado es “mucho menos de un tercio” de los fondos necesarios para que el cuerpo docente y los equipos técnicos, administrativos y de servicios puedan atender el crecimiento de la población estudiantil.

Por esto, continuarán las medidas de ocupación previstas para esta semana, que implicarán a ocho facultades de todo el país.


ECONOMÍA Y EMPRESA

Economistas, consultoras, bancos y AFAP consultados por el Banco Central (BCU) prevén un crecimiento de la economía de 5% para este año en la mediana de sus respuestas (es decir, ordenadas de menor a mayor y tomando la del centro). 

Ayer se conoció la Encuesta de expectativas del BCU, que mostró una mejora frente a la estimación de agosto, cuando habían previsto una expansión de 4,73%. 

En tanto, para 2023 y 2024, las proyecciones se mantuvieron sin cambios: los consultados estiman un crecimiento del PBI de 3% y 2,5%, respectivamente.


En el mercado local, el dólar subió ayer por cuarta jornada consecutiva, en esta ocasión 0,20%. El interbancario fondo se operó en promedio a $41,333.

En lo que va del año 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 7,52% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2021).

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $40,20 para la compra y $42,60 para la venta. 

En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró en R$ 5,359.

En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se situó en AR$ 146,86. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) se mantuvo estable y cotizó en el entorno de los AR$ 290,00.

Por su parte, el Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 0,9739.


OTRAS NOTICIAS

Delincuentes coparon una vivienda en la localidad de José Pedro Varela -departamento de Lavalleja- en la noche del martes, donde maniataron a los presentes, robaron US$ 180.000, $ 400.000 y oro.

La Policía busca a seis personas por este caso.

Un familiar de las víctimas declaró a la Policía que al llegar a la vivienda encontró a las víctimas maniatadas y las liberó. Además, narró que los asaltantes  "arremetieron con armas cortas y largas, vistiendo ropas oscuras simulando ser Policías por la inscripción en sus dorsos, sin llegar a distinguir el sexo". 


Está identificado el presunto autor del asesinato de un hincha de Peñarol cometido en la Plaza Libertad de la ciudad de Minas cerca de la medianoche del martes, durantes los festejos por el aniversario 131 del club carbonero.

La víctima fue un hombre de 34 años con cuatro antecedentes penales en Lavalleja y Canelones, según El País, a quien la Policía encontró caído en la calle con una herida de arma de fuego en el pecho y sosteniendo un arma blanca de 20 centímetros. 

El presunto homicida, que tiene un antecedente penal y se conocía con el ahora fallecido por ser barrabravas de Peñarol, según el mismo medio, está prófugo pero ya fue identificado por la Fiscalía y hay una orden de detención. 

También durante festejos por el cumpleaños de Peñarol a última hora del martes, pero en la ciudad de Salto, un grupo de personas destruyó la estatua del futbolista Luis Suárez quebrándola a la altura de las piernas, lo que provocó su desplome.


DEPORTES

Peñarol le ganó por penales anoche a Boston River y se clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

El arquero aurinegro, Thiago Cardozo, que ayer fue titular, atajó tres penales y logró que terminara con festejos la jornada del 131 aniversario de Peñarol.


Defensor Sporting y MC Torque también avanzaron a cuartos de final.

Ayer:

PEÑAROL 4 – BOSTON RIVER 3 (definición por penales)

MC TORQUE 5 – CERRITO 3 (definición por penales

DEFENSOR SPORTING 2 – RIVER PLATE 0

Cruces en cuartos de final:

DEFENSOR SPORTING – LIVERPOOL

MC TORQUE – PROGRESO

RAMPLA JUNIORS – LA LUZ

PEÑAROL – PLAZA

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