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Noticias del martes 30 de enero de 2024

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Foto: Nicolás Celaya /adhocFOTOS

NACIONALES

El canciller Omar Paganini habló con el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, y le advirtió que no puede participar en actos políticos partidarios, debido a las funciones que cumple en el servicio exterior.

La conversación, de carácter informal, se produjo luego de que el miércoles pasado el embajador asistiera a una reunión de dirigentes que apoyan al precandidato nacionalista Álvaro Delgado. Sobre este hecho, el propio Enciso había dicho al diario El País que pasó “a saludar” a Delgado y que le trasladó un “informe” sobre la actualidad de Argentina.

La Ley 19.841 inhibe a los funcionarios de cancillería a participar en actos o hacer declaraciones sobre política partidaria, ya que deben tener “entera independencia de personas, grupos políticos o partidos”, “debiendo servir con imparcialidad al interés general”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores analiza ahora si corresponde iniciar alguna acción administrativa, teniendo en cuenta que Enciso había sido observado el año pasado, por  asegurar en una entrevista de radio que los empresarios argentinos podrían “replantearse” sus inversiones en Uruguay si en 2024 ganara el Frente Amplio.

El tema estará en el Parlamento el próximo 6 de febrero, cuando el canciller Paganini asista en régimen de Comisión General para dar explicaciones sobre las decisiones de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande durante el período 2020-2023.


La oposición, en tanto, volvió a exigir la renuncia de Enciso. El senador frenteamplista José Carlos Mahía dijo que sería una “tomadura de pelo” que el embajador sólo fuera sancionado de forma verbal.

Mahía agregó que si Enciso se mantiene en el cargo, eso le restará “autoridad política al canciller para exigir una conducta distinta a otro embajador”.

“Tiene que cesar en el cargo. La observación es casi una tomadura de pelo. `No hagas eso y seguí en tu cargo. Estamos hablando que fue el comando de campaña de uno de los candidatos de la interna Partido Nacional y que va a ser seguramente uno de los que defina la elección nacional con el Frente Amplio. Por ello, un embajador tiene expresamente prohibido eso. Sin embargo, lo peor es que si se mantiene en el cargo, le resta autoridad política al canciller para exigir una conducta distinta a otro embajador porque ¿qué le puede decir al embajador que esté en Chile, Perú, España, en donde fuere, mañana? ¿Se puede reunir con un comité de base del Frente Amplio, con el comando de campaña de alguno de sus candidatos? Bueno, el embajador Enciso no puede y la Cancillería tiene que aplicar la ley, ni más ni menos”.


Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva afirmó que lo más conveniente hubiera sido que Enciso no asistiera al encuentro que mantuvo Delgado con los dirigentes de los sectores que lo apoyan. 

De todos modos, Da Silva le restó trascendencia al hecho y dijo que el embajador “vive hablando de política”, incluso con dirigentes de otros partidos.

“Cuando se reúne con Mujica, ¿de qué habla? Cuando se reúne con Sanguinetti, con todo el mundo. No lo defiendo. En su lugar no hubiese ido, para evitarme un dolor de cabeza. Él entendió que era un momento propicio -era el día del paro general- para informar. Es obvio que el embajador Enciso tiene una doble condición: funcionario del servicio exterior y dirigente político. ¿Tendría que haber ido? Con el diario del lunes capaz que no”.


La campaña que impulsa Cabildo Abierto “Contra la usura y por una deuda justa” llegó a la mitad de las firmas necesarias para convocar a un plebiscito sobre su texto de reforma constitucional, según indicó el senador Guido Manini Ríos.

Se deben recabar unas 270.000 rúbricas antes del 27 de abril para convocar a una consulta popular que se lleve a cabo junto con las próximas elecciones nacionales.

Manini dijo a Telemundo que están “convencidos” de que alcanzarán la cantidad de firmas requeridas y manifestó que es urgente solucionar una “realidad de abuso que viene sufriendo el deudor en manos de los acreedores”.

