Entrevista con Guillermo Maciel, abogado y asesor del Partido Colorado en temas de seguridad pública.
EN PERSPECTIVA
Viernes 01.07.2016
Esta semana, el Gobierno y los partidos con representación parlamentaria dieron un primer paso para concretar una idea que hace años estaba en la agenda de seguridad pública pero que siempre se veía postergada: sacar a las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior (MI).
El martes, en la Torre Ejecutiva, la Comisión Multipartidaria acordó que la administración de los centros de reclusión de adultos deben a pasar a manos de un nuevo servicio descentralizado. En la reunión, además, el secretario del Partido Colorado, Germán Cardoso, presentó un proyecto de ley que establece que este nuevo organismo, denominado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, debe vincularse con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que esa opción parece la más adecuada, aunque aclaró que es un aspecto que todavía va a seguir discutiéndose. ¿Qué ventajas tiene ese diseño institucional propuesto por el Partido Colorado? Vamos a conversarlo con el doctor Guillermo Maciel, abogado y asesor del Partido Colorado en temas de seguridad pública.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —¿El tema de las cárceles estuvo desde el principio en la agenda de las reuniones por seguridad pública entre [Tabaré] Vázquez y los partidos políticos? Se lo pregunto porque hace unos meses el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, tuvo que mandar una carta, justamente, para que se incluyera en el diálogo.
GUILLERMO MACIEL (GM) —El Partido Colorado presentó en el comienzo del diálogo con el presidente Vázquez un paquete que incluía unos 29 proyectos de ley. Entre esos 29 proyectos de ley hay siete que están específicamente vinculados al tema carcelario, y uno de ellos, el que encabeza la normativa en propuestas en materia carcelaria, es justamente el que apunta a la creación de un servicio descentralizado para que maneje el tema carcelario, conjuntamente con otros que creemos que también son importantes, por ejemplo, los grandes títulos: el monitoreo por tobilleras o pulseras con GPS para los reclusos que salen en salidas transitorias, el trabajo obligatorio de quienes están privados de libertad como forma de rehabilitación, el beneficio de la gracia (limitarlo para aquellos que revisten la calidad de reincidentes o de imputados de delitos graves), medidas complementarias una vez que alguien cumple la pena en el caso de delitos graves o delitos múltiples, y, si mal no recuerdo, el deber de informar a las víctimas en el caso de la salida del recluso, así como las limitaciones de las cuales se ha hablado mucho, a la libertad anticipada, condicional, provisional, salidas transitorias de reincidentes. Ese paquete de siete medidas legislativas es lo propuesto por el Partido Colorado, que estaba en la agenda desde el comienzo.
EMILIANO COTELO (EC) —Pero se ha ido postergando. ¿Qué pasó?
GM —Lo que pasa es que el ritmo lo marca el presidente. El presidente ha ido marcando en base a los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo fue presentando. A medida de que hemos ido avanzando, lamentablemente yo marcaba ayer que llevamos… Si fuera un partido de fútbol, vamos 10-0, porque van diez reuniones y cero proyectos de ley aprobados.
En un tema tan sensible como es la seguridad pública, lo que se necesita es pragmatismo, ejecutividad, cosa que se viene dilatando en el tiempo con estas diez reuniones (y vamos a seguir en reuniones, indudablemente), pero la tónica parlamentaria no parece ser la misma; por un lado, porque el Poder Ejecutivo no ha mandado esto como proyecto de ley de urgencia, de forma de achicar los tiempos parlamentarios, sino que lo manda como ley común, y segundo, que tenemos también una especie de divorcio entre el Gobierno y el propio oficialismo en el Legislativo; por ejemplo, Constanza Moreira, la senadora oficialista, ha declarado en estos últimos tiempos públicamente que no entiende para qué se está acordando entre el Poder Ejecutivo y la oposición, cuando el Frente Amplio en el Parlamento no está de acuerdo con las medidas que se están enviando o con varias de ellas, a excepción del nuevo Código de Proceso Penal.
Entonces, eso marca una señal de alerta, en la medida de que el Poder Ejecutivo hace un acercamiento a la oposición, buscando un punto de acuerdo, pero a su vez el oficialismo en el Parlamento no estaría respaldando, en principio, lo que se está acordando.