“Estamos esperando la devolución de miles de papeletas que están a lo largo de ancho del país. Hay gente que la llevó para su familia, sus amigos y que todavía no hemos recibido la papeleta firmada. Por lo que somos optimistas de que ese número que manejamos hoy se va a aumentar significativamente. Estamos implementando nuevas acciones para el puerta a puerta en el área metropolitana y en otros lugares para intensificar esta campaña. Estamos convencidos de que no vamos a tener mayores inconvenientes en llegar a las firmas que nos hemos trazado como objetivo antes del 27 de abril”.


El senador nacionalista Jorge Gandini reclamó que Uruguay declare formalmente a Hamás como un grupo terrorista.

Hablando ayer en la Comisión Permanente por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se cumplió el sábado, Gandini sostuvo que “no hay nadie” en la sala de la Comisión que “no considere que ese movimiento es una organización terrorista”. Por lo tanto, propuso que Uruguay “levante su voz” en las Naciones Unidas para declarar terrorista a Hamás que, dijo, plantea “en su carta fundacional el exterminio del pueblo judío”.


El senador frenteamplista José Carlos Mahía comentó que la propuesta de Gandini es algo “a analizar”.

Mahía coincidió en calificar de terroristas los ataques cometidos por Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre. Agregó que el planteo del legislador nacionalista debe ser estudiado ya que hay “que ver todas las organizaciones que pueden llevar ese calificativo”.

Gandini también propuso que Uruguay sea miembro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, ya que actualmente la integra como país observador.

Además, consideró que el sistema educativo “debe incorporar el holocausto no solo como homenaje, sino como aprendizaje”.


Ante la noticia de que la empresa chilena Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecon, piensa demandar al Estado uruguayo por 600 millones de dólares a causa del acuerdo que el gobierno firmó con la empresa belga Katoen Natie, que modificó la dinámica en el puerto de Montevideo, la presidenta de la Liga Marítima, Silvia Etchebarne, dijo que en el Puerto “se cometieron un montón de estropicios”.  

En diálogo con la diaria, Etchebarne, magíster en logística y gestión portuaria y afirmó que, si bien “había que ordenar el negocio de los contenedores” en el puerto de Montevideo, ya que había “contenedores desparramados por todos lados”, en el acuerdo alcanzado con Katoen Natie “se cometieron un montón de estropicios” que ocasionaron “ilegalidades” y “caos operativos que los vemos hasta el día de hoy”.

Acerca de la cifra de 1.500 millones de dólares que manejó Katoen Natie y que el gobierno planteó para llegar a un acuerdo, Etchebarne señaló que suponía “cinco veces el valor de la empresa” y apuntó que el Poder Ejecutivo “no consultó a nadie” y “no hizo un solo informe de eso”.

Etchebarne cuestionó especialmente la prioridad en los atraques que se le concedió a la terminal especializada administrada por TCP. “No se debió haber cambiado el paradigma, las reglas de juego. La ley de puertos es muy clara y dice que todos los negocios en el sistema nacional de puertos son en régimen de libre competencia con los muelles públicos, y acá [eso] se cambió para el negocio de los contenedores, sólo para ese negocio”, señaló, y afirmó que el acuerdo alcanzado “descalabró el negocio del sistema nacional de puertos”.

Consultada sobre la perspectiva de la demanda que inició Neltume Ports, Etchebarne dijo que a la empresa chilena “le va a alcanzar con mostrar cómo cambió su mercado” debido al contrato firmado entre el gobierno y Katoen Natie. Asimismo, apuntó que Uruguay tiene un tratado de inversión con Chile que establece “un compromiso internacional de respetar las inversiones que las empresas chilenas hagan en el país”, que “también se cambió cuando se firmó este acuerdo”. Por eso, a su criterio, no hay “ninguna duda” de que el Estado uruguayo perdería en un arbitraje internacional si se concreta.

Etchebarne añadió que, preliminarmente, la demanda es de 600 millones de dólares, cuando la inversión que Katoen Natie “prometió” en el acuerdo alcanzado es de 455 millones de dólares. “A mí eso me da cero. La inversión de la empresa belga la vamos a terminar pagando todos los uruguayos”, alertó. A su modo de ver, la mejor solución en este momento sería “renegociar algunos aspectos de las ilegalidades” que marca el contrato, así como “pulir los aspectos operativos que no se tuvieron en cuenta” y “respetar la ley de puertos”, es decir, “el régimen de libre competencia”.


INTERNACIONALES

En Cisjordania, soldados israelíes ingresaron en un hospital de Yenín vestidos como médicos, enfermeros y mujeres palestinas, se dirigieron al tercer piso y allí mataron a tres palestinos mientras dormían, utilizando pistolas equipadas con silenciadores, según detalles publicados en medios palestinos e israelíes. La operación, que quedó registrada en videos de cámaras de seguridad, duró apenas 10 minutos.

El Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina respondió señalando que “la ocupación ha cometido una nueva masacre dentro de un hospital" y agregó que el hecho se suma a las "decenas de crímenes" cometidos "contra centros de salud y contra personal de salud" en los territorios palestinos. Por último, recordó que el Derecho Internacional protege las infraestructuras civiles, incluidos los hospitales

La ministra Mai al Kaila pidió a la ONU y a las organizaciones de Derechos Humanos a acabar "urgentemente" con los "crímenes diarios" que, dijo, son cometidos por Israel tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza.

Por su parte, el Ejército de Israel aseguró que los tres muertos eran parte de una célula que estaba planificando "actividades terroristas" y que se había escondido en el interior del Hospital Ibn Sina. Así, especificó que uno de los presuntos integrantes de esta célula era Muhamad Jalamné, un residente en el campamento de refugiados de Yenín que "mantenía contactos con sedes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el extranjero" y que "entregó armas y municiones a operativos terroristas para llevar a cabo ataques armados inspirados en los sucesos del 7 de octubre".

"Junto a Jalamné han muerto dos terroristas que se escondían en la zona", subrayó la nota, que identificó a estas personas como como los hermanos Muhamad y Basel Ghazaui, presuntos miembros de Yihad Islámica.

"Desde hace tiempo, un gran número de personas buscadas se han escondido en hospitales y los usan como base para planificar actividades terroristas y llevar a cabo ataques, ya que creen que los hospitales servirán de protección contra las actividades de las fuerzas de seguridad", argumentó el ejército israelí.


El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutérrez, se reúne hoy en Nueva York con los "principales donantes" de la agencia para los refugiados palestinos (UNRWA), que está en el foco de la atención desde la semana pasada cuando se denunció que 12 de sus empleados estuvieron implicados en el ataque de Hamás el 7 de octubre en Israel.

"El secretario general está horrorizado de las acusaciones contra empleados de UNRWA", dijo a la prensa su portavoz, Stéphane Dujarric. "Su mensaje a los donantes, en particular a los que han suspendido sus contribuciones, es que al menos aseguren la continuidad de las operaciones de la agencia", ya que "miles de personas trabajan con dedicación en la región", añadió.

Guterres se reunió ayer con la representante de Estados Unidos ante la ONU y lo hará hoy con "los principales donantes de UNRWA", según el portavoz.

En la Franja de Gaza, la UNWRA, que proporciona ayuda vital a la población civil, está en apuros tras las acusaciones de la presunta implicación de 12 empleados (de los 30.000 de la región) en el sangriento atentado perpetrado el 7 de octubre por el movimiento islamista palestino Hamás contra Israel, que desencadenó la guerra.

11 países -entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón- suspendieron su financiación a la agencia, a pesar de que Guterres pidió el fin de semana que mantuvieran la ayuda.

La Unión Europea pidió ayer a la UNRWA que "acepte que expertos independientes elegidos por la Comisión Europea lleven a cabo una auditoría".


El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta a partir de ayer una creciente presión política para que tome represalias contra Irán por un mortal ataque con drones que tuvo como blanco a tropas estadounidenses, algo que le plantea al demócrata un nuevo gran desafío en pleno año electoral.

Atacar a Irán aumentaría drásticamente el riesgo de extender las acciones bélicas en la región, algo que Biden dice que pretende evitar, sin mencionar la posibilidad de que más ataúdes con estadounidenses regresen a casa en meses previos a la apertura de las urnas, en noviembre.

Pero con los opositores republicanos instando al gobernante a "golpear a Irán", Biden no puede darse el lujo de mostrar debilidad contra Teherán mientras lucha con bajos índices de aprobación antes de una probable revancha por la Casa Blanca con el expresidente Donald Trump (2017-2021).

La Casa Blanca prometió ayer una respuesta "consecuente" al ataque del domingo a una base en Jordania que mató a tres soldados estadounidenses, los primeros que mueren en una acción hostil desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre. Además, al menos 34 efectivos resultaron heridos, según fuentes militares.


En Francia, centenares de agricultores obstaculizaron hoy por segundo día consecutivo las autopistas clave en torno a París y amenazan con bloquear el importante mercado mayorista de Rungis, a la espera del anuncio de las "nuevas medidas" prometidas por el gobierno.

El primer ministro, Gabriel Attal, pronunciará en la tarde su declaración de política general, durante la cual se esperan nuevos anuncios para intentar calmar la ira de los campesinos de la tercera potencia agrícola europea y sexta mundial.

A bordo de tractores, los agricultores iniciaron ayer por la tarde un "cerco de la capital por una duración ilimitada, respondiendo al llamado de la primera central agropecuaria, la FNSEA, y sus aliados de Jóvenes Agricultores (JA), tras 11 días de protestas.

A primera hora de la mañana, se registraban más de 100 kilómetros de atascos en la región de París, según el sitio Sytadin.

Desde el sur del país, también avanza un convoy de 200 tractores que partió la víspera de Agen rumbo al mercado mayorista de Rungis, uno de los más grandes del mundo, con el objetivo de bloquearlo, convocados por el sindicato Coordinación Rural.

Las autoridades desplegaron un importante dispositivo de fuerzas de seguridad para impedir esta acción, que no cuenta con la unanimidad del movimiento agrario. 

El sector reclama medidas para solventar la caída de los ingresos, las bajas pensiones, la complejidad administrativa, la inflación de las normas ambientales y la competencia extranjera, especialmente el acuerdo que negocian la UE y los países del Mercosur.


En Perú el gobierno anunció ayer que evalúa suspender temporalmente las visitas a Machu Picchu, tras cuatro días de protestas de pobladores que denuncian la "privatización" de la venta de entradas al centro turístico. 

Según la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, los líderes de la movilización plantearon el cierre por seguridad, ante la falta de diálogo para levantar la medida que incluye el cierre de comercios, marchas y bloqueos en la vía férrea. "Vamos a evaluar los pedidos que hace este colectivo, que entre ellos es cerrar la llaqta (ciudadela). Eso sería doloroso para todos, pero lo vamos a evaluar", dijo Urteaga al canal estatal.

El fin de semana pasado fueron evacuados en tren más de 1.200 turistas nacionales y extranjeros que quedaron atrapados en las protestas, algunos de los cuales no lograron ingresar al complejo prehispánico.  La policía organizó y resguardó su salida, tras los bloqueos viales.

El servicio de tren, principal medio de transporte en el sitio, está suspendido desde el viernes.

La ministra de Cultura añadió que el gobierno solo dialogará si se levanta la "huelga" que deja pérdidas diarias por más de 250.000 dólares.


El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó ayer que su gobierno investiga el robo de datos personales de cientos de periodistas acreditados ante la Presidencia, y le echó la culpa de la filtración a sus adversarios políticos.

En su habitual conferencia matutina, López Obrador prometió que su gobierno proporcionará "apoyo a todos los que aparecen en la lista".

“Es guerra sucia, es espionaje, vamos a que se haga la investigación (…) Son gente sin escrúpulos morales que actúan de esa manera, son guerras mediáticas. Ya no es como antes, que se podían imponer a la fuerza, ahora dominan con el control que tienen de lo mediático”. 

Horas después, el gobierno precisó que la sustracción de los datos afectó a 263 periodistas de 309 registrados en la base de datos, y que no se realizó mediante un hackeo informático sino utilizando una cuenta legítima.

Entre los 263 documentos filtrados hay 186 credenciales electorales mexicanas, que incluyen la dirección de sus titulares; 63 pasaportes, 10 documentos migratorios, una licencia de conducir estadounidense, dos currículums, otro pasaporte con información ilegible y cuatro fotografías sin datos ni identificación, detalló el coordinador de comunicación, Jesús Ramírez.

El gobierno presentará denuncias penales contra los autores del robo informático, dijo por su parte la secretaría de Gobernación (Interior), Luisa María Alcalde, quien puso también a disposición de los periodistas afectados "que se sientan amenazados" o "en riesgo" un mecanismo de protección administrado por su despacho.


La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, acudió ayer a una reunión con el nuevo presidente, Bernardo Arévalo, y su gabinete, pero se retiró anticipadamente, sin que abordaran el pedido del mandatario para que renuncie.

Porras, quien impulsó una cruzada judicial que puso en jaque la investidura de Arévalo, acudió a la segunda citación del nuevo presidente, quien le ha pedido públicamente su dimisión, algo que ella rechaza. Su mandato vence en 2026.

Más tarde, Porras aseguró que asistió a la audiencia con Arévalo "en cumplimiento de la ley orgánica del Ministerio Público" (Fiscalía), pero se retiró porque esa reunión interfería con la "autonomía" de la institución que ella dirige. 

“Me vi en la necesidad de retirarme ya que la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de Ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar”.

Horas después, en una carta publicada en redes sociales, la fiscal invitó al mandatario a una "reunión de trabajo" el miércoles de la próxima semana en la Fiscalía para "coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito".

Arévalo citó a Porras a la sesión del gabinete luego de que ella se negara a reunirse con él el miércoles pasado. Ese mismo día, la fiscal de 70 años, considerada "corrupta" por Estados Unidos, dijo que no dejaría su cargo. Arévalo carece de facultades para removerla.


La opositora venezolana María Corina Machado descartó ayer abandonar su candidatura presidencial, pese a un fallo judicial que la hace inelegible en los comicios de este año y por el cual Estados Unidos reactivó sanciones a la minera estatal, Minerven.

El Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, selló el viernes una inhabilitación política por 15 años, que en la práctica le impediría a Machado participar en las elecciones.

“Esto se llama delincuencia judicial, esto es lo que ha ocurrido en Venezuela (…) Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien: declararon el fin de esta tiranía. El 26 de enero declararon el fin de esta tiranía porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar”. 

Machado agregó: "La gente ya escogió su candidato, punto", en referencia a las internas celebradas por la oposición, donde resultó electa por 92% del electorado. "Represento a esa mayor soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí", sentenció, y descartó designar a un sustituto. 

Por su parte, Estados Unidos reimpuso sanciones a la compañía estatal venezolana Minerven. El Departamento del Tesoro informó en una nota que dio plazo hasta el próximo 13 de febrero para "liquidar cualquier transacción" pendiente con Minerven. De este modo, Washington modificó una licencia que había otorgado en octubre para promover elecciones justas y libres en el país caribeño.


En Argentina, el gobierno de Javier Milei intervino por seis meses el Ente Nacional de Comunicaciones para elaborar un estado de situación mientras estudia cómo desregular el sector. 

El ente es la autoridad en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual.

La intervención estará abocada a analizar el impacto de un decreto del gobierno anterior que establece que los servicios brindados por el ente son servicios públicos esenciales, asignándole al organismo la capacidad de regular los precios.

Desde ese entonces, la institución ha sido acusada de adoptar decisiones que incumplen las disposiciones legales y enfrenta varias causas judiciales en este sentido.


En Brasil, Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue blanco este lunes 29 de enero de una operación de la policía brasileña que investiga una presunta organización de espionaje ilegal en favor del expresidente y su círculo íntimo.

La operación apunta al "núcleo político" de la supuesta trama criminal que se instaló en la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) durante la administración de Bolsonaro (2019-2022) para espiar ilegalmente a políticos y figuras públicas al utilizar herramientas de geolocalización en dispositivos móviles, según la orden de allanamientos autorizada por el juez de la corte Alexandre de Moraes.

El juez, que presuntamente fue uno de los objetivos del espionaje, respondió a un parecer de la procuraduría general (PGR) que citó mensajes de Whatsapp en los que una asesora de Carlos Bolsonaro, también blanco de un allanamiento, pidió al entonces jefe de inteligencia Alexandre Ramagem "ayuda" en investigaciones contra el expresidente y tres de sus hijos.

"Carlos Bolsonaro es según las investigaciones integrante del núcleo político de una organización criminal actuante en la Abin, en tiempo que era liderada por el actual diputado Ramagem", dijo el titular de la PGR, Paulo Gonet, nombrado por el sucesor de Bolsonaro, Lula da Silva.

Jair Bolsonaro negó nuevamente este lunes que existiera cualquier tipo de organización de espionaje ilegal durante su gobierno.

"Nunca recibí información, ubicación geográfica de nadie. Nunca necesité, pedí o recibí informes de la Abin", dijo el exmandatario.

La policía cumplió nueve órdenes de allanamiento, cinco de ellas en la ciudad de Rio de Janeiro, donde Carlos Bolsonaro se desempeña como legislador. Carlos se encontraba junto a su padre en una casa en la ciudad litoral de Angra dos Reis, domicilio que fue registrado por agentes.

Prestará declaraciones a la policía este martes 30 de enero, según confirmó su padre.

La Policía Federal busca "identificar a los principales destinatarios y beneficiarios de información producida ilegalmente en el ámbito de la Abin a través de acciones clandestinas", en un desdoblamiento de la operación "vigilancia aproximada", lanzada el jueves 25 de enero.

Los investigadores sospechan que la Abin, utilizó un software de vigilancia israelí llamado FirstMile, que rastrea datos de geolocalización de teléfonos inteligentes, para espiar a miles de personas.

Entre los supuestos espiados, además de Moraes, se encontrarían el juez de la corte suprema Gilmar Mendes, el expresidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia y el exgobernador del estado de Ceará Camilo Santana, quien ahora es ministro de Educación del presidente Lula.

(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal en Brasil)


VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL

Los ministerios de Economía y Trabajo, junto con autoridades de la Oficina Nacional de Servicio Civil, recibirán hoy a una delegación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), luego de que los gremios públicos resolvieran declararse en preconflicto.

COFE rechaza el nuevo régimen de licencias médicas para los funcionarios públicos. Este sistema comenzará a aplicarse gradualmente a partir del 1 de febrero e implica descuentos salariales a partir del décimo día de certificación. Cabe recordar que si hoy un funcionario público se enferma y solicita licencia con un certificado médico, su salario no se ve afectado.

La Confederación también denunció que el gobierno realizó cambios a la inflación proyectada durante 2023 y que eso afectó el ajuste salarial que comenzó a regir el pasado 1° de enero para los empleados públicos. La organización sindical sostiene que se trató de una medida “unilateral” del Poder Ejecutivo, que implica un “recorte salarial de más de 50 millones de dólares".

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo a El País que la finalidad del encuentro de hoy es “aclarar” las posiciones de las partes, porque entiende que al momento de argumentar no han estado todos los elementos sobre la mesa.

En la reunión, el gobierno intentará evitar que la situación siga escalando. El jueves pasado, una asamblea nacional de COFE resolvió declararse en preconflicto, y elevó a consideración de los gremios un paro general de 24 horas y la posibilidad de ocupar lugares de trabajo.


Personal de Bomberos logró controlar el incendio desatado el domingo en la sierra del Tirol, cerca del Cerro Pan de Azúcar, en Maldonado.

El siniestro fue controlado sobre las 19:00 horas de ayer y luego se pasó a la fase de liquidación y enfriamiento. Para que el incendio sea declarado extinto, tienen que transcurrir ocho horas de luz en las que no se detecten humo ni fuego.

En una primera instancia se informó que habían sido afectadas unas 50 hectáreas, pero desde la Dirección Nacional de Bomberos explicaron a El País que ese dato fue una información primaria que indicaba la superficie que estaba en riesgo. El área efectivamente quemada es menor. No se registraron lesionados ni hubo estructuras afectadas.


El hombre que provocó el incendio deberá declarar ante Fiscalía hoy a las 10 de la mañana.

Esta persona fue detenida el domingo y declaró haber iniciado el fuego con fines de limpieza. En un primer momento, la fiscal Fabiana Corbo lo liberó teniendo en cuenta que el siniestro fue en el terreno del propio detenido y que no existió riesgo para la seguridad de terceros. Sin embargo, informada luego de que las llamas se habían extendido más allá de la propiedad del responsable, resolvió convocarlo a la Fiscalía.


ECONOMÍA Y EMPRESAS

El ingreso real promedio de los hogares en 2023 fue 2,8% superior al del año anterior. 

Se trata del tercer año de aumento anual consecutivo. En comparación con el promedio registrado en 2019, antes de la pandemia, este indicador se ubica algo más de 1% por encima. 

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística, el Ingreso Medio de los Hogares para el total país en el cuatro trimestre del año fue de $89.283, y el Ingreso Medio per cápita se estimó en $31.650.


Las denuncias de fraude en el Banco República bajaron casi a la mitad en un año: en 2023 se registraron 800, cuando el año anterior habían sido 1.400.

Mariela Espino, gerente general del Banco República (BROU) dijo en entrevista con El País que los fraudes más frecuentes tienen que ver con el engaño a los clientes, que va cambiando de forma.

Espino aclara que las 800 denuncias no equivalen a 800 fraudes, ya que en el 60% de los casos el equipo de expertos del banco bloquea las operaciones, lo que significa que se revierte, total o parcialmente, y el dinero regresa a la cuenta del cliente. El 40% restante de los casos, en los que se pierde el margen de maniobra, es porque los delincuentes actuaron muy rápido o el cliente demoró en darse cuenta de la irregularidad o en hacer la denuncia.

La gerente general del BROU valuó en U$S 1 millón el impacto monetario de las estafas.

Agregó que las denuncias no están relacionadas con vulnerabilidades de los sistemas del banco, errores operativos o errores humanos (del personal), y atribuye el descenso interanual de las denuncias -de 1.400 a 800- fundamentalmente a las campañas de prevención y educación a la población que lleva a cabo todo el sistema.


En el mercado local, ayer el dólar subió nuevamente, en esta ocasión 0,16%. El interbancario fondo se operó en promedio a $39,050.

En lo que va del año 2024, el dólar lleva una suba de 0,07% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2023)

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,95 para la compra y $40,35 para la venta. 

En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró en R$4,923.

En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y cotizó en 825,20. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también aumentó y cotizó en el entorno de los AR$1225,00.

Por su parte, el Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0811.   


CERRAMOS CON OTRAS NOTICIAS

La Federación de Funcionarios de Salud Pública realizó un paro durante la jornada de ayer hasta la medianoche en los servicios no esenciales. La medida se activó porque una mujer embarazada agredió a una partera de la policlínica del Hospital del Cerro.

La dirigente sindical Lorena Luján dijo a El País que la partera le indicó a la agresora que debía derivarla a consultas médicas en otros centros de salud, "como lo hacen todos los usuarios", pero la madre insistió con que la atendieran allí.

Luján agregó que la agresora es una "adicta" a las drogas que comenzó a "hablarle mal" a la partera, "se alteró demasiado" y comenzó a "golpear" y "romper" objetos que había en el consultorio. Además, "le pegó unas patadas al escritorio", que a su vez le "golpearon" las piernas a la partera y le provocaron "hematomas".


La Intendencia de Montevideo presentará una denuncia penal contra un motociclista que se filmó circulando a alta velocidad por la ciclovía de la avenida 18 de Julio.

De acuerdo a una resolución de la comuna, "ese comportamiento infringe la normativa departamental y nacional, poniendo en peligro a las personas".

A raíz de este hecho, la División de Asesoría Jurídica resolvió "encomendar a la Unidad Sumarios a radicar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación".


Se entregó a la Policía Gustavo Albín, el padre del niño de ocho años que fue asesinado el pasado 18 de enero en Malvín Norte.  El hombre es integrante del clan de los Albín, una de las familias que se disputan el territorio por la venta de droga en el barrio Villa Española, en Montevideo.

El ataque a balazos en el que murieron su hijo y un joven de 25 años iba dirigido a él. Era buscado por el asesinato de un joven de 21 años, miembro de la banda rival, Los Suárez, ocurrido el pasado 30 de noviembre en Villa Española.

El hombre se entregó sobre las 17:00 horas de ayer en el Departamento de Homicidios y quedó detenido. Hoy a las 10:00 de la mañana será conducido ante la fiscal Adriana Edelman.

Antes de entregarse, Gustavo Albín le dijo a Telemundo que es inocente del homicidio por el que se lo acusa. Con respecto a la muerte de su hijo, afirmó que su familia “está destrozada” y pidió que los responsables del crimen “paguen con cárcel”.

"Quiero salir de todo esto. Estoy destrozado, estoy sin mi hijo. Tengo a mi familia destrozada. La policía me tiene atormentado, me va a buscar a cada rato a mi casa. No puedo más. Quiero que se termine está pesadilla. Yo no quiero hacer nada por mano propia, quiero que la justicia se encargue".


Un hombre de 42 años fue imputado ayer como principal sospechoso de haber matado a otro de 57 años en la zona del Buceo, en Montevideo. 

El presunto homicida tiene antecedentes penales y vive en la calle. Como medida cautelar se dictaminó su prisión preventiva hasta el 29 de mayo.

La víctima, que también estaba en situación de calle, fue asesinada en la madrugada del jueves 25 de enero en la puerta del liceo 30. Su cuerpo fue encontrado el domingo, tres días después del crimen. El homicidio quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.


DEPORTES

La selección uruguaya de fútbol sub-23 se enfrenta hoy a su similar de Perú por la cuarta fecha del Grupo B del Preolímpico que se disputa en Venezuela. El encuentro será a las 17 horas en el estadio Misael Delgado de la ciudad de Valencia.

Tras las derrotas ante Paraguay y Chile, a los dirigidos por Marcelo Bielsa solo les sirve la victoria para seguir con chances. Además, necesitan que Argentina no gane en su partido contra Chile hoy a las 20h.

El siguiente rival de la Celeste será Argentina, el viernes 2 de febrero a las 20h.

Paraguay lidera el grupo con 7 puntos y tiene fecha libre. Argentina suma 4, Chile 3, Perú 3 y Uruguay está último sin unidades.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán a un cuadrangular final que se disputará a una rueda todos contra todos.

Las dos selecciones que logren más puntos participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto


El Consejo de Liga de Primera División definió ayer los nombres de los trofeos que tendrá el Campeonato Uruguayo 2024. El fixture se sorteará el jueves 1 de febrero a las 20:30 horas.

El Campeonato Uruguayo, que comenzará el 16 de febrero, llevará el nombre “100 años de Colombes – Uruguay primer Campeón Mundial”.  El Torneo Apertura se llamará “100 años de la Vuelta Olímpica”, el Intermedio “Atilio Narancio”, el Clausura “José Nasazzi” y la Supercopa “300 años de Montevideo”.

Los clubes aprobaron que el recién ascendido Rampla Juniors postergue la disputa de sus dos primeras fechas, de forma que pueda compensar el tiempo que tuvieron los otros equipos para el armado de sus planteles. 


Luis Suárez convirtió su primer gol con Inter Miami, que perdió 4-3 con Al-Hilal.

El uruguayo, que jugó 75 minutos, marcó el 2-1 parcial para el equipo estadounidense, que disputó su segundo partido amistoso de pretemporada. El Pistolero definió con el arco libre y aunque en primera instancia el gol fue anulado, el VAR lo convalidó.

Al-Hilal no pudo contar con su estrella, Neymar, por la rotura de ligamentos que el brasileño sufrió en octubre pasado.

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